DOCUMENTO | Consulta la nueva ley de Memoria Democrática publicada en el BOE

El exconsejero de Educación del Gobierno de La Rioja, Alberto Galiana, ha sido elegido como nuevo presidente del Partido Popular de La Rioja hasta la celebración del próximo Congreso, una vez pasen las elecciones del próximo 2023.

El PP celebra esta tarde las reuniones extraordinarias de su Comité Ejecutivo Regional y de la Junta Directiva Regional, que clausurará la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra.

José Ignacio Ceniceros, el anterior presidente del PP de La Rioja, presentó su dimisión el pasado 13 de octubre. Su renuncia se produjo debido a la designación como candidato de Gonzalo Capellán, decisión que muchos militantes de esa región han considerado como una imposición antidemocrática de la dirección nacional. Las bases reclaman un congreso interno, pendiente desde 2021, para elegir líder y cabeza de cartel.

A través de Europa Press y elDiario.es

PP y Vox han tumbado este jueves en la Asamblea de Madrid un plan para garantizar las interrupciones voluntarias de embarazos en la sanidad pública. La propuesta de Más Madrid, apoyada por PSOE y UP, ha contado con la oposición de la derecha y la extrema derecha. “Se banaliza de forma irresponsable las posibles implicaciones psicológicas que supone el proceso para la mujer”, ha considerado la diputada popular Esther Platero.

“No se puede abortar en la sanidad pública”, había denunciado la diputada de Más Madrid Jazmin Beirak, que lamentó que ese derecho estuviera “absolutamente vulnerado”. Sobre la mesa, el dato de que el 100% de los abortos que se realizaron en 2020 en la región se hicieron en centros privados.

Por su parte, la parlamentaria de Unidas Podemos Paloma García ha exigido al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso “cumplir la ley”. Mientras, el PSOE ha denunciado el “acoso” que sufren las mujeres a las puertas de las clínicas y ha apostado por garantizar la píldora del día después y la educación afectivo sexual en todos los centros educativos.

Escribe David Noriega.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha pedido este jueves al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que deje de “alentar los discursos y bulos tránsfobos” y que respete a las personas transexuales. Sus palabras llegan después de que el líder de la oposición haya tildado de “frivolidad” la Ley Trans,  pese a que el PP apoyó en 2019 la libre determinación de género.

“Señor Feijóo, ¿en 2019 no creían ustedes en la dignidad humana?”, le ha preguntado la ministra en su cuenta de Twitter.

La ministra también ha asegurado que el anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans “se convertirá en ley”, pese a que este martes el PSOE solicitó una nueva ampliación del plazo de enmiendas de la norma, una solicitud que -apoyada por PP y Vox- ha generado una brecha en el Gobierno de coalición.

“¿Cómo va el día, Ayuso?”, ha preguntado este jueves en Twitter el líder de Más País, Íñigo Errejón, a la presidenta de la Comunidad de Madrid tras la dimisión de la primera ministra de Reino Unido, Liz Truss. La ya exdirigente británica ha dimitido tras perder su autoridad al dar marcha atrás a su proyecto fiscal, que incluía rebajas de impuestos a las rentas más altas, y que terminó causando inestabilidad en los mercados y el hundimiento de la libra.

“La dimisión de Truss no sólo muestra lo caduco de sus ideas sino las que el PP jaleaba y ahora calla. Si siguen con las mismas recetas, correrán la misma suerte”, ha señalado Errejón en referencia a la defensa que hacía Ayuso de las políticas de Truss, a quien ponía como ejemplo frente al impuesto anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez a las grandes fortunas.

Truss se ha convertido en la premier británica con el mandato más breve al permanecer tan solo 45 días en el cargo, además de ser la cuarta jefa del Gobierno británico que se ha visto forzada a renunciar en poco más de seis años.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrado este jueves el acuerdo alcanzado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el de Francia, Emmanuel Macron, y el de Portugal, António Costa, para abandonar el gasoducto Midcat y desarrollar un nuevo corredor de energía verde entre Barcelona y Marsella: “Creemos que es una buena noticia”.

“Marca Cataluña y Barcelona como un punto neurálgico de la nueva estructura energética europea”, ha destacado en declaraciones a los medios desde Bruselas, tras reunirse junto a la consellera de Acción Exterior, Meritxell Serret, con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.

