Macrogranjas, lecheros, gallos de pelea y camellos se mezclan en una marcha en pos del liderazgo de la 'oposición rural'

Raúl Rejón

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Vendedores de mascotas, aficionados a las arañas exóticas, empresas de paseos a camello, criadores de gallos combatientes, circos. Todo ha cabido para agrandar una marcha este domingo por Madrid autodenominada “del mundo rural” en la que –también– hay colectivos ganaderos, agricultores y muchas organizaciones de cazadores y y taurinos.

Más de 800 colectivos y 500 profesionales reclaman al Gobierno que ponga fin a la ganadería industrial

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La formación de una suerte de frente de oposición rural al Gobierno ha llevado a una disputa por el liderazgo a base de marchas separadas por Madrid con lemas como “¡Basta ya!” o “¡Es hora de poner las cosas en su sitio!” Esta manifestación, organizada por una asociación llamada Alma Rural, se celebra el 23 de enero, pero en solo dos meses, el 20 de marzo, hay convocada otra manifestación bajo el lema “juntos por el campo” bajo el paraguas de la Federación Española de Caza, la patronal Asaja, COAG y otra asociación llamada Alianza Rural.

Al igual que la primera, esta convocatoria se adjudica la representación del rural. Ambas inciden en mensajes de confrontación: mundo urbano contra mundo rural.

Mientras, el partido ultraderechista Vox ha aprovechado la imagen de malestar que se ha dibujado y promociona la manifestación a pesar de haber votado en contra de la ley que prohíbe ofrecer a los agricultores precios por debajo de sus costes en diciembre pasado o alentar la implantación de macrogranjas.

Los de Santiago Abascal cuelan sus consignas en mensajes relacionados con la manifestación, como que son “el único partido dispuesto a combatir las políticas globalistas que quieren acabar con el mundo rural” o “con la gente del campo como prioridad en su agenda”. Esta semana han ido calentando la convocatoria desde cuentas oficiales arrogándose ser “la voz de los ganaderos frente al Gobierno”. Y mezclando, igualmente, colectivos: “Apoyamos a nuestros agricultores, ganaderos, taurinos y cazadores ante los ataques del Gobierno”.

“¿Qué problema hay con las macrogranjas?”

“La única manifestación que hay preparada y se va a celebrar en España del mundo rural va a ser el día 23 de enero en Madrid. No hay más manifestaciones”, ha dicho en un vídeo-arenga distribuida por grupos de mensajería móvil Abraham Corpa Martínez, del equipo de Alma Rural. Su secretario general, Carlos Bueno, admite que estas palabras “crean una sensación de división”. Pero culpa a los convocantes de la marcha de marzo: “Hemos intentado llegar a un acuerdo para ir juntos, pero por su parte no ha habido nunca intención de juntarnos”.

Si el que golpea primero, golpea dos veces, la marcha del 23E toma ventaja, ya que prevé lanzar por el Paseo de la Castellana caballistas, carros tirados por bueyes, tractores y halconeros.

“Están ahora que si con las macrogranjas. Estáis hablando de la España vaciada. ¡Pues haced macrogranjas!, se enciende Abraham Corpa en su declaración audiovisual. ”¿Qué problema hay ahora con las macrogranjas? ¿Porque a 50 personas le huelen los pueblos? Si en los pueblos siempre ha habido gallinas, gallos, cerdos... ¿qué queréis? Por eso, por favor, el día 23 de enero toda España debería estar en Madrid. Por lo menos todo el mundo rural. Si no estás, luego no te quejes“, remata.

La convocatoria rival de marzo ha colocado como lema “Censuran nuestra cultura y tradiciones”, pero Alianza Rural no ha contestado a elDiario.es. Esta organización está presidida por el ganadero y rejoneador Fermín Bohórquez Domeq, presidente de los criadores de toros de lidia. A su lado están, entre otros, Pedro Barato, presidente de la patronal agraria Asaja; Manuel Gallardo, presidente de la Federación Española de Caza; o José Luis López-Shummuer, que fue presidente de la patronal de los automóviles Anfac y ahora dirige el lobby cazador Fundación Artemisán.

