Madrid pide a Sánchez que congele el precio del alquiler y reforme la LAU

El pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy, con los votos del PSOE-M y de Ahora Madrid, pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que prorrogue los actuales precios del alquiler para evitar su subida y reforme la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para recuperar los contratos de 5 años.

Así lo han defendido hoy el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible de la capital, José Manuel Calvo, y la edil del PSOE-M Mercedes González que han unido sus propuestas con una enmienda transaccional y han reclamado un Pacto de Estado para que la vivienda sea un derecho protegido y no una “mercancía”.

Este “parón” se establecería al tiempo que se crean medidas estructurales para luchar contra la “especulación”. Para ello, se insta a crear un grupo de trabajo sobre competencias de vivienda y fiscalidad inmobiliaria, donde el Ejecutivo de Manuela Carmena quiere obtener la capacidad de fijar techos a los precios y gravar el IBI a los pisos vacíos.

En declaraciones a los periodistas, Calvo ha explicado que la moratoria debería ser de un año, prorrogable, para que las medidas estructurales “no se demoren” y se podría desarrollar en el “marco de una ley” o “vía decreto ley”.

Este “parón” es necesario para evitar que cuando entren en vigor las nuevas políticas haya ya una “situación irreversible”: “Es más difícil bajar los precios que han subido que de momento estabilizarlos, mantenerlos y esperar a adoptar estas medidas estructurales”, ha defendido el delegado.

Calvo se reunió ayer con la secretaria general de la Vivienda que le trasladó que era “interesante” conocer la “visión” y las propuestas de Madrid.

En la proposición aprobada hoy se insta además al Gobierno autonómico, competente en vivienda, a crear en un plazo “razonable” un parque público de viviendas en alquiler que alcance el 10 % de los inmuebles con rentas de en torno a los 300 euros.

El Ayuntamiento de la capital aboga asimismo por un Plan de Rehabilitación y Renovación Urbana regional para rehabilitar 160.000 infraviviendas y sacar al mercado 230.000 “viviendas desocupadas” en toda la región, así como por un Programa de Suelo para producir viviendas protegidas.

Al Gobierno de Sánchez le piden además igualar la relación entre arrendadores y arrendatarios fijando el IPC como única actualización anual del precio, aumentar el porcentaje de reserva de suelo para vivienda social y dotacional en las promociones urbanísticas y una línea de crédito para construir estos inmuebles.

Además, piden que los arrendatarios se puedan acoger al decreto que protege a colectivos en situación de exclusión residencial en caso de los desahucios de las viviendas en propiedad.

La concejal socialista Mercedes González ha considerado un error que la vivienda pública creada en las anteriores décadas se dedicase a la venta y no al alquiler, porque en caso contrario existiría un parque público suficiente.

Además, ha lamentado “que debate central como es la vivienda acabe en puro electoralismo” y ha agregado que “hoy es un factor de exclusión social que nos podemos permitir ninguno” cuando debería ser un “factor de cohesión social”.

Por su parte Calvo ha recordado que la vivienda es una competencia autonómica y respecto al retraso de las 4.000 nuevas viviendas prometidas por el Consistorio, que se quedarán en unas 2.000, ha asegurado que “no se construyen viviendas con un chasquido de dedos”.

Tras recordar que la Empresa Municipal de Vivienda vendió sus inmuebles a fondos buitre y no generó vivienda durante ocho años el delegado ha criticado a Ciudadanos por no exigir nuevas viviendas al Gobierno autonómico para aprobar sus presupuestos.

Ante las críticas del edil del PP Orlando Chachón por el bloqueo de los desarrollos urbanísticos, Calvo ha recordado que en los tiempos de la burbuja “cada año había más suelo y viviendas en el mercado y cada vez había más precio”.