Testigo directo de la asistencia 'low cost' a los mayores: “Probé la leche y el zumo, jamás ofrecería a nadie esos productos”

Laura Galaup

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Carlos ha vivido desde dentro cómo se está precarizando el servicio de dependencia que se presta en nuestro país. Lleva más de diez años dirigiendo la residencia concertada para personas mayores Santa María Real de Nájera (La Rioja) y tras el último cambio de adjudicatario, ante el deterioro de la asistencia que comprobaba, inició una serie de quejas y protestas para intentar detener esa deriva. Le salió caro porque fue apartado de su puesto. 

La dependencia mejora sus listas de espera con la inyección del Gobierno y "un sistema low cost"

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El conflicto arrancó en el momento en el que el Gobierno autonómico licitó en 2019 la gestión del centro –con 100 plazas residenciales y 30 de centro de día– y aceptó una bajada económica del 34,8% al adjudicar el servicio. A partir de ahí, su presupuesto para cualquier actividad se redujo. “Para que se entienda, es como si el 1 de junio ganas 1.000 euros y el 1 de julio del mismo año pasas a ganar 660 euros”, explica el gerente sociosanitario a elDiario.es que ahora autoriza a utilizar su nombre real.

La llegada de la nueva adjudicataria, la empresa Aralia –filial sociosanitaria de la empresa del constructor José Luis Ulibarri–, coincidió con un periodo de año y medio en el que Carlos estuvo de baja. Sin embargo, tras su reincorporación en enero de 2021 empezaron las reclamaciones al comprobar que se había producido “una pérdida de calidad del servicio”. Luego llegó la represalia de la empresa, revertida por la Justicia. Actualmente, se encuentra de baja.

El conflicto arrancó cuando se renovó la licitación

Tanto en documentación interna intercambiada con los responsables de la empresa –revisada por elDiario.es– como en conversación con esta redacción, este responsable de centros de mayores relata falta de personal, problemas con los alimentos y bebidas que se suministraban a los residentes, así como con algunas infraestructuras. Una descripción de servicio low cost aplicado a la asistencia sociosanitaria.

El motivo que apunta como desencadenante de esta situación fue la oferta aceptada por el Ejecutivo autonómico para la gestión del centro durante los siguientes tres años. El contrato, que contaba con un valor estimado de 13,7 millones de euros, se adjudicó a la oferta de 6,2 millones de euros realizada por Aralia, según la información publicada en el portal de contratación de La Rioja. El presupuesto de partida se había situado en 8,5 millones de euros. La adjudicación se produjo en los últimos meses de gobierno del PP en esta comunidad autónoma. En las elecciones de mayo de 2019, el PSOE ganó los comicios tras 24 años de ininterrumpido liderazgo popular.

Para explicar cómo impacta esa reducción de la inversión económica en la atención asistencial, Carlos pone varios ejemplos. Según relata, con las cantidades pactadas en la licitación previa “el precio de menú completo –que incluye desayuno, comida, merienda y cena– superaba los 5,5 euros por usuario y día”. Con la llegada de la nueva empresa ese coste “algún mes ha rondado los 2,5 euros” y el mes en el que “más se ha podido imputar”, esa cantidad “ha oscilado entre los 3 y los 3,20 euros”. “Es una reducción drástica”, añade sobre esta actuación, que provoca que se suministren “productos de inferior calidad”. 

Carlos asegura que el "precio de menú completo", pasó de "5,5 euros por usuario y día" a oscilar alrededor de tres euros. "Es una reducción drástica", añade sobre esta actuación, que provoca que se suministren "productos de inferior calidad

En su interlocución con la empresa, Carlos ha dejado constancia de sus críticas a la alimentación y bebidas que estaban recibiendo las personas mayores a las que atendía. En esas comunicaciones, el trabajador advertía de que “se suministraba a los usuarios leche en polvo, zumo en polvo, y agua del grifo, cuando anteriormente se servía agua mineral, solicitando que se volviera a la mayor brevedad a servir leche y zumo en tetra brik, y agua mineral”, según la documentación revisada por esta redacción. 

