La justicia absuelve al hombre al que pedían cárcel por resistirse durante su propio desahucio

El joven Raúl Barreto mantiene su domicilio en un lugar que no existe. Así consta en una reciente sentencia judicial: calle Camporredondo, 18, en el madrileño distrito de Hortaleza. Un solar en la actualidad, o en palabras de este técnico de iluminación de 31 años y padre de un niña, “un descampado para que caguen los perros”.

Lo dice con amargura porque allí debería estar construida su nueva vivienda. La antigua fue derribada hace seis años, con muchas pertenencias dentro, minutos después del tumultuoso desahucio que sufrió su numerosa familia, que no le debía ni un euro a nadie. Por si fuera poco drama, aquel día Raúl acabó en comisaría.

Le acompañó Chema Ruiz, que el 10 de noviembre de 2011, cuando se produjo el desahucio, era portavoz en Madrid de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Ambos fueron detenidos durante el desalojo de las decenas de vecinos y activistas que se sentaron frente a la amenazada vivienda para formar una muralla humana que evitara el desahucio. Todos ellos ejercieron una resistencia pasiva y fueron sacados por los agentes de la Policía Nacional. Hasta un helicóptero estuvo sobrevolando la zona aquella mañana.

Desde entonces, Raúl y Chema tenían un juicio pendiente. Las diligencias policiales les atribuyeron inicialmente las lesiones de ocho agentes antidisturbios, aunque el forense descartó que hubiesen sido provocadas por los detenidos.

Tuvieron que pasar cinco años del desahucio para que se concretara la acusación. El pasado 16 de enero Raúl y Chema se sentaron en un juzgado madrileño imputados por un delito de resistencia con una petición de un año de prisión por parte de la Fiscalía. Un mes después, la sentencia les ha absuelto del delito y reduce la actitud de los acusados durante el desahucio a una falta que, además, ha prescrito, según la jueza.

Contradicciones policiales

El día del juicio uno de los agentes que participó en el desahucio le acusaba de haber dirigido “puñetazos y patadas” contra la Policía provocando “daños” a “nueve” antidisturbios. Los activistas y vecinos, según el relato del agente, formaron “una masa violenta” contra el dispositivo policial, “verbalmente y luego físicamente”, concretó.

Durante el desahucio, el periodista Javier Robles, de Radio Enlace, grabó la escena del desalojo. Y la abogada de Chema Ruiz lo presentó en el juicio. “El vídeo no lo sacamos hasta que estábamos en la sala”, explica la letrada Angélica Domínguez.

En la grabación no se pudo ver “el desalojo concreto de los acusados”, se lee en la sentencia, pero revela que en la declaración de los dos agentes que acudieron al juicio “se aprecian demasiadas inconcreciones en relación a cómo se produce esa resistencia activa por parte de los acusados”. En ese sentido, la jueza considera que los movimientos de Chema y Raúl, violentos según las declaraciones policiales, podían ir dirigidos, simplemente, “a intentar desasirse” en el momento del desalojo.

“No consideramos que ese mínimo acto de resistencia por parte de los dos acusados pueda calificarse como grave y suficiente para fundamentar el delito de resistencia”, afirma la magistrada en la sentencia, que subraya la ausencia de “lesiones” en los agentes, como probó la prueba forense.

Seis años después, Raúl se ha quitado un peso de encima, pero sigue sin el techo que le corresponde a su familia. En la vivienda derribada vivía con su mujer y la hija de ambos, compartiéndola con sus suegros y la abuela de su esposa. Se trataba de un 'palomar', como se denominaba en el barrio a las casitas de pequeños ventanucos que formaban el Poblado de Absorción de Canillas, construido por el franquismo en 1956 para albergar a 600 familias expropiadas durante la gran expansión urbanística de Madrid.

Se trataba de una solución temporal hasta que llegara la edificación de otras viviendas definitivas. Pero la dictadura nunca cumplió su promesa y, transcurridos 50 años, los 'palomares' pasaban, por contrato, a ser propiedad de los inquilinos que no hubiesen sido realojados, como le ocurrió a esta familia.

El antiguo IVIMA, organismo de la vivienda pública de la Comunidad de Madrid, asumió el compromiso de remodelar el barrio en los años 80, pero lo sigue haciendo a un ritmo lento. Tanto que todavía siguen pendientes de entregar 235 viviendas que acumulan años de retraso.

De momento, la familia de Raúl no tiene asegurado el realojo en esos edificios por terminar, cuyas obras se reanudaron el año pasado. Un error de la administración los dejó fuera del sorteo en 2011, cuando el IVIMA ordenó el derribo de la antigua vivienda de la familia para liberar suelo que permitiera avanzar en la remodelación del barrio. Sin embargo, el número 18 de la calle Camporredondo no solo es todavía un solar. Tampoco existe ningún proyecto para edificar vivienda en ese suelo que urgía liberar hace seis años.