Hacienda detecta incrementos de precio que “incumplen la normativa” en contratos de obra investigados en el caso contra Cerdán

La unidad de apoyo de la Intevención General de la Administración del Estado (IGAE) adscrita a la Fiscalía Anticorrupción ha estudiado un total de once contratos de obra pública, de los cuales cinco fueron adjudicados por ADIF y seis por el Ministerio de Transportes y la Dirección General de Carreteras. Del primer grupo, el órgano de control del sector público indica en su informe remitido a la Audiencia Nacional que en tres de ellos, que fueron otorgados a Acciona Construcción individualmente o en UTE con Ferrovial Agroman, se dieron modificaciones que supusieron “un incremento del precio del contrato ligeramente por debajo del 20% y en los tres casos esa modificación incumple la normativa” vigente.

Así consta en el informe remitido al magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, en el marco del caso en el que se investiga tanto a los ex secretarios de Organización del PSOE Sántos Cerdán y José Luis Ábalos como al que fuera asesor ministerial del segundo, Koldo García.

Este nuevo informe unido a la causa, y al que ha tenido acceso elDiario.es, explica que en esos tres primeros contratos analizados que afectan a ADIF el contratista “puso de manifiesto una serie de defectos” que determinaban que se tuviera que tramitar una modificación del proyecto. Así, en el caso del proyecto de soterramiento de la red ferroviaria en la ciudad de Murcia se tramitó y aprobó el 29 de marzo de 2021 una modificación del contrato por importe de 31,3 millones de euros, lo que supuso un coste adicional del 19,72%.

Explica que el importe de las modificaciones no sustanciales -contempladas en la normativa- fue de más de 14 millones, algo “superaba el umbral establecido” por la la ley 31/2007 que fijaba el tope en 5,5 millones de euros. Y añade que “al menos los 17,3 millones de la descontaminación de suelos de la Estación El Carmen no eran imprevisibles”. Por eso, la IGAE entiende que esa propuesta de modificaciones de la constructora debería haber conllevado “la resolución del contrato”.