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Citan a declarar a 21 activistas de Futuro Vegetal por pertenencia a “organización criminal”

La policía y la justicia continúan cercando al colectivo ecologista Futuro Vegetal por sus acciones de desobediencia civil en protesta contra la “inacción” climática. Tras la operación del pasado mes de enero, que acabó con 22 activistas detenidos según la policía, 25 según Futuro Vegetal, el colectivo ahora denuncia que 21 de ellos están llamados a declarar en sede judicial por pertenecer a una “organización criminal”. “Son imputaciones arbitrarias que buscan silenciar y desarticular el movimiento”, han afirmado varias portavoces en una rueda de prensa este martes en la librería Traficantes de Sueños de la capital.

El goteo de notificaciones comenzó la semana pasada y ha sido solo por su abogado que han podido conocer ya la totalidad de las personas convocadas para las diligencias previas a juicio el próximo 8 de octubre en el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid. Aún no existe una acusación formal por parte de la Fiscalía, pero en el texto de la notificación se hace referencia a sendos atestados policiales donde se argumenta que las detenidas pertenecen o lideran una “organización criminal”, cuentan las activistas. En Futuro Vegetal consideran la citación “absurda” porque “los criterios no se cumplen” para una acusación de organización criminal: “Se requiere un grupo jerárquico constituido para cometer delitos, pero somos un movimiento social horizontal, sin jefas, que usamos la desobediencia civil para pedir el fin de las subvenciones a la industria cárnica”, explica Luna, integrante del colectivo.

A raíz de esta “escalada represiva” que denuncia Futuro Vegetal, han cortado lazos con su colectivo hermano Extinction Rebellion —“para que no les salpique”, explican— y han contactado a los grupos parlamentarios para transmitir su situación y pedir medidas legislativas “para garantizar el derecho a la protesta”. Más allá de esto, piensan seguir actuando con normalidad: impartiendo charlas, organizando formaciones para que cualquiera pueda hacer una acción al estilo de Futuro Vegetal y, por supuesto, protestando contra la industria cárnica. En este sentido, el colectivo ecologista anuncia dos “periodos de alta intensidad de la protesta” con acciones en julio en torno al turismo, y en otoño contra el “sistema agroganadero”.

La “escalada de la represión”

Estas citaciones judiciales son el paso más reciente de lo que las portavoces de Futuro Vegetal denominan una “escalada de la represión”: “Primero detenciones, luego terrorismo, luego organización criminal, y ahora vamos con las sanciones económicas”, enumera Bilbo Bassaterra, integrante del colectivo. Desde sus inicios en 2022, la policía ha detenido a una gran cantidad de activistas de Futuro Vegetal en sus acciones. “Son más de 40 procedimientos abiertos con estas detenciones, contando las 25 que son por organización criminal”, contabiliza Bilbo Bassaterra, miembro del colectivo.

El activista señala como momento relevante cuando la Fiscalía incluyó en su Memoria Anual de 2022 a Futuro Vegetal, junto con Extinction Rebellion, en su apartado de “Terrorismo” bajo el epígrafe de “ecologismo radical”, aunque rectificó posteriormente. Apenas un mes después de la rectificación, en diciembre del año pasado, comenzó el operativo policial por toda España para poner a disposición judicial a una veintena de activistas. Se les acusaba de pertenencia a “organización criminal”, daños, daños contra el patrimonio histórico, contra la seguridad vial y el tráfico aéreo, atentado a agente de la autoridad y desórdenes públicos.

Paralelamente al proceso penal que se abre para indagar sobre la acusación de “organización criminal”, Futuro Vegetal asegura que una integrante del colectivo recibió la semana pasada una multa de 90.000 euros por una protesta que tuvo lugar en julio de 2023. Una anomalía para el colectivo, más acostumbrado a que la cuantía de las multas ronde los mil euros. “Es un intento más de asustarnos para que no ejerzamos nuestro derecho a la protesta. En un juicio tenemos espacio para defendernos y usarlo de altavoz, pero por la vía económica, no”, denuncia Bassaterra.

Otros países del entorno de España han tomado medidas para contener el activismo ecologista. En Reino Unido, la policía de Londres prohibió las protestas de Extinction Rebellion. En Francia, Macron tildó a Levantamientos de la Tierra de “ecoterroristas” y los ilegalizó por decreto. La Justicia de ambos países puso freno a cada Ejecutivo al entender que no había motivos para declarar ilegales a los movimientos contra la emergencia climática.