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La Fiscalía pide a la Junta un informe por el cierre de comedores escolares en colegios de Granada 

CCOO denunció los hechos ante la Fiscalía Superior de Andalucía por un posible delito de denegación de auxilio a menores por parte de la Junta

La Junta dice que dejó de pagar porque la Intervención presentó un reparo y que está en vías de solucionar el problema

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Astillero contará con comedores escolares este verano

La Fiscalía de Granada ha pedido a la Junta de Andalucía, en concreto a la Consejería de Educación, un informe sobre las irregularidades denunciadas por parte del sindicato CCOO, que considera que la Administración autonómica podría haber incurrido en un delito de denegación de auxilio a menores tras el cierre por impago de varios comedores escolares en centros concertados de la provincia.

Los colegios afectados son seis, cuatro de ellos están situados en la zona norte de la capital, otro en Motril y otro en Guadix. Todos son colegios de compensación educativa. En unos centros se ha tenido que  suspender el servicio de comedor y donde no se ha hecho "la deuda sigue creciendo", según el sindicato.  

La investigación que en su día abrió la Fiscalía Superior de Andalucía ha sido así asumida por la provincial, que entre sus primeras diligencias ha ordenado a Educación que le informe de lo ocurrido. Los hechos fueron denunciados el pasado 9 de octubre por CCOO que consideró "dramática" la situación del alumnado, que es el "más vulnerable" de la provincia y que no puede comer en los centros. 

Pese al convenio que había suscrito la Junta con esos colegios hace años, "desde el curso 2013/2014 la Administración dejó de abonar el dinero correspondiente" y los centros han ido acumulando esa deuda. Por eso, al inicio del presente curso, las empresas comunicaron en el peor de los casos que no podían seguir prestando el servicio lo que supone, según la denuncia de CCOO, "dejar sin la comida más importante del día (en algunos casos la única) a cientos de escolares que ya de por sí viven en una difícil situación". 

La Junta, por su parte, ha dicho que está en vías de solucionar el problema y pretende hacerlo a través de una orden de apoyo a las familias para que los menores puedan recibir una beca. La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, Sandra García, ha asegurado que la Administración autonómica no tiene "obligación" de prestar ayudas económicas a colegios concertados pero que lo venía haciendo "hasta que la Intervención presentó un reparo". Por ello, según dijo, tuvieron que dejar de abonar esas subvenciones. 

El PP ha responsabilizado a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de que "haya niños pasando hambre" y acusó a los socialistas de "no saber cuáles son las prioridades reales" y de "no estar con quien lo necesita". Así lo manifestó el presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez, que visitó uno de los colegios afectados. Unos 300 menores, según sus cálculos, están sufriendo las consecuencias de esta situación.

CCOO cree que lo ocurrido es "impropio de un Estado social y de Derecho, ya que ello vulnera el derecho fundamental a la alimentación de los menores". 

La Plataforma Ciudadana Zona Norte, que pertenece a la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados, también se ha solidarizado con los niños afectados y lamenta que la administración "castigue una vez más esta zona porque la Junta no pague a las empresas y el Ayuntamiento de Granada no implemente medidas de urgencia". 

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