Víctimas 'en la sombra' del posfranquismo y la Transición: “No hay dinero en el mundo para pagar lo que nos hicieron”

Lo primero que le dijeron a la familia es que había muerto de un accidente de tráfico. Pero cuando su padre acudió al hospital y le dieron la vuelta al cuerpo inerte de su hijo, descubrió el orificio de un disparo. La bala nunca apareció. El joven malagueño Manuel García Caparrós se convirtió el 4 de diciembre de 1977 en una de las víctimas de la violencia policial que durante aquellos años acabó con la vida de decenas de ciudadanos en huelgas y protestas, en un momento en el que la muerte de Franco no había acabado con la represión a pesar del relato idílico de una Transición pacífica que todavía tiene ecos hoy.

“Son víctimas que tenían una familia, padres, hermanos... Eran muy jóvenes y les quitaron la vida de una manera cruel por pensar diferente. Llevamos luchando 50 años para que no haya víctimas de primera y de segunda”, sostiene Dolores, una de las dos hermanas de Manuel. Ambas recibirán pronto la indemnización de 250.000 euros que les corresponde por ser familiares de quienes fallecieron “en defensa de las libertades y derechos democráticos” entre 1968 y 1978, tal y como reconoce el decreto recién convalidado por el Congreso que reactiva y amplía las ayudas puestas en marcha en su momento por la Ley de Memoria Histórica de 2007.

La familia Caparrós, que se quedó entonces sin indemnización, es una de las que ahora sí encaja en el supuesto del nuevo decreto, que se tramitará como proyecto de ley para incluir una extensión temporal todavía mayor, hasta 1983, como ha exigido ERC. La norma nace con vocación de solventar las lagunas de la ley anterior, que dejó fuera a quienes hubieran sido asesinados o heridos más allá de 1977, y amplía las cantidades a percibir. “Es un orgullo haber podido lograr este reconocimiento”, apunta Dolores sobre su hermano, al que el Gobierno denegó el pasado febrero la condición de víctima del terrorismo.

Manuel murió de un disparo policial durante la manifestación por la autonomía andaluza en Málaga, pero nadie fue nunca juzgado por ello y el caso se cerró en 1986. Desde entonces, sus hermanas han peleado por mantener viva su memoria y acceder a la Justicia y por eso para ellas la indemnización es importante, pero no suficiente: “Nuestra familia se hundió, no hay dinero en el mundo que pueda pagar ese destrozo”. La mujer reconoce que, más allá de la ayuda, seguirá insistiendo en saber qué ocurrió realmente aquel día. “Mientras nosotras tengamos un soplo de vida, lucharemos por saber la verdad. Él acudió a la manifestación como uno más y fue el único que no volvió a casa”, apunta.

Aunque al decreto del Gobierno le queda aún por delante el trámite en el Congreso, ya son más de una decena las indemnizaciones que se han reconocido desde su entrada en vigor, según adelantó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Además de por fallecimiento, el nuevo texto estipula ayudas de 500.000 y 180.000 euros para quienes tienen gran incapacidad o incapacidad permanente absoluta derivadas de heridas sufridas en ese contexto. El decreto permite que quienes cobraron en su momento por la Ley de Memoria Histórica puedan solicitar ahora una compensación por la diferencia, aunque para calcularlo, la cantidad abonada anteriormente debe ser “actualizada de acuerdo con el interés legal del dinero”, que es hoy superior que entonces.

Es lo que ha hecho Francisco Javier Almazán, hermano de Ángel, que murió en el hospital en diciembre de 1976 a causa de “los culatazos recibidos por agentes policiales al término de una manifestación” celebrada en Madrid contra la Ley para la Reforma Política, según destacó el ministro el otro día en el pleno. “Ha sido la primera vez que se ha dicho oficialmente que los autores fueron policías. Si lo hubieran reconocido en 1976 quizá no hubiera empezado esta pelea”, señala Francisco Javier, que en 1999 intentó que el Estado otorgara a Ángel el estatus de víctima del terrorismo sin éxito.