Aragonès ha asegurado que antes de anunciarse públicamente el acuerdo había hablado con la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y ha defendido que el nuevo proyecto refuerza el papel de Cataluña “en el nuevo mapa energético europeo”.

Con información de Europa Press.

El Jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante general Teodoro López Calderón, ha avisado este jueves de que las Fuerzas Amadas necesitarán aumentar su personal en los próximos años para los nuevos cometidos que van asumiendo, como el ciberespacio o el espacio ultraterrestre.

En una comparecencia en el Congreso, el Jemad ha explicado que las Fuerzas Armadas se encuentran en un proceso de especialización debido a la transformación digital y evolución tecnológica, lo que requiere de una cantidad de personal militar y civil superior a la actual, que además deberá recibir una formación muy específica.

El último estudio del Estado Mayor de la Defensa (Emad) cifra en 18.894 efectivos las necesidades adicionales de las Fuerzas Armadas (2.458 oficiales, 4.336 suboficiales y 12.100 de tropa y marinería), y hasta 14.000 de personal civil laboral.

En el proyecto de Presupuestos para 2023, el capítulo de personal supera los 5.000 millones de euros, suponiendo un 41,9 por ciento de la dotación total del Ministerio de Defensa. Son 313 millones adicionales respecto al año pasado, un 6,20 por ciento más.

La subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos, ha explicado que este incremento recoge el aumento salarial contemplado por el Gobierno para todos los empleados públicos, así como la consolidación de las mejoras retributivas aprobadas en los años 2021 y 2022.

Con información de Europa Press.

La tregua en el tono bronco que la presidenta de la Comunidad de Madrid se había dado en la Asamblea de Madrid parece tocar su fin. Este jueves, Isabel Díaz Ayuso se ha referido a Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos como “el trío vallecano de la izquierda”, desde la Cámara regional, que se encuentra, precisamente, en Vallecas. 

“¿Qué lecciones de sanidad nos van a dar a los demás?”, le preguntaba Ayuso al portavoz socialista Juan Lobato. “Le voy a decir lo que ha hecho usted esta semana y que representa también lo que hace el trío vallecano de la izquierda cada día y muy especialmente su forma de hacer política”, afirmó la presidenta, que empezó a relatar: “Resulta que en una residencia de Alcorcón, una de las 500, en dos plazas de 50.000, hay dos personas que tienen una razón para presentar una queja y justo ese día se enteran los señores de Podemos de Alcorcón” y después “usted [por Lobato] decide montar el circo e ir a esa residencia y cuando el señor del AMAS cambia su agenda y va a esa residencia, usted se larga y viene aquí a registrar una comisión”. 

“¿Y quién sale beneficiada de todo esto?”, se preguntaba Ayuso. “La señora de Más Madrid. Ahí está todo el trío manejándose durante la semana, retorciendo el dolor de las familias, retorciendo pancartas y manipulando todo el día”, se respondió la presidenta, que acusó a Lobato de tener “tantos nervios por adelantar a la señora García”. 

Las palabras de Ayuso no han pasado desapercibidas y la portavoz de Más Madrid en la Asamblea respondía posteriormente a través de Twitter: “La señora Ayuso no le llega ni a la suela del zapato a la gente de Vallecas. Su desprecio, nuestro orgullo”.

Por David Noriega.

Los grupos municipales de Más Madrid y PSOE han elaborado conjuntamente una proposición que elevarán al Pleno de Cibeles el próximo martes en la que exigen al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que elimine la denominación franquista de seis calles de la capital. Se trata de General Millán Astray, para cambiar la placa por Maestra Justa Freire; avenida Hermanos García Noblejas, por Institución Libre de Enseñanza; Crucero Baleares, por Barco Sinaia; Caídos de la División Azul, por Memorial 11 de Marzo de 2004; glorieta Cirilo Martín Martín, por Ramón Gaya, y Algabeño, por José Rizal.

La propuesta será defendida por ambos grupos para dar voz a la reivindicación de la Plataforma Maestra Justa Freire, integrada por entidades sindicales, educativas, vecinales o memorialistas que pelean por que se cumpla el acuerdo del Pleno de Madrid del 28 de abril de 2017, en el que se aprobó eliminar 52 nombres de vías y plazas que homenajeaban a personas o acontecimientos relacionados con la sublevación militar del 18 de julio de 1936, la Guerra Civil o el franquismo.