En febrero de 2020, apenas recién formado el Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, la asociación a la cabeza de esta marcha, Alma Rural, hizo público un comunicado que decía: “Ya tenemos suficientes problemas que nos afectan negativamente a toda la población y especialmente al mundo rural”. Sin que hubiera podido aprobarse ninguna medida, enumeraba los problemas: “La extorsión y chantaje que sufre la Agricultura y la Ganadería, la especulación en torno a los terrenos del campo, el paro, la mano de obra, la inmigración, los autónomos, la grave situación económica que todos padecemos, las subidas de impuestos, las pensiones, la sanidad, la inseguridad ciudadana, la situación de Cataluña...”

Un 'totum revolutum'

Lo que desfilará por Madrid es un totum revolutum. Se han apuntado desde un programa televisivo de Intereconomía hasta hermandades de la romería de El Rocío, aunque no hay a la vista ningún proyecto para eliminar las corridas de toros o las peregrinaciones religiosas.

En la lista destacan las asociaciones de criadores y comerciantes de animales de compañía: “Las mascotas son un bien social que contribuye a la salud y bienestar de los propietarios”, han avisado en un comunicado ilustrado con cobayas, perros, gatos y periquitos, que no son variedades especialmente asociadas a la vida en el campo. De hecho, solo en la ciudad de Madrid por donde discurrirá el acto habitan cerca de 400.000 mascotas entre perros y gatos únicamente, según el censo municipal.

De igual manera, se ha sumado al acto al presidente de la Asociación Mundial de Criadores de Gallos de Combate, Víctor Negrete, que ha llegado a España desde Perú para, dice, “la gran marcha en defensa de las tradiciones culturales” en “la madre patria”.

La nómina prosigue con asociaciones de aficionados a los toros venezolanos, peruanos y noruegos. También se han apuntado algunos importadores de embarcaciones de recreo que querían desfilar con barcas por el centro de la ciudad, aunque la delegación del Gobierno ha conseguido disuadirles.

“El enemigo no somos nosotros, el enemigo es la Ley de Bienestar Animal. Por eso, una de las razones de esta manifestación es interferir cuando todavía es un anteproyecto para acabar de romperla”, cuenta el responsable de la organización. Y bajo ese paraguas ha entrado casi cualquier cosa, aunque al conjunto se le haya puesto la etiqueta de rural.

Un ejemplo: la Federación de Asociaciones Unidas por la Naturaleza y los Animales FAUNA quiere más libertad para criar especies exóticas invasoras: “Una regulación responsable para evitar la inclusión y condena de especies potencialmente no invasoras en el listado”, dicen. En ese nicho se han aglutinado organizaciones de aficionados a los arácnidos, los reptiles o las carpas Koi (un pez asiático invasor ahora prohibido, pero que era la estrella de los acuarios).

¿Y lo rural?

Entre tanto colectivo variopinto y reclamaciones de tipo cultural, también hay reivindicaciones agrarias que ponen ahora en cuestión gran parte del trabajo legislativo del Ministerio de Agricultura.

A pesar de las intervenciones públicas de Luis Planas tras el bulo sobre las palabras de Alberto Garzón y la producción de carne, el ministro de Agricultura tendrá que oír cómo piden que se cambie la ley de cadena de valor a la que Planas calificó como “probablemente la más importante para el sector agroalimentario de esta legislatura” y que tiene poco más de un mes de vigencia. También las regulaciones de las explotaciones porcinas, avícolas y bovinas están en el punto de mira.

El grupo de ganadería de la manifestación abunda en el bulo cárnico y coloca como primer punto de su manifiesto “exigir el cese de los ataques al sector”. Luego prosigue: “Los ganaderos españoles producen carne de proximidad y calidad con los más altos estándares de bienestar animal”.

Además, piden que “los purines sean declarados como subproductos aprovechables y no producto contaminante”. España ha incumplido siempre los límites vigentes de contaminación por amoniaco generados por los desechos agropecuarios. Y está ante el Tribunal de Justicia Europeo por contaminar las aguas con nitratos que provienen de estas actividades.

También pretenden que se deshagan los recientes decretos que regulan las normas básicas de las explotaciones intensivas y que la ley de la cadena alimentaria garantice “beneficios empresariales” .

En este sentido, los productores lecheros no quieren que haya límite en cuanto a la “incidencia de las granjas bovinas en las poblaciones próximas y la distancia a las mismas”, como incluye el borrador de decreto ahora en preparación. Y añaden que “las granjas, al albergar animales, implican una concentración de elementos innatos a los animales, como por ejemplo: los animales mugen, balan, cacarean y hacen deposiciones líquidas y sólidas”.

