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La reforma ineficiente e injusta

La reforma es poco más que una transferencia de bienestar de los beneficiarios del gasto público (rentas medias bajas y bajas) a los que pagan impuestos (rentas medias altas y altas)

Canarias suspende en la aplicación de la Ley de Dependencia

El Gobierno opta por reducir los impuestos en lugar de dotar leyes como la de Dependencia.

Toda reforma fiscal debe tener unos objetivos. El gobierno asegura que su lifting fiscal reduce los impuestos para casi todo el mundo, mejora la equidad y aumenta la eficiencia y creará un crecimiento de medio punto del PIB. Y todo ello además sin reducir el gasto y sin poner en riesgo el objetivo de déficit. La realidad es muy distinta. La reforma carece de efectos económicos significativos, pone en riesgo el objetivo de déficit y transfiere bienestar de los peor situados (beneficiarios del gasto) a los mejor situados (contribuyentes). Algunos de los problemas más importantes de esta reforma son los siguientes:

a) Transfiere renta de usos públicos (redistributivos) a usos privados. La reforma renuncia a 9000 millones de ingresos (no es creíble que parte se recupere con el crecimiento adicional creado por la propia reforma) por lo que para lograr el objetivo de déficit ahora hay que recortar gasto en 9000 millones más que antes de la reforma. Esto es casi 1 punto del PIB menos de gasto. En un país como España en el que la pobreza es creciente, los servicios básicos cada vez funcionan peor y las infraestructuras se deterioran quitar un punto de del PIB de renta a los servicios públicos (vía menos gasto) para dárselos a al sector privado que está mejor situado (vía menos impuestos) es más que cuestionable éticamente. Obviamente el Gobierno puede intentar maquillar y retrasar el recorte privatizando empresas públicas o ajustando el calendario de aplicación de la reforma. Pero al final, si se mantiene la reforma, el recorte será inevitable.

b) El recorte fiscal pone en riesgo el objetivo de déficit. Antes del recorte el Gobierno tenía que reducir el déficit en 30.000 millones. Ahora, de facto, lo tiene que reducir en casi 40.000. Salvo que, como sólo parece creer el Gobierno, la economía empiece a crecer (por razones ajenas a la reforma fiscal) de forma sustancial y con tipos impositivos más bajos se recaude más, la mayor parte de este ajuste tendrá que hacerse vía reducción del gasto. Y no está muy claro que en la economía española, que por cierto es de la que menos gasta entre los países avanzados de la UE, haya márgenes para recortes de tal magnitud. Al menos sin el colapso del Estado del Bienestar y la generalización de las protestas.

c) La Reforma del IRPF es ineficiente y regresiva. La reforma del IRPF es regresiva porque reduce mucho más los impuestos de las rentas altas que los de las rentas bajas. Ahorra, por ejemplo, 300 euros a una renta baja y 4000 (o mucho más) a una renta alta. En realidad, la reducción de tramos sólo es una excusa para reducir la progresividad.

La reforma dedica mucha atención a la tributación del ahorro. Y lo que hace es favorecer de nuevo a quienes más tienen. Elimina un mínimo exento en dividendos (que era más importante para las rentas bajas) y a cambio reduce los tipos, baja los impuestos sobre las ganancias especulativas, amplia la compensación de pérdidas y crea una nueva forma de ahorro exento de impuestos que facilitará la elusión. Y todo ello manteniendo unos impuestos más bajos para los rendimientos del capital que para los del trabajo.

El tercer elemento de la reforma son unas deducciones adicionales de aparente preocupación social (discapacidad y familias numerosas). Tanta preocupación por algunos grupos (por ejemplo familias numerosas sean ricas o pobres) está en contraste con los recortes generalizados en la Ley de Dependencia o en las ayudas sociales. En realidad las ayudas sociales no deben ser generales ni deben darse en el IRPF. Sería mejor no hacer recortes fiscales que favorecen a los ricos y utilizar los ingresos adicionales en desarrollar la Ley de Dependencia y luchar contra la pobreza.

