Anticorrupción pide imputar a Pastrana y Fernández Sevilla por “financiación irregular” de UGT-A
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la declaración en calidad de imputados de Francisco Fernández Sevilla y Manuel Pastrana, ambos exresponsables de UGT Andalucía, por ser “conocedores” y “tomar decisiones” en relación con la “financiación irregular” del sindicato “a través de la defraudación generalizada en las subvenciones recibidas relativas a fondos de formación”.
Así resume la Fiscalía los hechos que investiga el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla. Manuel Pastrana fue secretario general durante el presunto fraude de los cursos de formación, hasta mayo de 2013, mientras que Francisco Fernández Sevilla fue secretario de organización durante el mismo periodo y luego secretario general, antes de su dimisión cuando arrancaba esta investigación, hace casi un año. Según declaraciones de todos los testigos, añade el escrito, ambos pertenecen al “núcleo de decisión”, junto al también imputado Fresneda Heredero, extesorero de UGT-A y detenido el pasado junio en relación a este caso.
“Los hechos investigados comienzan a implantarse cuando se puso en marcha la llamada 'central de compras', cuestión que se deduce no solo de las investigaciones sino de las declaraciones de los imputados. Esta central de compras fue inspiración directa de Manuel Pastrana según lo manifestado por Fresneda y continuó en la implantación de la misma Francisco Fernández, no solo en su época de secretario de organización, sino en el periodo que sucedió a Pastrana”, dice la Fiscalía.
El 'rapel' y el 'bote'
La Fiscalía detalla cómo se desarollaba la “financiación ilícita”, a través de la institución del denominado 'rapel', mediante el que “se repercutía un porcentaje en las compras que hacía el sindicato a un proveedor, soportado por este y posteriormente ingresado en la cuenta señalada por el sindicato”. Luego, ante la Administración, “el sindicato presentaba la factura sin incluir ese descuento, lucrándose así en el exceso y falseando las justificaciones”. Los importes obtenidos a través de este 'rapel' “se repartían entre la propia estructura regional y las uniones provinciales”, indice la Fiscalía.
También se refiere Anticorrupción a la implantación y consolidación del llamado 'bote'. “Mediante esta figura el sindicato encargaba la elaboración de facturas simuladas, que sin responder a realidad o negocio jurídico alguno, pasaba a
formar parte de una cuenta acreedora de UGT con terceros, y siempre previo pago de esas facturas. Esto hacía que el sindicato sostuviera actividades al margen de la subvencionada con cargo a ese bote. Así y de esa manera, la actividad ordinaria de la entidad se sufragaba con fondos que realmente eran procedentes de subvenciones destinadas a fondos de formación“, se explica en el escrito dirigido al juzgado.
Fondos para la formación
En la rendición de cuentas que Fresneda presentaba periódicamente ante la comisión ejecutiva “se incluía el monto obtenido por el rapel, se informaba sobre el mismo y al mismo tiempo se decidía sobre la propuesta de reparto por la comisión”, según afirma en sus declaraciones Roberto Macías, secretario de Fresneda en Administración y posteriormente en el departamento de compras. La declaración de Fresneda corrobora esta afirmación, ya que era la propia comisión ejecutiva quien decidía las empresas que pagaban el 'rapel', señalando expresamente a Pastrana y Fernández, dice la Fiscalía, que hace constar que este 'rapel' lo pagaban empresas con una intensa relación de proveedores de UGT.
El “modo de financiación irregular habría llegado a tener tal magnitud, a tenor de las declaraciones de personal relevante del mismo, que prácticamente casi todos los gastos estructurales de la organización eran financiados con los fondos destinados a subvenciones para la formación. Tan solo un porcentaje muy residual, injustificables per se y codificados con los dígitos 91, no se sufragaban de tal forma”.
“La participación de ambos no sería menor que en aquellos hechos, que aun de modo accesorio, pudieran ser constitutivos de otros delitos, como falsedades y otros que aun se encuentran en fase de primaria investigación por la Guardia Civil, como son las irregulares subcontrataciones con terceros y entidades vinculadas y dependientes del propio sindicato. En definitiva, a la vista de la participación directa por estos en las actividades investigadas, se interesa se citen en calidad de imputados, a fin de prestar declaración y tomar cuantas medidas se estimen procedentes a fin de asegurar el presente procedimiento”, concluye la Fiscalía.
