Carné añejo del partido para gestionar la “evaluación externa” de la universidad madrileña. La fundación encargada de examinar los proyectos de nuevas universidades (de momento solo privadas) en la Comunidad de Madrid ha servido para colocar en sus altos cargos a políticos del Partido Popular. Sus últimos tres gerentes –incluido el actual– han sido políticos multicargo del partido. Y uno de sus directores llegó allí directamente desde el sillón del Gobierno regional dominado por los populares.
Desde que esa entidad, denominada Fundación para el Conocimiento Madridmasd, es la “responsable de evaluar la calidad del sistema universitario madrileño”, por su gerencia han pasado en sucesión: el ex delegado del Gobierno de Mariano Rajoy en Euskadi entre 2012 y 2016, Carlos Urquijo; la actual teniente de alcalde de la localidad de Boadilla del Monte, María Jesús García-Alarilla, y, actualmente, el exalcalde de Getafe, exdiputado regional y exsenador por el Partido Popular, Juan Soler.
Esta fundación fue la que examinó el plan de la Universidad Francisco Marroquín (UFM) antes de ser autorizada para operar en Madrid –aunque solo puede expedir títulos válidos en Guatemala– . El permiso llegó cuando su vicerrector era ya el exconsejero de Sanidad del PP, Javier Fernández Lasquetty. Y se trata del mismo campus donde la dimitida diputada popular Noelia Núñez consignó haber dado clases al tiempo que era presentada como docente por la propia universidad. Cuando estalló el escándalo del currículum falseado de la política, la Francisco Marroquín afirmó que Núñez no había sido nunca su profesora.
Fue el Gobierno de Cristina Cifuentes (PP) el que autorizó la UFM en marzo de 2017 tras pasar la evaluación de la Fundación para el Conocimiento madridmasd, según la orden de la Consejería de Educación. Y lo hizo en contra del criterio del Ministerio de Universidades, en ese momento también dirigido por el PP, que había detectado problemas en el número de doctores y los espacios docentes previstos. No sería la última vez en la que el Ministerio informara negativamente sobre un proyecto de universidad privada que sí obtuvo el visto bueno del organismo externo de la Comunidad de Madrid.
“Garantizar la independencia de la entidad”
Aunque la Fundación explica que debe “garantizar la independencia de la entidad como órgano encargado de la evaluación de la calidad del Sistema Universitario madrileño”, todos estos gerentes –considerados altos cargos del organismo– llegaron a ese puesto con trayectorias previas cuajadas de cargos políticos ligados al PP y prolongadas después de dejar ese trabajo con nuevos cargos.
El más reciente, Juan Soler, ha saltado del grupo parlamentario popular de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid a la gerencia de la Fundación. Soler informa de que se afilió a las juventudes de Alianza Popular en 1978 y, a partir de ahí, ha ocupado multitud de puestos.
Entró como diputado madrileño en 1987. En diversas etapas ha tenido escaño en la Asamblea de Madrid hasta 2023. También ha sido senador por designación autonómica en un par de legislaturas y alcalde de la ciudad de Getafe. Además, fue director de la fundación FAES entre 1996 y 2001. En su currículum dice que fue director del Colegio Mayor Marqués de la Ensenada y adjunto a un vicerrector de la Universidad Complutense entre 1989 y 1990.
Su predecesora, García-Alarilla, llegó a la gerencia del órgano evaluador de universidades en 2017 tras haber sido directora del gabinete de la Alcaldía y directora de Desarrollo Económico en la localidad de Alcobendas (gobernada por el PP); directora de gabinete de la Alcaldía de Pozuelo (también a cargo de los populares); asesora del gabinete de comunicación de la Comunidad de Madrid y asesora de la secretaria general del Consejo de Gobierno de la Comunidad.
Tras salir de la fundación en 2023 se ha convertido en teniente de alcalde en Boadilla del Monte y está en el comité ejecutivo del PP de Madrid que preside Ayuso.
Y antes que García-Alarilla, la gerencia estuvo bajo el mando de Carlos María Urquijo Valdivielso quien, previo a su fichaje por la supervisora externa del sistema universitario no solo fue delegado del Gobierno, sino que había sido diputado en el Parlamento Vasco y senador por el PP. Al dejar su puesto en la Fundación fue nombrado director general de Seguridad por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Años después, Urquijo Valdivielso fue el 'particular' que solicitó la autorización para la manifestación de Colón contra los indultos de los presos independentistas catalanes.
Informes “técnicos y asistenciales”
A esta fundación le corresponde “la evaluación de los planes de desarrollo de las titulaciones de las nuevas universidades y/o centros que se quieran establecer en Madrid”, según explica la misma entidad.
“Su cometido es esencialmente técnico y asistencial, respecto a la Dirección General de Universidades, que es el órgano encargado de emitir la resolución sobre las solicitudes de creación y reconocimiento de universidades y centros”.
Sus informes técnicos están, pues, ligados a la expansión de la universidad privada en la Comunidad de Madrid. Esta región va camino de inaugurar su 14º campus privado y tiene algunos otros en cartera mientras el último centro público abrió en 1996. Madrid es punta de lanza de este proceso en toda España. “Es un buen negocio”, analizaba el rector de la Universidad de Alcalá de Henares, José Vicente Saz, en una entrevista en elDiario.es.
Esa expansión se está produciendo al tiempo que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso mantiene al borde de la asfixia económica a los campus públicos –es la comunidad que peor financia estas universidades–, según reiteran los rectores, y prepara una ley que limita aún más su dotación.
En este contexto, si se mira el histórico de las evaluaciones de la Fundación para el Conocimiento, pueden leerse informes como el de la solicitud de la TAI University, que dice: “En su conjunto se valora de forma favorable” la propuesta, a pesar de detectar que “debería hacer un esfuerzo para poder potenciar su actividad investigadora” y subraya que “adquirir la condición de universidad privada implica potenciar el esfuerzo en este pilar propio de la actividad académica, que es la investigación”.
En el reciente caso de la Universidad Abierta de Europa, dictaminó una valoración favorable gracias al “esfuerzo” de la solicitante por subsanar los problemas identificados, y le daba el visto bueno a pesar de que al mismo tiempo destacaba que “determinados aspectos de la memoria que podrían completarse durante el proceso con el objeto de mejorar la implantación final”.
Al examinar el mismo proyecto, el Ministerio de Universidades detectó múltiples “lagunas y deficiencias”, pero su análisis no es vinculante, por lo que la Comunidad de Madrid puede autorizar el centro. “Los promotores no tenían ni tienen un proyecto definido y de calidad para la Universidad Abierta de Europa”, concluyó el informe de Universidades.
Hasta 2019, esta situación respecto a los nombramientos abarcaba toda la cúpula de la fundación. En septiembre de 2017, el que fuera consejero de Sanidad con Cristina Cifuentes (PP) Jesús Sánchez Martos, pasó directamente del Consejo de Gobierno autonómico a la dirección de esta fundación. Dos años después, para poder cumplir con los requisitos esenciales de la Asociación Europea para la Calidad de la Educación Superior (ENQA por sus siglas en inglés), Madridmasd tuvo que poner en marcha una convocatoria pública y un proceso de selección competitivo para el puesto de director al que accedió Federico Morán. No así para el de gerente.