AI cree que el juicio por la masacre de Carandirú debe marcar el fin de la impunidad en Brasil

El juicio que se celebra esta semana sobre la responsabilidad policial en la “masacre de Carandirú”, la mayor matanza en las cárceles brasileñas ocurrida en Sao Paulo hace 20 años, debe marcar el “principio del fin de un largo legado de impunidad”, indicó hoy Amnistía Internacional (AI).

En un comunicado, la organización defensora de los derechos humanos se refiere al proceso judicial de 26 de los 79 policías que participaron en una ofensiva el 2 de octubre de 1992 para contener una trifulca interna de presos en un centro penitenciario brasileño, que acabó con 111 prisioneros muertos.

Ese juicio se reanuda hoy, tras una semana de aplazamiento por los problemas de salud de uno de los miembros del jurado.

El hecho de que las autoridades de Brasil no hayan procesado a nadie hasta la fecha “ha reforzado los abusos que han caracterizado el sistema de detenciones de ese país”, observó AI.

Según Atila Roque, directora de la oficina de Amnistía en Brasil, el juicio debe suponer “un punto de inflexión”, pues durante años “el retraso para llevar a los responsables de la masacre ante la justicia ha sido una nube negra” para Brasil.

“En Carandirú había, indudablemente, un excesivo uso de la fuerza, y hay una sólida evidencia que apoya la sospecha de que la policía cometió ejecuciones extrajudiciales”, apuntó Roque.

El sistema judicial de Brasil, señaló, “en el mejor de los casos ha ignorado y, en el peor, ha mostrado un desdén absoluto por cualquier concepto de justicia y los derechos de los que fueron asesinados de forma brutal y vergonzosa en Carandirú”.

El coronel Ubiratan Guimaraes, el oficial de la unidad policial enviada a la prisión para restablecer el orden, es “el ejemplo más notable del desprecio de las autoridades brasileñas por las violaciones grotescas de los derechos humanos que ocurrieron en la prisión”, de acuerdo con AI.

En julio de 2001, Guimaraes fue condenado a cumplir más de 600 años en la cárcel por decisión de un tribunal de Sao Paulo, si bien en febrero de 2006 la Corte Suprema de ese estado revocó la sentencia y determinó que el oficial había actuado dentro de sus funciones, siguiendo órdenes de sus superiores.

Roque considera que la masacre de Carandirú está ligada a “dos problemas sistemáticos que continúan siendo una plaga en los sistemas de detención de Brasil”.

Estos son “las extensas torturas y las condiciones crueles, inhumanas y degradantes de los centros de detención del país y la reticencia de las autoridades para abordar estos problemas mediante reformas efectivas o mediante la investigación de los autores”, agregó.

AI lamentó que estos problemas se hayan “agravado” en las últimas dos décadas, pues el número de reclusos en Brasil ha aumentado de 114.377 en 1992 a 514.582 en 2011, según cifras oficiales.

La Justicia procesará a 79 policías en cuatro fases, dado su elevado número, aunque en total eran 84 los acusados, de los que cinco han muerto.