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Doblemente maltratadas

"La petición del PSOE nos parece loable, pero insuficiente". Se llama cinismo. Lo practica el ministro de (in)Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Lo suscribe el Gobierno del PP en pleno. Calla y otorga la ministra de (des)Igualdad, Ana Mato. Lo padecen todas las mujeres víctimas de violencia de género que decidan liberarse de su maltratador mediante un proceso de separación o divorcio.

La ley de tasas está en vigor desde el pasado 20 de noviembre y se aplica desde el 13 de diciembre, cuando el Gobierno publicó el impreso de autoliquidación del nuevo peaje para acceder a la justicia. Se cobra a las mujeres (demandantes en la totalidad de los casos de separación por violencia de género) si se les pasa por la cabeza pedir una pensión de alimentación para los hijos mayores de 18 años a su cargo, o si quieren pujar por su mitad del patrimonio logrado en los años de convivencia de la pareja.

El peaje establecido por Gallardón para que esas mujeres recuperen su libertad y recompongan su dignidad y su vida oscila entre 300 y 1.200 euros.

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Marea de dudas en la sanidad madrileña

Los profesionales de la Sanidad han vuelto a pasear su indignación por el plan privatizador del Gobierno de la Comunidad de Madrid, perpetrado en sede parlamentaria el pasado 27 de diciembre. Acompañándoles en el luto por la inminente muerte de uno de los pilares más sólidos del Estado del Bienestar, miles de ciudadanos que nos sabemos potenciales usuarios (en adelante, clientes) de lo que el Ejecutivo de Ignacio González se empeña en convertir en negocio para un puñado de empresas.

A día de hoy, y han pasado 12 desde la aprobación del plan privatizador, nadie sabe a ciencia cierta cuál es el ahorro concreto que el PP va a lograr con la cesión de la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud hasta ahora públicos. Ni qué piensa de esto el Gobierno central, que parece tan ajeno a la cuestión como pusilánime a la hora de atajar la entrada en vigor del euro por receta, pese a contar con la condena expresa de esa medida realizada por el Tribunal Constitucional.

Si escuchamos a los organizadores de la protesta sanitaria, la cesión a empresas privadas incrementará en 118 millones de euros al año el coste actual. Según datos de AFEM (Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid), en cinco de los seis hospitales que se pretende entregar a empresas privadas el coste por paciente (la denominada cápita) no llega ni de lejos a los 441 euros por persona que se ha comprometido a pagar la Comunidad de Madrid a las concesionarias.

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¿Y próspero año nuevo?

Es difícil encontrar los datos en los que se apoya el Gobierno para asegurar que lo peor de la crisis ha pasado y que el año que está a punto de arrancar será el que nos abra de nuevo a la esperanza. El mantra de los brotes verdes (mejoras en la balanza de pagos, contención de la prima de riesgo) aparece en toda conversación mantenida estos días con miembros del Ejecutivo sin que los ciudadanos veamos traslación alguna de esas mejoras a nuestro día a día.

Fuera de las alfombras y los cócteles prenavideños, la realidad se presenta mucho más oscura. A un año de iniciarse la era Rajoy, prácticamente todos los sectores de la sociedad están peor que hace 12 meses. La credibilidad con la que llegó a la Moncloa ha sido sepultada por decenas de incumplimientos. Salimos a susto por consejo de ministros, a ocultación por rueda de prensa. Hemos aprendido a buscar la verdad en el BOE y en los medios de comunicación extranjeros. No queda una sola promesa electoral por sacrificar.

Esta semana ha entrado en vigor una ley de tasas que hasta el fiscal general del Estado, nombrado por el Gobierno, considera que será tumbada por el Tribunal Constitucional. Contra ella y otras reformas propiciadas por Gallardón se rebelan estos días todos los miembros del aparato judicial, desde los funcionarios a los presidentes de sala, pasando por los abogados y los justiciables.

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¿Por qué el PSOE recurrirá al Constitucional si también congeló las pensiones?

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El Gobierno no revalorizará pensiones con el IPC para no pagar 3.800 millones. / Efe

“Rubalcaba estudia un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de Rajoy de no revalorización de las pensiones”. Si a ustedes les ha sorprendido tanto como a mí escuchar al vicepresidente del primer Gobierno que congeló las pensiones en España tachar de inconstitucional que Rajoy haga lo mismo, necesitan leer lo que sigue.

Revisados los hechos, no es lo mismo. Resumiendo mucho, no es igual quitarte parte de la pensión de este año, que decretar que el año que viene cobrarás algo menos. No es lo mismo dictar normas que actúan sobre el futuro que hacerlo con decretos que revisan el pasado.

Ahí van los hechos:

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El soberanismo no puede con la crisis

Exactamente lo contrario de lo que tenía previsto. Artur Mas se despeñó ayer al abismo soberanista que presentó a los electores como la solución a todos los problemas. No coló. Los electores catalanes tienen muy presente la crisis económica y quién ha dictado los drásticos recortes de servicios esenciales en los dos últimos años.

CiU acabó la noche en que iba a ser la reina de la fiesta del soberanismo hundida en sus 50 escaños, 12 menos que los que tenía antes de emprender este viaje suicida. El partido de Mas se hunde, pero el soberanismo que propugnó por primera vez sin complejos aguanta, aunque repartido con ERC y la nueva CUP-Alternativa d'Esquerras. ¿Será viable un Gobierno abocado a recortar aún más, sustentado en dos fuerzas que no quieren ni oír hablar de recortes, sólo de independencia?

