“El Consejo de Seguridad Nuclear no debería atender al interés económico de una empresa”
El Consejo de Seguridad Nuclear acordó el miércoles pasado solicitar a Nuclenor, la empresa que opera la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), una batería de requisitos adicionales para evaluar su petición de seguir funcionando 17 años más. La puerta quedaba abierta.
El pleno del CSN aprobó esta medida por cuatro votos a favor y uno en contra. La discrepancia, básicamente, vino por el periodo de licencia y operación que se está estudiando para Garoña (más que por las exigencias técnicas que Nuclenor debe acreditar respecto al estado de la central.)
La consejera Cristina Narbona ha emitido un voto particular para tratar de explicar estas diferencias. “Nunca un titular había presentado al CSN una renovación de autorización de explotación por un periodo superior a 10 años” y, además, “y nunca para operar un reactor nuclear hasta los 60 años de explotación”, escribe Narbona que entiende que al limitarse el consejo a describir la documentación que debe presentar la empresa “se acepta tácitamente” que se pida esa prolongación de la licencia. Narbona recuerda que está aceptado como “buena práctica” en cuanto a la seguridad nuclear que las centrales tengan autorizaciones de una década que llevan asociadas una revisión de las instalaciones en ese tiempo.
“No es prudente ni responsable iniciar la evaluación de una solicitud por 17 años (hasta 2031) para operar un reactor, algo inédito en la historia de la seguridad nuclear y radiológica de España ya que no introduce nuevas garantías ni existe ningún motivo técnicamente justificado, en materia de seguridad, para propiciar un cambio en el tiempo por el que se conceden las autorizaciones en España (10 años)”, deja escrito la consejera –que fue ministra de Medio Ambiente en el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero–.
Y a modo de conclusión añade: “El CSN no debería atender a un interés meramente económico de la empresa titular de Garoña” que, dice, viene reflejado por la misma Nuclenor en la solicitud al explicar que pide 17 años para “proporcionar la estabilidad y certidumbre necesaria para acometer las inversiones para la explotación segura y fiable de la instalación”. Es decir, poner a punto Garoña cuesta una gran cantidad de dinero –entre 150 y 200 millones de euros, según las asociaciones ecologistas– por lo que quieren más años para amortizarlo.
Para unilateral de la actividad y multa
Nuclenor ha dejado pasar dos plazos legales en 2012 y 2013 para volver a operar además de haber sido multada con más de 18 millones de euros por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por parar unilateralmente y sin permiso su actividad en diciembre de 2012. La empresa pidió volver a operar el 27 de mayo de 2014. Narbona ha contado a eldiario.es que el proceso de evaluaciones que precisa Garoña “no puede ser menor a un año” al tiempo que ha expresado que “no hay ninguna ley que diga que una central no pueda funcionar 60 años pero, aún así, los ojos internacionales están encima de España”, teniendo en cuenta que la central es la más antigua de Europa.
Por su parte, los otros cuatro consejeros –Fernando Marti Shcarfhausen, Rosario Velasco, Antoni Gurgui y Fernando Castelló– han firmado una explicación del voto mayoritario en el que subrayan que “el asunto que nos ocupa es solicitar más información al titular, en ningún caso corresponde en este momento manifestar criterios sobre la temporalidad de la autorización solicitada y revisar o mantener la práctica regulatoria. Estamos en la fase de conocer la calidad de la documentación aportada y si esa documentación contiene todo los elementos necesarios para poder determinar si la central, en caso de volver operar, es segura. Y luego subrayan su ”más enérgico rechazo a argumentos que partiendo de criterior políticos y económicos pretenden desprestigiar el trabajo del CSN. cuando no comparte el posicionamiento mayoritario“.
