Un caso de suicidio a base de jarabe veterinario acaba en condena para defensores de la muerte digna

Un extraño caso de suicidio, un jarabe veterinario adquirido por internet y un dinero “turbio” se han combinado para que dos miembros de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) y una tercera persona se vieran en el banquillo de los acusados en un juzgado de Avilés.

El “temor a ir a la cárcel”, según confiesa ahora Fernando M., uno de los encausados, ha hecho que él y sus dos compañeros hayan admitido haber cometido sendos delitos de cooperación al suicidio y contra la salud pública. Sin juicio oral, mediante un acuerdo con la fiscalía, se han declarado culpables pero evitan ingresar en prisión.

El proceso abarca el suicidio de una mujer en Avilés en 2012 que se tomó un jarabe anestésico importado por los miembros de la organización y el intento de realizar una sedación paliativa a un enfermo terminal en Cádiz.

Los acusados han preferido “no ser mártires por la causa”, cuenta Fernando a eldiario.es ya que las penas del escrito de acusación sumaban más de seis años de cárcel.    

“Fue un error traer el jarabe”

La investigación de este caso, que mezcla suicidio con la sedación paliativa, se inició con la denuncia presentada por una mujer tras la desaparición de su hermana en 2012, llamada María Luisa. La desaparecida había fallecido en Avilés y en la autopsia hallaron restos “letales” del anestésico pentobarbital sódico. Además, había sacado 6.000 euros de su cuenta justo antes de morir.

Con esos mimbres, la investigación buscó cómo había llegado el jarabe de pentobarbital a España ya que ese compuesto solo se aplica por vía venosa en los hospitales. Y la razón de la mujer para disponer de ese dinero en efectivo poco antes de cometer suicidio.

El jarabe anestésico, de uso veterinario, había sido adquirido desde México por internet por los miembros de DMD. Y remitido a un voluntario en Barcelona llamado José María que se ofreció a comprobar que no era un fraude a cambio de tenerlo como seguro pues padecía párkinson.

Fernando M. admite que todo ese periplo del jarabe “fue un error”. Un error porque “al traer el producto entrábamos en el delito contra la salud pública al no estar permitido adquirir medicamentos por internet”. Su intención era “verificar que no era una estafa porque ya habían aparecido engaños en Australia”.

“Otro error fue confiar en una persona equivocada a la que se le facilitó de manera puntual para que pudiera utilizarlo consigo mismo”: el voluntario de Barcelona.

La mujer que a la postre moriría, consiguió entablar contacto con ese preciso voluntario que tenía el jarabe. Ese contacto cerró el círculo del pentobarbital: el voluntario, José María, accedió a dárselo a la mujer a cambio de intentar convencerla de que no lo usara, dijo a la policía. Quedó con ella en Valladolid y, juntos, marcharon a Avilés.

José María aseguró en sus declaraciones que la fallecida trató de pagarle por el producto pero que él lo rechazó. Finalmente, después de despedirse, se encontró con un sobre con billetes en su coche, contó. La policía registró el domicilio de este voluntario en junio de 2012 y halló 4.000 euros en efectivo. También explicó que había actuado a modo particular. Al poco de declarar, este investigado murió. El siguiente eslabón en las pesquisas fue Fernando M, miembro destacado de la asociación DMD.

Con el acuerdo, este médico dice sentir “una sensación de ambivalencia”. Por un lado, “la liberación de saber que, a efectos prácticos, evitas la cárcel” pero por otro “te tienes que tragar el sapo de no poder dar explicaciones. Porque yo pensaba que con mis explicaciones quedaría todo claro”.

Dinero “turbio” y “sin justificación”

No era ese el criterio de su defensa que le recomendó aceptar el acuerdo porque la fiscalía estaba “muy convencida, iban a ser muy duros”. Incluso Fernando entiende que “el hecho de que la persona que llevó el anestésico tuviera dinero es demasiado turbio y feo. No tenía justificación”.

Sus explicaciones se centran en que María Luisa les había remitido un correo electrónico 2011 para pedirle “la misma ayuda que tuvo Ramón Sampedro”. Quería morir y había intentado suicidarse cinco veces. La respuesta de la asociación, explican, fue hacerle ver que su situación no era similar y que debería contar con su familia.

Ella padecía, según la Fiscalía, trastorno de personalidad y fuertes dolores. Con la negativa en Madrid, se dirigió a DMD en Barcelona donde, dicen, le contestaron lo mismo: “No se le podía ayudar”. Pero sí encontró colaboración en José María, el voluntario que tenía el anestésico traído desde México.

Enfermo terminal

Hasta ahí el primer caso. El que termina en Avilés con el suicidio de María Luisa. Pero durante la investigación, la policía intervino el teléfono del acusado Fernando M. Así que los agentes escucharon unas conversaciones en las que Fernando hablaba con otro médico en Cádiz que le pedía cómo terminar con la agonía de su hermano en fase terminal “que había expresado su voluntad de poner fin a ese sufrimiento”, según recoge el propio escrito de acusación.  

Le recomendó un “tratamiento convencional de sedación paliativa profunda. Aunque el proceso durará horas a partir de la primera hora no sufriría. Tarda más pero es convencional. No se utiliza una sustancia letal, no existen dosis letales de estos medicamentos”, reflejan las conversaciones.

Se dio la circunstancia de que el médico que se encargaba de este paciente se había negado a este tratamiento paliativo y, por eso, su hermano recurrió a la asociación para que le remitiera los medicamentos precisos. Pensaba administrárselos él. De ahí que terminara acusado de cooperación al suicidio en grado de tentativa.

La encargada final de preparar el envío desde Madrid a Cádiz fue la tercera enjuiciada: Mercedes, otra voluntaria de DMD. La policía dedujo que esa pauta de sedación equivalía a una eutanasia activa e impidió el envío. Mercedes terminó implicada por los fiscales como coautora de los delitos. El enfermo falleció unas 24 horas después del episodio. Con el acuerdo firmado y a salvo de la prisión, Fernando reitera que DMD “ha sido víctima de la ambigüedad de la ley”.