Los militares reservistas que firmaron el manifiesto franquista se enfrentan a multas o arrestos

El Ministerio de Defensa ha identificado a cinco militares en la reserva que suscribieron el manifiesto que exalta la figura del militar y dictador Francisco Franco. El departamento de Margarita Robles ya ha abierto una información reservada y nombrado a un instructor para que se investiguen estos hechos. A pesar de encontrarse en una suerte de prejubilación militar, siguen sometidos a la disciplina castrense.

Defensa podría actuar contra ellos, ya que el régimen de las Fuerzas Armadas recoge como faltas graves y muy graves la manifestación de “expresiones contrarias” hacia la Constitución, la Corona y demás instituciones del Estado, así como “infringir reiteradamente los deberes de neutralidad política”. Esta normativa recoge sanciones como una multa económica de ocho a quince días, un arresto de quince a treinta días y la resolución del compromiso, es decir, ser expulsados de las Fuerzas Armadas.

Este comunicado, titulado Declaración de respeto y desagravio al general Francisco Franco Bahamonde, soldado de España, se hizo público con el apoyo de 181 militares, la mayor parte de los que firmaron estaban retirados. Una semana después Okdiario aseguró que la cifra de profesionales castrenses que lo habían ratificado ascendía a 600, aunque ya no aportaban el nombre de las nuevas adhesiones.

En este escrito denunciaban la “campaña infame” que está llevando a cabo “la izquierda política” para desprestigiar al dictador a través de la “perversa pretensión” de exhumar sus restos del Valle de los Caídos. Todos ellos pidieron respeto por la “figura militar del General Franco” que según apuntan, ha “sido vilipendiada hasta extremos inconcebibles” con el objetivo “de borrar medio siglo de nuestra historia” a través del “empeño visceral de revancha” del Gobierno del Partido Socialista que lidera Pedro Sánchez.

Altos cargos entre los firmantes

Entre los nombres publicados en la primera difusión del comunicado había generales, coroneles, almirantes y capitanes de fragata. Algunos han ocupado puestos de responsabilidad durante los años en los que estaban en activo. Entre ellos, los generales Juan Enrique Aparicio, que hasta 2016 formaba parte del Ministerio de Defensa como Jefe del Mando de Personal del Ejército de Tierra; Alberto Asarta, exjefe de la misión de la ONU en Líbano y Emilio Pérez Alamán, exjefe del Mando Militar de Canarias, según informó El País.

“Esta situación demuestra que el Ministerio de Defensa tiene un problema a la hora de escoger al personal. Es una muestra de cómo se controla quién va a estar en un alto cargo”, apunta Jorge Bravo, secretario de organización de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), uno de los colectivos críticos con el manifiesto franquista. La Asociación Foro Milicia y Democracia y el colectivo de militares democrátas también rechazaron las alabanzas al dictador.

A pesar de que el Ministerio solo puede actuar contra los que mantienen vinculación profesional, Arturo Maira Rodríguez capitán de navío de la Armada también retirado, y por lo tanto excompañero de los firmantes, apuesta por que se les aplique a los jubilados la ley de Memoria Histórica. Desde el colectivo de militares demócratas fueron más allá y solicitaron en su cuenta de Twitter que se impute “la ley antiterrorista” por ser “responsables de la campaña de enaltecimiento del dictador asesino”.

Sobre los cinco militares en la reserva contra los que ha anunciado el Ministerio que va a actuar, desde Defensa aseguran que dependiendo de las conclusiones a las que lleguen en la información reservada “se abriría, si procede, un expediente” y si finalmente deciden imputarles algún castigo, las sanciones “dependerán de cómo se tipifiquen los hechos en el expediente”.

Castigo a “reclamaciones colectivas”

Por su parte, Juan Jesús Blanco, abogado especialista en Derecho militar, explica que les podrían aplicar el Código Penal militar y el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. En el primer caso, este letrado considera que se les podría imputar por sedición militar, aplicándoles el artículo 39. Esta normativa castiga las “reclamaciones o peticiones colectivas” que pongan “en grave riesgo el mantenimiento de la disciplina, serán castigadas con la pena de tres meses y un día a seis meses de prisión”. Aunque la investigación que se ha abierto se limita a la vía administrativa.

Por otro lado, la Ley Orgánica 8/2014 de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas también castiga de como faltas graves y muy graves actitudes anticonstitucionales. Entre las sanciones graves, se enmarca la emisión pública de “expresiones contrarias, realizar actos irrespetuosos o adoptar actitud de menosprecio hacia la Constitución, la Corona” y demás instituciones del Estado; realizar manifestaciones “basadas en aseveraciones falsas, así como formularlas con carácter colectivo” y “expresar opiniones que supongan infracción del deber de neutralidad política o sindical”.

En caso de que finalmente les imputasen alguna de estas categorías, serían sancionados con una multa económica de ocho a quince días, un arresto de quince a treinta días o la pérdida de destino. Este régimen disciplinario, eleva a faltas muy graves “la emisión pública de expresiones o manifestaciones contrarias” si esta actuación es “grave o reiterada”. Si determinan esta calificación, la sanción se eleva a un arresto máximo de sesenta días, la separación del servicio y la resolución de compromiso.

Sanciones previas

No es la primera vez que las Fuerzas Armadas tiene que hacer frente a declaraciones que rompen la “neutralidad política” requerida por la disciplina castrense. En 2013, el general Juan Antonio Chicharro realizó unas declaraciones en las que justificó una intervención militar para frenar la secesión de Catalunya, mientras se encontraba en la reserva. El exministro Pedro Morenés rechazó sancionarle y se limitó a aceptar la dimisión de su cargo en la Orden de San Hermenegildo.

José Bono impuso un arresto domiciliario al teniente general José Mena Aguado por “alertar de las graves consecuencias” que tendría para las Fuerzas Armadas la aprobación del Estatut y aprobó su pase a la reserva. Fue la primera vez que se aplicó en democracia una sanción disciplinaria a un alto mando militar.