Tanto el grupo de Rita Maestre como el de Mar Espinar buscarán el apoyo de Ciudadanos para que pueda salir adelante su iniciativa. 

Por su parte, la portavoz municipal, Inmaculada Sanz, ha reprochado este jueves en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el empeño “de algunos grupos de la izquierda de seguir instalados permanentemente en ese debate”. Sanz ha recordado que han sido “muchos tribunales y muchas sentencias las que ya han dicho que las cosas que se hicieron en el mandato anterior no eran acordes a derecho”. “Ellos sabrán si les da algún tipo de rédito político”, ha zanjado.

Lo cuenta Carmen Moraga.

“Es una frivolidad”, ha dicho el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Bruselas este jueves, pese a que el propio PP apoyó en 2019 la libre determinación de género y ha votado leyes similares en diferentes parlamentos autonómicos.

Alberto Núñez Feijóo, además, ha asegurado que el PP derogaría la ley, cuya tramitación se ha visto rechazada por parte del PSOE, si llega al Gobierno.

Sin embargo, en 2019 el informe de la ponencia sobre la ley trans contó con el respaldo del PP (aunque había votado en contra en dos puntos sobre personas no binarias e intersexuales), además del PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV, Compromís y PDeCAT, pero nunca llegó a debatirse en comisión.

Solo los populares habían intentando diluir la iniciativa durante la tramitación. Así, una de las enmiendas presentadas buscaba precisamente seguir manteniendo algún requisito médico. Y lo justificaba en que “la identidad sexual y/o expresión de género deben estar dotadas de cierta estabilidad y no depender de manera exclusiva del juego de la voluntad de los particulares”.

Los trabajos se alargaron hasta 2019, cuando el Boletín Oficial del Congreso publicaba el texto base de la norma, que recoge básicamente el punto que ahora el PSOE cuestiona de la ley trans: la libertad de cambiar el sexo y el nombre únicamente con “la declaración expresa” de la persona interesada.

“La ley trans es una frivolidad que afecta a los derechos de las mujeres”, ha dicho Feijóo, “que afecta a los derechos de la infancia y que se toma a broma buena parte de los principios básicos de la dignidad humana. Por tanto, la ley no debe de aprobarse en ningún caso. Y si la ley trans, con el borrador que aprobó el Gobierno, se aprobase en el Congreso de los Diputados, tenemos el compromiso de derogarla en el caso de que tengamos los votos suficientes en la siguiente legislatura”.

“Comprendo perfectamente los movimientos feministas que pretenden una igualdad, que yo suscribo, entre géneros”, ha dicho Feijóo: “Y lo que no puedo comprender es la frivolidad de que personas, adolescentes, personas incluso sin mayoría de edad, puedan simplemente tomar una decisión ni siquiera meditada, ni siquiera tutelada por los profesionales sanitarios, o proceder a intervenciones quirúrgicas irreversibles. Por tanto, comprendo el problema que tiene el Partido Socialista. Lo que no comprendo es cómo el primer ministro socialista español aprueba leyes en el Consejo de Ministros y después se crea el aparente cisma entre la coalición de gobierno. Es difícilmente comprensible”.

Feijóo ha añadido: “Ese proyecto de ley va en contra de los principios básicos y va en contra de los derechos de las mujeres y eso está constatado con las asociaciones de feministas con las que nos hemos entrevistado, con las asociaciones de madres y padres que tienen hijos en ese supuesto, y también con las asociaciones de profesores. Espero y deseo que ese proyecto simplemente se retire del Congreso de los Diputados y que volvamos otra vez a fijarnos en lo importante”.

Lo cuenta Andrés Gil.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, también se ha referido a las negociaciones sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que parecen estar en una fase decisiva, según fuentes conocedoras de las conversaciones. El CGPJ, que lleva cuatro años de bloqueo por la negativa del PP a pactar su renovación, se encuentra ahora en una situación aún más precaria por la dimisión de su presidente, Carlos Lesmes, lo que ha llevado a Bruselas a reiterar la “urgencia” por su renovación.

Núñez Feijóo ha insistido en Bruselas su alineamiento con “lo que dice el comisario [de Justicia, Didier Reynders]”. Sin embargo, lo que dice el comisario es que primero ha de producirse la renovación y luego la reforma de la ley, mientras que el PP está pidiendo que en la renovación se apliquen criterios de la ulterior reforma.