Teniendo en cuenta esta situación, dejó claro su posicionamiento sobre la calidad de estos artículos en un email enviado el 10 de febrero de 2021 a los representantes de la central de Aralia: “Probé la leche, el zumo de melocotón y el de piña y debo manifestaros que jamás ofrecería ese tipo de productos a nadie”. “Me dolió profundamente oír a un miembro del equipo interdisciplinar pronunciar la frase ‘se lo toman porque no tienen otra cosa’ y aún me dolió mucho más escuchar a usuarios cognitivamente muy válidos decir: ‘Echan agua a la leche y al zumo”, les explicaba a sus compañeros de empresa en ese mismo email. 

Aludiendo a la gestión anterior, Carlos aseguró también por escrito a sus compañeros que la empresa encargada hasta 2019 de la alimentación “jamás” les sugirió “la introducción de máquinas de zumo y leche”. “Quizá no lo hicieron porque el precio diario plaza del menú completo rondaba los 5,50 euros y el del medio menú –que incluye comida, almuerzo o merienda– para usuarios de centro de día superaba los tres euros”, apuntó en una alusión velada a la reducción de la inversión en la alimentación.

Este suministro llegó a afectar a una usuaria diabética. “La glucemia llegó a 400 –suele estar entre 120 y 140—. Prácticamente cuadriplicó sus valores”, apunta Carlos, que considera que el detonante de esta situación se produjo porque las “máquinas [que elaboraban la leche y el zumo] no estaban mantenidas”. “Otro elemento de la famosa pandemia, ¿cómo vamos a mantener las máquinas si nadie protesta?”, apunta en conversación con esta redacción.

Otro de los puntos sobre los que avisa Carlos en la correspondencia intercambiada con Aralia se centra en la detección de “un déficit de proteínas y albúmina” en las “últimas analíticas pautadas a un grupo concreto de residentes”. La alerta se produjo el 12 de marzo de 2021. En las pesquisa que realizó junto a la responsable de la cocina detectaron que “había una diferencia de 25 gramos menos de proteína por usuario y día”, “en comparación con la empresa que con anterioridad gestionaba el cátering de la residencia”.  

“Con anterioridad un día a la semana se ofrecía pescado fresco y gran parte de la carne consumida era fresca. En la actualidad no se sirve pescado fresco, la mayor parte de la carne es congelada o se ven obligados a congelarla en cocina debido a los plazos de entrega del producto”, continúa exponiendo en ese correo. En ese mismo escrito, también destaca que le han comentado que “en noviembre –mientras él estaba de baja– se notificó a la empresa, tras varios controles ponderales realizados, una pérdida de peso muy marcada en muchos usuarios”. 

Aralia asegura que “las informaciones que han aparecido sobre esta materia son completamente falsas”. La empresa se defiende asegurando que la oferta aceptaba por el Gobierno autonómico “se encontraba dentro de los márgenes estipulados”. En relación a la calidad de la alimentación, apuntan, por un lado, que utilizan “productos suministrados por proveedores homologados y se dispone de las fichas técnicas de los productos”. Y por otro lado, aseguran que en la residencia “sí se consume carne fresca”.

Según relatan, las quejas sobre la ausencia de pescado fresco en el menú no han tenido en cuenta que este alimento “tiene que ser siempre congelado para evitar problemas de intoxicaciones por parásitos”. Asimismo, la compañía pone en valor “las propiedades nutricionales” de la leche en polvo porque “muchas veces la leche tiene más vitaminas que son adicionadas, como la B, de esta forma se mejora el valor nutricional”.

“Las personas mayores son muy susceptibles a trastornos nutricionales”, añaden fuentes de la empresa, que explican que “dentro del propio proceso de envejecimiento, de las circunstancias que le rodean y de las patologías habituales” hay muchos factores “que influyen en la nutrición originando distintos problemas que son independientes del mínimo aceptable de calorías y el equilibrio adecuado entre los nutrientes energéticos (proteínas, lípidos e hidratos de carbono) que ingieren”. Finalmente, sentencian que “a día de hoy” no tienen “ninguna queja referida” a problemas de desnutrición.

Apartado por quejarse de la precarización

Tras las quejas y avisos de Carlos, la empresa decidió apartarle de la Dirección de la residencia y lo trasladó a un centro de día. Este trabajador judicializó esta decisión y el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja le dio la razón en una sentencia emitida en febrero y adelantada por elDiario.es. Este fallo dejó sin efecto su traslado y condenó a Aralia a reponer al demandante “en su anterior centro de trabajo, así como a abonarle una indemnización de 4.000 euros”. 

