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La Junta agiliza la constitución de las asociaciones de consumidores y refuerza su pluralidad

EUROPA PRESS

SEVILLA —

La Junta de Andalucía agilizará y simplificará los trámites para el reconocimiento de las asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios en la comunidad autónoma, mediante un decreto en el que se pretende además “reforzar su pluralidad”.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto regulador del régimen jurídico y el registro de estas entidades, que ya no tendrán que justificar el número mínimo de asociados y de ingresos anuales para su consideración oficial.

La norma, que sustituye a la vigente desde 1986, se adapta al protagonismo adquirido por el movimiento de defensa de los consumidores y usuarios durante las últimas décadas, así como a su creciente especialización en ámbitos como los de la vivienda y el sector crediticio. En este sentido, se introducen medidas para reforzar su pluralidad y otorgar reconocimientos específicos a los más representativos.

Una de las principales novedades recogidas en el decreto es la eliminación del requisito de la doble inscripción, ya que el Registro de Asociaciones de Personas Consumidoras será único y no será necesario que las entidades formalicen también su inclusión en el general de asociaciones de Andalucía, salvo que se trate de cooperativas.

Para favorecer la participación y reflejar mejor la pluralidad del movimiento asociativo de defensa de los consumidores, el nuevo diseño del registro distinguirá entre las entidades generalistas y aquellas otras que operan en un solo sector del mercado.

Dentro del grupo de las generalistas se introduce el reconocimiento específico para aquellas que aspiren a ser catalogadas como 'más representativas de Andalucía'.

A estas entidades, que tendrán un papel reforzado en las políticas de consumo de la comunidad, sí se les exigirá un número de personas asociadas (10.000) y de ingresos por cuotas (120.000 euros anuales).

Deberán ser federaciones o confederaciones de ámbito andaluz y contar con entidades de carácter provincial en todo el territorio. Su inclusión se instruirá, a instancia de parte, mediante un procedimiento basado en parámetros objetivos, medibles y auditables.

La Junta ha recordado que Andalucía es la primera comunidad autónoma que regula el reconocimiento de la representatividad.

ORGANIZACIONES MÁS REPRESENTATIVAS

Las asociaciones y organizaciones encuadradas entre las más representativas por el cumplimiento de estos requisitos tendrán derecho a formar parte del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, del Consejo Andaluz de Consumo y de los Consejos Provinciales en esta materia.

Asimismo, podrán proponer a la persona titular de la Presidencia de la Junta Arbitral de Consumo y participar en el diseño y desarrollo de las distintas políticas sectoriales que afecten a los consumidores.

En la misma línea de agilización administrativa, la norma encarga a la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales el desarrollo de la informatización y digitalización del registro, residenciándolo en un servidor web accesible a toda la ciudadanía, así como las medidas necesarias para permitir la tramitación telemática de las solicitudes de inscripción y de los procedimientos posteriores.

Respecto a la regulación de 1985, el decreto aprobado este martes también define el ámbito de aplicación para incluir a todas aquellas organizaciones y asociaciones dedicadas a la defensa, información, educación, formación, asistencia y representación de los consumidores y usuarios, tanto en relación directa a sus personas asociadas como a los intereses colectivos de toda la ciudadanía.

Finalmente, las organizaciones y asociaciones ya inscritas tendrán un plazo máximo de seis meses para actualizar sus datos registrales de acuerdo con lo establecido en el decreto, especialmente en lo relativo a la consideración de entidades sectoriales, generalistas o 'más representativas'.

El decreto aprobado este martes responde a las propias demandas del movimiento asociativo que fueron plasmadas en el I Pacto Andaluz por la Garantía de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, suscrito en 2012 por la Junta y la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa Al-Andalus, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios en Acción-Facua Andalucía y la Unión de Consumidores y Usuarios UCA-UCE.

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