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Wert reaparece como experto en el Congreso: estas son las secuelas educativas que dejó su ley

El cuadro del exministro José Ignacio Wert que se coloca este martes en el Ministerio de Educación. / Ministerio de Educación

Sofía Pérez Mendoza

José Ignacio Wert se enfrenta este martes en el Congreso a su propia creación. Dos años después de su salida del Gobierno, el exministro de Educación se ve las caras con la ley que consiguió ponerle en contra de todos y que ahora una subcomisión del Congreso está revisando en un contexto de reparto de poder político muy alejado de la mayoría absoluta con la que el PP tejió y aprobó en solitario el texto de la Lomce. 

Unidos Podemos le ha llamado ahora a comparecer para que “explique por qué la Lomce ha creado tanto malestar y qué hay que superar para llegar al pacto” y Wert ha accedido en calidad de experto, después de que el Gobierno le facilitara esquivar preguntas incómodas vetando la entrada a los periodistas en el acto de colocación de su retrato en el Ministerio que dirigió durante más de tres años. 

Él ya no está, pero permanece la herencia que dejó su mandato: recursos para apoyo educativo casi a cero, tasazo universitario, esplendor de la privada, más alumnos de Religión... El caudal de ese reguero, que se cortó cuando Rajoy le mandó a París blindado al nivel de los embajadores, sigue casi intacto. Su sucesor, Íñigo Méndez de Vigo, ha procurado salvar los muebles modificando lo poco que Wert dejó sin atar por completo. Pero hoy se aprecian el efecto de aquella ley, que ha señalado la Marea Verde con huelgas como las del pasado 9 de noviembre.

Recortes y retrasos en las becas

La tijera a los presupuestos de Educación desde que el Gobierno de Rajoy llegó al poder en 2011 –y con él Wert, que estuvo desde ese año a 2015– está muy lejos aún de revertirse. Los presupuestos de 2016 aumentaron un 9,3%, una subida que se explica casi en su totalidad por el coste de la implantación de la Lomce.

Sí aumentó levemente tras años de caída la partida dedicada a becas en 2016 (un 0,2%), concedidas desde 2013 en dos partes, de acuerdo al decreto cocinado por Wert: una fija y una variable. La primera funciona con unos requisitos concretos; la segunda se calcula utilizando una fórmula matemática imposible y cuyas cuantías se han pagado en los últimos cursos con un retraso cercano al final de curso que ha generado las quejas de los estudiantes, incapaces de costearse el año escolar mientras las esperan.

Se mantiene, al menos hasta que se conozcan los nuevos presupuestos este viernes, un recorte cercano al 100% de las dotaciones dedicadas, por ejemplo, a educación compensatoria (fondos destinados a corregir las desigualdades entre los estudiantes con apoyos educativos). Esta partida se redujo más de un 90% en el ejercicio de 2015 y se ha mantenido bajo mínimos: 5 millones de euros frente a los 54 que tenía en 2014.

Estos recortes, que suponen una caída del presupuesto de más del 12% en comparación con los últimos presupuestos del gobierno socialista, se han llevado por delante a unos 30.000 docentes, según los sindicatos. Los que han permanecido en los centros trabajan con ratios más elevadas y menos soporte de especialistas, como los PTSC –encargados de velar por la convivencia escolar entre otras tareas–, los PT –Pedagogía Terapéutica– o los AL –Audición y Lenguaje–.

Religión se come Educación para la Ciudadanía

Wert quitó, al aprobar la Lomce, Educación para la Ciudadanía, una asignatura con la que se mostraron críticos desde que el Ejecutivo de Zapatero la incluyó en el currículo. Los 'populares' hablaban de la materia, que aglutinaba contenidos relacionados como los derechos humanos, la igualdad de género o la educación afectivo-sexual, como “un adoctrinamiento absurdo e inútil”

Con José Ignacio Wert al mando del Ministerio se creó otra asignatura –Valores Éticos– que venía a rescatar parcialmente el temario de la aniquilada y que se planteó en el organigrama de materias como la alternativa a la Religión. Esta última recuperó, a su vez, protagonismo en el currículo al convertirse en evaluable e incluirse en Bachillerato dentro de un cajón amplio de asignaturas como Dibujo Técnico o Francés.

El resultado de este movimiento ha sido una multiplicación de estudiantes que optan por ella como 'maría' que puede subirles la nota media, como reconoce la propia Conferencia Episcopal. Al tiempo que se dio peso a la Religión se quitó a asignaturas como Música o Historia de la Filosofía, ahora optativas.

Fondos públicos para separar niños y niñas

Aunque el Supremo avaló que los colegios que segregan no deben ser financiados con dinero de todos en dos casos en Andalucía y Cantabria, Wert incluyó expresamente en la ley la posibilidad de que este tipo de centros se sostengan con fondos públicos.

“Habría que examinar la educación diferenciada bajo el prisma de la libertad de elección de los padres y de la compatibilidad de ese modelo educativo con los valores constitucionales”, dijo en 2012. En una de las últimas enmiendas (UPN) aceptadas al texto de la ley, además, se retiró la obligación de que los centros que segregan presentaran una “justificación objetiva y razonada las razones educativas” para separar a niños y niñas.

Las consecuencias del tasazo universitario

Los datos dicen que en los últimos años se está produciendo un trasvase de estudiantes de los centros universitarios públicos a los privados, como puede verse en estos gráficos. Desde 2008 hasta 2016, la pública ha reducido en un 6,3% su número de estudiantes de grado (de 1.232.290 a 1.155.728) mientras que los matriculados en la privada han crecido en el mismo periodo un 17,6%. Hoy, las universidades privadas tienen un 13% de los estudiantes de grado y un 32% de los de máster.

Esta vuelta a la tortilla del reparto se produce en paralelo, por un lado, al decreto del Gobierno que permitió a las comunidades subir el precio del crédito universitario, y por otro, al endurecimiento de requisitos para pedir ayudas y el descenso de las cuantías. La subida mínima estos años ha sido del 20%, lo que ha colocado a la universidad española entre las más caras de Europa y ha reducido la brecha de las tasas entre la pública y la privada.

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