El ocaso de las televisiones autonómicas

Protesta de trabajadores de Telemadrid frente al Senado.

ERES, manipulación informativa, recortes, descrédito, deudas astronómicas, contrataciones irregulares, enchufismo, injerencias políticas, plantillas desmesuradas, censuras… ¿Qué tienen en común estos conceptos? Todos se dan con mayor o menor intensidad en un lugar concreto: las televisiones autonómicas. Acosadas además por acusaciones constantes de mala gestión y con la audiencia por los suelos y sin publicidad, las autonómicas, unas más que otras, unas con más razones, otras con menos, tienen un oscuro futuro por delante.

Los casos de corrupción del PP ponen en evidencia a las autonómicas

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No es cosa de una, es todo un modelo que se desmorona.

Las que tenían que haber sido televisiones de proximidad, de lo único que parecen cerca es de su cierre o similar. El desmantelamiento de los canales autonómicos que, a finales de los 90 del pasado siglo, fueron uno de los tres pilares sólidos en los que se sustentaba el sistema de televisión en España (TVE/privadas/autonómicas) es hoy un hecho indiscutible.

Cómo empezó todo

Las televisiones autonómicas nacieron a mediados de los ochenta, empezando por la vasca ETB y la catalana TV3, copiando el modelo de Televisión Española. El hecho de que su gobierno efectivo descanse en unos Consejos de Administración copia a escala de los distintos parlamentos, añadido a la responsabilidad de los gobiernos en la selección de los máximos directivos, ha desembocado en la utilización partidista de los canales.

Los despachos de dirección se llenaron de comisarios políticos y las televisiones se usaron para todo menos para lo que realmente estaban creadas.

Es verdad que las autonómicas han permitido que la ciudadanía viera algo de su realidad más próxima: cosas, hechos y paisajes en los que TVE o las privadas estatales no se hubieran detenido. Pero nunca han sido plataformas de encuentro social, como corresponde a una sociedad democrática a caballo entre los siglos XX y XXI. Los espectadores han podido ver su fauna autóctona, sus sucesos más dramáticos, sus fiestas más entrañables y sus devociones más sentidas. Pero controlar la actividad de sus políticos, participar en ella, debatirla, ponerla en común, eso no han podido verlo en buena parte de los casos, en buena parte de los años que llevan existiendo.

Las televisiones autonómicas, en conjunto, han pagado equipos de fútbol a través de contratos de retransmisiones, han comprado voluntades gracias a ejércitos de periodistas ajenos a las empresas que han participado en sus tertulias, han servido para contentar a alcaldes y caciques provinciales con sus apariciones en pantalla, han alimentado poderosas empresas productoras audiovisuales que luego han trabajado para el partido y, también, han sido máquinas de contratar afines y, por tanto, de alimentar redes clientelares.

Los ERE y los recortes

Hoy todo esto también está de capa caída. Por tanto, añadiendo las malas audiencias que cosechan y lo que eso implica de pérdida de fuerza para ganar votos a favor del partido de gobierno, la utilidad de los canales autonómicos cada vez está más en entredicho. Hay 13 cadenas autonómicas en España. Algunas disponen de varios canales, aunque en los últimos años se han cerrado alguno de ellos. TV3, por ejemplo, llegó a disponer de siete canales; ahora está en cinco. Castilla-León, Cantabria, La Rioja y Navarra son las únicas cuatro comunidades sin televisiones propias.

En estos momentos, los canales autonómicos en España arrastran unas deudas acumuladas por encima de los 1.600 millones de euros. Canal 9 (1.200 millones) y Telemadrid (240) representan casi el 90%. Más allá de la indiscutible mala gestión que se ha hecho, sus respectivos gobiernos han tomado la decisión de no cubrir sus pérdidas sino permitir que las cadenas pidan dinero a los bancos que luego se avala desde las instituciones.