“Creo que aporté indicios más que racionales para demostrar que el motivo de mi traslado eran las continuas quejas. No eran protestas para tocar las narices, eran reivindicaciones que iban a implicar un sobrecoste para la empresa, que no querrían asumir. Iban [destinadas] a aumentar la calidad asistencial y la de los alimentos”, apunta. Actualmente, el demandante se encuentra de baja, cuando se reincorpore espera volver a su puesto de trabajo. De cara a su futuro laboral y a la atención residencial del centro solo desea “que la Consejería plantee un proyecto a la altura del usuario”. 

Aporté indicios más que racionales para demostrar que el motivo de mi traslado eran las continuas quejas

Antes de que se licitase de nuevo la gestión del centro en 2018, la residencia estaba dirigida por la empresa Geriátricos del Principado. Hasta ese momento, la Consejería de Servicios Sociales de La Rioja llegó a pagar 52,48 euros diarios por cada plaza de usuarios dependientes severos y 67,50 euros al día por los residentes grandes dependientes, siempre según el relato de Carlos y la documentación consultada por esta redacción fechada en abril de 2019. Por lo tanto, de media se abonaba 59,94 euros por plaza. elDiario.es ha tratado de verificar estos datos con la Consejería de forma infructuosa.

Rastreando las licitaciones previas que figuran en el Boletín Oficial de La Rioja se comprueba que en abril de 2008 las plazas en esa misma residencia se adjudicaron por 62,52 euros en el caso de enfermos con alzheimer y 48,60 euros en el de residentes asistidos. La oferta de Aralia, que ganó el concurso en 2019, situó la plaza general –ya no realizan distinciones según el nivel de dependencia– en 49 euros al día.

A menos de tres puntos de la baja temeraria

Geriátricos del Principado recurrió la adjudicación. A pesar de que el tribunal administrativo central desestimó esta decisión, en el texto se aporta información sobre la oferta que realizó la empresa del constructor Ulibarri. Este órgano no considera que en la licitación se haya producido una “baja temeraria del servicio de atención residencial y de centro de día”. “La adjudicataria de este contrato ha presentado una oferta conjunta de 75 euros (49 euros para el servicio de atención residencial y 26 euros para el servicio de centro de día). Con esta oferta su porcentaje de bajada se sitúa en 34,81%, encontrándose por tanto 2,84 puntos por debajo del umbral [37,21%] a partir del cual se incurre en baja temeraria”, concluye el tribunal, que tiene en cuenta que la licitación se lanzó con 63 euros para la plaza del centro de mayores y 52,01 euros la del centro de día.

El relato de Carlos se enmarca en la dinámica advertida por la Asociación de directoras y gerentes de Servicios Sociales en el último observatorio anual que publicaron en abril. “El sistema de la dependencia está yendo a un sistema 'low cost”, apuntó su presidente, José Manuel Ramírez. En conversación con elDiario.es, destacó que con el paso de los años “la calidad de la atención” se ha ido reduciendo. Esta tendencia “a la baja” se mantiene en el “gasto por persona dependiente atendida”, de acuerdo a las cifras aportadas por la asociación. En 2021 este parámetro se redujo a 6.026 euros por afectado.

“Este ahorro en costes supuso, a modo de ejemplo, que a los residentes que presentaban disfagia, [personas que tienen problemas para tragar tanto alimentos como líquidos] en vez de los cereales y multifrutas de calidad que se les daba, comenzaran a tomar ‘sopas de pan’, –pan duro del día anterior mezclado con leche y posteriormente triturado–”, detalla el abogado de Carlos en la demanda que presentaron tras la decisión de Aralia de trasladarlo. A pesar de que el trabajador también confirma esta información en conversación con esta redacción, desde la compañía aseguran que es “completamente incierto”. “Nuestros residentes desayunan galletas mezcladas con leche”, indican.

El periodo en el que Carlos estuvo ausente, entre junio de 2019 y enero de 2021, coincidió con el estallido de la pandemia, que situó a las residencias en la zona cero de la emergencia sanitaria durante la primera ola. “Cuando regreso al centro me encuentro una situación caótica”, indica Carlos sobre su reincorporación tras un año y medio de baja por incapacidad temporal.

