La jueza Alaya cita a cuatro excargos imputados en la nueva macrocausa de avales a empresas

La juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha citado a los cuatro ex altos cargos de la Junta de Andalucía imputados por prevaricación y malversación de caudales públicos en una nueva macrocausa que activó en febrero pasado, en este caso sobre avales concedidos desde 2009 a empresas.

Los cuatro también están imputados en la causa de los ERE, y el primero que comparecerá es Jacinto Cañete, director general de la empresa pública Idea, que ha sido citado el 5 de mayo, y el día siguiente lo hará Jesús María Rodríguez Román, viceconsejero de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

El 7 de mayo, la juez ha citado a Martín Soler, que fue consejero de Innovación, Ciencia y Empresa; y el 8 de mayo está previsto que comparezca Juan Francisco Sánchez García, ex secretario general de la misma consejería.

La juez abrió la causa en enero de 2014 y la activó en febrero de 2015 para dar un “adecuado impulso procesal” tras la información que recibió relativa a los avales concedidos por la Junta a empresas en el caso de los ERE.

Además de las declaraciones fijadas para la próxima semana, Alaya ordenó a la Intervención General del Estado una prueba pericial sobre las ayudas de salvamento, reestructuración y temporales concedidas a las empresas según una orden de 5 de noviembre de 2008 y otras sucesivas.

La prueba pericial pretende conocer si fue ilegal y produjo menoscabo en los fondos públicos lo ocurrido en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) en 2009, cuando se concedieron avales o créditos por 71,2 millones cuando el límite eran de 18 millones.

“En la tarea de informe sobre la existencia de menoscabo de fondos públicos, deberá exponerse si ha existido retraso o inactividad por parte de Idea en la ejecución de las garantías de las empresas a través del cauce legalmente adecuado para la recuperación de los fondos públicos”, según la juez.

Además, la instructora quiere conocer si las garantías prestadas y las comprobaciones de idoneidad de los avales fueron las necesarias para la concesión de las operaciones de crédito “o pudieron en algún caso encubrir meras liberalidades”.

También pretende saber si los avales fueron comunicados a la Consejería de Hacienda y si eran autorizadas por el consejo rector de IDEA, el Consejo de Gobierno y la Comisión Europea, así como el montante de los fondos públicos recuperados y si la Junta ha sido activa o no a la hora de recuperar los avales.

La instructora emprendió esta nueva investigación, que también afecta a la gestión de la Junta de Andalucía, como los ERE o los cursos de formación, cuando ya había logrado una plaza en la Audiencia de Sevilla.