La operación Lezo certifica la fijación de Ignacio González por contar con aliados en los medios de comunicación
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se había convencido a sí mismo de que existía una campaña de prensa para derruir su carrera profesional. Lo hizo desde que saltara el caso de la compra de un ático de lujo en Estepona (Málaga) en 2012. De manera que, para contener el fuego, González pudo colocar “a una periodista de su confianza en RTVE para que defendiese su imagen e intereses”, según el auto del magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco.
Este escrito ha colocado de paso un sello de autenticidad judicial al proceso de creación de una “redacción paralela” con fines “de manipulación informativa” por motivos políticos en Televisión Española que su Consejo de Informativos denuncia desde hace años.
El detalle, apenas dos líneas en un auto de 28 páginas, sobre las maniobras para controlar la vertiente informativa de los problemas legales de Ignacio González “certifica un sistema, una forma de hacer contrataciones políticas” en la televisión pública, cuentan desde el consejo tras conocer la decisión judicial.
El expresidente de Madrid, ahora en prisión preventiva, sostenía que las informaciones negativas sobre él estaban orquestadas: “Hay una campaña informativa”, repitió al nacer el caso ático en 2012. Un año después, en 2013, llegó a pedir “límites” para los medios para evitar daños a las personas y las instituciones: “Estamos en una situación en la que vale todo”, aseguró. Poco antes de las elecciones regionales de 2015 insistía en que había “una operación mediática” para “que tire la toalla”.
Ataque directo a la prensa
Una vez fuera de la carrera electoral –y perdido el altavoz constante de la presidencia de la Comunidad de Madrid– mantuvo su obsesión por la mala prensa. Tanto que llegó a incluir una supuesta conspiración mediática contra él como argumento a la hora de pedir el sobreseimiento del caso del ático malagueño.
En noviembre de 2016 dirigió un escrito de 17 páginas a la jueza instructora en el que señalaba directamente que “algunos periodistas, arrogándose un papel de juez y parte, han promovido tanto a nivel mediático como a nivel judicial todo tipo de actuaciones, algunas al filo de la ilegalidad amparadas en su secreto profesional”.
La fórmula concreta por la que una profesional afín a González podría haber terminado en TVE “no se conoce” pero “todo esto lo venimos denunciando tiempo atrás”, explican en el Consejo de Informativos. Su queja se centra en la creación de una redacción paralela con, al menos, una docena de periodistas incorporados a los Servicios Informativos de la televisión que “implicó que fueran desplazándose profesionales de la redacción”.
Sin ir más lejos, en febrero de este año debieron cambiar de puesto “forzosamente” cuatro trabajadores por “no ceder a presiones”, relataron en el consejo que ahora ha “exigido a la dirección” que explique si se dio esa contratación política a dedo.
Estos trabajadores han ido subrayando diferentes episodios de lo que han calificado como manipulación, censura o dobles raseros por parte de ese grupo. Tuvo especial relevancia el caso de la protesta por parte de los trabajadores ante el tratamiento informativo de la dimisión del director general del Ente Leopoldo González-Echenique que se mantuvieron en pie delante de sus escritorios mientras el director de informativos diarios, José Gilgado, les espetaba “sentaos todos. Es una orden”, según recordaron los periodistas.
Dominio sobre Telemadrid
Gilgado llegó a TVE como mano derecha del director de Informativos, Julio Somoano, en 2012. Ambos procedían de Telemadrid, la televisión autonómica controlada por el Partido Popular de Esperanza Aguirre e Ignacio González. El trasvase entre la cadena regional y nacional ha sido una constante (hasta el punto de que el actual presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, ha ido y vuelto entre ambas empresas varias veces).
El dominio de González sobre esa Telemadrid que se trasladó a TVE viene con el nombramiento como subdirector del ente de Ángel Martín Vizcaíno en 2004. Martín Vizcaíno –que hoy es director general– fue en 2002 jefe de gabinete de la Secretaría de Estado de extranjería e inmigración. ¿Su jefe? El secretario de Estado Ignacio González. El mismo político que disparó un ERE en Telemadrid a finales de 2012: 829 de 1.170 trabajadores salieron de la empresa. El diseño del despido colectivo corrió a cargo del bufete Cuatrocasas a razón de 140.000 euros más IVA. Allí ejerce la cuñada de González, Pilar Cavero, hermana de la esposa del expresidente, Lourdes Cavero. También implicada en la operación Lezo.