La expansión del virus ha obstaculizado la entrada de familiares a los centros. Una situación que para el director de la residencia de Nájera ha provocado que en su vuelta se encuentre con “cosas increíbles”. “No existe puerta del baño del centro de día. Han colocado un biombo para proteger la intimidad de un usuario”. Ante esta situación, sostiene que si un residente deambula por la zona podría “ver cómo están bañando a un usuario o cómo hace sus necesidades”. La pandemia, por lo tanto, “ha ayudado –continúa Carlos– a que determinadas conductas poco aconsejables dentro del sector sociosanitario se lleven a cabo”.

La pandemia, por lo tanto, "ha ayudado a que determinadas conductas poco aconsejables dentro del sector sociosanitario se lleven a cabo

“El origen de todo esto fue una licitación que no debería haberse planteado jamás”, señala. De esta forma alude a los criterios de adjudicación que priorizaron la oferta económica. El Gobierno regional aportaba hasta 60 puntos a las variables “evaluables automáticamente”, como el precio, y 40 a parámetros “cuya cuantificación dependa de un juicio de valor”, como el proyecto de servicio. 

Para Carlos es “demencial” que la administración pública haya permitido una bajada del 34,8% en un servicio destinado a personas mayores. Se trata de unos precios que él “puede entender en el ámbito privado”, pero no en las licitaciones que dependen del Estado. “Es fundamental la ratio de personal para atender a personas que tienen muchísimas necesidades asistenciales”, apunta.

Quejas por falta de personal

Con el cambio de gestor se pasó de quince a diez personas trabajando por la mañana, –siempre según el relato de Carlos–en el turno de tarde redujeron de una decena a siete y en el de noche se recortó en una persona en el “momento de celebración del juicio”, “luego se vieron obligados a recuperar” al tercer empleado. Este último ha sido uno de los que más ha pagado la precarización del servicio. “Teniendo en cuenta que la mayoría de los usuarios son incontinentes o requieren cambios posturales. ¿Qué ocurre? Con dos personas es materialmente imposible hacer tres rondas correctamente en diez horas de trabajo [para supervisar a todos los usuarios]”, subraya. 

Sobre la falta de personal, la compañía se limita a asegurar que “el hecho de que en un determinado momento y por situaciones puntuales no se den los ratios de personal o existan bajas del personal por diversas causas, no equivale a un incumplimiento de los pliegos”.

Entre enero y marzo de 2021, Carlos no fue el único que transmitió a la empresa la necesidad de contratar a más personal. El Comité de Empresa de la residencia de Nájera –de acuerdo a la sentencia emitida– también dejó constancia de la “falta de personal sanitario”. “A partir de hoy 12 de marzo de 2021, no tendremos médico y contaremos con sólo uno de los 6,5 enfermeros que debieran estar trabajando en la residencia”, apuntaron los representantes sindicales, que también expusieron que “el hecho de no sustituir a los trabajadores implica una sobrecarga acumulada en el tiempo que al final se está traduciendo en numerosas bajas por accidente de trabajo y contingencias comunes”.

En esas fechas, la situación fue tan crítica en la residencia que Carlos firmó en marzo de 2021 una declaración responsable en la que aseguraban que a partir del día seis, “y debido a la falta de personal, no se puede garantizar la prestación del servicio sanitario de manera adecuada”. Esta misiva se dirigió a varios departamentos de la Consejería, según explica el trabajador. 

Ante estas consecuencias, Carlos centra las culpas en la administración –por aceptar la oferta económica– y no en la empresa. Con todo, defiende que la Consejería debería “haber actuado a priori”. “Tenían herramientas para decir que no querían una bajada del 34% y no lo han llevado a cabo”, reseña. El Gobierno autonómico acaba de publicar la licitación del servicio para los próximos dos años. En el expediente la oferta económica tendrá una relevancia menor en la adjudicación, pasando del 60% que supuso en 2019 al 40% de la próxima adjudicación. 

elDiario.es ha tratado de recabar la versión de la Consejería de Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja, sin haber recibido respuesta por el momento.

Si tienes información sobre la situación en las residencias de ancianos, escríbenos a pistas@eldiario.es

Carlos ha vivido desde dentro cómo se está precarizando el servicio de dependencia que se presta en nuestro país. Lleva más de diez años dirigiendo la residencia concertada para personas mayores Santa María Real de Nájera (La Rioja) y tras el último cambio de adjudicatario, ante el deterioro de la asistencia que comprobaba, inició una serie de quejas y protestas para intentar detener esa deriva. Le salió caro porque fue apartado de su puesto. 

