El Congreso aprueba ayudas de hasta 500.000 euros a las víctimas del tardofranquismo y la Transición
El Congreso ha convalidado este jueves el Real Decreto-ley que regula las indemnizaciones a las víctimas o sus familiares que fallecieron o padecen lesiones incapacitantes debido a su lucha por la democracia en el tardofranquismo y la Transición. El texto, que ha contado con el apoyo en contra del Partido Popular y Vox y la abstención de Junts, reforma la Ley de Memoria Democrática para ampliar el margen temporal que ya estaba previsto en la anterior ley, la de 2007, que reconoció estas reparaciones hasta el 31 de diciembre de 1977. La idea inicial del Real Decreto era alargar la fecha un año más, hasta diciembre de 1978, pero un acuerdo alcanzado este jueves entre el Gobierno y ERC hará que el periodo se amplíe todavía más, hasta 1983, según confirman ambas partes.
El decreto, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 3 de marzo, será ahora tramitado en el Congreso en forma de proyecto de ley para seguir debatiendo las exigencias de las formaciones de izquierdas como ERC, Bildu o Podemos, que han coincidido en reclamar la extensión temporal de la medida. Y eso porque 1983 es el límite que deja establecida la propia Ley de Memoria Democrática al reconocer las vulneraciones de derechos humanos que se produjeron contra personas que peleaban “por la consolidación de la democracia”.
La reforma legal reconoce “el derecho a una indemnización” de 250.000 euros a los familiares de quienes fallecieron desde el 1 de enero de 1968 “en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos”, no pudiendo recibirlas aquellos que hubieran pertenecido a bandas o grupos armados terroristas. Para aquellas personas que fueron heridas y que hoy tienen reconocida una incapacidad por ese motivo, se recogen dos tipos de ayudas: una de 180.000 euros para quienes tienen incapacidad permanente absoluta y de 500.000 euros para los que tienen gran incapacidad.
En la práctica, estas cantidades son las que ya se reconocen para víctimas del terrorismo, según la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que incluye otros dos supuestos de incapacidad –total y parcial– no reconocidos en esta. Las víctimas del tardofranquismo no podrán recibir el pago si ya han recibido alguna otra compensación económica por los mismos hechos, aunque si es menor, podrá actualizarse y compensarse.
De esta forma se amplía el límite temporal y se actualizan las cantidades que ya puso en marcha la Ley de Memoria Histórica de 2007 en su momento y que iba desde el 1 de enero de 1968 hasta el 31 de diciembre de 1977. El nuevo texto reconoce que aquellas víctimas que hubieran recibido estas indemnizaciones entonces, pueden solicitar ahora una compensación por la diferencia. “El tiempo ha demostrado que el régimen de compensaciones de 2007 era insuficiente. No estamos hablando de números, sino de personas afectadas o sus familiares si es que han fallecido, de vidas truncadas y de sufimiento sin fin”, ha señalado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
“Tenemos una deuda con estas personas que dejaron su vida, su integridad física o los mejores años de sus vidas. Debemos reconocer el esfuerzo de los ciudadanos y ciudadanas que pelearon para que hoy disfrutemos de un sistema democrático habiendo dejado atrás la ignominia franquista”, ha apuntado Torres, que aunque ha reconocido que “desde el punto de vista económico” esa deuda “es impagable”, la intención es saldarla en la medida de lo posible mediante las indemnizaciones que regula el decreto.
El Gobierno dio luz verde a este Real Decreto al calor de las reclamaciones de las hermanas de Manuel José García Caparrós, el joven sindicalista malagueño muerto de un disparo de la Policía durante la manifestación por la autonomía plena andaluza del 4 de diciembre de 1977. Varios portavoces andaluces de los partidos que han apoyado el texto han recordado el asesinato del joven y han rememorado las historias de otras tantas víctimas, en su mayoría asesinadas por actuaciones policiales durante la Transición, en huelgas, movilizaciones o protestas de díversa índole.
En este sentido, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha avanzado que el Gobierno ha recibido ya medio centenera de solicitudes desde la entrada en vigor del Real Decreto y ha aceptado 15, entre ellas la de García Caparrós. También la de Víctor Manuel Pérez, que con 23 años fue asesinado de dos disparos por la espalda en Portugalete “por el mero hecho de repartir octavillas de una huelga”, o la de Amador Rey, que en marzo de 1972 “dejó viuda y tres hijos” tras ser asesinado por la policía franquista durante una huelga en Ferrol. Además, se ha aceptado la solicitud de la familia de Ángel Almazán, que murió en el hospital en 1976 por “los culatazos recibidos por agentes policiales al término de una manifestación”, ha apuntado Ángel Víctor Torres.
Una “aberración histórica”
Las formaciones políticas que han apoyado el Real Decreto han aplaudido la nueva medida, pero han coincidido en calificarla de “insuficiente”, sobre todo en lo que respecta al margen temporal que contempla el texto tal cual salió del Consejo de Ministros. “Sigue sin reconocer a todas las víctimas”, ha señalado la diputada de Bildu Isabel Pozueta, una petición que también han reclamado desde Podemos, el BNG o ERC. La formación catalana ha llegado a un acuerdo con el PSOE para “corregir” algunos puntos de la norma, según ha dicho durante el debate en el pleno el diputado Francesc Marc Álvaro Vidal y han confirmado ambas partes.
“Señor ministro, hay que hacer una revisión de los requisitos de acceso e hilar mucho más fino para evitar exclusiones injustificadas de víctimas. Los criterios tienen que estar clarísimos”, ha afirmado el parlamentario. Según han trasladado fuentes de ERC, el acuerdo con el Gobierno también pasa por la ampliación del plazo para presentar las solicitudes hasta los tres años desde la entrada en vigor del decreto frente al año contemplado ahora y la garantía de que casos como el de Salvador Puig Antich, ejecutado por el régimen franquista en 1974, también sean amparados.
Como es habitual en las medidas que tienen que ver con la memoria democrática, PP y Vox han cargado contra el Gobierno y el texto calificándolo de “despropósito jurídico y aberración histórica”, en palabras del diputado popular Pedro Muñoz Abrines. Tras denunciar “fraude procedimental” del Ejecutivo por reformar la Ley de Memoria Democrática vía Real Decreto, lo que a su juicio no se justifica por razones de urgencia, el parlamentario ha cuestionado el espíritu de la norma al defender que a partir de las elecciones de 1977 “nadie puede defender que no había democracia ni libertad” porque entonces “no existía Franco ni la dictadura”.
Más lejos ha ido Ignacio Hoces, de Vox, que ha asegurado que la oposición antifranquista “no luchaba por la democracia liberal” sino que partidos como el PSOE o el Partido Comunista “eran revolucionarios marxistas” y fueron “instrumentos de la ideología más totalitaria que ha visto Europa en el siglo XX”. Hoces ha nombrado el Real Decreto como un “nuevo episodio de la mentira histórica” de “la ziquierda y los separatistas” y ha vuelto a poner sobre la mesa a la banda terrorista ETA para justificar su oposición, algo que también ha hecho el representante del PP. “Olvidan lo de ayer pero recuerdan lo de hace 90 años. Son crueles con las víctimas de hoy”, ha sostenido.