La campaña de Cabify contra el Ministerio de Transportes fue “publicidad engañosa”
El Jurado de la Publicidad ha declarado que el anuncio en el que Cabify denunciaba las “incoherencias” de la política del Ministerio de Transportes sobre las VTC es “publicidad engañosa”. La campaña de la compañía incluyó lonas gigantes, carteles y anuncios en prensa con el eslogan “Los mismos políticos que no quieren que uses VTC han hecho 5.437* viajes en Cabify”. La cifra hacía referencia a todos los trayectos desde o hasta la sede del Ministerio hubieran sido realizados por “políticos” o no, como añadía la propia empresa en el asterisco.
La campaña puede “inducir al destinatario a error sobre quiénes son las personas que han realizado los 5.437 viajes en Cabify a los que alude, puesto que, además de definirlas de manera vaga e imprecisa, las identifica con las personas que han realizado viajes en Cabify hacia o desde el Ministerio cuando lo cierto es que ambos colectivos no tienen por qué coincidir”, señala el Jurado de la Publicidad en una resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es.
“El Jurado concluye que la publicidad es engañosa”, zanja la institución, un órgano extrajudicial independiente encargado de resolver controversias y reclamaciones en materia publicitaria. Cabify tiene tres días para presentar recurso ante la decisión, aunque la empresa no ha contestado a los requerimientos de información del Jurado durante el proceso. Contactada por este medio, la firma tampoco ha aclarado si planea recurrir y ha preferido no hacer declaraciones.
En cualquier caso, la resolución del Jurado de la Publicidad no es vinculante para Cabify debido a que la empresa de transporte no está adscrita a Autocontrol, la asociación de autorregulación de la industria publicitaria en España. No obstante, la mayoría de sus dictámenes son acatados por el grueso del sector y se consideran la referencia deontológica publicitaria.
Presionar a Transportes por el “Decreto Ábalos”
Cabify lanzó su campaña contra Transportes en un momento clave para el sector VTC. En 2018, el Gobierno intentó cerrar el vacío legal en el que operan estas licencias prohibiendo que realicen transporte interurbano de viajeros, una actividad concedida al taxi, a no ser que la comunicad autónoma donde lo hagan haya regulado expresamente su actividad. El Ejecutivo concedió una moratoria de cuatro años a las empresas de VTC para que recuperaran la inversión que caducó el pasado 1 de octubre.
El sector VTC criticó duramente ese Real Decreto, al que denominó “Decreto Ábalos” en referencia al anterior titular de la cartera. Apenas 10 días antes de que se cumpliera el período de moratoria que las empresas de VTC piden extender, Cabify arremetió contra los “políticos que no quieren que uses VTC” imputando a la cúpula de Transportes una cifra de viajes que ahora el Jurado de la Publicidad sanciona.
Las personas que han realizado esos viajes desde o hasta el Ministerio de Transportes no coinciden necesariamente con los políticos que 'no quieren que uses la VTC'
El organismo afea, por un lado, que el sujeto de la campaña es “vago y ambiguo”. “El destinatario medio no puede saber con certeza a qué políticos se refiere la anunciante, si a quienes propusieron el llamado 'Decreto Ábalos' o quienes lo redactaron, o lo defendieron o, entre otras muchas posibilidades, aprobaron esa normativa”, destaca la resolución.
A renglón seguido, el Jurado destaca que “no hay ningún nexo o correspondencia” entre “los políticos” que señala Cabify en su campaña y lo que la cifra de viajes que la empresa les imputa: “Las personas que han realizado esos viajes desde o hasta el Ministerio de Transportes no coinciden necesariamente con los políticos que ”no quieren que uses la VTC“. Al Ministerio de Transporte acuden múltiples personas que en nada influyeron en la redacción o aprobación del mencionado Real Decreto”, añade.
Cabify fue denunciada ante el Jurado de la Publicidad por un particular al día siguiente de lanzar su campaña contra el Ministerio de Transportes. El denunciante alega que “los 5.437 viajes en Cabify a los que alude fueron hechos por personas del Ministerio de Transportes contrarios a las VTC cuando la propia publicidad indica que esos viajes cuentan con destino o salida del Ministerio de Transportes y, por ende, que las personas que los realizaron pueden ser o no personas del Ministerio de Transportes contrarios a las VTC”.
El particular recuerda en la reclamación que “el Ministerio se encuentra en una zona muy concurrida” de Madrid. El departamento que dirige Raquel Sánchez se encuentra en la zona de Nuevos Ministerios, en pleno Paseo de la Castellana. Comparte una misma manzana con el Ministerio para la Transición Ecológica y con el Ministerio de Trabajo y Economía Social. También con la estación de Nuevos Ministerios, que tiene un intercambiador de Metro y Cercanías.
Contactada por elDiario.es en el lanzamiento de la campaña, Cabify confirmó que los 5.437 viajes que citaba en su campaña no provenían de un cruce de datos personales de sus usuarios para identificar a “políticos” o trabajadores del Ministerio, sino que simplemente era la cifra en bruto desde la zona en la que se ubica. “Mientras el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana rechaza solucionar un problema que crearon ellos mismos en el sector VTC, la plataforma registra miles de viajes al Ministerio en esta modalidad, lo que demuestra que se utiliza de manera habitual para ir o volver de este emplazamiento, una clara contradicción”, continúa la compañía.
Además de en Madrid, Cabify extendió su campaña a Gavá (Barcelona), la localidad natal de la ministra Sánchez. “R. Sánchez, tu Cabify te está esperando en Madrid. Pese a que no quieras que tus vecinos de Gavà viajen en VTC, no te preocupes: podrás seguir viajando por otras ciudades”, denunciaban los carteles.
El Ministerio rechazó posicionarse respecto a la publicidad y afirmó estar “analizando la posibilidad de tomar todas las medidas que se estimen convenientes”. Fuentes del departamento explicaron a este medio que la interlocución con Juan de Antonio, CEO de Cabify, es “constante”.
Siete autonomías aún no han regulado
Andalucía ha sido la última comunidad en regular la actividad de las VTC, uniéndose a un grupo en el que ya estaban Aragón, Catalunya, Illes Balears, Euskadi, Galicia, Comunitat Valenciana, Murcia, Madrid y Navarra. Aunque las siete autonomías restantes no se han posicionado al respecto, ninguna de ellas supera las 200 licencias.
El grupo que sí lo ha hecho concentra la inmensa mayoría de las VTC. En cabeza se coloca Madrid, donde están registradas 8.463 licencias de las 17.500 que operan en España. Por detrás quedan Andalucía con 3.202 y Catalunya, con 2.824. Les siguen Illes Balears y la Comunitat Valenciana, con más de 600 cada una. Las licencias de taxi se acercan a las 60.000 en toda España.
Las empresas de VTC como Cabify piden al Gobierno extender la moratoria de cuatro años a su actividad que se concedió en 2018. Argumentan que en dos de esos cuatro años su actividad ha sufrido los efectos de la pandemia. No obstante, solo 95 de las 4.000 reclamaciones de propietarios de VTC que solicitaban una ampliación de los cuatro años por no haber podido recuperar la inversión inicial han sido resueltas resuelto positivamente por el Ministerio de Transportes.
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