Puigneró propone alianza de autonomías contra el Decreto digital de Sánchez

El conseller de Políticas Digitales de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha propuesto una alianza de comunidades autónomas contra el Real Decreto aprobado el pasado viernes por el Gobierno para reformar la Ley General de Telecomunicaciones de 2014.

Dicho Decreto, que se ha publicado este martes en el BOE, fue presentado por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, como una medida para frenar la llamada “república digital” del Govern, obligando a todas las administraciones españolas a operar desde servidores registrados en la Unión Europea.

Puigneró ha resaltado este martes en una conferencia de prensa el apartado del texto que habilita al Gobierno a intervenir o tomar la gestión directa de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas “en determinados supuestos excepcionales que puedan comprometer el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional”.

Puigneró ha cargado contra el contenido del texto, que ha definido como “el proceso más grande de centralización desde la LOAPA”, y contra el Gobierno: “Quiere otorgarse el poder para intervenir internet sin orden judicial, un hecho que les acerca más a China que a un país de la Unión Europea”, ha criticado.

En este sentido, el conseller ha anunciado la puesta en marcha de una “ofensiva judicial y política a todas las instancias para defender las competencias de la Generalitat” y ha animado a formar un frente común de autonomías ya que, según ha apuntado, el contenido del Decreto “afecta a todas las comunidades autónomas”.

De hecho, el conseller ha comparado esta medida con la antigua Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, conocida como la “Ley Corcuera o ”Ley de la patada en la puerta“, aprobada por el PSOE en 1992: ”Ahora nos encontramos con la Ley Sánchez, que es la Ley de patada al servidor“, ha aseverado Puigneró.

La Generalitat tiene pensado recurrir el Decreto del Gobierno a instancias europeas porque “podría vulnerar las directivas de la UE en el ámbito de los derechos digitales”, y en España, presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional tras recibir las conclusiones del Consejo de Garantías Estatutarias.

El conseller de Políticas Digitales se ha mostrado sorprendido por el hecho de que un Decreto de estas características lo haya aprobado “un Gobierno en funciones con carácter de urgencia, en campaña electoral y con una deslealtad institucional nunca vista”.