La dependencia mejora sus listas de espera con la inyección del Gobierno y "un sistema low cost"

Saber más

El conflicto arrancó en el momento en el que el Gobierno autonómico licitó en 2019 la gestión del centro –con 100 plazas residenciales y 30 de centro de día– y aceptó una bajada económica del 34,8% al adjudicar el servicio. A partir de ahí, su presupuesto para cualquier actividad se redujo. “Para que se entienda, es como si el 1 de junio ganas 1.000 euros y el 1 de julio del mismo año pasas a ganar 660 euros”, explica el gerente sociosanitario a elDiario.es que ahora autoriza a utilizar su nombre real.

La llegada de la nueva adjudicataria, la empresa Aralia –filial sociosanitaria de la empresa del constructor José Luis Ulibarri–, coincidió con un periodo de año y medio en el que Carlos estuvo de baja. Sin embargo, tras su reincorporación en enero de 2021 empezaron las reclamaciones al comprobar que se había producido “una pérdida de calidad del servicio”. Luego llegó la represalia de la empresa, revertida por la Justicia. Actualmente, se encuentra de baja.

El conflicto arrancó cuando se renovó la licitación

Tanto en documentación interna intercambiada con los responsables de la empresa –revisada por elDiario.es– como en conversación con esta redacción, este responsable de centros de mayores relata falta de personal, problemas con los alimentos y bebidas que se suministraban a los residentes, así como con algunas infraestructuras. Una descripción de servicio low cost aplicado a la asistencia sociosanitaria.

El motivo que apunta como desencadenante de esta situación fue la oferta aceptada por el Ejecutivo autonómico para la gestión del centro durante los siguientes tres años. El contrato, que contaba con un valor estimado de 13,7 millones de euros, se adjudicó a la oferta de 6,2 millones de euros realizada por Aralia, según la información publicada en el portal de contratación de La Rioja. El presupuesto de partida se había situado en 8,5 millones de euros. La adjudicación se produjo en los últimos meses de gobierno del PP en esta comunidad autónoma. En las elecciones de mayo de 2019, el PSOE ganó los comicios tras 24 años de ininterrumpido liderazgo popular.

Para explicar cómo impacta esa reducción de la inversión económica en la atención asistencial, Carlos pone varios ejemplos. Según relata, con las cantidades pactadas en la licitación previa “el precio de menú completo –que incluye desayuno, comida, merienda y cena– superaba los 5,5 euros por usuario y día”. Con la llegada de la nueva empresa ese coste “algún mes ha rondado los 2,5 euros” y el mes en el que “más se ha podido imputar”, esa cantidad “ha oscilado entre los 3 y los 3,20 euros”. “Es una reducción drástica”, añade sobre esta actuación, que provoca que se suministren “productos de inferior calidad”. 

Carlos asegura que el "precio de menú completo", pasó de "5,5 euros por usuario y día" a oscilar alrededor de tres euros. "Es una reducción drástica", añade sobre esta actuación, que provoca que se suministren "productos de inferior calidad

En su interlocución con la empresa, Carlos ha dejado constancia de sus críticas a la alimentación y bebidas que estaban recibiendo las personas mayores a las que atendía. En esas comunicaciones, el trabajador advertía de que “se suministraba a los usuarios leche en polvo, zumo en polvo, y agua del grifo, cuando anteriormente se servía agua mineral, solicitando que se volviera a la mayor brevedad a servir leche y zumo en tetra brik, y agua mineral”, según la documentación revisada por esta redacción. 

Teniendo en cuenta esta situación, dejó claro su posicionamiento sobre la calidad de estos artículos en un email enviado el 10 de febrero de 2021 a los representantes de la central de Aralia: “Probé la leche, el zumo de melocotón y el de piña y debo manifestaros que jamás ofrecería ese tipo de productos a nadie”. “Me dolió profundamente oír a un miembro del equipo interdisciplinar pronunciar la frase ‘se lo toman porque no tienen otra cosa’ y aún me dolió mucho más escuchar a usuarios cognitivamente muy válidos decir: ‘Echan agua a la leche y al zumo”, les explicaba a sus compañeros de empresa en ese mismo email. 

