Esto no va de investidura, sino de democracia
Todo es ruido. En ERC, en el PSOE, en el PP, en Podemos, en Ciudadanos, en La Moncloa, en el Parlamento… Y qué decir de lo que se vierte en las redes sociales. Nos hemos acostumbrado tanto a la presencia del estruendo que ya ni escuchamos. Pero los sonidos siguen siendo los mismos, aunque la bulla aturda y aleje de la realidad por evidente que sea. En el conflicto catalán siempre hubo dos planos. El político y el judicial, pese a que hubiera -que las hubo- interferencias entre ambos que hayan dado lugar a todo tipo de confusiones.
Vaya por delante que la negociación entre socialistas y republicanos para la investidura de Pedro Sánchez mantiene su hoja de ruta. Nada hay roto. Si acaso un pequeño paréntesis ya previsto a la espera de que ERC salve su congreso este fin de semana. Esa es la clave, y no la decisión de la Justicia Europea sobre la inmunidad de Junqueras, que se daba por descontada entre los equipos negociadores, pese a que los de Esquerra hayan dicho que no volverán a sentarse con el PSOE hasta que la Abogacía General del Estado no se pronuncie sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras.
La decisión que llega de Luxemburgo no ha dicho más que lo esperado y lo que también advirtieron en su día no pocos juristas: que si a Oriol Junqueras se le permitió presentarse en una lista electoral no había motivo jurídico para impedir que recogiera el acta de europarlamentario. Y que, si se hacía como se hizo, España tendría un disgusto que le vendría de la Justicia europea porque podría haber vulnerado el derecho de representación política del artículo 23 de la Constitución española.
El fallo ha llegado y sostiene que Junqueras es diputado europeo desde el 13 de junio, inmediatamente después de que la Junta Electoral Central proclamase los resultados de las elecciones. Como parlamentario tenía inmunidad -que no impunidad- y, por tanto, no debió haber sido sometido nunca a un procedimiento judicial sin haberse pedido antes autorización al Parlamento Europeo.
La chapuza ha sido mayúscula y la Justicia española tardará en reponerse del revolcón propinado por conculcar lo más sagrado de la Constitución, que es la protección de los derechos fundamentales. Ahora tiene que pronunciarse sobre el fallo la Abogacía del Estado, que ya defendió en su día, en contra del criterio de los fiscales, que el ex vicepresidente de la Generalitat pudiera tomar posesión de su escaño para no menoscabar su derecho de participación política.
Hagan lo que hagan, los servicios jurídicos del Estado, la derecha política y mediática dirá que su posición es una muestra más de la genuflexión de Sánchez ante el independentismo para lograr quedarse en La Moncloa otros cuatro años. Oiremos y leeremos de todo y por su orden en una nueva demostración de la confusión entre planos y de que la política lo intoxica todo. Ya todo vale, incluso pervertir las reglas más esenciales de una democracia.
Sepan en todo caso que esto no va de investidura, sino de democracia y de derechos fundamentales. Y que si la Justicia europea, como antes hizo la alemana, ha sacado los colores a la española ha sido porque el Supremo no hizo del todo bien su trabajo o porque la sacrosanta separación de poderes tiene algunas vías de agua. Tenemos un problema, y no es solo el de la gobernabilidad de España. Pero seguimos en un ruidoso universo que cada día nos aleja más de lo esencial, que es distinguir entre lo urgente -garantizar el Estado de Derecho- y lo necesario -formar Gobierno-.
Siempre quedará quien sostenga que el Tribunal de Luxemburgo ha sido parcial y siga usando los fallos y las decisiones judiciales para la refriega política. Nos está quedando una democracia muy apañada entre tanto ruido y tanta bulla. Pero aquí seguimos alimentando el falso debate entre quienes dicen amar a España y quienes pactan con quienes quieren destruirla.
