Las grietas de la ley contra la Violencia de Género: ¿qué pasa con los menores?
Desde hace un mes, Raquel (nombre ficticio) acude con su hijo de cinco años a uno de los Puntos de Encuentro de los Centros de Atención a la Familia de la Comunidad de Madrid. Una vez cada dos semanas, recorre 32 kilómetros para que el niño se encuentre con su padre, denunciado por violencia de género. El juez le impuso una orden de alejamiento durante dos años, pero ahora ha sido absuelto. El Punto de Encuentro de su localidad, como otros cinco más dependientes del Gobierno regional, ha cerrado y tiene que desplazarse hasta el centro de Madrid. Allí no se cruza con su ex marido. Suele esperar impaciente a que trascurran las dos horas de visita tutelada en una sala distinta.
“No sé qué es lo que hace en ese tiempo que está con él porque nunca me presentaron un plan de intervención. Sí hicimos una entrevista para que me explicaran las normas, pero nada más”. La voz de Raquel suena nerviosa al otro lado del teléfono. Su hijo reclama su atención. Le atiende y continúa: “Si el comportamiento de mi ex pareja es ejemplar, en el plazo de un año se revisa la sentencia y las dos horas semanales pueden convertirse en fines de semana completos ya sin vigilancia”.
Desde la absolución, Raquel no dispone de ninguna medida de protección ni para ella ni para sus hijos. Mientras, el acoso, asegura, no cesa. “Me sigue, me insulta por la calle, me envía mensajes que rozan la amenaza e incluso me rompe piezas del coche. Tampoco tiene problema en gritarme delante de los niños y, cuando vamos al médico, llama al centro de salud y me espera en la puerta a la hora de la cita”. A estas alturas de la conversación, su voz se reduce casi a un hilo. El agotamiento puede sentirse en cada una de sus palabras. La desesperación, también. “He acudido varias veces a la policía. Me dicen que tengo que esperar a que haga algo más. ¿Cómo encajas eso?”.
La controvertida “violencia en el entorno familiar”
El refuerzo de la protección de los menores cuyas madres son víctimas de violencia de género es, según la ministra de Sanidad Ana Mato, una prioridad para su Gobierno. El Plan de Infancia y Adolescencia 2013-2016, aprobado en abril del año pasado en Consejo de Ministros, contiene medidas de detección en las escuelas y los centros de salud, y establece la creación de un registro de menores víctimas. La mayor controversia dentro de la reforma de la legislación de protección del menor prevista por Sanidad (Anteproyectos de Ley Orgánica y de Ley de Protección a la Infancia), sin embargo, tiene que ver con la intención manifiesta de Mato de modificar el artículo 1 de la Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para hacer posible la consideración de los menores como víctimas directas.
“La violencia de género en el ámbito familiar se ha convertido en un foco de intervención prioritario para todas las administraciones, y según la macroencuesta de violencia de género 2011 promovida por la Delegación del Gobierno para la violencia de género del ministerio y realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 64,9% de las mujeres que habían sufrido maltrato tenían hijos menores de edad cuando dicho maltrato se estaba produciendo”, puede leerse en el citado plan.
Para Miguel Lorente, ex delegado del Gobierno para la Violencia de Género, “con esta propuesta se corre el riesgo de que la cuestión vuelva a sufrir una deriva hacia lo doméstico, lo familiar”. No es recomendable, argumenta, vincular la violencia al escenario y, con ello, descuidar las causas sociales y culturales que dan lugar a esa violencia. “Con esto no quiero decir que los menores no sufran las consecuencias de la violencia machista, pero las medidas que hay que tomar para ayudarles no son las mismas que para las mujeres”, puntualiza. Y añade: “Es como decir que una campaña contra la gripe A se dirige también contra la hepatitis B y pensar que es eficaz para las dos. Es posible que algunas recomendaciones puedan ser buenas para ambas enfermedades, pero el tratamiento de cada una requiere medidas específicas”.
Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación Nacional Mujeres Progresistas, considera “muy peligroso cambiar el artículo donde se define qué es violencia de género”. “Los menores no sufren esta violencia por el mero hecho de serlo, las mujeres sí. Si incluimos a los niños en la definición, estamos desvirtuando el concepto y tirando por tierra toda la labor pedagógica que tanto esfuerzo y trabajo nos está costando”, subraya. Su propuesta se basa más bien en el desarrollo de mecanismos de protección concretos que, aunque sí en algunos casos previstos, no están desarrollados en la norma actual.