Gran fracaso de CiU y de los sondeos. De todos. Ninguno atinó a prever que la "mayoría excepcional" que reclamaba Artur Mas se tornaría en una caída de este calibre. Para este viaje (unas elecciones a mitad de legislatura y en medio de una enorme crisis) no hacían falta alforjas. Alguno pedirá su cabeza esta misma noche.

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Se vende piso... con permiso de residencia incluido

"Se vende piso, 150 metros cuadrados, primera línea de playa, equipamiento de lujo, plaza de garaje y permiso de residencia incluidos"

El Gobierno admitió ayer que lo que realmente le pone es la inmobiliaria. Ha caído en la cuenta de que posee un producto sin competencia: el derecho a la ciudadanía. Si prospera la medida que hoy estudiarán en profundidad nada menos que cinco ministerios, el Ejecutivo español pondrá en venta permisos de residencia al módico precio de 160.000 euros. Los papeles incluyen una propiedad, a poder ser en la costa mediterránea, donde el volumen de inmuebles de lujo sin dueño está pidiendo a gritos la intervención de las mafias del Este.

La fórmula no es nueva. De hecho, hace unos días un teatro de Girona logró sortear la subida del IVA cultural regalando la entrada con la compra de una zanahoria. Que en vez de un teatro sea un gobierno democrático el que busque fórmulas para saltarse la legalidad vigente no debería escandalizarnos. Ya tendríamos que estar prevenidos: en sus once meses de Gobierno ha puesto en marcha una amnistía fiscal para blanquear capitales y ha prometido excepciones a las leyes vigentes para inversores en casinos.

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Desahucios, otro fracaso de los grandes partidos

Jueves, 8 de noviembre: Soraya Sáenz de Santamaría (PP, Gobierno) y Elena Valenciano (PSOE) acuerdan una "reunión de urgencia" para el lunes, 12 de noviembre, para pactar una solución al drama de los desahucios.

Me habré perdido algo, pero llamar reunión "de urgencia" a una que se convoca para cuatro días después... En cuatro días se ejecutan más de 2.000 desahucios en España, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

Viernes 9 de noviembre: Amaia Egaña, de 53 años, muere tras lanzarse al vacío desde su piso en Barakaldo cuando una comisión judicial le subía a casa la orden de desalojo.

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Cuatro funerales y ninguna dimisión

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Se cumplirá mañana una semana del trágico suceso en el Madrid Arena en el que fallecieron cuatro chicas. Otra sigue hospitalizada y muy grave. Una semana de revelaciones que dejan patentes fallos de seguridad y de organización impresentables. Irregularidades en la contratación y en la gestión de la contrata. Podemos ennumerar los fallos, pero no hay forma de cuantificar dimisiones ni detenciones.

Ayer fue enterrada Belén, la cuarta víctima, que además era menor de edad. Que lo era se supo en la misma mañana tras Halloween, lo que dejaba probado que el control de acceso había brillado por su ausencia. Pero eso, y la muerte de otras tres chicas aplastadas en una avalancha, no impidió al Ayuntamiento dar por buena la versión de los hechos que ofreció la empresa organizadora de la fiesta al conocer el grave suceso.

El Ayuntamiento de Madrid tardó 24 horas en dar explicaciones. Como no podía justificar lo injustificable, Ana Botella optó por prohibir este tipo de fiestas en locales municipales. Bonita solución para desviar la atención de sus responsabilidades.

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Ocho razones contra el euro por receta

El enésimo hachazo al Sistema Público de Salud perpetrado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid consiste en privatizar la gestión de seis hospitales más, pese a haber tenido que rescatar a las concesionarias de los tres actuales en 2010, e implantar el euro por receta. Aunque resulte ya cansino, esta nueva tasa llega de mano de los creadores de "no subiremos los impuestos".

1. Es una tasa que grava la enfermedad. Nadie decide por sí mismo enfermar, por lo que los medicamentos son un gasto inelástico, es decir, obligado para quien los necesita.

2. El acopio de medicamentos que dice perseguir esta medida no se resuelve castigando al comprador, pero puede mejorarse controlando al prescriptor y al fabricante. Son los médicos los que emiten las recetas y las empresas farmacéuticas las que envasan en dosis que superan de largo el tratamiento tipo.

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Las tres crisis del PSOE

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A perro flaco todo se le vuelven pulgas. Los socialistas avanzan imparables hacia la crisis definitiva, la que se les vendrá encima tras las elecciones catalanas, en las que todo hace presagiar un nuevo desastre para el PSOE.

Esta es la situación: el PSOE ya ha probado la hiel de una crisis electoral, primero en las municipales y autonómicas, después en las generales y hace dos semanas en Euskadi y Galicia. La falta de resultados ha reabierto heridas que quedaron sin cerrar tras el congreso que eligió a Rubalcaba como líder por un puñado de votos. Sin tiempo para afrontar la segunda de sus crisis, la del liderazgo de la actual dirección socialista, aparece en el horizonte inmediato la tercera crisis, la territorial.

El desafío de Artur Mas está arrastrando a todos los partidos nacionales a situaciones límite. El PP ha pasado en pocas semanas de alimentar la confrontación con Catalunya a rozar el ridículo con un vídeo en el que declara amarla tanto que hasta disfruta con el pa amb tomàquet.

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