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Mariano Rajoy 'vende' caro a Susana Díaz el recurso contra la jornada laboral de las 35 horas

La comisión bilateral que prometió en diciembre de 2016 está formalmente constituida sin que se haya reunido todavía, lo que hace que algunos en Andalucía comiencen a dudar del interés del PP por negociar

Pero ha permitido prolongar en seis meses el plazo para impugnar la medida en el Tribunal Constitucional y mientras tanto la Junta de Andalucía no ha presupuestado para tanto tiempo

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María Jesús Montero junto a Manuel Jiménez Barrios.

Han pasado más de dos meses desde que el Gobierno de la Nación invitara a la Junta de Andalucía a una comisión bilateral para abordar el decreto que ha implantado en la comunidad autónoma la jornada laboral de 35 horas para sus empleados públicos sin que hasta el momento se haya reunido el grupo de trabajo que luego se constituyó para la negociación.

Que se convocara la comisión bilateral suponía que se ampliaba de tres a nueve meses el plazo máximo del Gobierno de la Nación, si finalmente opta por recurrir en el Tribunal Constitucional (TC) un decreto que no comparte. Es un tiempo con el que juega el Gobierno de Mariano Rajoy para una medida que difícilmente permitirá a la Junta de Andalucía tras haberla frenado en otras administraciones.

Entretanto, a la Junta de Andalucía le cueste el dinero mantener esta pugna que el Gobierno de Susana Díaz intenta rentabilizar políticamente contra los populares. Todas las semanas se habla de ello desde el Gobierno de Andalucía y desde el PSOE-A.

Pero cada día que pasa le cuesta más a la Junta de Andalucía porque este año sólo ha presupuestado 75 millones de euros para contratar a otra gente para cubrir esas horas. Insuficiente para aguantar este pulso, y eso que sólo ha entrado en vigor -el pasado 16 de enero- para unos 160.000 empleados públicos, dado que para los docentes será con el nuevo curso y en dos fases, mientras que para el personal de la Consejería de Justicia no se prevé. Y el Gobierno del PP tiene hasta julio de plazo si quiere recurrir en el TC mientras la comisión bilateral sigue en vía muerta, como confirman desde la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

Precedentes que auguran un mismo final

Todo ello en un contexto en el que el pasado 2 de febrero trascendió que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendía cautelarmente el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Madrid en este mismo sentido el 30 de junio de 2016 y que fue recurrido por la Abogacía del Estado. La medida había sido recurrida por el entonces Gobierno de Mariano Rajoy en funciones antes de que se cumplieran los tres meses necesarios para ello. 

Previamente, ocurrió lo mismo con las 35 horas que implantó Euskadi, por decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tras otro recurso de la Abogacía del Estado, y antes, con Castilla la Mancha, pionera en esta decisión, y cuyo decreto fue tumbado por el TC justo un mes antes de que la Junta de Andalucía aprobara en Consejo de Gobierno echar el mismo pulso a Mariano Rajoy.

Desde entonces lo que ha cambiado es que éste se ha visto obligado a contar con el PSOE para su investidura. Por eso, que se convocara la comisión bilateral, en lugar de ir directamente a un recurso, se vio como un gesto de Mariano Rajoy a Susana Díaz en la nueva senda de diálogo a la que está forzado. Que en el horizonte esté todavía pendiente la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) entra también como ingrediente en este asunto. 

Sin embargo, en el Parlamento de Andalucía y en el ejecutivo  hay quienes ya dudan de las intenciones del PP y temen que lo único que haya hecho es maniobrar para asfixiar económicamente a Susana Díaz obligada a mantener este compromiso hasta que Mariano Rajoy mueva ficha.

Cabe recordar que las 35 horas fueron un derecho conquistado en 1999 y que el Gobierno del PP suprimió en 2012 dentro de paquete de medidas de contención del gasto. Pasó a ser de 37,5 horas para todos los empleados públicos. Con la vuelta a las 35 horas, la Junta de Andalucía calcula que se podrán generar "cientos de puestos de trabajo" para cubrir los servicios públicos pese a la reducción de la jornada laboral. Otra consecuencia de la medida que de momento no ha tenido traducción a la realidad y que podría irse al traste.

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