En lo que va de año y de acuerdo con los datos del Ministerio de Sanidad, 19 menores han quedado huérfanos tras el asesinato de sus madres Según la ya citada macroencuesta de 2011, 840.000 menores viven en España en un entorno de violencia. O, lo que es lo mismo, el 10,1% de la población infantil. De ellos, 547.000 la sufren de forma directa (6,1%). Aunque el impacto de la violencia, haya o no agresiones físicas hacia los hijos, “es siempre directo porque el daño psicológico es muy grave”, matiza Lorente.
“A veces pensamos que los niños no se enteran”
Con esos daños, invisibles a los ojos, trata a diario Jésica Joaquín, psicóloga en la Asociación de Mujeres Plaza Mayor de Salamanca. Por su consulta pasan víctimas de violencia machista, pero también sus hijos e hijas, a los que se brinda una atención psicológica individualizada. Las terapias para menores comenzaron en el año 2010, por la demanda de las mujeres. “En casi todas las sesiones, las víctimas me trasmitían un montón de preocupaciones y dudas relacionadas con el comportamiento de sus hijos”, explica.
“A veces pensamos que los niños, por ser niños, no se enteran”, se queja Joaquín, que atiende a chicos y chicas desde los 3 hasta las 15 años. Siguiendo el protocolo establecido, primero se reúne con la madre para que le proporcione información sobre la situación. Después, tiene la primera sesión con los menores. El reto inicial, dice la psicóloga, es “crear un ambiente de confianza para que se sinceren, se desahoguen, muestren sus miedos, sus dudas...”. A partir de ahí, se valora la situación y se comienza a trabajar. “Se trata –dice– de que tengan una referencia de confianza con quien hablar”.
La sintomatología que presentan es muy variada. “Hay niños que canalizan las emociones a través de la agresividad; otros se vuelven más introvertidos, más reservados, más irascibles. En general, les cuesta mucho manejar sus sentimientos y emociones, pero en muchas ocasiones, perciben la realidad de una forma más objetiva que sus madres”, señala. Algunos de estos problemas, asegura, se agravan con el inicio del régimen de visitas. “En algunos casos, los menores se muestran ansiosos y nerviosos. Otros tienen pataletas, se portan mal en el cole, desobeceden en casa... Incluso piensan que yo puedo cortar esas visitas”, cuenta.
El hijo de Raquel llevaba tres años sin ver a su padre y las visitas crean en él una confusión poco propia de un niño de cinco años. “¿Papá va a volver con nosotros?”, le pregunta a su madre después de cada encuentro. “Él nota que estoy nerviosa y percibo que muchas veces no me cuenta todo lo que ocurre en las sesiones para protegerme. Antes de llegar al Punto de Encuentro, se pega a mí como un monito. Cuando sale, suele mostrarse caprichoso y con los límites difusos”, relata la mujer, visiblemente afectada por el terremoto que la nueva situación está causando en casa. Su otra hija, que ya tiene la mayoría de edad, ha decidido voluntariamente no ver a su padre.
El 29% de los casos que llegaron en 2011 a los Puntos de Encuentro vinieron desde juzgados de violencia de género, según la memoria del Instituto Madrileño del Menor y la Familia de ese año. En líneas generales, los profesionales de este servicio actúan como mediadores que, siempre teniendo en cuenta el estrecho margen de maniobra que ofrece una sentencia judicial, velan por que las partes aprendan a gestionar su relación fuera del Punto. No ocurre lo mismo en los casos en los que ha habido violencia machista, donde esta intervención se desaconseja y los trabajadores se limitan a vigilar que el intercambio se hace de manera correcta.
Raquel está preocupada porque el servicio no ofrece ningún tipo de terapia a su hijo para que asuma el cambio de situación. “Me tengo que buscar la vida por mi cuenta para encontrar a un especialista que pueda ayudarle a canalizar ese torrente de emociones”, expresa. Antes, los Centros de Familia sí disponían de un servicio de apoyo psicológico en estas ocasiones, pero los recortes se lo han llevado por delante.
