El dilema del PSOE con el pacto de la financiación: ¿cómo aislar al PP sin hacer lo mismo con C's?

Desde que se creó el grupo de trabajo para un posicionamiento común del Parlamento de Andalucía en el debate del modelo de financiación de las comunidades autónomas, el PSOE dio por sentado que el PP terminaría descabalgándose, lo que le servía en bandeja la posibilidad de aislar a los populares, porque asume que Podemos, IU y C's, con su anunciado voto particular, entrarán.

Por eso el PSOE ha ido cargando las tintas contra el PP, que en ocasiones ha entrado a las provocaciones, pero no ha conseguido que se levante de la mesa de negociación. El ejemplo más gráfico de esta estrategia fue que tras la primera reunión entre los dos grupos, la portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, Carmen Crespo, dijo que había “muchas expectativas” de llegar a un acuerdo, mientras que su homólogo del PSOE, Mario Jiménez, incidió, con otro tono muy distinto, en que lo que había eran “muchos puntos de desacuerdo”.

En realidad los hay, pero si se consultan los documentos con las propuestas que cada grupo ha registrado en el Parlamento de Andalucía, los puntos de desacuerdo del PSOE con el PP son los mismos que se pueden encontrar en el posicionamiento de C's. Por lo que si el PSOE quiere a sus socios de investidura en el pacto de la financiación, se le complica dejar fuera a los populares, a no ser que éstos decidan romper unilateralmente. Desde el PP insisten en que no lo harán para “no darle ese gusto a Susana Díaz”, en la línea de lo manifestado en el último pleno por su líder, Juan Manuel Moreno. “Está aterrada con la posibilidad de que el PP se sume a ese acuerdo”, le soltó.

“Hay una coincidencia de más del 90% en los documentos del PSOE y el PP, por lo que fijarse en la diferencia es un intento de confrontación”, ha dicho este miércoles Carmen Crespo. “Nosotros pensamos que a Andalucía le viene bien y vamos a hacer un esfuerzo. En ese 10% podemos llegar a un entendimiento”, ha resumido la diputada, para quien “la principal diferencia es que el PSOE no pide cuentas de la gestión”, lo que curiosamente comparten los populares con C's, que exige esta premisa en su documento.

Por su parte, Mario Jiménez, pese a que ha tenido que reconocer que donde hay una coincidencia “muy amplia” es el planteamiento “de los grupos de izquierda”, en referencia a PSOE, Podemos e IU, ha vuelto a cargar contra el PP por propuestas que también hace C's y con el que, sin embargo, ha sido benévolo.

Dos claves: insuficiencia y ordinalidad

El ejemplo más claro está en una de las claves de la negociación: fijar la insuficiencia del modelo en vigor, es decir, cuánto más cuestan a las comunidades autónomas los servicios públicos en relación a la financiación de la que disponen. Para Mario Jiménez, esto es “esencial”, por lo que reprocha que el PP no cuantifique la cantidad. “Está negando la mayor: que faltan recursos para el sistema”, ha aseverado, para incidir en que “hasta C's” -que tampoco lo cifra en su documento- lo contempla.

De hecho, esta lectura de los documentos se contradice con lo previamente expresado por el portavoz de C's, Juan Marín. Éste ha dejado claro que no comparte el criterio defendido por la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, de fijar una cifra sobre la insuficiencia. “No estamos hablando de una subasta, sino de un reparto de recursos para garantizar los servicios públicos a todos los españoles”, ha enfatizado, pero es una cuestión que meterá en su voto particular. De hecho, fue lo que le sugirió la consejera cuando insistió en este extremo.

Y si una de las claves para este consenso es la cuestión de la insuficiencia, la otra es el principio de la ordinalidad, por el que las comunidades autónomas en las que se recauda más tendrían más recursos que el resto, en la línea consolidar el mantra de que los impuestos los pagan los territorios y no los ciudadanos. En el tema de la ordinalidad las dificultades para el consenso están sólo con C's y no ya con el PP.

“El PP quiere eliminar la cláusula de la ordinalidad por la que la que la comunidad autónoma que más recauda tiene más financiación. El más rico no tiene por qué tener más servicios públicos”, ha expuesto de su lado Carmen Crespo, quien ha dado la “bienvenida” a los socialistas porque “ellos metieron eso en el modelo de 2009”, rechazado por los populares.

En cambio, Juan Marín ha enfatizado: “Las comunidades autónomas que más participen no pueden ver mermada la posibilidad de ofrecer servicios públicos a sus habitantes”. O sea, principio de ordinalidad, si bien ha matizado que “es compatible con la solidaridad”. Pero en este caso no se está hablando de “solidaridad”, sino de “equidad”, un matiz que le ha recordado a su vez el líder de IU, Antonio Maíllo.

Para éste es por tanto “objetivamente difícil” un consenso en Parlamento de Andalucía, precisamente por la defensa que C's hace de esta cuestión, lo que demuestra “su vena centralista”. En paralelo, ha criticado que el PP “no cree en el modelo” después de que el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, haya convocado a sus líderes territoriales para hablar el lunes de financiación en lugar de hacerlo primero con los presidentes de las autonomías en el marco de la Conferencia de Presidentes o el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Igual que IU, Podemos ve las grandes diferencias en las propuestas con los dos partidos de derecha, como claramente se ha evidenciado en los documentos que cada uno ha presentado, lo que desequilibra la política de alianzas. Su diputada Carmen Lizárraga ha apuntado también que “C's pide cosas que perjudica a comunidades autónomas con menos rentas como desdoblar los impuestos especiales y el IVA”, que los de Albert Rivera defienden desde que irrumpieron en el Parlamento de Catalunya.

En este contexto habrá que ver si las formaciones se centran en las coincidencias en los cinco documentos, sobre los que habrá un dictamen del grupo de trabajo el 27 de febrero y pueden minimizar el impacto de sus diferencias. Lo principal que todos comparten es la necesidad de simplificar el modelo; incluir nuevas variables para calcular el peso de la población en los territorios, como la tasa de desempleo de riesgo de pobreza y exclusión social; la eliminación del statu quo por el que ciertos territorios conservarían sus ventajas de financiación sobre el resto; la creación de un fondo de reserva con el que compensar momentos de crisis en los recursos; y la reforma del CPFF.

Con esta base, si no se avanza mucho más, igual que C's ha anunciado su voto particular a los socialistas, también el resto podría incluir los suyos, dejando un pronunciamiento algo descafeinado para el debate más importante del momento por cuanto que definirá la financiación de la próxima década, pero donde desde Andalucía habría un primer consenso para reivindicar a una voz.