Todo esto cuando el 16 de diciembre, entró en vigor la nueva ley de cadena alimentaria que incluye un artículo por el que los compradores no pueden adquirir un producto agrícola a un precio menor a lo que le ha costado al agricultor o ganadero producirlo.

PP y Vox votaron en contra de este texto que consagra que “el precio (…) deberá ser, en todo caso, superior al total de costes asumidos por el productor o coste efectivo de producción”. Y en ese coste está incluido todo: las semillas, las plantas, el fertilizante, los insecticidas, el combustible, la energía, la maquinaria, el gasto de veterinario, los piensos, el riego, los intereses de préstamos y la contratación de personal o el trabajo del agricultor o su familia en la explotación.

Todo eso, sumado, es el coste efectivo y debe estar, por ley desde el 16 de diciembre de 2021, contenido en el precio de un cargamento de fresas, una partida de chuletones o la leche que vaya luego a venderse en un supermercado.

Adherido a todas estas reivindicaciones aparece el sector cinegético: los grupos cazadores del 23E copian casi palabra por palabra las exigencias que ya expusieron los convocantes del 20 de marzo: desproteger al lobo, permitir cazar y pescar en parques nacionales, continuar usando plomo, autorizar el silvestrismo o “el derecho a la educación cinegética en los colegios”.

Precisamente el Gobierno, mediante el Ministerio de Agricultura, ha elaborado una Estrategia de Gestión Cinegética –exigida por la ley– que elogia la figura de los cazadores, les atribuye un buen número de beneficios ecológicos y económicos y pide una campaña para mejorar la imagen del sector. No ha servido para que los cazadores no se pongan al frente de la protesta antigobierno. 

Vendedores de mascotas, aficionados a las arañas exóticas, empresas de paseos a camello, criadores de gallos combatientes, circos. Todo ha cabido para agrandar una marcha este domingo por Madrid autodenominada “del mundo rural” en la que –también– hay colectivos ganaderos, agricultores y muchas organizaciones de cazadores y y taurinos.

Más de 800 colectivos y 500 profesionales reclaman al Gobierno que ponga fin a la ganadería industrial

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La formación de una suerte de frente de oposición rural al Gobierno ha llevado a una disputa por el liderazgo a base de marchas separadas por Madrid con lemas como “¡Basta ya!” o “¡Es hora de poner las cosas en su sitio!” Esta manifestación, organizada por una asociación llamada Alma Rural, se celebra el 23 de enero, pero en solo dos meses, el 20 de marzo, hay convocada otra manifestación bajo el lema “juntos por el campo” bajo el paraguas de la Federación Española de Caza, la patronal Asaja, COAG y otra asociación llamada Alianza Rural.

Al igual que la primera, esta convocatoria se adjudica la representación del rural. Ambas inciden en mensajes de confrontación: mundo urbano contra mundo rural.

Mientras, el partido ultraderechista Vox ha aprovechado la imagen de malestar que se ha dibujado y promociona la manifestación a pesar de haber votado en contra de la ley que prohíbe ofrecer a los agricultores precios por debajo de sus costes en diciembre pasado o alentar la implantación de macrogranjas.

Los de Santiago Abascal cuelan sus consignas en mensajes relacionados con la manifestación, como que son “el único partido dispuesto a combatir las políticas globalistas que quieren acabar con el mundo rural” o “con la gente del campo como prioridad en su agenda”. Esta semana han ido calentando la convocatoria desde cuentas oficiales arrogándose ser “la voz de los ganaderos frente al Gobierno”. Y mezclando, igualmente, colectivos: “Apoyamos a nuestros agricultores, ganaderos, taurinos y cazadores ante los ataques del Gobierno”.

“¿Qué problema hay con las macrogranjas?”

“La única manifestación que hay preparada y se va a celebrar en España del mundo rural va a ser el día 23 de enero en Madrid. No hay más manifestaciones”, ha dicho en un vídeo-arenga distribuida por grupos de mensajería móvil Abraham Corpa Martínez, del equipo de Alma Rural. Su secretario general, Carlos Bueno, admite que estas palabras “crean una sensación de división”. Pero culpa a los convocantes de la marcha de marzo: “Hemos intentado llegar a un acuerdo para ir juntos, pero por su parte no ha habido nunca intención de juntarnos”.

