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La Rey Juan Carlos estudia retirar el título a los implicados en el Caso Master que admitieron no haber hecho nada

Solo dos alumnos se autoinculparon ante la jueza: Álvaro Morente y Dolores Cancio, en ese momento becaria del Instituto de Derecho Público

Los políticos implicados, Carmen Montón, Cristina Cifuentes y Pablo Casado, siempre han defendido que hicieron lo que se les pidió, aunque no tienen los trabajos o no los enseñan

La universidad pública señala que está definiendo todavía cómo y a quién le va a retirar el título de posgrado, basándose en la confesión

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,d., el vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado,iz., y la presidenta de la Comunidad de Madrid,Cristina Cifuentes,c., durante el XVI Congreso del PP de Madrid, en el que Cristina Cifuentes será proclamada nueva presidenta la formación. EFE/Mariscal

Casado junto a Cifuentes

La universidad pública Rey Juan Carlos de Madrid está barajando la posibilidad de retirar títulos a algunos alumnos implicados en el Caso Máster, como ha adelantado El Independiente y confirman fuentes del centro a eldiario.es.

Está la voluntad pero aún no está decidido cómo se haría ni qué alumnos estarían implicados, aunque la decisión se basa en que algunos de ellos admitieron ante la jueza Carmen Rodríguez Medel que no habían hecho ningún esfuerzo académico para obtener el título de máster cuando fueron llamados a declarar. Simplemente se matricularon, pagaron las tasas y recogieron el título en julio del año siguiente.

Justamente, ninguno de los tres políticos implicados en el caso -la expresidenta Cristina Cifuentes, la exministra Carmen Montón y el presidente del PP Pablo Casado- están en el grupo de alumnos que admitieron que el título fue un regalo en ningún momento. Los tres han defendido siempre que hicieron lo que se les pidió. Cifuentes no encuentra el trabajo, Casado tiene cuatro en su poder y no los enseña y Montón no tiene ningún rastro de la estrega de los mismos. El único que mostró resultó ser un plagio.

Quienes podrían estar directamente afectados por la medida que estudia la universidad son Álvaro Morente (compañero de promoción de Cifuentes) y Dolores Cancio (compañera de Casado y becaria en ese momento del Instituto de Derecho Público). Estos dos alumnos sí admitieron que no hicieron nada durante la instrucción del caso, hoy cerrado tras la decisión del Supremo de no investigar a Casado penalmente pese a los indicios de trato de favor. Morente, uno de los primeros en declarar ante la justicia, confesó en agosto ante la jueza que recogió el título en 2016 pese a que ni presentó trabajos ni acudió a clase, tan solo pagó las tasas.

Cancio fue la única investigada en el caso Casado que se autoinculpó, tiró de la manta y admitió que el director del máster, Enrique Álvarez Conde, le dijo "que no hiciera nada" para obtener el título, ni siquiera trabajos, que no quería que "perdiera tiempo" yendo a clase ya que era becaria del Instituto que lo impartía, según recoge la magistrada en la exposición de motivos para elevar el caso al Supremo. Este relato fue fundamental para que el caso siguiera, ya que la instructora sospechaba que ese fue el modus operandi también para el líder del PP, aunque esto no ha quedado demostrado porque se archivó el caso.

La propia Cristina Cifuentes solicitó, durante la crisis que acabó con su dimisión, que le retiraran el título, algo que tiene un procedimiento administrativo que no pasa porque el interesado lo solicite, sino que es algo más complejo.

El proceso está regulado por la Ley de Procedimiento Administrativo Común.  En su artículo 47F dice que se considerarán "nulos de pleno derecho los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición". Es decir, obtener por ejemplo un título de máster sin cumplir los requisitos de haberlo cursado. 

Es la universidad quien tiene que iniciar ahora el procedimiento y los afectados, pero todavía no ha decidido cómo lo hará y si solo afectará a los alumnos que han confesado o lo ampliará a cualquiera sobre el que el centro tenga evidencias, tras las investigaciones internas, de que no cumplió con todas las obligaciones académicas.

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