Sevilla da un primer paso para catalogar la tumba de Queipo de Llano como “símbolo” de la dictadura franquista

Un pequeño paso pero un primer paso. El Ayuntamiento de Sevilla estudiará la propuesta de la Coordinadora Andaluza de Organizaciones Republicanas 'Andalucía Republicana' para elaborar un catálogo de elementos contrarios a la memoria histórica existentes en la capital hispalense, en virtud del artículo 15 de la Ley de Memoria estatal, entre los que se incluye la tumba del general franquista Gonzalo Queipo de Llano en la basílica de La Macarena de Sevilla.

“Se va analizar qué tipo de catálogo y con qué efectos puede realizarlo el Ayuntamiento dentro de sus competencias y, en su caso, se formará una mesa de trabajo”, dicen fuentes municipales tras el encuentro mantenido entre una representación de ocho miembros de la coordinadora y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), que ha estado acompañado de la concejal encargada de los asuntos de memoria histórica, Adela Castaño.

Fuentes de la coordinadora ofrecen algo más de detalle del encuentro. Espadas ha recibido un listado que contiene 54 elementos que pudieran ser contrarios a la memoria. El primero de ellos, la tumba de Queipo, ha sido el que “más tiempo” ha ocupado de la reunión, reconocen las fuentes. El planteamiento de la coordinadora, que ha iniciado una triple vía de actuación para que se saquen los restos del franquista de la iglesia sevillana, es la retirada “lo antes posible” de toda la simbología asociada al franquismo y a la dictadura a la que alude la citada ley estatal. Su artículo 15, cabe recordar, establece la posibilidad de que el Gobierno colabore con las comunidades autónomas y las entidades locales “en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura”.

Sin plazos

Las intenciones de los republicanos deberán esperar a ciertos pasos burocráticos, según les ha trasladado el alcalde Espadas que, eso sí, ha querido comentar durante la reunión su “voluntad política de aplicar las leyes de memoria, tanto la estatal como la autonómica”. Esos pasos son, básicamente, solicitar un informe al Secretario del Ayuntamiento para ver si el Consistorio es competente para elaborar ese catálogo y, con el visto bueno jurídico, crear una mesa de trabajo para concretarlo, en coincidencia con las fuentes oficiales del Ayuntamiento.

Espadas, según las fuentes republicanas, ha reconocido que la recopilación de la coordinadora adelanta mucho trabajo al respecto. Más adelante quedaría saber qué órgano del Ayuntamiento aprueba el catálogo, que ya establecerá qué entidad o administración se encargaría de la retirada de los símbolos acordados como contrarios a la memoria.

Pese a que el alcalde no ha dado plazos al respecto, la valoración de la coordinadora es “positiva” a expensas de que se vayan cumpliendo los compromisos del alcalde, que se ha comprometido a pedir “de manera inmediata” el informe jurídico al Secretario del Ayuntamiento.

La vía de la Junta

Paralelamente, la coordinadora republicana ha dado por iniciada la vía judicial para que la Junta dé cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, aprobada en marzo de 2017. Dos años y ochos meses después, el Gobierno de PP y Ciudadanos tiene 70 días para desarrollar su cumplimiento o será demandada en los tribunales. El plazo expiraría a mediados del próximo mes de febrero.

Un grupo de miembros de las plataformas unitarias y organizaciones republicanas registraron el 4 de diciembre un requerimiento para que la Junta de Andalucía dicte la Orden por la que se constituya el comité técnico encargado de elaborar la relación de los elementos contrarios a la memoria histórica que deben ser retirados y/o eliminados en la comunidad autónoma. Con dicha relación en su mano, la Junta deberá comunicar a los particulares que pudieran verse afectados para que procedan a su eliminación y, en caso de incumplimiento, se proceda a la misma por parte de la Junta de Andalucía. La ley prevé, para el caso de que esta retirada o eliminación no se produzca de manera voluntaria, la obligación de la Consejería competente de incoar de oficio el procedimiento para la retirada de dichos elementos.

Respecto a esos “elementos contrarios” a la memoria histórica, el escrito dirigido a la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, destaca la presencia de la tumba del general franquista en “un lugar de honor” de la basílica de La Macarena de Sevilla, algo que “contribuye a la exaltación, conmemoración y enaltecimiento del golpe militar del 36 y supone una afrenta a la dignidad de las víctimas y de la ciudadanía en general”.

¿Elemento contrario a la Memoria?

Cabe recordar también que eldiario.es Andalucía publicó un informe jurídico de la Junta que en 2017 cuestionaba que la tumba del general golpista fuera un elemento contrario a la memoria. “La primera competencia de la Junta sería la de crear el citado comité técnico (...) para elaborar la lista de elementos contrarios a la Ley de Memoria (...) y notificar a las personas titulares de dichos elementos su incumplimiento de la norma y su obligación de retirarlos o eliminarlos”, decía aquel informe, que daba a entender que una tumba, aún siendo la de un militar fascista, puede que no entrara dentro de la definición que la ley hace de “elementos contrarios a la Memoria Histórica que deben ser retirados o eliminados”. El anterior Ejecutivo socialista redactó el decreto para regular el citado comité de expertos y lo envió al Consejo Consultivo para su aprobación, pero PP y Ciudadanos lo retiraron al llegar al poder antes de que éste lo valorase.

La coordinadora republicana argumentó en su escrito que “la dimensión criminal de Queipo de Llano está plenamente acreditada y documentada por la investigación historiográfica de las últimas décadasQueipo de Llano. Jefe militar de Andalucía del golpe de Estado fascista contra la Segunda República española, firmó el ilegal Bando de Guerra de 18 de julio de 1936 que dio pretexto, bajo sus órdenes, para el asesinato masivo de decenas de miles de personas por toda la geografía andaluza, sin más excusa que su adscripción política. Según el Derecho Internacional, es responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad”.

Andalucía Republicana está pendiente al mismo tiempo de un encuentro con el Defensor del Pueblo Andaluz para pedir la apertura de un expediente por incumplimiento por parte de la Junta de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Para esta cita aún no hay fecha cerrada.