Aludiendo a la gestión anterior, Carlos aseguró también por escrito a sus compañeros que la empresa encargada hasta 2019 de la alimentación “jamás” les sugirió “la introducción de máquinas de zumo y leche”. “Quizá no lo hicieron porque el precio diario plaza del menú completo rondaba los 5,50 euros y el del medio menú –que incluye comida, almuerzo o merienda– para usuarios de centro de día superaba los tres euros”, apuntó en una alusión velada a la reducción de la inversión en la alimentación.

Este suministro llegó a afectar a una usuaria diabética. “La glucemia llegó a 400 –suele estar entre 120 y 140—. Prácticamente cuadriplicó sus valores”, apunta Carlos, que considera que el detonante de esta situación se produjo porque las “máquinas [que elaboraban la leche y el zumo] no estaban mantenidas”. “Otro elemento de la famosa pandemia, ¿cómo vamos a mantener las máquinas si nadie protesta?”, apunta en conversación con esta redacción.

Otro de los puntos sobre los que avisa Carlos en la correspondencia intercambiada con Aralia se centra en la detección de “un déficit de proteínas y albúmina” en las “últimas analíticas pautadas a un grupo concreto de residentes”. La alerta se produjo el 12 de marzo de 2021. En las pesquisa que realizó junto a la responsable de la cocina detectaron que “había una diferencia de 25 gramos menos de proteína por usuario y día”, “en comparación con la empresa que con anterioridad gestionaba el cátering de la residencia”.  

“Con anterioridad un día a la semana se ofrecía pescado fresco y gran parte de la carne consumida era fresca. En la actualidad no se sirve pescado fresco, la mayor parte de la carne es congelada o se ven obligados a congelarla en cocina debido a los plazos de entrega del producto”, continúa exponiendo en ese correo. En ese mismo escrito, también destaca que le han comentado que “en noviembre –mientras él estaba de baja– se notificó a la empresa, tras varios controles ponderales realizados, una pérdida de peso muy marcada en muchos usuarios”. 

Aralia asegura que “las informaciones que han aparecido sobre esta materia son completamente falsas”. La empresa se defiende asegurando que la oferta aceptaba por el Gobierno autonómico “se encontraba dentro de los márgenes estipulados”. En relación a la calidad de la alimentación, apuntan, por un lado, que utilizan “productos suministrados por proveedores homologados y se dispone de las fichas técnicas de los productos”. Y por otro lado, aseguran que en la residencia “sí se consume carne fresca”.

Según relatan, las quejas sobre la ausencia de pescado fresco en el menú no han tenido en cuenta que este alimento “tiene que ser siempre congelado para evitar problemas de intoxicaciones por parásitos”. Asimismo, la compañía pone en valor “las propiedades nutricionales” de la leche en polvo porque “muchas veces la leche tiene más vitaminas que son adicionadas, como la B, de esta forma se mejora el valor nutricional”.

“Las personas mayores son muy susceptibles a trastornos nutricionales”, añaden fuentes de la empresa, que explican que “dentro del propio proceso de envejecimiento, de las circunstancias que le rodean y de las patologías habituales” hay muchos factores “que influyen en la nutrición originando distintos problemas que son independientes del mínimo aceptable de calorías y el equilibrio adecuado entre los nutrientes energéticos (proteínas, lípidos e hidratos de carbono) que ingieren”. Finalmente, sentencian que “a día de hoy” no tienen “ninguna queja referida” a problemas de desnutrición.

Apartado por quejarse de la precarización

Tras las quejas y avisos de Carlos, la empresa decidió apartarle de la Dirección de la residencia y lo trasladó a un centro de día. Este trabajador judicializó esta decisión y el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja le dio la razón en una sentencia emitida en febrero y adelantada por elDiario.es. Este fallo dejó sin efecto su traslado y condenó a Aralia a reponer al demandante “en su anterior centro de trabajo, así como a abonarle una indemnización de 4.000 euros”. 

“Creo que aporté indicios más que racionales para demostrar que el motivo de mi traslado eran las continuas quejas. No eran protestas para tocar las narices, eran reivindicaciones que iban a implicar un sobrecoste para la empresa, que no querrían asumir. Iban [destinadas] a aumentar la calidad asistencial y la de los alimentos”, apunta. Actualmente, el demandante se encuentra de baja, cuando se reincorpore espera volver a su puesto de trabajo. De cara a su futuro laboral y a la atención residencial del centro solo desea “que la Consejería plantee un proyecto a la altura del usuario”. 

