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Lucha contra la desigualdad salarial: el reto por la emancipación de las mujeres es inaplazable

Con el PP la igualdad entre hombres y mujeres retrocede, pero lo más preocupante es que en toda la Legislatura ni siquiera ha estado en su agenda política

En el Global Gender Gap, que mide la igualdad entre mujeres y hombres, España ha descendido 13 puestos en cuatro años

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El Gobierno de PP ha usado la crisis económica como excusa para desmantelar las políticas de igualdad. A lo largo de la legislatura, Rajoy ha gobernado en contra de las mujeres, recortando su capacidad económica y sus derechos, expulsándolas o agudizando su precariedad en el mercado laboral y sobrecargándolas con el peso de los cuidados, primera consecuencia de los recortes del Estado del Bienestar. Ésta ha sido la legislatura de la desigualdad.

La ofensiva del gobierno del PP contra las mujeres se ha desarrollado en cuatro frentes, que han supuesto un enorme retroceso en sus derechos de ciudadanía: (i) desaparición de organismos y políticas específicas en igualdad; (ii) recortes presupuestarios (recuérdese la desaparición de la cotización a la Seguridad Social para las cuidadoras no profesionales de la personas en situación de dependencia); (ii) reformas consideradas como "neutras" (reforma laboral, reducción de puestos de trabajo en el sector público, adelgazamiento del Estado del Bienestar o desmantelamiento de los servicios públicos esenciales), pero que impactan negativamente sobre las condiciones de vida y trabajo de las mujeres; y (iv) reformas ideológicas (Ley de Educación, anteproyecto de corresponsabilidad parental, reforma del Código Penal o anteproyecto de modificación de la Ley del Aborto).

Tal es así que, en el Global Gender Gap, que mide la igualdad entre mujeres y hombres, España ha descendido 13 puestos en cuatro años, desde el puesto 12 en igualdad que ocupaba en 2011 al puesto 25 en 2015. En participación política hemos pasado del puesto 5 en 2011 al puesto 26 en 2015, es decir, 21 puestos menos en cuatro años. Está claro, pues, que con el PP la igualdad entre hombres y mujeres retrocede, pero lo más preocupante es que en toda la Legislatura ni siquiera ha estado en su agenda política.

Especialmente intenso ha sido el retroceso de la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo. Algunos datos lo avalan. Desde 2011 se han perdido 163.250 empleos femeninos, el número de mujeres desempleadas se han incrementado en 190.000 personas y por primera vez en 40 años está cayendo la población activa femenina, un hecho alarmante porque el mercado laboral está dejando de contar con las mujeres y se vuelven a replicar los estereotipos que sitúan a la mujer en el hogar y fuera del mercado laboral. España se encuentra, además, entre los países con menor contribución femenina al empleo: sólo el 57% de la población femenina entre 20 y 64 años trabaja, 9 puntos menos que la media europea y muy alejado del 74% que establece el objetivo Europa 2020. Para alcanzar ese objetivo se tendrían que crear en torno a 2,5 millones de empleos femeninos hasta 2020.

Las mujeres presentan una mayor rotación en el mercado laboral que los hombres: empleos más cortos, alto grado de intermitencia en su vida laboral a causa del absentismo inducido por el cuidado de los hijos, etc. Todo ello reduce el tiempo de trabajo y de cotización y, por tanto, su salario y su posterior pensión. Así, desde que gobierna el PP se ha intensificado la destrucción de empleo femenino indefinido: 56.000 empleos indefinidos menos. En el cuarto trimestre de 2015 más de 1,8 millones de mujeres trabajaban con contratos temporales, el 26% del total de asalariadas. Con el PP se ha intensificado también el proceso de sustitución de empleo femenino a tiempo completo por empleo parcial, precarizando más la situación laboral de las mujeres: 308.400 empleos menos a tiempo completo y 145.150 empleos más a tiempo parcial. En el cuarto trimestre de 2015 más de 2 millones de mujeres trabajaban a tiempo parcial frente a los 785.000 varones, y la mayoría de ellas lo hacen porque no encuentran trabajo a tiempo completo, es decir, de manera claramente involuntaria.