Precisamente Canal 9 y Telemadrid, con el añadido de sus radios autonómicas, son las que han hecho los dos mayores Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) conocidos nunca en empresas periodísticas españolas. En Valencia, el ERE ha afectado a 1.198 personas de las 1.643 que conformaban la plantilla; en Telemadrid, a 860 de 1.169. Los distintos comité de empresa denuncian que los EREs son inaceptables, entre otras cosas porque los aplican los mismos que han provocado la bancarrota de las cadenas, los mismos que han hinchado las plantillas y los mismos que se han enriquecido con sus contratos. Los despidos masivos, que han afectado a todos los departamentos pero no a las cúpulas directivas, están denunciados judicialmente. Telemadrid ya tiene fecha inicial de juicio, será en marzo.

El resto de las televisiones autonómicas tiene cada una de ellas su propia idiosincrasia. Así, TV3, la que cuenta con un mayor presupuesto (300 millones de euros) y una plantilla mayor, 2.000 trabajadores, ha recortado esa cantidad en 40 millones, ha eliminado el fútbol en abierto y dos de los ocho canales con los que cuenta. El Gobierno catalán sopesa la posibilidad de un ERE que afectaría a menos del 20% de la plantilla.

En Canal Sur también habrá recortes que afectarán a los sueldos. La cadena andaluza, además, cerró uno de sus canales. La ETB tiene previsto despedir a unos 100 profesionales, de los casi 1.500 que conforman su plantilla. A un nivel menor, hace unos meses la Televisión de Murcia despidió a 230 de sus 260 trabajadores y se puso en manos de empresas productoras.

Fuga de espectadores

Las autonómicas, tantos años acostumbradas a los grandes números, hoy viven en resta permanente. El pasado año, el descenso medio en recaudación publicitaria fue de un 20% respecto a 2011, año en el cual ya se había perdido más de un 25% en relación a 2010. También en audiencia la sangría es enorme. Actualmente solo TV3 mantiene regularmente audiencias cercanas al 15%, el mes pasado un 14,5.

Por el contrario, Telemadrid, en su primer mes después del ERE, se ha quedado en el 4,1% (cuando Esperanza Aguirre llegó a la presidencia autonómica en 2003 la media estaba en el 17%) y Canal 9 tampoco está para tirar cohetes. La cadena valenciana, que los últimos meses tampoco ha llegado al 5%, este fin de semana, coincidiendo con la comunicación de los despidos, se ha quedado en el 3,6%. En cuanto a la Televisión de Murcia, que en abril del 2012 estaba en el 5,3%, el pasado enero, ya privatizada, se quedó en el 0,9%.

¿Cómo van a ser las cadenas tras los recortes?

¿Tienen un objetivo claro y concreto de cómo van a ser esas teles adelgazadas los mismos directivos que han propiciado el ERE? Parece que no. Se supone que el pastel resultante va a ser repartido entre productoras más o menos afines, pero el modelo de gestión (quién paga qué, por qué conceptos y en qué medida) no está del todo definido. El vicepresidente autonómico valenciano, cuando se le preguntó por esta cuestión hace un par de meses, respondió con un lacónico “Ya veremos”.

Lo que sí parece claro es la connivencia entre algunas de esas productoras y Telemadrid, por ejemplo. En las redes sociales ya se ha empezado a hablar de un asunto curioso. La productora llama a uno de los despedidos de Telemadrid y le ofrece trabajo, en este caso para Antena 3. El despedido dice que bueno. Y la productora le pone como condición no denunciar a Telemadrid.

Y luego está la posibilidad de privatizarlas. El Gobierno del PP posibilitó con su reforma de la ley del pasado año que las televisiones autonómicas se puedan bien cerrar, o bien privatizar su gestión a instancias de cada Gobierno regional.

Anteriormente, el Ejecutivo de Eduardo Zaplana lo había intentado con Canal 9 a inicios del 2000 pero el Tribunal Supremo tumbó sus pretensiones. Con la nueva ley en vigor, la posibilidad de privatizar ya está contemplada (la televisión de Aragón es un ejemplo) y a eso se han apuntado de momento Murcia, Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid. Castilla-La Mancha también lo ha anunciado.

La pregunta, de momento sin respuesta, sería: tal y como están planteadas, ¿siguen teniendo sentido las televisiones autonómicas?

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