MEMORIA HISTÓRICA

El largo camino hasta la exhumación de Queipo de Llano: de las vigilias antifascistas a las pegas del PP

Podría haber sido una marcha entre aplausos de no ser por los gritos de Paqui Maqueda en favor de las víctimas del franquismo. Le salió de dentro como desde dentro de la basílica estaban saliendo los restos mortales de Gonzalo Queipo de Llano. Había sonrisas entre los familiares y 'vivas' al militar pero la “indignación” de la activista sevillana por la memoria histórica evitó que la exhumación del general golpista y de su auditor de guerra, Francisco Bohórquez, se hiciera con alevosía además de con nocturnidad. Una ley ha hecho que se hayan cumplido finalmente las reivindicaciones del movimiento memorialista andaluz, que para muchos llega tarde pero que acaba con el dolor de muchos familiares que han visto cómo durante 71 años el último responsable de hasta 45.000 muertes en nuestra comunidad autónoma el denominado virrey de Andalucía ha estado enterrado con honores en un lugar de acceso público. El acto que se había convocado para este domingo a las puertas de la Macarena se mantiene pero reconvertido en un homenaje a las miles de víctimas del golpista, hermano mayor honorario de la corporación religiosa.

“Una vergüenza para la ciudad”, una “anomalía democrática”, han proclamado todos estos años atrás. Porque el “fuera Queipo de la Macarena” ha sido el mensaje explicito que durante años, periódicamente, ha resonado a las puertas de la basílica. Quedan ya para el recuerdo los homenajes a las mujeres represaliadas como aquel de 2013 o esas vigilias antifascistas cada 17 de julio, incluso ante el Arzobispado de Sevilla, coincidiendo con el aniversario del golpe de estado que supuso el inicio de la Guerra Civil española. Han sido muchas las voces, memorialistas y republicanas, no siempre con consenso, las que han pedido recurrentemente lo que acontecía la madrugada del jueves, tal y como había ordenado el Gobierno de España, según avanzó el 24 de octubre elDiario.es.

Aquel “a la mayor brevedad” al que instaba el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha cumplido. Diez días después de aquella carta firmada por el secretario de estado de Memoria Deomocrática, Fernando Martínez, la hermandad de la Macarena procedió a las exhumaciones, también de la que fuera esposa de Queipo, Genoveva Martí, y no sin discusión en el seno de la hermandad a cuenta de las diferentes posturas entre las familias de los militares y el modo en que debían sacarse sus restos mortales. Más reticentes los de Bohórquez en hacerlo de manera privada y sin ojos ajenos, más colaboradores los de Queipo de Llano en aras de una pretendida privacidad.

Incluso, en uno de los posicionamientos minoritarios expuestos ante la corporación religiosa, se había planteado la posibilidad de no hacer devolver las cenizas al columbario construido por la hermandad, que fue bendecido en noviembre de 2020 y donde reposan inhumados los restos de un centenar de hermanos y devotos, una vez incineradas en el cementerio de San Fernando, para evitar ya definitivamente que la mirada se centre en este asunto y que el interés mediático sobre la hermandad, quien ha trasladado que está “ansiando, a partir de ahora, captar la atención de los medios de comunicación por su ingente actividad, sobre todo en materia de caridad y de asistencia a los más desfavorecidos de nuestra sociedad”.

Pero, ¿por qué ahora la exhumación de los restos mortales? La Junta de Andalucía había impulsado durante último año de gobierno socialista antes de la entrada del PP y Ciudadanos tras las elecciones de diciembre de 2018, el Decreto sobre Símbolos y Actos Contrarios a la Memoria Histórica y Democrática, que desarrollaba la ley andaluza de memoria aprobada un año antes sin votos en contra y que serviría de base legal para abordar, entre otros, los procesos de retirada de símbolos contrarios a la memoria. Aquel decreto impulsado por el PSOE salvaba las dudas que planteaba el gabinete jurídico en un informe jurídico anterior, que cuestionó en su día la posible exhumación de los restos de Queipo, un asunto que lleva años en la agenda pero que no terminaba de concretarse hasta ahora, y al que se aferró la Junta durante la anterior legislatura para no mover ficha.

La respuesta oficial y escrita de la Junta aquel 21 de septiembre de 2021 recordaba que el informe de 2017 afirmaba en su consideración jurídica 3ª que “(...) resulta en primer lugar necesario determinar si nos encontramos ante un elemento contrario a la memoria democrática. Cabe afirmar a este respecto que resulta, cuando menos discutible (...) que concurran en el supuesto que estamos examinando los requisitos del apartado 1 del artículo 32, ya que incluso en relación con la lápida (...) parece haberse retirado cualquier elemento que pudiera considerarse contrario a la memoria democrática”.

