La Fundación Queipo de Llano pide más alquiler por tierras regaladas al “salvar” Sevilla del “dominio rojo”

La Fundación ProInfancia Gonzalo Queipo de Llano ha demandado a ocho agricultores para reclamar un aumento en el alquiler de fincas de arroz. Las tierras fueron adquiridas en 1945 tras un regalo “del pueblo” por “salvar” a Sevilla “de caer bajo el dominio rojo”, según descendientes del militar golpista. La baja renta y la mala situación económica de la institución pública impiden, según la denuncia, cumplir el objetivo de la fundación: “atender a la infancia desvalida”.

El litigio afecta a unas 140 hectáreas y dirime el coste de su explotación. La Fundación Queipo pide más dinero, actualizar la renta desde los 217 euros actuales por hectárea a 608. Los colonos piden mantener un precio revisado en alguna ocasión desde el origen del arrendamiento, aunque de forma no regulada, y al que suman casi 300 euros de la Comunidad de Regantes. En tierras similares, la cuantía oscila entre 700 y 800 euros.

Los agricultores aluden como defensa la propia transformación faraónica de la tierra. Bajo un trabajo de décadas, la zona pasó de típico pastizal de marisma en los años 40 del siglo pasado a boyantes explotaciones agrícolas. Y eso debe ser tenido en cuenta, dicen. Una evolución que sitúa el valor estimado de las fincas en unos 33.000 euros por hectárea para una producción anual lindante con los 9.000 kilos de arroz.

“Un negocio magnífico”

“Es un negocio, en estos momentos, magnífico”, define Gonzalo Queipo de Llano Mencos en uno de los juicios celebrados en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Coria del Río (Sevilla) y a los que ha tenido acceso en exclusiva eldiario.es Andalucíaeldiario.es Andalucía. Queipo de Llano Mencos es nieto del general rebelde y tercer marqués de Queipo de Llano, título nobiliario creado por el dictador Francisco Franco y renovado por Alberto Ruiz Gallardón en el año 2012. El sucesor de uno de los militares más relevantes del estallido golpista del 17 y 18 de julio de 1936 contra la Segunda República es además presidente del Patronato de la Fundación Queipo y de la Comunidad de Regantes.

La institución homónima la preside desde 2013 otro familiar, Gonzalo García Queipo de Llano, nieto también de quien fuera cabecilla de la sublevación fascista junto a los generales Emilio Mola, José Sanjurjo y Francisco Franco. Al “protectorado” (de la fundación) le explican “la situación (económica) y que pretendemos mejorar los ingresos y los precios de los arrendamientos”. ¿Motivo? “La protección de la infancia desvalida es el único fin de la Fundación Queipo de Llano”, declara en sede judicial. Aunque la fundación, a preguntas de este medio, no detalla su actividad ni facilita el libro de actas del patronato. Tampoco definen una sede física propia a la que acudir (ni virtual, no tienen página web).

El procedimiento ordinario de demanda abierto por la renta de tierra dedicada a cultivo arrocero implica a ocho contratistas del pueblo sevillano de Isla Mayor y mantiene a otros tres colonos pendientes de una posible denuncia. Las fincas, alquiladas originalmente en régimen de aparcería (a cambio de unos porcentajes en el rendimiento agrícola), están desde hace décadas en manos de agicultores como José Proñonosa (87 años), José Martos, Francisco Caro o Jesús Pino, entre otros. Los juicios arrancaron el pasado 21 de abril y tiene nuevas citas los días 4 y 28 de mayo. No hay una causa común y las primeras instrucciones esperan sentencia.

“Todo el mundo quiere cultivar su finca porque se gana dinero”, apunta Queipo de Llano Mencos sobre un “negocio magnífico”, como califica: “la parte contraria quiere la bicoca de ahora, abonar un 30% menos de la renta que corresponde”. Añade a esta ventaja las ayudas de la PAC que recibe “siempre el agricultor, unos 800 euros por hectárea”, cuando la intención de la Fundación es “la ayuda a la infancia desvalida”. Objetivo para el que no obtienen “los réditos necesarios”.

“Suscripción” popular por no “caer bajo el dominio rojo”

“El 54 es el primer año que llevé la tierra, antes la llevó mi hermano Rafael”, manifiesta José Pruñonosa en el juzgado. “Está firmado por los jefes (se refiere al general Queipo de Llano), que la tierra pasaba a nosotros para siempre. La tierra está a nombre mío”, reclama el denunciado. En 1969, la Fundación remitió una carta “dirigida a todos los arrendatarios” en la que solicitaban “la entrega de la posesión de la renta”, según el abogado de la defensa.

La “suscripción” popular que motivó la compra de tierras en la marisma (actualmente en término de La Puebla del Río) fue “en prueba de agradecimiento por haberles salvado de caer bajo el dominio rojo”, escribía el hijo del general, Gonzalo Queipo de Llano Martí, en una carta al director que apareció en la edición impresa de El País el 16 de julio de 1976. Era, reza la misiva, un voluntario “homenaje a mi padre” después de la guerra civil.

La cuantía recaudada motivó la compra del cortijo Gambogaz, un privilegiado paraje entre Camas y Sevilla. La finca, propiedad de la Fundación Benéfico-Social-Agraria creada por el general sublevado, no ofrecía el resultado esperado y “con este dinero” la institución “adquirió tierras en la Isla Mayor del Guadalquivir dedicadas al cultivo de arroz” en el año 1945 por ser “más remunerador” y acorde a los fines sociales de una fundación que incluso construyó “viviendas en la zona”, el todavía llamado Poblado Queipo de Llano.

“Al principio no podíamos sembrar nada. Eran tablitas muy pequeñas y los primeros años no daban ni gota de arroz. Todo el trabajo lo hemos sufragado nosotros, la Fundación Queipo no ha pagado nada”, cuenta Martos, otro de los afectados. Su propio padre comenzó a labrar la tierra cedida por el general golpista en condiciones ventajosas, caso análogo al de Francisco Caro: “soy colono, arrendatario también. Eran tierras de pasto, es lo que siempre oí a mi padre”.

Esta transformación, no cuantificada, y las “derramas” por el uso del agua que abonan a la Comunidad de Regantes aparecen como eximentes en la oposición de los colonos a un aumento del pago. “El inicio de estas explotaciones se hace con tracción animal y mano de obra”, explica el perito Luis Arévalo, aportado por las partes demandadas. La prueba pericial concluye que la estimación “de las mejoras determina el valor real de la finca” y que, sin esa evolución, “el cultivo de arroz no sería posible”.