La Diputación asegura que Quarto “es un proyecto muy vivo” pese a la sentencia del TSJA, que la Junta recurrirá al Supremo

Terrenos en los que está previsto que se levante el proyecto urbanístico.

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Sevilla —

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La Diputación de Sevilla ha garantizado que Quarto, el proyecto urbanístico Cortijo de Quarto, “sigue muy vivo” y que en ningún caso se paralizará, pese a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ha generado dudas sobre esta iniciativa inmobiliaria. El fallo, que la Junta de Andalucía va a recurrir ante el Tribunal Supremo, anula la modificación del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana (Potau) de Sevilla que reducía de 200 a 100 metros la franja de protección de espacios libres junto al dominio público marítimo en estos terrenos de Bellavista.

“No enmienda la plana a Diputación, sino a la propia Junta, que es quien con su modificación del Potau, que es una herramienta autonómica, ha planteado una salvaguarda de lo que es el espacio de protección medioambiental del Guadaíra de 100 metros”. Así lo ha asegurado el presidente del organismo provincial, Javier Fernández, que ha apuntado que “el auto nos afecta, evidentemente, en el diseño del proyecto, pero hay que aclarar que la sentencia va a la línea de flotación de una norma autonómica”.

El proyecto, impulsado por la Diputación en suelos de su propiedad, ha iniciado los trámites para impulsar un desarrollo urbanístico que contempla la construcción de más de 5.500 viviendas, la mitad de ellas protegidas. En cuanto a lo que ha tumbado ahora el TSJA, la Consejería de Fomento aprobó en julio de 2023 esta modificación del Potau de Sevilla diseñado para ordenar el suelo de 46 municipios de la corona metropolitana y en vigor desde 2009. El cambio excluyó a dos sectores de suelo de Cortijo de Cuarto, otro sector de La Algaba y uno más de Coria del Río, del articulado que regula una franja adicional de protección en los 200 metros colindantes con el dominio público marítimo-terrestre.

Viviendas para los jóvenes

Fernández ha afirmado que, con respeto de la sentencia, “veremos en qué nos afecta y adaptaremos el proyecto a esta nueva prerrogativa, teniendo en cuenta que, por encima de todo, la iniciativa protege el medio ambiente. De las 140 hectáreas que tienen los suelos de Cortijo de Cuarto, dijimos que 70 eran para zona verde”.

Por último, el mandatario provincial ha reiterado que el proyecto sigue “muy vivo” porque se trata de “una de las grandes oportunidades de Sevilla y de la gente joven”. “Hemos sacado del mismo el concepto de especulación, tanto del suelo como de la construcción, al ser la Diputación el promotor público”.

“Queremos hacer miles de viviendas para gente joven a precio asequible, a precio razonable, personas que estén en el registro de demandantes de viviendas de Sevilla capital”, ha abundado. “Estoy convencido de que, posiblemente, junto con otro proyecto en Entrenúcleos (Dos Hermanas) y en La Rinconada, en Pago del Medio, estemos ante el proyecto de urbanismo público más importante en Andalucía”.

La Junta: no afecta a la integridad del Potaus

Por su parte, la Asociación Espacio Verde Cortijo del Cuarto ha pedido a la Diputación “diálogo y compromiso” tras conocer esta decisión del Alto Tribunal andaluz, que celebra al considerar que la construcción de esas viviendas “carece de interés general” al llevarse a cabo “a costa de proteger espacios naturales”. No obstante, se muestra abierta a mantener un encuentro para “identificar conjuntamente emplazamientos donde se pueda construir vivienda protegida, social y pública sin dañar el medio ambiente”.

Por lo que respecta a la Junta de Andalucía, defiende que la modificación de Cortijo del Cuarto no afecta a la integridad del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus), así como tampoco afecta al futuro de los cuatro sectores de suelo urbanizable implicados. En paralelo, plantea presentar un recurso ante el Supremo.

Según han detallado fuentes de la Junta, la modificación que se hizo “no afecta a espacios naturales protegidos, dominio público marítimo-terrestre ni suelo no urbanizable, sino únicamente a cuatro sectores urbanizables (uno industrial y tres residenciales) que ya estaban aprobados antes de la entrada en vigor del Potaus”. En este sentido, han indicado que aunque la administración autonómica respeta y acata la sentencia del TSJA, consideran que la modificación está “debidamente justificada en el interés general para garantizar el desarrollo económico y residencial sostenible de los municipios afectados”.

“Total respaldo técnico y ambiental”

Por ello, han indicado que a tenor de que la sentencia no es firme, desde la Junta de Andalucía estudiarán interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, dentro del plazo de 30 días que habilita. “El fallo del TSJA no cuestiona el fondo de la reforma, sino que exige una justificación más estricta y detallada del ajuste del ancho de 200 a 100 metros al afectar a suelos previstos como Espacios Libres”, ha añadido el comunicado.

Como justificación, la Junta ha argumentado que el desarrollo de estos sectores puede continuar aplicando el planeamiento municipal, la Lista y la redacción original del Potaus (manteniendo la franja de 200 metros), así como que no se eliminan los Espacios Libres ni se rompen los Corredores Verdes. Es decir, que sólo se ajustaba su ancho de 200 a 100 metros para adaptarlo a la Zona de Servidumbre de Protección de la Ley de Costas.

En esta línea, han asegurado que la modificación que hizo la Junta de Andalucía cuenta con “total respaldo técnico y ambiental”, ya que superó la evaluación ambiental estratégica sin objeciones y obtuvo informes favorables tanto de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir como de la Dirección General de Costas y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica.

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