Si el que golpea primero, golpea dos veces, la marcha del 23E toma ventaja, ya que prevé lanzar por el Paseo de la Castellana caballistas, carros tirados por bueyes, tractores y halconeros.

“Están ahora que si con las macrogranjas. Estáis hablando de la España vaciada. ¡Pues haced macrogranjas!, se enciende Abraham Corpa en su declaración audiovisual. ”¿Qué problema hay ahora con las macrogranjas? ¿Porque a 50 personas le huelen los pueblos? Si en los pueblos siempre ha habido gallinas, gallos, cerdos... ¿qué queréis? Por eso, por favor, el día 23 de enero toda España debería estar en Madrid. Por lo menos todo el mundo rural. Si no estás, luego no te quejes“, remata.

La convocatoria rival de marzo ha colocado como lema “Censuran nuestra cultura y tradiciones”, pero Alianza Rural no ha contestado a elDiario.es. Esta organización está presidida por el ganadero y rejoneador Fermín Bohórquez Domeq, presidente de los criadores de toros de lidia. A su lado están, entre otros, Pedro Barato, presidente de la patronal agraria Asaja; Manuel Gallardo, presidente de la Federación Española de Caza; o José Luis López-Shummuer, que fue presidente de la patronal de los automóviles Anfac y ahora dirige el lobby cazador Fundación Artemisán.

En febrero de 2020, apenas recién formado el Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, la asociación a la cabeza de esta marcha, Alma Rural, hizo público un comunicado que decía: “Ya tenemos suficientes problemas que nos afectan negativamente a toda la población y especialmente al mundo rural”. Sin que hubiera podido aprobarse ninguna medida, enumeraba los problemas: “La extorsión y chantaje que sufre la Agricultura y la Ganadería, la especulación en torno a los terrenos del campo, el paro, la mano de obra, la inmigración, los autónomos, la grave situación económica que todos padecemos, las subidas de impuestos, las pensiones, la sanidad, la inseguridad ciudadana, la situación de Cataluña...”

Un 'totum revolutum'

Lo que desfilará por Madrid es un totum revolutum. Se han apuntado desde un programa televisivo de Intereconomía hasta hermandades de la romería de El Rocío, aunque no hay a la vista ningún proyecto para eliminar las corridas de toros o las peregrinaciones religiosas.

En la lista destacan las asociaciones de criadores y comerciantes de animales de compañía: “Las mascotas son un bien social que contribuye a la salud y bienestar de los propietarios”, han avisado en un comunicado ilustrado con cobayas, perros, gatos y periquitos, que no son variedades especialmente asociadas a la vida en el campo. De hecho, solo en la ciudad de Madrid por donde discurrirá el acto habitan cerca de 400.000 mascotas entre perros y gatos únicamente, según el censo municipal.

De igual manera, se ha sumado al acto al presidente de la Asociación Mundial de Criadores de Gallos de Combate, Víctor Negrete, que ha llegado a España desde Perú para, dice, “la gran marcha en defensa de las tradiciones culturales” en “la madre patria”.

La nómina prosigue con asociaciones de aficionados a los toros venezolanos, peruanos y noruegos. También se han apuntado algunos importadores de embarcaciones de recreo que querían desfilar con barcas por el centro de la ciudad, aunque la delegación del Gobierno ha conseguido disuadirles.

“El enemigo no somos nosotros, el enemigo es la Ley de Bienestar Animal. Por eso, una de las razones de esta manifestación es interferir cuando todavía es un anteproyecto para acabar de romperla”, cuenta el responsable de la organización. Y bajo ese paraguas ha entrado casi cualquier cosa, aunque al conjunto se le haya puesto la etiqueta de rural.

Un ejemplo: la Federación de Asociaciones Unidas por la Naturaleza y los Animales FAUNA quiere más libertad para criar especies exóticas invasoras: “Una regulación responsable para evitar la inclusión y condena de especies potencialmente no invasoras en el listado”, dicen. En ese nicho se han aglutinado organizaciones de aficionados a los arácnidos, los reptiles o las carpas Koi (un pez asiático invasor ahora prohibido, pero que era la estrella de los acuarios).

¿Y lo rural?

Entre tanto colectivo variopinto y reclamaciones de tipo cultural, también hay reivindicaciones agrarias que ponen ahora en cuestión gran parte del trabajo legislativo del Ministerio de Agricultura.