Aporté indicios más que racionales para demostrar que el motivo de mi traslado eran las continuas quejas

Antes de que se licitase de nuevo la gestión del centro en 2018, la residencia estaba dirigida por la empresa Geriátricos del Principado. Hasta ese momento, la Consejería de Servicios Sociales de La Rioja llegó a pagar 52,48 euros diarios por cada plaza de usuarios dependientes severos y 67,50 euros al día por los residentes grandes dependientes, siempre según el relato de Carlos y la documentación consultada por esta redacción fechada en abril de 2019. Por lo tanto, de media se abonaba 59,94 euros por plaza. elDiario.es ha tratado de verificar estos datos con la Consejería de forma infructuosa.

Rastreando las licitaciones previas que figuran en el Boletín Oficial de La Rioja se comprueba que en abril de 2008 las plazas en esa misma residencia se adjudicaron por 62,52 euros en el caso de enfermos con alzheimer y 48,60 euros en el de residentes asistidos. La oferta de Aralia, que ganó el concurso en 2019, situó la plaza general –ya no realizan distinciones según el nivel de dependencia– en 49 euros al día.

A menos de tres puntos de la baja temeraria

Geriátricos del Principado recurrió la adjudicación. A pesar de que el tribunal administrativo central desestimó esta decisión, en el texto se aporta información sobre la oferta que realizó la empresa del constructor Ulibarri. Este órgano no considera que en la licitación se haya producido una “baja temeraria del servicio de atención residencial y de centro de día”. “La adjudicataria de este contrato ha presentado una oferta conjunta de 75 euros (49 euros para el servicio de atención residencial y 26 euros para el servicio de centro de día). Con esta oferta su porcentaje de bajada se sitúa en 34,81%, encontrándose por tanto 2,84 puntos por debajo del umbral [37,21%] a partir del cual se incurre en baja temeraria”, concluye el tribunal, que tiene en cuenta que la licitación se lanzó con 63 euros para la plaza del centro de mayores y 52,01 euros la del centro de día.

El relato de Carlos se enmarca en la dinámica advertida por la Asociación de directoras y gerentes de Servicios Sociales en el último observatorio anual que publicaron en abril. “El sistema de la dependencia está yendo a un sistema 'low cost”, apuntó su presidente, José Manuel Ramírez. En conversación con elDiario.es, destacó que con el paso de los años “la calidad de la atención” se ha ido reduciendo. Esta tendencia “a la baja” se mantiene en el “gasto por persona dependiente atendida”, de acuerdo a las cifras aportadas por la asociación. En 2021 este parámetro se redujo a 6.026 euros por afectado.

“Este ahorro en costes supuso, a modo de ejemplo, que a los residentes que presentaban disfagia, [personas que tienen problemas para tragar tanto alimentos como líquidos] en vez de los cereales y multifrutas de calidad que se les daba, comenzaran a tomar ‘sopas de pan’, –pan duro del día anterior mezclado con leche y posteriormente triturado–”, detalla el abogado de Carlos en la demanda que presentaron tras la decisión de Aralia de trasladarlo. A pesar de que el trabajador también confirma esta información en conversación con esta redacción, desde la compañía aseguran que es “completamente incierto”. “Nuestros residentes desayunan galletas mezcladas con leche”, indican.

El periodo en el que Carlos estuvo ausente, entre junio de 2019 y enero de 2021, coincidió con el estallido de la pandemia, que situó a las residencias en la zona cero de la emergencia sanitaria durante la primera ola. “Cuando regreso al centro me encuentro una situación caótica”, indica Carlos sobre su reincorporación tras un año y medio de baja por incapacidad temporal.

La expansión del virus ha obstaculizado la entrada de familiares a los centros. Una situación que para el director de la residencia de Nájera ha provocado que en su vuelta se encuentre con “cosas increíbles”. “No existe puerta del baño del centro de día. Han colocado un biombo para proteger la intimidad de un usuario”. Ante esta situación, sostiene que si un residente deambula por la zona podría “ver cómo están bañando a un usuario o cómo hace sus necesidades”. La pandemia, por lo tanto, “ha ayudado –continúa Carlos– a que determinadas conductas poco aconsejables dentro del sector sociosanitario se lleven a cabo”.

