La Junta de Andalucía apunta que “no hay novedad” del Gobierno de España con las 35 horas seis meses después

Seis meses después de que el Consejo de Gobierno aprobara el decreto para recuperar las 35 horas de la jornada laboral de los empleados públicos de Andalucía, que entró en vigor para la mitad de ellos el pasado mes de enero, no hay ningún movimiento del Gobierno de España, pese a que éste la ha recurrido en las otras dos comunidades autónomas que lo han intentado -Castilla la Mancha y País Vasco- y en el caso del Ayuntamiento de Madrid.

También ha enviado cartas a todos los consistorios advirtiéndoles de que respeten las 37,5 horas impuestas en 2012 como medida de racionalización del gasto por la crisis, dado que a más tiempo que trabajan unos, se evita la contratación de otros.

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, confiaba este viernes en que esta jornada se incluya en la propuesta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 que próximamente se traslade al Congreso de los Diputados. De momento sí está en los presupuestos autonómicos lo que a la Junta de Andalucía le supondrá más de 100 millones de euros de desembolso este año.

Por eso, el hecho de que el Gobierno de España no haya recurrido el decreto de la Junta de Andalucía como en los otros tres casos, y en cambio haya anunciado la convocatoria de la comisión bilateral para negociar, lo que ha ampliado de tres a nueve meses el plazo para impugnar en el Tribunal Constitucional, da lugar a dos interpretaciones.

Dos interpretaciones

Por un lado, que Mariano Rajoy esté haciendo un guiño a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de cara a que, habida cuenta de su peso en el PSOE, pueda conseguir que este partido apoye los PGE.

Por otro lado, que esté forzando a la comunidad autónoma a asumir un coste para mantener este compromiso durante más tiempo, dado que mientras no recurra, la Junta de Andalucía debe pagarlo. Si en cambio el Gobierno de España recurre en el TC, el Gobierno de Susana Díaz siempre podrá culpar a Mariano Rajoy de haber privado a sus empleados públicos de este derecho.

El caso es que la comisión bilateral se anunció en diciembre, se convocó para enero y luego se suspendió la sesión por parte del Gobierno de España ,y estamos en marzo “sin novedad” en palabras de la propia consejera. En declaraciones recogidas por Europa Press, ha recordado que la última noticia que tiene es la carta a las administraciones locales “solicitándoles que dieran información sobre si estaban aplicando las 35 horas o no”.

María Jesús Montero ha explicado también que en la reunión que mantuvo el pasado mes de febrero con la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, le trasladó “la necesidad de la recuperación de las 35 horas básicamente en las comunidades autónomas que cumplen” con el objetivo de déficit a modo de “incentivo”, como es el caso de Andalucía.