Finalmente, la devaluación salarial del gobierno del PP ha afectado más a las mujeres. En 2014 el 29% de las mujeres tuvo un salario inferior a 820 euros/mes, frente al 12% de los hombres. La razón principal de esta desigualdad es que, como acabamos de ver, las mujeres trabajan más a tiempo parcial, con contratos temporales y en ramas de actividad menos remuneradas en mucha mayor proporción que los varones. Todo eso hace que la brecha entre el salario medio femenino y masculino se haya incrementado hasta el 24% en 2013. Y que la brecha sea aún más dramática cuando se llega a la edad de jubilación, pasando entonces de un 24% a un 38%. En este momento más de dos millones de mujeres jubiladas están sufriendo las consecuencias de las discriminaciones soportadas a lo largo de su vida.

Por todo ello para las y los socialistas lograr la igualdad de género es, además de un objetivo democrático para el cumplimiento de los derechos fundamentales y el principio de no discriminación, el gran reto que tiene planteado nuestro país. La crisis económica pero principalmente las políticas del PP han truncado bruscamente lo que parecían avances sin posibilidad de retrocesos. Unos avances en igualdad que se consiguieron siempre con gobiernos socialistas. Desde el permiso de paternidad, hasta las dos leyes de interrupción voluntaria del embarazo, desde la Ley contra la Violencia de Género a la Ley de Igualdad o la Ley de atención a la dependencia. Hay que volver a situar la igualdad en el corazón de la agenda política si queremos volver a avanzar en este terreno.

Y hacer una ley de igualdad salarial entre mujeres y hombres que garantice de forma real y efectiva la igualdad de retribución por el desempeño de un trabajo de igual valor y, por tanto, la igualdad de género en el empleo, en su acceso y permanencia, en la formación y en promoción interna en las empresas, removiendo los obstáculos que la impiden o dificultan. Debemos impulsar la Recomendación de la Comisión Europea sobre Transparencia Empresarial, empezando por el sector público. Disponer en las empresas de un registro donde de forma desagregada consten los salarios y complementos salariales y extrasalariales que perciben las mujeres y los hombres de su plantilla, accesible a la representación de los trabajadores y a la inspección de trabajo, además de elaborar empresa a empresa una estrategia para acabar con la discriminación salarial de sus trabajadores y trabajadoras.

Pero ahí no acaban las propuestas. Tenemos también que adoptar: (i) medidas positivas para garantizar el acceso y estabilidad en el empleo y la promoción en el seno de las empresas, especialmente en las profesiones y niveles donde las mujeres están subrepresentadas, estableciendo objetivos concretos y penalizando los incumplimientos; (ii) medidas que mejoren las condiciones laborales para los trabajadores pobres, mayoritariamente mujeres, entre otras, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional y de las pensiones mínimas, la ratificación del Convenio 189 OIT y la cotización a la Seguridad Social a cargo de la Administración Pública de las mujeres que cuidan de sus familiares en situación de dependencia; y (iii) medidas de transparencia estadística que permitan la desagregación por sexos, edad, nivel educativo y ocupación de todas las Encuestas y Registros que analizan el mercado de trabajo, incluidas aquéllas que analizan específicamente las retribuciones de las personas trabajadoras.

Se hace necesaria, además, una nueva articulación de los derechos y permisos relativos a la maternidad y paternidad que asegure la corresponsabilidad de mujeres y hombres en la asunción de las responsabilidades familiares. Para ello hay que: (i) reconocer la prestación no contributiva de maternidad a todas las mujeres demandantes de empleo durante las 6 semanas siguientes al parto (periodo que la OIT considera de descanso obligatorio vinculado la recuperación de la salud de la madre); (ii) levantar la moratoria que hoy pesa sobre el permiso de paternidad de cuatro semanas, configurarlo como obligatorio e intransferible e ir progresivamente ampliando la duración del mismo hasta hacerlo coincidir con el permiso de maternidad; y (iii) reconocer a todas las mujeres trabajadoras un "bonus" de dos años de cotización a la Seguridad Social por cada hijo o hija que tengan a efectos del cálculo de sus pensiones.

Finalmente, debemos hacer efectiva la presencia de un 40% de mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas y todas las empresas públicas, y establecer una presencia equilibrada en los comités de empresa y en los puestos de responsabilidad y órganos directivos de cooperativas y organizaciones agrarias y pesqueras con el objetivo de llegar a una representación paritaria de mujeres y hombres en los órganos de dirección económicos.

Queda mucho por hacer, es verdad. Pero el reto por la emancipación de las mujeres es inaplazable.

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* Luz Rodríguez es portavoz de Empleo y Seguridad Social del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y Reyes Maroto es portavoz de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid.

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