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¿Qué pasa con los aforados autonómicos, el caso de los ERE y la disolución del Parlamento?

Salón de Plenos / Foto: Parlamento de Andalucía

Javier Ramajo

Convocatoria de elecciones anticipadas, disolución del Parlamento, diputación permanente, aforados autonómicos, caso de los ERE y traslado de la jueza Mercedes Alaya a la Audiencia. Todo un cóctel de circunstancias que, unidas en semanas, días o incluso horas, puede traer consigo complejas situaciones con implicaciones directas en la vida política andaluza.

Poniéndonos en situación. Este jueves, la diputación permanente de la Cámara autonómica se reunió como es habitual fuera del período de sesiones en el que nos encontramos y que tiene esta composición actual. El Grupo Socialista registró una propuesta al pleno extraordinario del próximo lunes para cesar a sus representantes. Los nombres de sus posibles sustitutos no los dio a conocer pero los diarios ABC y El Mundo informan en sus ediciones de este viernes que se trataría, al menos, de los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo y Antonio Ávila, actualmente aforados y que mantendrían así tal condición.

Estos diputados se encuentran señalados en los ERE desde hace meses por la jueza Alaya, que acaba de concluir la exposición razonada, dando cuenta de su presunta implicación en el caso al TSJA, cuya Sala de lo Civil y Penal es quien debe encargarse de investigarles por su condición de aforados. Si el Parlamento se disuelve este lunes, perderían de inmediato esa condición y por eso el PSOE habría planteado tal estrategia, según los diarios. Pero la causa ya está camino de Granada, sede del TSJA, que esperará prudentemente a que se constituya el nuevo Parlamento andaluz, según fuentes del TSJA, para tomar alguna decisión al respecto. Una decisión que, por otra parte, en ningún caso sería inminente, dada la complejidad de la causa (el Supremo apenas ha dado algunos pasos desde que a mediados de noviembre asumiera la parte que podría afectar a los aforados nacionales, entre ellos Chaves y Griñán).

Pero el caso, de momento, no tiene marcha atrás y la jueza Alaya no podría actuar judicialmente contra estos exconsejeros en tanto en cuanto el TSJA mueva ficha, aseguran fuentes del alto tribunal, a expensas de recibir en las próximas horas la exposición razonada. A partir de ahora podrían darse varias circunstancias. Una, que los exconsejeros mantuvieran la condición de aforados si entran a formar parte de la diputación permanente, sólo establecida para el periodo de precampaña y campaña electoral (es de suponer que la secretaria general del PSOE-A no los incluirá en las listas socialistas puesto que ha ido alejando de responsabilidades gubernamentales a todo aquel que hubiera tenido cierta relación con el caso de los ERE). No abandonarían el aforamiento “hasta tanto se constituya el nuevo Parlamento”, como se explica en el Título Tercero de la organización del Parlamento. En ese momento (a mediados de abril si se cumplen los plazos previstos), la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, que presumiblemente aún no habrá decidido nada al respecto, devolverá inmediatamente el caso al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, auguran desde el TSJA.

Pero, ¿quién estará entonces como titular del juzgado? Quizás no esté ya la jueza Alaya, que podría haber sido sustituida por otro juez y ella estar ya ocupando su nueva plaza en la Audiencia, a la que podría tener acceso desde marzo aproximadamente. O no. Alaya podría estar disfrutando de una primera comisión de servicio de seis meses para acabar alguna de las macrocausas, entre ellas, claro, la de los ERE. Habría que aclarar que ella no puede pedir la comisión, sino que sería a propuesta, precisamente, del propio TSJA, en concreto de su Sala de Gobierno, con un informe no vinculante, y sobre ella decidiría siempre el CGPJ.

Por otro lado, y de vuelta al Parlamento, nunca se ha dado el caso de que un grupo se oponga a nombramientos de la diputación permanente, aseguran fuentes parlamentarias, por lo que se desconoce qué podría ocurrir el lunes. Siempre se ha hecho por asentimiento pero las muestras de desacuerdo que han mostrado los otros dos partidos con representación parlamentaria podría conllevar otro escenario.

“No podemos imaginar ni que lo puedan proponer”, ha dicho la secretaria del Grupo Popular, Macarena O'Neil, respecto a la posibilidad publicada por los medios mencionados de que el PSOE esté tratando de 'blindarse' durante la campaña electoral ante la hipotética citación judicial de los exconsejeros aún aforados. Antonio Maíllo, líder de IU y que se muestra en contra de la ruptura del pacto de Gobierno, dice que no tiene constancia de que esto vaya a producirse pero que en el caso de que fuera así mostraría su rechazo a tal decisión y su formación no daría el asentimiento.

Desde el PSOE andaluz nadie ha hecho declaraciones públicas al respecto y su departamento de comunicación tampoco se ha pronunciado en un sentido o en otro, consultado por esta cuestión. Los dirigentes de partidos sin representación en la Cámara, como el PA o UPyD, han calificado de “escándalo y chanchullo” esta posibilidad y han acusado a Susana Díaz de “estafar” a los andaluces con “maniobras ruines”, según han declarado, respectivamente, Antonio Ruiz y Martín de la Herrán.

El Grupo Popular también ha propuesto el cambio de sus miembros con representación en la diputación permanente. Se trataría de Rafael Salas, actualmente vocal suplente y que fue propuesto como número dos de la Cámara de Cuentas en noviembre pasado. La renovación de la Cámara de Cuentas también está prevista para el lunes, por lo que la confluencia de intereses y movimientos coincidirán nada menos que con una más que probable disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas.

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