“Si pactamos unos requisitos para la actualización del CGPJ, habrá renovación”, ha dicho, sin tener en cuenta que el PP lleva dominando cuatro años el CGPJ sin aplicar esos requisitos que ahora quiere aplicar para la renovación actual. Y ha asegurado algo: “no se está hablando de nombres”, si bien las fuentes señalan que sí que están circulando candidatos en las conversaciones.

“Nosotros suscribimos la propuesta que ha hecho el comisario europeo tanto al Gobierno como al Partido Popular”, ha dicho Feijóo.

“Tenemos que despolitizar el Consejo General del Poder Judicial, tenemos que avanzar en su independencia y tenemos que cambiar la legislación para que el siguiente Consejo General del Poder Judicial tenga un peso, como Europa plantea, de jueces y magistrados en la elección de los jueces y magistrados que conforman la mayor parte del Consejo General del Poder Judicial”, ha señalado el presidente del PP, obviando que ya 12 de los 20 miembros del CGPJ son votados por el Congreso de entre una terna seleccionada previamente por las asociaciones judiciales.

Según Feijóo, “el acuerdo para el CGPJ es posible si el Gobierno quiere. Es verdad que hasta el 11 de octubre hemos perdido varios meses en intentar desbloquear el acuerdo. Y es verdad, lamentablemente, que el CGPJ ha estado intervenido por el Gobierno desde hace un año y medio, o dos, cuando le usurpó las competencias constitucionales que le corresponden. Debería el Gobierno haber sido más cuidadoso y no provocar el problema que tiene en este momento el Tribunal Supremo en España con el 20% de las vacantes sin cubrir. Pero lo importante es decir que estamos de acuerdo en despolitizar el consejo. Si la respuesta es sí, puede haber actualización y renovación del Consejo. ¿Estamos de acuerdo en establecer una serie de requisitos para que los ministros no puedan ser fiscales generales del Estado o no puedan volver al Tribunal Supremo o no pueden ser nombrados miembros del Consejo General? Si estamos de acuerdo en eso, estaremos de acuerdo con los requisitos. ¿Y estamos de acuerdo en que el Consejo entrante haga una propuesta a las Cortes y al Gobierno de dar más peso a jueces y magistrados en la elección de jueces y magistrados? Pues entonces creo que eso es posible”. 

Escribe Andrés Gil.

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha asegurado que Gobierno y PP “cada día” avanzan “un poco” en la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial aunque “todavía no está el acuerdo definitivo”.

Bolaños ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación y ha querido, no obstante, mantenerse discreto: “No es una negociación más”, ha dicho, “es una negociación esencial para la normalidad institucional de un poder del Estado, como el Poder Judicial”. El titular de presidencia, que participó junto a González Pons (PP) en la reunión entre Sánchez y Feijóo sobre el Poder Judicial ha vuelto a insistir en la discreción: “Palabras pocas, trabajo mucho y sigamos avanzando ”.

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha justificado este jueves la enmienda a la totalidad que ha preparado su grupo contra los Presupuestos Generales del Estado de 2023 porque creen que son “un obús contra el futuro de España”, unas cuentas “ficticias” que lanzan Sánchez y Podemos solo “para mantenerse en La Moncloa”.

Bal ha comparecido en rueda de prensa junto a la diputada María Muñoz, responsable del área económica del partido, para incidir además en que los Presupuestos son “un obús contra el sistema de pensiones”, ya que la subida que ha planteado el Gobierno para paliar los efectos de la inflación “va a hipotecar a las futuras generaciones, el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos”. Bal ha pedido que vuelva a reunirse el Pacto de Toledo para evitar “la quiebra del sistema”.

Bal y Muñoz no han ahorrado críticas contra el Gobierno de coalición asegurando que las cuentas “se basan en la ciencia ficción” con “ingresos falsos”, y una doble contabilidad, “una para aquí y otra para Bruselas”: “Son puro populismo y electoralismo”, “son fruto de la política suicida de Sánchez y Podemos” y responden al “miedo que le tienen a las encuestas”. “Son cuentas para que Sánchez sobreviva y los españoles mal vivan. España no va a poder aguantar estas cuentas”, ha resumido Bal, que ha pedido también al PP que explique “por qué presentan una enmienda a la totalidad si están de acuerdo con la mitad del presupuesto”. “Si uno de cada dos euros se va a gastar en pensiones y el PP dice que está de acuerdo con esa revalorización pues que no presenten una enmienda a la totalidad ya que estás de acuerdo con la mitad del presupuesto que te están planteando”, ha zanjado.