Sí fue reconocido como víctima del franquismo en una declaración de reparación que admitía que la protesta a la que acudió había sido “reprimida violentamente por la policía”, pero para Francisco Javier era importante que se afirmara oficialmente la responsabilidad en su muerte. Es algo que no se ha llegado a reconocer en sede judicial: en su momento, el caso lo juzgó la Jurisdicción Militar porque había integrantes de la Policía Armada implicados, lo que conllevó que la familia no pudiera tener un abogado en el proceso. Se interrogó a tres policías, pero a los días el caso se cerró apuntando a que no se podía demostrar la autoría de los hechos.

Mismos hilos, distintos casos

Las distintas caras de la historia comparten los mismos hilos que se entrelazan en otras, como si todas formaran parte de un mismo relato: las víctimas de esta violencia eran muy jóvenes, murieron en el transcurso de movilizaciones políticas en los últimos años de la dictadura o la Transición y sus familias tuvieron que enfrentarse a versiones oficiales alejadas de la realidad y a una Justicia que no les dio ni les da todavía respuesta. También a un olvido y a un silencio que aún hoy permanece. En todos los casos, las familias quedaron rotas y arrastraron un dolor y una falta de reconocimiento que ha empezado ahora a romperse, pero que llega tarde para muchos.

Cuando a Ángel el Estado le reconoció como víctima del franquismo, sus padres ya tenían Alzheimer y no llegaron a enterarse. “Bendito Alzheimer”, dice paradójicamente Francisco Javier. Porque “les borró la memoria y les hizo olvidar lo que había pasado. No he visto a mi madre tan feliz nunca”. Mientras Ángel estaba aún en el hospital después de la manifestación tras la que perdió la vida, a su familia le dijeron que estaba grave porque se había golpeado con una farola. “Mis padres fueron a verle a La Paz y cuando volvieron, mi madre dijo: nos lo han matao. Y qué razón tenía”, recuerda su hermano. Aguantó cinco días más.

Como tantos otros, Francisco Javier ha intentado en los últimos años reabrir la vía judicial y que se reconozca que fue un homicidio “enmarcado en los crímenes de lesa humanidad” del franquismo y años posteriores, pero se ha topado con el archivo de la querella. Por eso, más allá del decreto que otorga ayudas económicas a las víctimas, pelea por “el reconocimiento como verdad judicial” de lo sucedido, aunque no se condene a nadie. Un muro es también con lo que se ha encontrado judicialmente la familia de Víctor Pérez Elexpe, el joven comunista asesinado por un guardia civil en Portugalete en enero de 1975 mientras repartía folletos en solidaridad con una huelga.

“Exigimos dejar de ser víctimas de segunda, queremos los mismos derechos y consideración que las oficialmente llamadas víctimas del terrorismo. Nosotros también lo somos, de un terrorismo no reconocido pero no por ello menos grave y menos condenable: el terrorismo de Estado”, apuntan María Rosario, María José y Fermín Pérez Elexpe, hermanos de Víctor, en una respuesta conjunta por escrito en la que, a pesar de todo, agradecen el apoyo de los amigos, los compañeros de partido, los abogados y los sacerdotes que “acompañaron” a sus padres en “los momentos de dolor”.

En su caso, también han sido reconocidos ya por el Gobierno para recibir la diferencia de indemnización entre lo que cobraron en 2010 –actualizado a fecha de hoy– y lo aprobado ahora, pero coinciden con el resto en que “lo más importante” son “las indemnizaciones morales y judiciales” que aún están pendientes. “El dinero lo hemos usado, en parte, en tribunales, psicólogos y tratar de aprender a llevar una vida rota”, señalan al tiempo que recuerdan como, su otro hermano Ignacio falleció en 1996 tras “buscar refugió en la droga al no llegar a comprender nunca por qué no se podía hacer justicia”. “Destrozaron a la familia”, apuntan.