La pandemia, por lo tanto, "ha ayudado a que determinadas conductas poco aconsejables dentro del sector sociosanitario se lleven a cabo

“El origen de todo esto fue una licitación que no debería haberse planteado jamás”, señala. De esta forma alude a los criterios de adjudicación que priorizaron la oferta económica. El Gobierno regional aportaba hasta 60 puntos a las variables “evaluables automáticamente”, como el precio, y 40 a parámetros “cuya cuantificación dependa de un juicio de valor”, como el proyecto de servicio. 

Para Carlos es “demencial” que la administración pública haya permitido una bajada del 34,8% en un servicio destinado a personas mayores. Se trata de unos precios que él “puede entender en el ámbito privado”, pero no en las licitaciones que dependen del Estado. “Es fundamental la ratio de personal para atender a personas que tienen muchísimas necesidades asistenciales”, apunta.

Quejas por falta de personal

Con el cambio de gestor se pasó de quince a diez personas trabajando por la mañana, –siempre según el relato de Carlos–en el turno de tarde redujeron de una decena a siete y en el de noche se recortó en una persona en el “momento de celebración del juicio”, “luego se vieron obligados a recuperar” al tercer empleado. Este último ha sido uno de los que más ha pagado la precarización del servicio. “Teniendo en cuenta que la mayoría de los usuarios son incontinentes o requieren cambios posturales. ¿Qué ocurre? Con dos personas es materialmente imposible hacer tres rondas correctamente en diez horas de trabajo [para supervisar a todos los usuarios]”, subraya. 

Sobre la falta de personal, la compañía se limita a asegurar que “el hecho de que en un determinado momento y por situaciones puntuales no se den los ratios de personal o existan bajas del personal por diversas causas, no equivale a un incumplimiento de los pliegos”.

Entre enero y marzo de 2021, Carlos no fue el único que transmitió a la empresa la necesidad de contratar a más personal. El Comité de Empresa de la residencia de Nájera –de acuerdo a la sentencia emitida– también dejó constancia de la “falta de personal sanitario”. “A partir de hoy 12 de marzo de 2021, no tendremos médico y contaremos con sólo uno de los 6,5 enfermeros que debieran estar trabajando en la residencia”, apuntaron los representantes sindicales, que también expusieron que “el hecho de no sustituir a los trabajadores implica una sobrecarga acumulada en el tiempo que al final se está traduciendo en numerosas bajas por accidente de trabajo y contingencias comunes”.

En esas fechas, la situación fue tan crítica en la residencia que Carlos firmó en marzo de 2021 una declaración responsable en la que aseguraban que a partir del día seis, “y debido a la falta de personal, no se puede garantizar la prestación del servicio sanitario de manera adecuada”. Esta misiva se dirigió a varios departamentos de la Consejería, según explica el trabajador. 

Ante estas consecuencias, Carlos centra las culpas en la administración –por aceptar la oferta económica– y no en la empresa. Con todo, defiende que la Consejería debería “haber actuado a priori”. “Tenían herramientas para decir que no querían una bajada del 34% y no lo han llevado a cabo”, reseña. El Gobierno autonómico acaba de publicar la licitación del servicio para los próximos dos años. En el expediente la oferta económica tendrá una relevancia menor en la adjudicación, pasando del 60% que supuso en 2019 al 40% de la próxima adjudicación. 

elDiario.es ha tratado de recabar la versión de la Consejería de Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja, sin haber recibido respuesta por el momento.

Si tienes información sobre la situación en las residencias de ancianos, escríbenos a pistas@eldiario.es

Carlos ha vivido desde dentro cómo se está precarizando el servicio de dependencia que se presta en nuestro país. Lleva más de diez años dirigiendo la residencia concertada para personas mayores Santa María Real de Nájera (La Rioja) y tras el último cambio de adjudicatario, ante el deterioro de la asistencia que comprobaba, inició una serie de quejas y protestas para intentar detener esa deriva. Le salió caro porque fue apartado de su puesto. 

La dependencia mejora sus listas de espera con la inyección del Gobierno y "un sistema low cost"

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El conflicto arrancó en el momento en el que el Gobierno autonómico licitó en 2019 la gestión del centro –con 100 plazas residenciales y 30 de centro de día– y aceptó una bajada económica del 34,8% al adjudicar el servicio. A partir de ahí, su presupuesto para cualquier actividad se redujo. “Para que se entienda, es como si el 1 de junio ganas 1.000 euros y el 1 de julio del mismo año pasas a ganar 660 euros”, explica el gerente sociosanitario a elDiario.es que ahora autoriza a utilizar su nombre real.