Informa Carmen Moraga.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que en el PSOE “tampoco” van a permitir ningún retroceso en la ley trans a la hora de su tramitación. Lo ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación, tras ser preguntada por las palabras de la titular de Igualdad, que ha indicado en una entrevista en TVE esta mañana que no va a haber retrocesos en derechos para el colectivo. “Todo lo que se produzca tienen que ser avances, propuestas de consenso y diálogo con el resto de formaciones”, ha expresado.

Sobre por qué permite modificaciones en la ley trans y no en la de vivienda, Montero ha dicho que “siempre” que el Gobierno ha pactado una ley posteriormente en el Congreso “la ha sujetado a las opiniones del resto de grupos”. “Esto no es ninguna novedad, tendremos que hablar y ser sensibles y escuchar e incorporar todos los elementos que consideremos todos que son buenos para seguir progresando en los avances de este colectivo”, ha insistido.

La titular de Hacienda ha reiterado que “no es de recibo” que ningún texto legislativo se plantee desde la confrontación y ha recordado que en el PSOE “siempre” han defendido “los derechos de las personas” y así van a seguir trabajando. “Entonces cabe normalidad en esta norma como en el resto”, ha terminado.

“No me van a amedrentar porque vengan con proclamas y pancartas falsas”. La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha dirigido en estos términos a los taxistas que habían acudido este jueves a presenciar la sesión de control al Gobierno madrileño desde la zona de invitados de la Cámara regional. No habían abierto la boca cuando Isabel Díaz Ayuso les señaló desde su escaño. “El tiempo me dará la razón”, afirmó tras estimar que con su desregularización la recaudación por vehículo aumentará en un 40% al mes y se crearán 3.000 empleos nuevos. Al reaccionar a las palabras de la presidenta, fueron expulsados de la Asamblea.

Ayuso se manifestaba así tras una pregunta de la portavoz de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, que había lamentado que “en vez de defender a las 25.000 familias madrileñas que dependen del sector del taxi y a todos los que utilizamos el taxi”, la presidenta “ha decidido ponerle una alfombra roja a las grandes multinacionales de las VTC y avocar a la esclavitud a todo un sector”.

Este fin de semana, casi 9.000 conductores votaron sobre la liberalización del sector que promueve el Gobierno regional, en un referéndum convocado por la Federación Profesional del Taxi de Madrid. Más del 96% se mostró en contra. “Yo voy a hablar con ellos”, dijo Ayuso, pero lo hará sin la oposición delante, “que todo lo manipula”, y ha justificado que otros “están de acuerdo” con su propuesta.

Informa David Noriega.

España elimina a partir de mañana viernes las medidas de control sanitario a las personas procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea o con la consideración de países asociados Schengen ante la evolución de la pandemia, según publica este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Desde el inicio de la pandemia por COVID-19, se han establecido en España medidas de control sanitario a los pasajeros internacionales en los puntos de entrada en España, que en la actualidad están limitadas a las personas que proceden de estos países.

En este escenario, se considera que las medidas de limitación de la movilidad internacional deben aplicarse respetando los principios generales del Derecho de la Unión, “no debiendo ir más allá de lo estrictamente necesario para salvaguardar la salud pública” y deben levantarse cuando la situación epidemiológica, en particular en la hospitalaria, lo permita.

Información de Europa Press.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que la ley trans “va a ser ley” y estará aprobada “antes de que acabe el año”: “Nos vamos a dejar la piel”, ha dicho en una entrevista en el programa La Hora de la 1, de TVE, en la que ha asegurado “le importa” la comunidad LGTBI y las personas trans y que sus derechos “no pueden esperar más”.

Sobre la presentación de enmiendas a la ley, Montero ha reconocido que “ha vivido con muchísima preocupación” que PSOE y PP hayan ampliado una semana el periodo de enmiendas entre otras cosas porque se puedan cuestionar aspectos centrales de la ley. “Toda la comunidad trans y las personas LGTBI tienen que saber con claridad que no vamos a permitir ningún retroceso en derechos”, ha reiterado, para añadir que van a trabajar “de inmediato” para que el debate se dé “en términos democráticos” y no dé lugar a “la apertura de nuevo de discursos tránsfobos”.