Los tres reclaman ahora una declaración institucional en las Cortes “que deslegitime el franquismo” y este tipo de crímenes: “Cada vez que nos niegan, vuelven a asesinar a nuestro hermano”, subrayan. Como en el resto de casos, hubo una primera versión que señaló “que había muerto en un enfrentamiento con el guardia civil Narciso San Juan del Rey, que era vecino y conocido del barrio –sostiene la familia–, pero hubo muchos testigos que acreditaron que Víctor no portaba ningún arma y no hubo ningún enfrentamiento, sino que le disparó por la espalda”. La vía judicial acabó con un sobreseimiento del caso.

La “responsabilidad” del Estado

La aprobación del decreto es celebrada por las familias y las asociaciones que las agrupan, sobre todo porque corrige la ausencia de indemnizaciones económicas en la Ley de Memoria Democrática, que nació en 2022 sin ellas. Sin embargo, la reflexión más compartida es la de que no es suficiente y apuntan a que estarán “vigilantes” ante su aplicación práctica. Además, reclaman que en el trámite como proyecto de ley se alargue el periodo de aplicación, tal y como ya ha acordado el PSOE con los partidos de izquierdas. Por su parte, PP y Vox votaron en contra de la reforma usando argumentos como que a partir de las elecciones de 1977 “nadie puede decir que no había libertad ni democracia”.

En la práctica, las cantidades que reconoce el decreto son algunas de las que se reconocen ya para las víctimas del terrorismo, pero estas reciben también una ayuda si tienen una incapacidad total o parcial, que son dos supuestos no reconocidos en esta norma. Algo que lleva a Andoni Txasko, una de las víctimas de las actuaciones de la Policía Armada el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, donde murieron cinco obreros, a señalar “las carencias” de las que a su juicio “peca” la normativa. “Hay otra mucha gente que fue herida y que tiene secuelas, pero no se las reconoce”, afirma Txasko, que fue indemnizado en 2010 porque, debido a la brutal paliza que le propino la policía horas después de la masacre, se ha quedado con un 2% de visión.

Txasko reconoce que las indemnizaciones “son un derecho”, pero recalca que “lo principal” para las víctimas es “el reconocimiento integral”. “No se puede vender que nos equiparan a las víctimas del terrorismo porque no es verdad”, dice el miembro de la Asociación 3 de marzo, que pone el foco en la “paradoja” que supone ser reconocidos como víctimas por la defensa de la democracia y por sufrir “una violencia que nunca debió producirse”, como figura en la declaración de reparación personal que él mismo ha recibido, pero “no reconocer la responsabilidad por parte del Estado en lo sucedido”. “Pedimos que se haga una declaración al más alto nivel admitiendo esto”, clama.

Esta y la reclamación del acceso a la justicia son también los ámbitos en los que está poniendo todos sus esfuerzos la familia de Juan Gabriel Rodrigo Knafo, que sigue buscando respuestas medio siglo después de su muerte. Sus hermanas han pedido la reparación económica a la que tienen derecho a la luz del nuevo decreto, pero sobre todo exigen saber la verdad. El joven murió el 5 de marzo de 1976 en Tarragona en una manifestación convocada en protesta precisamente por lo ocurrido en Vitoria dos días antes y, según la versión policial, falleció al caer al vacío desde una azotea cuando le perseguía la Policía Armada.

Su cuñado, José Antonio Giménez Giménez, estaba con él aquel día y vio como Juan Gabriel entraba en un portal seguido por dos agentes. Lo que pasó dentro no se sabe, pero recela del atestado policial, que es “un auténtico disparate” que incluye el supuesto recorrido que hizo el joven antes de caer, como “si hubiera saltado de ventana en ventana, incluso a otros edificios distantes a unos tres o cuatro metros”. El sumario judicial concluyó que había sido una muerte por accidente, pero ahora la familia ha pedido la exhumación del cadáver y un nuevo análisis forense, además de que confían en que la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática revise el caso y pueda arrojar algo de luz. “Las indemnizaciones son importantes, pero después de 50 años resulta un poco secundario”, concluye José Antonio.