La URJC centra la responsabilidad del Caso Máster en la funcionaria que cambió las notas a Cifuentes y la suspende seis años
La universidad pública Rey Juan Carlos de Madrid ha notificado a Amalia Calonge, la funcionaria que cambió las notas del máster a la expresidenta Cristina Cifuentes, que la van a suspender de empleo y sueldo durante seis años, según ha podido saber eldiario.es. Se trata de una “suspensión firme de funciones” por una falta grave contra la que cabe alegación de la funcionaria.
El 23 de octubre de 2014, Calonge entró en el sistema informático de la universidad y cambió la nota de dos asignaturas de Cifuentes de 'No presentado' a 'Notable', sin que mediara matrícula ni nuevo examen y con el curso ya acabado. La universidad considera que cometió una infracción grave y propone que no vuelva a trabajar hasta 2025. Es la misma funcionaria que intentó retirar el título de Cifuentes en 2017 en secretaría, pero no pudo porque necesitaba un poder notarial. Finalmente, el 16 de noviembre de 2017 Cifuentes se presentó en la Universidad Rey Juan Carlos para retirar su título, una vez más acompañada por Calonge. Fue el día en que se hicieron la famosa foto juntas. Después de que estallara el caso, la funcionaria fue apartada de su puesto como encargada de las asociaciones estudiantiles y se le encomendó redactar pliegos de oposición.
Curiosamente, el catedrático que le ordenó cambiar una de esas notas, Pablo Chico de la Cámara, no ha sido sancionado. Fue el docente que envió un correo a Calonge diciendo que debía cambiar la nota a Cristina Cifuentes y ponerle un notable en su asignatura La Financiación de las Comunidades Autónomas. El profesor de la otra asignatura falsificada, Enrique Álvarez Conde, ha fallecido. Tampoco se ha sancionado administrativamente a Cecilia Rosado, la profesora que admitió ante la jueza de instrucción que se inventó el acta del Trabajo Fin de Máster (TFM), presionada por otra profesora y colaboradora de Cifuentes, María Teresa Feito. Feito tampoco ha sido sancionada por la URJC. Ambas siguen dando clase (una de derecho y la otra de filología inglesa) y están imputadas por construir el papel que apuntaló la coartada de la expresidenta. En el caso de estas dos profesoras la universidad no puede actuar ya que al estar investigadas prevalece el proceso penal y hay que esperar a la sentencia para abrir un expediente administrativo.
Sin embargo, las otras dos profesoras de la URJC que pusieron sobresalientes y notables a Cifuentes en asignaturas que se impartieron antes de que se matriculara, Cecilia Souto y Alicia López de los Mozos, cuyas firmas falsificadas están también en el acta de TFM, siguen también dando clase de derecho y tampoco han sido citadas por la universidad o expedientadas, pese a que ellas no están imputadas y, por tanto, les podrían haber pedido responsabilidades administrativas.
Investigación administrativa
Al margen del ámbito judicial, la Universidad Rey Juan Carlos tenía capacidad de abrir una investigación para dilucidar qué funcionarios se saltaron procesos o qué alumnos obtuvieron irregularmente sus títulos. Sin embargo, cerró los expedientes de los casos de Cifuentes, Casado y de la exministra de Sanidad Carmen Montón sin responsables cuando los cerró la justicia. Hasta hoy, que ha notificado a la funcionaria que la suspende de empleo y sueldo por seis años centrando en ella las responsabilidades de la peor crisis reputacional del centro público. Fuentes de la universidad explican que el caso habría prescrito (según el Estatuto Básico del Empleado Público la prescripción es a los tres años para las faltas graves), aunque expertos en derecho administrativo especifican que es dudoso porque se puede contar desde que se cometió la falta (2014) o desde que se conoció (2018). Desde la URJC especifican que en el caso de Calonge habían detectado que cambió expedientes de alumnos hasta 2016, motivo por el cual habrían actuado solo contra ella.
La jueza que investigó la obtención de másteres regalados cerró el caso judicial después de que el Supremo rechazara investigar a Casado como aforado, y solo quedan vivas tres causas: la malversación en el instituto dirigido por Álvarez Conde, la falsificación del acta del Trabajo Fin de Máster y el proceso contra los periodistas de eldiario.es y funcionarios de la URJC que inició la propia Cifuentes.
La URJC no da información sobre el caso Calonge, que no ha respondido a las llamadas de eldiario.es, pero asegura que se valorará más adelante la sanción a otras personas implicadas en el Caso Máster, cuando termine el juicio por la falsificación del acta, ya que se ha decidido no actuar de momento “contra testigos o investigados” hasta que haya una resolución judicial, pese a que el proceso judicial y el administrativo son paralelos y no afecta a los testigos. De hecho, fuentes del Tribunal Superior de Justicia confirman a eldiario.es que el juicio está en fase intermedia, es decir, ha acabado la fase de investigación pero no ha empezado la vista oral, de modo que no hay listado de las personas que van a testificar. Tras la muerte de Álvarez Conde han quedado como únicas imputadas Cifuentes, Feito y Rosado, contra las que tampoco ha actuado de momento la universidad.
El sindicato Comisiones Obreras señala a eldiario.es que no ha recibido ninguna notificación sobre el caso de Calonge y ha solicitado este jueves al rector, a través de la Junta de Personal de Administración y Servicios, que se informe sobre el expediente abierto a la funcionaria, “tal y como obliga el artículo 40 del Estatuto Básico del Empleado Público”.
Respecto a los alumnos que obtuvieron irregularmente sus títulos, la universidad informó en enero de que va a intentar quitarles el máster a los estudiantes que admitieron ante la jueza y públicamente que no hicieron nada, ni fueron a clase ni hicieron exámenes. En la práctica esta medida afectaría a la becaria que tiró de la manta en el caso del máster de Pablo Casado, que confesó ante la jueza que Álvarez Conde le dijo que se apuntara pero que no tenía que hacer absolutamente nada. El líder del PP, la expresidenta de Madrid y la exministra Montón podrían mantener sus titulaciones, ya que siempre han defendido públicamente que se sacaron el máster cumpliendo los requisitos, contra lo declarado por algunos profesores, alumnos y las irregularidades detectadas en el sistema interno de la URJC.
