El Gobierno aprueba medidas contra la violencia machista que el PP rechazó en el Congreso
Una de las medidas puestas encima de la mesa en la reunión mantenida entre la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para reforzar la lucha contra la violencia de género fue rechazada hace seis meses por la mayoría abosoluta del PP en el Congreso. Se trata de que los juzgados de violencia sobre la Mujer juzguen los quebrantamientos de condena, una medida que estaba incluida en una proposición de ley presentada por el PSOE el pasado octubre y que no pudo tomarse en consideración por el voto en contra del PP.
La proposición del PSOE, enfocada la protección a los hijos e hijas menores frente a los delitos de violencia de género, también incluía que los juzgados especializados en la lucha contra la violencia de género asumieran la competencia en la instrucción de los delitos contra los derechos y deberes familiares, como puede ser el impago de alimentos. Esta medida también se ha debatido en la reunión mantenida entre los tres ministerios y, junto con la asunción de competencias en materia de quebrantamiento de condena, está incluida en el anteproyecto de Ley Órganica del Poder Judicial que el pasado viernes aprobó el Consejo de Ministros.
En la reunión mantenida entre los tres ministros también se ha acordado modificar el cuestionario policial de valoración de riesgo de la víctima y que se trata de una de las pruebas tenidas en cuenta por los jueces a la hora dictar medidas cautelares y sentencias. Entre los cambios, adelantados por el diario El Mundo , está revisar algunas de las preguntas realizadas para mejorar la valoración de la la situación de la mujer que está denunciando. Además, se incluirán nuevas preguntas como su situación la laboral, la situación de los hijos o si tiene personas dependientes a su cargo, según han señalado fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Explicaron que estos cambios se pondrán en marcha de inmediato.
Además, también se ha acordado que las valoraciones “de riesgo no apreciado” y que hasta ahora se revisaban cada cuatro meses, podrían pasar a revisarse cada tres meses, según ha informado el ministerio de Sanidad en una nota al finalizar la reunión entre los tres ministerios.
Las asociaciones de mujeres han valorado de forma positiva las medidas aunque las han calificado de insuficientes ante el número de asesinadas, 21 en lo que va de año, según los últimos datos recogidos por el ministerio. “Desde hace tiempo venimos reclamando una mejora en la valoración del riesgo y también es necesario una mayor especialización de todos los operadores jurídicos”, ha afirmado Susana Martínez, presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, quien ha reclamado un estudio para averiguar por qué hay tan pocas condenas por maltrato habitual. Según datos del Obervatorio contra la Violencia de Género y Doméstica del Consejo General del Poder Judicial, este tipo de delitos solo suponen el 11% de los instruidos en los juzgados especializados.
Campañas sobre recursos sociolaborales
Para Martínez es fundamental que se pongan en marcha ya campañas de información con los recursos a disposición de las víctimas, una medida drigida a todas esas mujeres víctimas que quedan invisibilizadas de las estadísticas porque no llegan a presentar una denuncia. “Muchas mujeres a las que atendemos nos dicen que no pueden separarse porque no tienen suficientes medios económicos y por eso es imprescindible que ellas sepan que tienen a su disposición medidas de inserción sociolaboral”, explica Martínez.
Las nuevas campañas, sin embargo, irán enfocadas a la población más joven para que detecte los primeros signos de maltrato y haga un uso seguro de las nuevas tecnologías, según ha informado el ministerio que dirige Ana Mato.
Susana Martínez opina que es es imprescindible investigar y estudiar el porqué del descenso en el número de denuncias y el número de órdenes de protección. Un estudio al que también ha hecho referencia la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Ángela Cerrillos, quien se ha mostrado muy molesta con el Gobierno por haber puesto en marcha una serie de medidas que ni siquiera se han presentado al Obervatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, en el que están representadas las asociaciones de Mujeres, sindicatos, además del Gobierno y diferentes órganos judiciales.
A este aspecto también se ha referido la presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, quien ha señalado “que ya vamos acostumbrándonos con este Gobierno que nos cuentan las medidas cuando se han aprobado”, en referencia al anteproyecto de la nueva ley del aborto, que se informó a las asociaciones una vez aprobado el borrador.
