Pablo Iglesias defiende la gestión del Gobierno en las residencias: “Cumplimos con nuestro deber y nuestra obligación”

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha defendido este martes la gestión del Gobierno central en las residencias de ancianos durante la crisis sanitaria del coronavirus. “Cumplimos con nuestro deber y nuestra obligación”, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

“Está bastante clara la cuestión competencial. No merece duda porque el BOE es muy claro”, ha señalado sobre qué administración era la que debía atender de primera mano los problemas en las residencias de mayores. “Lo que podíamos hacer e hicimos era ayudar con recursos económicos”, ha dicho Iglsias, quien ha recordado que el Gobierno repartió “300 millones para contratar personal” para las residencias y que el Ministerio de Sanidad “declaró a los servicio sociales como esenciales, con la misma consideración que los trabajadores sanitarios” y que “se dio la instrucción de que los EPI llegaran” también a los trabajadores de las residencias en igualdad de condiciones con los sanitarios. Además, ha asegurado que se dio a las comunidades la capacidad de intervenir las residencias privadas y se abrió la puerta a que, a petición de las propias residencias o los gobiernos autonómicos, la UME pudiera intervenir donde consideraran oportuno.

“En el marco de las competencias hicimos lo que teníamos que hacer”, ha dicho Iglesias. “Modestamente, cumplimos con nuestro deber y nuestra obligación en el marco de nuestras competencias”, ha añadido.

“Si quieren defender las órdenes que dieron, que lo hagan”, ha señalado en referencia a la crisis abierta en el Gobierno de la Comunidad de Madrid entre su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Escudero, y el de Políticas Sociales, Alberto Reyero.

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El vicepresidente del Gobierno aseguró recientemente que es “un auténtico escándalo, si no es un crimen” la orden remitida por el Ejecutivo de Ayuso para que las residencias de ancianos no derivaran a personas enfermas a los hospitales y a estos para que no las admitieran. Preguntado, ha insistido en que quien ha hablado explícitamente de inmoralidad e ilegalidad ha sido el consejero de Ayuso“, en referencia a Reyero. Y ha zanjado que las comunidades ”no solo tenían las competencias“, sino que ”las tenían aumentadas“.

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Iglesias no ha desvelado si el Gobierno adoptará alguna medida legal al respecto de lo ocurrido en Madrid, aunque ha dejado la puerta abierta. “Hay muchas cosas que se tienen que terminar de saber. El propio consejero apunta a que puede ser ilegal. Y lo que es ilegal, lógicamente se debe perseguir”, ha concluido.

Informa Aitor Riveiro.