La anterior consejera competente en materia de memoria histórica, Patricia del Pozo, recuerdan fuentes memorialistas, retiró del Consejo Consultivo aquel decreto de símbolos y el proceso se paralizó. Preguntada por este periódico por la tumba de Queipo, la consejera dijo que “no es bueno buscar el conflicto desenterrando esos horrores”. “Aquello se quedó parado durante toda la legislatura porque el PP no se sentía cómodo con este asunto”, añaden las fuentes memorialistas.

Ante la inacción gubernamental, en los últimos años y detrás de esas convocatorias públicas para exigir las exhumaciones ha estado la coordinadora andaluza de organizaciones republicanas 'Andalucía Republicana'. La plataforma anunció hace años que emprendería acciones judiciales en ese sentido, pero se trató de una cuestión que se frenó con el mencionado cambio en el gobierno de la Junta. En los meses posteriores, pidieron al entonces alcalde de Sevilla, Juan Espadas, que catalogara la tumba como “vestigio” franquista y elemento contrario a la Ley andaluz de Memoria en la ciudad de Sevilla. También presentaron un requerimiento previo al contencioso-administrativo contra la Junta de Andalucía que no prosperó.

El Ayuntamiento de Sevilla tampoco ha estado al margen de la polémica. A instancias de IU, el pleno municipal aprobó en 2016 una moción que decía que la permanencia del golpista constituía “una clara ofensa para los familiares de las víctimas del franquismo y para el conjunto de las y los demócratas”. El pleno del Ayuntamiento sevillano condenó el golpe de Estado y repudió al “genocida” Queipo de Llano por unanimidad, si bien no hubo consenso en el punto de sacar los restos de la basílica, ya que contó con la oposición del PP y la abstención de Ciudadanos. El portavoz adjunto del PP, Gregorio Serrano, años más tarde director general de la Dirección General de Tráfico, señaló a ese respecto “traicionó a su rey, a la República y al propio Franco”, si bien añadía que Queipo estaba enterrado “donde su familia y su hermandad han determinado”. “Nosotros no somos nadie como Ayuntamiento para mostrar nuestro rechazo a lo que diga su hermandad y su familia, que quieren que esté allí, igual que hay multitud de familias que tienen a sus familias en fosas comunes y que están deseando poder enterrarlos con dignidad”, dijo.

Para IU, la Ley de memoria histórica y democrática de Andalucía ya dejaba claro, en su artículo 32.4, que cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos“. De ahí sus mociones, lamentando periódicamente que desde la autoridad municipal no se impulsara ninguna iniciativa para evitar ”la deshonra“ que esta situación suponía ”para la ciudad y para el templo que alberga sus restos“.

En aquellos tiempos el PSOE recogió el guante y la entonces concejal delegada de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales del Ayuntamiento de Sevilla, Adela Castaño, anunciaba que el Gobierno local se dirigiría por escrito tanto al Arzobispado de Sevilla como a la hermandad de la Macarena “al objeto de hacerles llegar los preceptos y principios recogidos en las diferentes leyes de memoria histórica y democrática, tanto estatal como autonómica, y las obligaciones que derivan de estas leyes para las entidades privadas”. Después, en julio de 2020, Vox se opuso a una nueva mocion de IU en ese sentido, PP y Ciudadanos se abstuvieron y el PSOE y Adelante votaron a favor.

Poco trascendió de aquel cruce de posibles intenciones. El caso es que el nuevo alcalde, Antonio Muñoz, heredaba esa presión. Durante un pleno en febrero de este mismo año, Muñoz recordó la “implicación” del PSOE desde que llegó al gobierno municipal en 2015, con actuaciones (subvenciones, eliminación de símbolos, trabajos en la fosa común de Pico Reja...) con “un compromiso firme y contundente”. Pero en lo relativo al asunto de marras argumentó que la competencia no era municipal, pese a lo cual aseguró que había asumido la labor de “influir e incidir”, y en ese contexto fue en el que avanzó que ha mantenido conversaciones al respecto con el hermano mayor macareno, José Antonio Fernández Cabrero; el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses; y la entonces consejera de Cultura, Patricia del Pozo, que tenía en su mano las competencias autonómicas de memoria histórica.

Es de recordar también que en octubre de 2019 fueron los restos del dictador Francisco Franco los que fueron exhumados. Ahora ha sido el turno a Queipo de Llano y más pronto que tarde será el de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española enterrado a los pies del altar mayor de la basílica del Valle de los Caídos, la mayor fosa común de España, que cuenta con un artículo específico en la nueva ley estatal. Las tumbas de Franco y la de Queipo tenían una serie de diferencias por las cuales se procedió antes a la exhumación de los restos del dictador.