Las cuentas pendientes más allá de sacar de la Macarena a Queipo, responsable de más de 45.000 muertes en Andalucía

Con la Ley de Memoria Democrática recién aprobada, el foco se ha puesto inmediatamente en la salida de los restos mortales del general golpista Gonzalo Queipo de Llano de la basílica de la Macarena, donde fue enterrado en 1951. Esta tarea es la más simbólica, pero no es la única que queda pendiente en relación con el que fuese conocido como el Virrey de Andalucía y al que el historiador británico Paul Preston se refiere en su última obra como el Psicópata del Sur: como jefe del Ejército del Sur fue responsable directo de la muerte de más de 45.000 personas (14.000 en Sevilla, donde casi no hubo combates), entre ellas el poeta Federico García Lorca y el político Blas Infante, reconocido institucionalmente como padre de la patria andaluza. Dejó tras de sí más de 700 fosas comunes, algunas tan grandes como la de Pico Reja en la que se trabaja ahora en Sevilla y en la que se calculan más de 1.300 víctimas de la represión franquista.

Tal y como adelantó elDiario.es, el Gobierno ya ha pedido a la hermandad que, “a la mayor brevedad” posible, proceda a la exhumación, algo en lo que la corporación macarena asegura que ya está trabajando. Pero al margen de eso, quedan más cuestiones pendientes. La eliminación de su título nobiliario, la lucha por hacer público el cortijo sevillano (en el municipio de Camas) de Gambogaz en el que murió y arrojar algo de luz sobre la fundación que lleva su nombre para “amparar y proteger a la infancia desvalida” son algunas de las cuestiones que quedan por saldar, toda vez que con el paso de los años ha ido perdiendo algunos de los títulos honoríficos que acumuló... aunque no todos.

Lo más fácil va a ser la abolición del marquesado de Queipo de Llano, básicamente porque es algo a lo que obliga la propia ley, que le da carpetazo a este título junto a otros 32. Gonzalo Queipo de Llano Mencos, nieto del general golpista, es el que ostenta la condición de marqués, después de que en 2012 el entonces ministro de Justicia con el PP, Alberto Ruiz-Gallardón, lo renovase tras el fallecimiento del entonces portador, Gonzalo Queipo de Llano Martí, hijo del militar sublevado. Esta decisión fue muy criticada en su momento por las entidades memorialistas.

La desaparición de este marquesado se une a la retirada de otros honores, como la condición de hijo adoptivo de Sevilla y la anulación de la medalla de la ciudad, reconocimientos que el Ayuntamiento de Sevilla le quitó por unanimidad en 2008 a propuesta de IU. Sí mantiene la condición de hermano mayor honorífico de la Macarena, en agradecimiento al impulso que le dio a las obras de la basílica en la que hoy está enterrado. De hecho, así se le identifica en la lápida de su tumba en una capilla lateral, una vez que se retiraron las menciones a su grado militar y al 18 de julio de 1936, así como otros símbolos franquistas. Asimismo, en 2016 el poblado Queipo de Llano en la localidad sevillana de La Puebla del Río pasó a llamarse Poblado de los Cinco de la Riuela, perdiendo así otro reconocimiento más.

Buscando pruebas en el cortijo de Gambogaz

Si lo del título nobiliario no tiene vuelta de hoja, otro cantar es la pelea por hacer público el cortijo de Gambogaz, adquirido en una operación plagada de irregularidades, impagos y hasta una extraña donación del anterior propietario, que en la práctica habría sacrificado la finca con una venta simulada para salvar su vida tras pasar por prisión. Queipo compró el cortijo en diciembre de 1937, en plena Guerra Civil, y ahora la Plataforma Gambogaz impulsa una investigación para reunir pruebas que permitan reclamar el uso público de un complejo agrícola con 480 hectáreas que sigue en manos de los herederos del militar golpista.

Pese a que en la finca se utilizó mano de obra esclava y a que se ha documentado el uso de dinero público (aportado por el Banco de España), hacerla pública no es tarea fácil. Aparcada ya la leyenda de que Queipo reunió el dinero gracias a donativos populares por “salvar” a Sevilla del “dominio rojo”, podría darse la circunstancia de que las investigaciones que se están desarrollando se tradujesen en la devolución del cortijo a los descendientes de quien lo vendió. Tradicionalmente, se creía que se lo compró a la familia Vázquez de la Lastra, pero en realidad en junio de 1936 –semanas antes del golpe de Estado– un empresario y ganadero gaditano, Manuel Camacho, había adquirido a la viuda de los Vázquez, María de la Lastra, el 86% de la propiedad. La finca estaba en régimen de proindiviso, con el 14% restante en manos de sus nueve hijos.

Aunque aparentemente haya similitudes con el caso del Pazo de Meirás, entregado a Franco y que finalmente su familia tuvo que devolver, la gran diferencia es que el palacio gallego era de dominio público. Gambogaz, en cambio, siempre ha estado en manos privadas, de ahí la dificultad de que pueda ser reclamado para hacerlo público y convertirlo en un lugar de memoria. Pese a todo, los investigadores no tiran la toalla y siguen tras la pista de pruebas de cargo para intentar esta operación.

La misteriosa fundación agraria que pasó a ser de la infancia

La tercera pata de la huella actual del militar golpista es la Fundación Pro Infancia que lleva su nombre, que originalmente nació como Fundación Agraria Gonzalo Queipo de Llano y que formalmente fue la primera propietaria de Gambogaz. Tras no desarrollar la supuesta labor social que era su motivo de ser, en 1943 cambió su condición a particular y le donó el cortijo a Queipo como persona jurídica para poner colofón a toda esta operación de ingeniería notarial.

La fundación acabó centrando su objetivo en “amparar y proteger a la infancia desvalida”, de ahí el cambio de nombre, y para ello obtiene fondos de alquilar las 150 hectáreas con las que el militar sublevado se hizo en Isla Mayor, en la mayor zona arrocera de España. De la opaca entidad poco se sabe, salvo que estuvo sin actividad para atender a la “infancia desvalida” hasta 2013, fecha a partir de la cual constan donaciones a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía (Andex), a Cáritas Sevilla, a la Asociación Sevillana en Defensa de la Vida (Provida Asdevi) o a la Asociación Provincial de Familiares y Amigos de Personas Sordas (Aspas).

Este alquiler, por cierto, llevó en 2016 a la fundación a demandar a varios colonos para exigirles más dinero alegando que los precios no estaban actualizados, lo que propició incluso el desahucio de una finca que en 2021 fue avalado por la Audiencia de Sevilla. Colectivos memorialistas han sembrado de sospechas e intentado clarificar cómo fue la compra de estas tierras en los años cuarenta del pasado siglo, aunque sin llegar muy lejos y sin pasar más allá de criticar el oscurantismo de una entidad con todas las bendiciones legales.

De todos modos, borrar por completo la huella de Queipo de Llano de Sevilla resulta prácticamente imposible, ya que en su honor se bautizó como San Gonzalo un barrio de la capital, al igual que otro es conocido como Santa Genoveva en memoria de su esposa, Genoveva Martí. De ahí saltaron a las populares hermandades de San Gonzalo y Santa Genoveva, lo que enreda aún más la cuestión y garantiza la pervivencia de estos nombres más allá de que muchos hoy ya ni sepan su verdadero origen.