La reforma depura también algunas rentas exentas (indemnizaciones por despido, por ejemplo) y limita (aunque no elimina) algunas deducciones. Pero mantiene lo esencial de los privilegios que tenían algunos contribuyentes y algunas rentas. En realidad la reforma del IRPF es poco más que una bajada general del impuesto que beneficia más a las rentas altas y las rentas del capital. Tras este retoque IRPF sigue a años luz de ser un impuesto progresivo que grave la capacidad de pago y que grave igual a todos los ciudadanos.

d) La Reforma del Impuesto de Sociedades es insuficiente. El impuesto de sociedades contiene algunos avances al hacer permanentes algunas de las medidas adoptadas temporalmente (limitación de compensación de pérdidas, de deducción de gastos financieros o de deterioros de valor). Sin embargo, la gran depuración del impuesto se ha quedado en tipos más bajos y en la transmutación de unas deducciones en otras similares (con nombre diferente). El resultado final es una reducción del impuesto que las empresas celebrarán. La excusa es, probablemente, que con esto se busca crear empleo. Pero realmente ninguna empresa va a contratar porque le bajen el impuesto de sociedades si su demanda no es suficiente. Por ello lo más probable es que estas rebajas fiscales vayan directamente a los beneficios empresariales y, por extensión, a los bolsillos de los propietarios de las empresas. El único sector al que no se le baja el tipo es la banca. Según el Gobierno para que devuelva a la sociedad lo que le ha pagado. En realidad el tipo se mantiene para que el valor de sus activos fiscales (las devoluciones futuras a que tienen derecho) no disminuya y no tengan que ampliar capital.

La reforma se ha quedado muy lejos de lo necesario. Se debían haber eliminado todas las deducciones (incluso la de I+D+i salvo en sectores en que fueran ineficientemente bajas), eliminado o revisado los regímenes especiales (que solo sirven para el fraude), acotado la deducción por intereses o el uso de los grupos consolidados, cerrado vías para el uso de paraísos o la ingeniería financiera, etc...

e) Se ha ignorado la lucha contra el fraude. En realidad la lucha contra el fraude es la gran ausente del proyecto de reforma fiscal. Sabiendo que ese es un problema esencial del sistema fiscal español, después de haber dicho que es una prioridad del gobierno, resulta que la única medida que se les ha ocurrido es publicar la lista de morosos. Esta despreocupación por el fraude ayuda a comprender por qué en España hay tanto fraude.

f) Efectos negativos sobre el PIB. Se ha convertido en un lugar común decir cosas como que hay que bajar los impuestos para dejar el dinero en el bolsillo de los ciudadanos y que mueva la economía. Esto es absolutamente falso porque ignora que al reducirse los impuestos se reduce el gasto. Y esto implica que hay gente que pierde su trabajo y empresas que ven reducir su demanda. Peor aún, como parte de la reducción fiscal se dedica a ahorrar, la reducción del gasto público es mayor que el aumento del consumo privado y el resultado es contractivo. En realidad se acepta con generalidad que el multiplicador del gasto es mayor que el de los impuestos, por lo que una reducción de los impuestos acompañada de una reducción del gasto es contractiva.

g) Ausencia de Efectos sobre los incentivos. Una de las justificaciones de la rebaja fiscal es su efecto sobre los incentivos. En el caso del IRPF el argumento es que aumentará la oferta de trabajo. De entrada es más que dudoso que, a los niveles actuales, el IRPF español esté reduciendo la oferta de trabajo de nadie. Pero es más, si lo hiciera daría igual porque con una tasa de paro de casi el 26%, no parece que el problema de España sea de falta de oferta de trabajo. En el caso de las empresas, lo más probable es que, en ausencia de mejoras en la demanda, la reducción fiscal vaya a beneficios, no a crear más empleo.

A modo de conclusión. El impuesto no mejora la eficiencia, ni la equidad, ni estimula el crecimiento, ni favorece la corrección del déficit. En realidad es poco más que una transferencia de bienestar de los beneficiarios del gasto público (rentas medias bajas y bajas) a los que pagan impuestos (rentas medias altas y altas). En algún momento la sociedad debe decidir si esto es lo que quiere.

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