Doblemente maltratadas

“La petición del PSOE nos parece loable, pero insuficiente”. Se llama cinismo. Lo practica el ministro de (in)Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Lo suscribe el Gobierno del PP en pleno. Calla y otorga la ministra de (des)Igualdad, Ana Mato. Lo padecen todas las mujeres víctimas de violencia de género que decidan liberarse de su maltratador mediante un proceso de separación o divorcio.

La ley de tasas está en vigor desde el pasado 20 de noviembre y se aplica desde el 13 de diciembre, cuando el Gobierno publicó el impreso de autoliquidación del nuevo peaje para acceder a la justicia. Se cobra a las mujeres (demandantes en la totalidad de los casos de separación por violencia de género) si se les pasa por la cabeza pedir una pensión de alimentación para los hijos mayores de 18 años a su cargo, o si quieren pujar por su mitad del patrimonio logrado en los años de convivencia de la pareja.

El peaje establecido por Gallardón para que esas mujeres recuperen su libertad y recompongan su dignidad y su vida oscila entre 300 y 1.200 euros.

La ley ha sido contestada por todos los colectivos que tienen relación con la justicia, desde abogados hasta secretarios judiciales, pasando por jueces y fiscales. El PSOE ya ha anunciado que antes del 20 de febrero la impugnará ante Tribunal Constitucional. Y el Gobierno ha respondido aprobando una Ley de Justicia Gratuita con la que pretende tapar la vergüenza del tasazo.

Sin embargo, la ley de tasas ya está en vigor, mientras que la de ampliación de la justicia gratuita tardará meses en culminar su proceso parlamentario. Entre tanto, las mujeres víctimas de violencia de género seguirán pagando por librarse de sus maltratadores... si pueden. U optarán, en el peor de los casos, por mantener la insufrible convivencia si no pueden asumir el coste del procedimiento de separación o divorcio.

Las asociaciones de mujeres en pleno han pedido al ministro que repare este daño. La responsable de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, le solicitó la semana pasada que revoque esta injusticia mediante un decreto y libre a las víctimas del machismo criminal del maltrato de las tasas.

Contra todo pronóstico en un Gobierno que lleva un año a decreto por semana, el viernes Gallardón ensalzó la futura Ley de Justicia Gratuita pero no aprobó un decreto para paralizar la aplicación de la ley de tasas a aquellos colectivos a los que la futura norma eximirá del pago.

Y encima se permitió calificar la petición del PSOE de “loable, pero insuficiente”.

Se llama cinismo. Se llama maltrato. Se llama machismo.