El Vaticano critica a la Iglesia española por no dar importancia a los abusos pederastas

Sin expertos, sin mujeres... ¡sin víctimas! La anunciada 'Comisión Antipederastia' de la Iglesia española, el supuesto intento de los obispos de nuestro país por luchar contra los abusos sexuales del clero, apoyar a las víctimas y convertir a la Iglesia en un lugar seguro y libre de depredadores, nace herida de muerte. La iniciativa ha generado una profunda división en el seno de la Conferencia Episcopal, que en apenas tres semanas se reunirá en Asamblea Plenaria para, entre otras cosas, elegir a su nuevo secretario general y portavoz. Pero, también, con el rechazo de la Santa Sede, que considera que la CEE no está haciendo en lo referente a los abusos.

“Los obispos españoles siguen sin entender la importancia de este drama”, aseguran desde el Vaticano, quienes lamentan que “si esperan a que surja un escándalo, que surgirá, cualquier medida que se tome después será en vano”. Y es que, tanto en Roma como en Añastro (sede de la Conferencia Episcopal) se da por hecho que, más tarde o más temprano, el tsunami de abusos que ya ha pasado por Estados Unidos, Irlanda, Alemania o Australia, llegará a la Iglesia española. “Y no estamos preparados”, admite un obispo español, que lamenta que “como Iglesia, seguimos a la defensiva, y sin saber reaccionar”.

Una comisión que nace muerta

Prueba de ello fue el anuncio, hace ahora dos semanas, de la creación de una comisión, que en principio nacía como un grupo de expertos en Derecho Canónico para preparar el informe que el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, llevaría el próximo mes de febrero a Roma, a un encuentro del Papa con todos los episcopados del mundo para tratar cómo erradicar la lacra de la pederastia clerical.

El primer escándalo vino con el nombre de su presidente, que no es otro que el polémico obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, cuestionado por las víctimas de abusos, quienes le acusan de encubrimiento de los casos de La Bañeza y Puebla de Sanabria. El propio Menéndez, autor de un protocolo antiabusos en su diócesis que obliga a la Iglesia a denunciar a las autoridades ante cualquier indicio de abusos, pero no a indemnizar a las víctimas, alimentó la polémica acusando a Javier, primera víctima del pederasta José Manuel Ramos Gordon, de chantaje, al pedirle un resarcimiento por el calvario vivido.

Una actitud (sumada al hecho de que el abusador, que ha recurrido su sentencia, sigue viviendo en la casa sacerdotal de Astorga, pagada por la misma diócesis que niega una indemnización a la víctima) que encendió las alarmas en Roma, que no obstante ha decidido que no hará nada al respecto.

“Podría hacer mucho contra la pederastia”

“La Iglesia española, y no sólo el episcopado, podría hacer mucho más contra la pederastia si entendiera y pusiera en acto una política que ponga en el centro a los más vulnerables de la sociedad: los niños y los adolescentes. Qué gran paso adelante daría si actuara así en sus actividades educativas, sociales, pastorales... No se hace porque se sigue pensando que éste es un problema incómodo o que afecta sólo a los países del norte de Europa o de América” declaraba, hace unas semanas, el jesuita Hans Zollner, secretario de la Comisón Antipederastia vaticana.

En declaraciones a Servimedia, Zollner denunciaba que “el Episcopado español debería empeñarse con mucha fuerza y convicción en esta lucha contra los abusos” Sin embargo, muy pocos en el Vaticano cuentan con que esto sea así.

Las críticas a la comisión no se quedan en la figura de su presidente, sino que cuestionan que sólo esté compuesta por clérigos, que además son juristas: el polémico Silverio Nieto; Jorge Otaduy, del Opus Dei; el vicesecretario de la CEE, Carlos López Segovia; Carlos Morán, del tribunal de la Rota; el jesuita Miguel Campo Ibáñez, canonista de la CONFER. No hay un solo psicólogo o psiquiatra, ningún educador, ningún médico, ningún periodista... pero tampoco hay laicos, mujeres y, por supuesto, tampoco se ha contado con las víctimas.

De hecho, al día siguiente de conocerse la creación de la Comisión, los obispos tuvieron que recular y filtrar, a través de la Cope, que “más adelante se incorporarán varios seglares expertos en diversas disciplinas, hombres y mujeres”. Un matiz que, lamentablemente, seguía sin incluir a las víctimas. Preguntado sobre ello, el obispo de Astorga respondía con un lacónico “lo iremos viendo”.

Sin embargo, a día de hoy, la Conferencia Episcopal no ha hecho el más mínimo gesto para encontrarse con las víctimas. Ni una llamada, ni una petición de perdón, ni una convocatoria a una reunión donde escuchar, sin tiempo, el dolor, las exigencias y los reproches de quienes, durante años, han sufrido a manos de depredadores sexuales, protegidos y encubiertos por la misma Iglesia que, ahora, pretende convertirse en adalid de la defensa de los menores.

“Al Papa se le puede criticar por muchas cosas, pero desde que fue elegido, todos los meses se reúne con víctimas de abusos, tanto en Roma como en los viajes. Les recibe, les escucha, les mira a los ojos. En España, esto no ha pasado ni pasará”, lamenta una de las víctimas de abusos.

Otra de ellas, Juan Cuatrecasas, denuncia la presencia en la comisión del sacerdote Silverio Nieto, actual director del Servicio Jurídico Civil de la Conferencia Episcopal y que, durante el proceso del 'caso Gaztelueta', realizó el interrogatorio al joven 'Asier'. “Silverio Nieto maltrató a nuestro hijo de forma tramposa y absolutamente parcial. En nuestro caso, fue un comisario e indiciariamente un manipulador en favor del presunto abusador y del colegio del Opus Dei”.

Una nefasta política comunicativa

El tercer gran error de la anunciada comisión procede de la nefasta gestión comunicativa de la Conferencia Episcopal en este caso, y que coloca en una difícil posición a su portavoz, José María Gil Tamayo, que en las próximas semanas debía ser reelegido para este cargo. Y es que el grupo de expertos fue aprobado en el Comité Ejecutivo del pasado mes de septiembre, justo después de que el Papa convocara a los obispos a la reunión de febrero.

La reacción posterior -que no fue consensuada en el Ejecutivo-, anunciando que posteriormente se incluiría a distintos expertos en varias materias, hombres y mujeres, pero sin hablar en ningún momento de las víctimas, fue improvisada, y con la intención de 'responder' al informe de El País, que recogía todas decenas de casos de pederastia clerical juzgados en España y concluía que la Iglesia había mirado hacia otro lado durante décadas.

“Tendrían que haber anunciado la comisión en septiembre, cuando el Papa convocó a los obispos a la reunión de febrero, adelantarse, y no plantear una comisión meramente legalista. Y dejar de traer el argumento de que la mayor parte de los abusos se dan en la familia. Ése no es el problema: el problema es que en la Iglesia no pueden darse”, lamenta un responsable de la Conferencia Episcopal, que añade que ésta es “otra oportunidad perdida para dar un paso decidido por las víctimas, y no de defensa de los posibles abusadores”.

Precisamente, esta actitud es la que ha desatado las críticas de las víctimas de abusos, que se consideran nuevamente ninguneadas por una institución que ha vuelto a perder una ocasión para reconciliarse con los abusados por el clero. “La actitud es, de nuevo, defensiva”, lamentan desde Añastro.