A pesar de las intervenciones públicas de Luis Planas tras el bulo sobre las palabras de Alberto Garzón y la producción de carne, el ministro de Agricultura tendrá que oír cómo piden que se cambie la ley de cadena de valor a la que Planas calificó como “probablemente la más importante para el sector agroalimentario de esta legislatura” y que tiene poco más de un mes de vigencia. También las regulaciones de las explotaciones porcinas, avícolas y bovinas están en el punto de mira.

El grupo de ganadería de la manifestación abunda en el bulo cárnico y coloca como primer punto de su manifiesto “exigir el cese de los ataques al sector”. Luego prosigue: “Los ganaderos españoles producen carne de proximidad y calidad con los más altos estándares de bienestar animal”.

Además, piden que “los purines sean declarados como subproductos aprovechables y no producto contaminante”. España ha incumplido siempre los límites vigentes de contaminación por amoniaco generados por los desechos agropecuarios. Y está ante el Tribunal de Justicia Europeo por contaminar las aguas con nitratos que provienen de estas actividades.

También pretenden que se deshagan los recientes decretos que regulan las normas básicas de las explotaciones intensivas y que la ley de la cadena alimentaria garantice “beneficios empresariales” .

En este sentido, los productores lecheros no quieren que haya límite en cuanto a la “incidencia de las granjas bovinas en las poblaciones próximas y la distancia a las mismas”, como incluye el borrador de decreto ahora en preparación. Y añaden que “las granjas, al albergar animales, implican una concentración de elementos innatos a los animales, como por ejemplo: los animales mugen, balan, cacarean y hacen deposiciones líquidas y sólidas”.

Todo esto cuando el 16 de diciembre, entró en vigor la nueva ley de cadena alimentaria que incluye un artículo por el que los compradores no pueden adquirir un producto agrícola a un precio menor a lo que le ha costado al agricultor o ganadero producirlo.

PP y Vox votaron en contra de este texto que consagra que “el precio (…) deberá ser, en todo caso, superior al total de costes asumidos por el productor o coste efectivo de producción”. Y en ese coste está incluido todo: las semillas, las plantas, el fertilizante, los insecticidas, el combustible, la energía, la maquinaria, el gasto de veterinario, los piensos, el riego, los intereses de préstamos y la contratación de personal o el trabajo del agricultor o su familia en la explotación.

Todo eso, sumado, es el coste efectivo y debe estar, por ley desde el 16 de diciembre de 2021, contenido en el precio de un cargamento de fresas, una partida de chuletones o la leche que vaya luego a venderse en un supermercado.

Adherido a todas estas reivindicaciones aparece el sector cinegético: los grupos cazadores del 23E copian casi palabra por palabra las exigencias que ya expusieron los convocantes del 20 de marzo: desproteger al lobo, permitir cazar y pescar en parques nacionales, continuar usando plomo, autorizar el silvestrismo o “el derecho a la educación cinegética en los colegios”.

Precisamente el Gobierno, mediante el Ministerio de Agricultura, ha elaborado una Estrategia de Gestión Cinegética –exigida por la ley– que elogia la figura de los cazadores, les atribuye un buen número de beneficios ecológicos y económicos y pide una campaña para mejorar la imagen del sector. No ha servido para que los cazadores no se pongan al frente de la protesta antigobierno. 

Vendedores de mascotas, aficionados a las arañas exóticas, empresas de paseos a camello, criadores de gallos combatientes, circos. Todo ha cabido para agrandar una marcha este domingo por Madrid autodenominada “del mundo rural” en la que –también– hay colectivos ganaderos, agricultores y muchas organizaciones de cazadores y y taurinos.

Más de 800 colectivos y 500 profesionales reclaman al Gobierno que ponga fin a la ganadería industrial

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La formación de una suerte de frente de oposición rural al Gobierno ha llevado a una disputa por el liderazgo a base de marchas separadas por Madrid con lemas como “¡Basta ya!” o “¡Es hora de poner las cosas en su sitio!” Esta manifestación, organizada por una asociación llamada Alma Rural, se celebra el 23 de enero, pero en solo dos meses, el 20 de marzo, hay convocada otra manifestación bajo el lema “juntos por el campo” bajo el paraguas de la Federación Española de Caza, la patronal Asaja, COAG y otra asociación llamada Alianza Rural.