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El Gobierno y la Junta de Andalucía ponen sobre la mesa la hoja de ruta de la demolición del Algarrobico

La administración pública tendrá que invertir al menos unos 10 millones de euros para recuperar los terrenos y derribar el hotel

Si la Junta de Andalucía demanda ya a la constructora, en un año podría comenzarse el derribo, según el abogado de Greenpeace

La ministra de Medio Ambiente y el consejero andaluz del ramo se reúnen este lunes para establecer un plan de demolición

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Una veintena de activistas de Greenpeace escriben 'Demolición' frente al hotel del Algarrobico

Una veintena de activistas de Greenpeace escriben 'Demolición' frente al hotel del Algarrobico

Un año y unos 10 millones de euros. Según las previsiones más optimistas, ese es el tiempo y el dinero necesarios para derribar el Algarrobico. En la guerra contra el símbolo de la destrucción del litoral, el Tribunal Supremo ha sentenciado la penúltima batalla: el hotel de Carboneras (Almería) es ilegal.

Aunque aún queda alguna batalla en los tribunales, es la hora de la política. El primer paso se dará este lunes cuando la ministra en funciones de medio ambiente, Isabel García Tejerina, y su homónimo andaluz, José Fiscal, se reúnan para diseñar un plan de derribo y un reparto de gastos.

Aunque el expresidente andaluz José Antonio Griñán y la exministra Rosa Aguilar acordaron en su momento que el gobierno central correría con los gastos del derribo y la Junta con el desescombro (ratificado posteriormente por el ministro Miguel Arias Cañete y el consejero Luis Planas), Tejerina ha afirmado que el acuerdo no es vinculante y ha enfriado las prisas de la Junta.

Según explica José Ignacio Domínguez, el abogado de Greenpeace que ha litigado durante más de una década contra el Algarrobico, la Junta de Andalucía debe demandar ahora a la constructora, Azata del Sol, "por vía civil para que cumplan con el retracto. De ese modo, los tribunales deben obligar a Azata a que recoja los 2,3 millones que la Junta pagó por los terrenos y que depositó en 2006". A esa cantidad ya depositada, habría que añadir los costes del derribo, que según un presupuesto elaborado por Tragsa en 2012, ascendía a más de 7 millones de euros y que Grenpeace, en un estudio particular, cifró en una cantidad muy similar, 7,3 millones.

¿Derribo en un año?

Domínguez recuerda que la Junta podría haber interpuesto dicha demanda hace años, ya que había una sentencia firme, que Azata no había recurrido ante el TSJA. El Gobierno andaluz ha preferido esperar a que saliera la sentencia del Supremo. El abogado cree que, si la Junta actúa ya, podría haber sentencia en contra de la licencia de obra del hotel en 6 meses y que en un año se podría comenzar a derribar el hotel.

El objetivo es que el Gobierno andaluz compre el hotel y los terrenos donde está construido (que, como ha sentenciado el Supremo se encuentra en espacio protegido y en zona de servidumbre, es decir, dentro de la playa), para poder demoler así un hotel de su propiedad en un terreno público.

En caso de que no lo haga así y entren ya a demoler el hotel, la administración pública se arriesga a que Azata le interponga una nueva querella y posponga durante varios años más el derribo del hotel. "Como el hotel tiene licencia de obra y el edificio es suyo, Azata puede pedir que se suspenda el expediente de demolición. Podría pedir una indemnización y llevarse así mucho dinero. Azata se ha gastado hasta ahora 16 millones de euros y está pidiendo en los tribunales 70 millones de euros por las actuaciones de la administración local, andaluza y nacional", destaca Domínguez.

¿Se puede obligar a Azata a que derribe ahora mismo su hotel ilegal? No, porque cuenta con licencia de obra, "ratificada en parte por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Al tener esa licencia, no se les puede obligar a derribarlo y a que pague los siete millones de euros", añade el abogado.

Más de 25 sentencias en contra

A pesar de que el hotel acumula ya más de 25 sentencias en su contra, la sentencia del TSJA de 2014, contra la que se ha pronunciado ahora el Supremo, ha terminado enredando la jurisprudencia. Alegando que el suelo era urbanizable y basándose en unas modificaciones a mano alzada de los planos de la zona, el TSJA legalizó la licencia de obra de El Algarrobico en marzo 2014 en contra de sentencias propias y del Supremo.

El consejero de Medio Ambiente ha destacado esta semana en el Parlamento que "una vez depositado el importe de la compraventa, dichos terrenos pasarán a ser patrimonio de la Junta, momento en el que comenzará el cumplimiento del protocolo suscrito con el Ministerio en 2011". Fiscal ha insistido en que la sentencia es clara y que la ordenación ambiental prevalece sobre la urbanística.

Por su parte, Pilar Marcos, responsable de Costas de Greenpeace, espera que "se maximicen las oportunidades de reciclaje, empleo verde y restauración que ofrece la demolición". A Marcos le preocupa que, en estos momentos de inestabilidad política, el Algarrobico, que es un símbolo, se convierta en una mera oportunidad política "para hacerse la foto". "No hay duda de que se va a demoler. Lo que importa ahora es cuándo y cómo", concluye.

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