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La Junta de Andalucía busca unanimidad para llevar a Madrid su Pacto de Estado contra la Violencia de género

La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales asegura que la propuesta, ya presentada hace ocho meses, no se quedará en un fotografía y busca el respaldo de todo el Parlamento de Andalucía

María José Sánchez Rubio también tiene intención de presentar el documento en el Consejo Territorial de Políticas Sociales e Igualdad en el que se sienta el responsable del ministerio con todos los consejeros del ramo

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CAPM

La fotografía de los cinco líderes del Parlamento de Andalucía el pasado 21 de julio juntos para estrechar la mano y solidarizarse con María Salmerón, víctima de violencia de género indultada parcialmente de su condena de prisión por incumplir el régimen de visitas, es la que quiere repetir la Junta de Andalucía con su propuesta de Pacto de Estado para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres que ha sido  presentada este semana por segunda vez en ocho meses. El objetivo de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales es negociar con los cinco grupos parlamentarios (PSOE-A, PP-A, Podemos, C's e IU) para que esta propuesta tenga el respaldo de la cámara y llegue hasta el Gobierno de la Nación para no quedarse en una fotografía.

Como la que esta semana ha protagonizado la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, con integrantes del  Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM) para volver a presentar un documento que ya fue  impulsado por el Consejo de Gobierno en su reunión del 17 de noviembre de 2015 y presentado por la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio. Entonces como ahora ofreció el mismo titular por ser una de las propuestas más atrevidas del documento y que precisamente está muy ligada con el caso de María Salmerón, de ahí la oportunidad de traerlo de nuevo esta semana: la Junta de Andalucía propone suspender los regímenes de visitas a sus hijos por parte de los maltratadores de mujeres.

Desde la Junta de Andalucía insisten en que entre una y otra presentación ha habido muchos cambios, porque se han incluido las aportaciones de los más de 2.000 colectivos integrados en el CAPM y apuntan que la propuesta no morirá con estos titulares, sino que el objetivo es que llegue hasta el Gobierno de la Nación, "que ya tiene el primer documento", según fuentes de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 

Para ello, lo primero será buscar que tenga el respaldo del Parlamento de Andalucía, "preferiblemente unánime", en palabras de María José Sánchez Rubio, que tiene previsto negociar con todas las formaciones para hacerlo, incluyendo las aportaciones que hagan en esta propuesta. Su idea sería poder cerrarlo de cara a la celebración del 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

Posteriormente, la propia consejera tiene intención de presentar la propuesta en el Consejo Territorial de Políticas Sociales e Igualdad en la que se sienta el responsable del ministerio con todos los consejeros del ramo. No obstante, tampoco descarta otras dos vías para que se discuta en el Congreso de los Diputados: una proposición de ley de la propia comunidad autónoma -para lo que el respaldo unánime del Parlamento de Andalucía será el mejor salvoconducto independientemente de quien esté en el Gobierno de la Nación por entonces- o una proposición no de ley del grupo del PSOE en la Cámara Baja. 

La consejera ha reconocido las dificultades para poner en marcha un proyecto de este tipo, entre otras cosas porque tanto esa medida que ha acaparado los titulares -la de reducir los derechos de los maltratadores- como otras previstas implican la modificación de media docena de leyes por parte del Gobierno de la Nación, un compromiso nada desdeñable, independientemente de que variara parte del contenido de este documento en las negociaciones. Entre otras cosas, plantea la derogación de la conocida como reforma local que permitió la eliminación de los centros municipales de atención a la mujer, muy criticada por los socialistas pero defendida por el PP en pro del ahorro y el reparto "racional" de competencias.

De momento, éstas son las medidas urgentes que se incluyen en el documento, comenzando por las que implican cambios de leyes: 

  • Garantizar el mantenimiento de la red de atención directa a las víctimas en todos los niveles territoriales, y especialmente los centros municipales, siendo necesaria la derogación de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local.
  • Incluir en la Ley Orgánica 1/2004 la violencia sexual, la prostitución y la violencia contra las mujeres, sin relación de pareja.
  • Modificar el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre dispensa de la obligación de declarar contra el cónyuge o pareja.
  • Suprimir el artículo 35 de la Ley 4/2015, del estatuto de la víctima del delito, por ser una norma contraria a las víctimas, que da cobertura legal al discurso de las denuncias falsas.
  • Prohibición de la atribución al condenado por violencia de género de la guardia y custodia exclusiva o compartida y régimen de visitas.
  • Restablecer y desarrollar la obligatoriedad de la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
  • Equiparar el terrorismo machista a otros tipos de terrorismos.
  • Dotar de recursos suficientes la prevención y a la asistencia de las víctimas, igualando la financiación a la prevista contra el terrorismo .
  • Suspensión del régimen de visitas para los maltratadores.
  • Ningún maltratador podrá obtener beneficio o lucro (público o privado) en razón de sus víctimas.
  • Visibilizar a las víctimas indirectas: familiares, amigos y entorno más íntimo recogiéndolas en las estadísticas oficiales para conocer la magnitud real del problema.
  • Restablecer el Ministerio de Igualdad, eliminado en 2010, y activar y devolver las competencias de manera inmediata al Instituto de la Mujer.
  • Cumplir el Convenio de Estambul que marca un hito al definirse como el primer tratado europeo contra la violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia sexual, la prostitución, la física, psicológica y económica, la mutilación genital y el acoso.
  • Garantizar que ningún condenado por violencia contra las mujeres acceda o se mantenga en cargo público. 
  • Privación al agresor de la patria potestad como pena principal en los casos de homicidio y/o asesinato.
  • Garantizar la idoneidad de las personas que se harán cargo de la tutela de los huérfanos de asesinadas por violencia contra la mujer .
  • Para los delitos con resultado de muerte les será siempre aplicable la máxima pena privativa de libertad recogida en el Código Penal.
  • Cumplimiento íntegro de las penas, no pudiendo ser sustituidas por servicios a la comunidad.
  • Garantizar el reconocimiento que merecen las víctimas, así como el apoyo a sus familiares y entorno.
  • Crear la figura de la defensa de las víctimas de la violencia contra las mujeres.
  • Garantizar que en los contenidos y programas de los medios de comunicación no se justifique o banalice sobre cualquiera de las formas de violencia contra las mujeres.
  • Fomentar la adopción de acuerdos de regulación y directrices profesionales encaminadas a erradicar la transmisión de estereotipos discriminatorios, así como lograr que desde de los medios de comunicación y la publicidad se contribuya a la correcta sensibilización.
  • Promover en las Cortes Generales iniciativas inspiradas en el presente pacto , con el objetivo de alcanzar el máximo consenso entre las fuerzas con representación.

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