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Antonio Arroyo Gil

Doctor Europeo en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y Profesor de Derecho constitucional en la misma.

Es autor de diversos artículos científicos y capítulos de obras colectivas sobre organización territorial del poder y derechos fundamentales, publicados en distintas revistas especializadas, así como de los libros: El federalismo alemán en la encrucijada (Sobre el intento de modernización del orden federativo en la República Federal de Alemania), de 2006, por el obtuvo el Primer Premio Manuel Giménez Abad para trabajos de investigación sobre la descentralización política y territorial; y La reforma constitucional del federalismo alemán (Estudio crítico de la 52ª. Ley de modificación de la Ley Fundamental de Bonn, de 28 de agosto de 2006), de 2009, por el que obtuvo (ex aequo) el Primer Premio Josep María Vilaseca i Marcet del Institut d'Estudis Autonòmics de la Generalitat de Catalunya, para trabajos de investigación sobre el federalismo y la autonomía política.

Ha realizado diversas estancias en centros de investigación extranjeros: Universidades de Trier y Libre de Berlín, en Alemania; y Universidad de California-Berkeley, en Estados Unidos de América.

Compagina su faceta profesional, docente e investigadora, con el activismo social y político. Es miembro de COGAM (Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid) y Premio Pedro Zerolo a la Trayectoria 2015 por su defensa de los derechos de las personas LGTB, otorgado por este colectivo.

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Cuestiones de vida y muerte

Si bien el artículo 15 de nuestra Constitución reconoce expresamente que “todos tienen derecho a la vida”, lo que hay que entender es que el mismo, en realidad, lo que protege y garantiza es el derecho a la vida “digna” de todos, de lo que cabría derivar la facultad del legislador de reconocer un derecho a la propia muerte en condiciones de dignidad. Me explico.

Como es natural, la vida constituye un presupuesto imprescindible para poder hablar de derechos. Por eso, en nuestro ordenamiento jurídico el “derecho a la vida” se presenta como una suerte de derecho fundamental primario a partir del cual podemos construir (o reconocer) los demás derechos fundamentales (libertad de expresión, derecho a la intimidad, derecho a la educación, etc.). Por otro lado, nuestra Constitución también reconoce en el artículo 10.1 CE que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.

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El matrimonio igualitario en EEUU: No es una cuestión de federalismo, sino de igualdad

Próximamente, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América deberá pronunciarse sobre una cuestión crucial: si las parejas del mismo sexo podrán contraer matrimonio en igualdad de condiciones que las parejas de sexo diferente.

Aunque siempre es aventurado realizar pronósticos, creo que se puede anticipar el sentido de esta esperada decisión jurisprudencial a partir de ciertos datos: jurídicos, unos; y sociológicos, otros. Respecto de estos últimos, interesa destacar, sobre todo, uno: que, según indican las encuestas, a día de hoy, y a diferencia de lo que sucedía no hace mucho tiempo, ya existe una mayoría social en EEUU que apoya la igualdad de derechos de las personas homosexuales, incluido el matrimonio. Aunque las causas que explican esta evolución son variadas, es de justicia reconocer aquí el ingente trabajo desplegado a tal fin por el potente lobby en defensa de los derechos civiles.

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Madrid: el PSOE ha vuelto

Es difícil que una decisión política de entidad no suscite ningún tipo de duda o crítica. Muchos nos preguntamos desde hace tiempo por qué la dirección federal del PSOE parecía resignada, casi conforme, con la calamitosa trayectoria que el PSM había emprendido hacia la (¿definitiva?) debacle electoral. El portazo a la ciudadanía que supuso la celebración de unas primarias ‘fantasmas’ y la multiplicación de problemas que semana a semana iban minando el liderazgo tambaleante de un Tomás Gómez cada vez más encerrado en sí mismo, sólo rodeado de sus incondicionales, son buena muestra de ello. Pero, aunque debió producirse antes, la decisión de Pedro Sánchez de destituir al que hasta el jueves era secretario general y candidato de los socialistas madrileños en las próximas elecciones autonómicas merece un reconocimiento y puede marcar un punto de inflexión en la historia de este partido. En un triple sentido.

I. Son muy diversas las razones e intereses que explican la toma de esta inesperada decisión. Pero dejando a un lado las lecturas en clave interna, el mensaje que reciben los ciudadanos es que el PSOE adopta por primera vez en mucho tiempo –es importante resaltar esto– una medida que refleja una concepción mucho más exigente de la responsabilidad política. Quizá dentro del partido y de la propia dirección federal haya quien considere que lo importante era evitar una estrepitosa derrota electoral. Pero lo que muchos ciudadanos valoran es que un partido político tenga la capacidad de apartar de sus cargos a un destacado dirigente como responsable político de una mala gestión que ha llevado al Ayuntamiento de Parla a la quiebra técnica y de una trama de corrupción y corruptelas que, sin concernirle de forma directa, no se le pueden considerar ajenas.

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PSOE: recuperar el norte

Somos militantes o simpatizantes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) porque, entre otras cosas, estamos convencidos de la contribución que ha hecho esta fuerza política a la modernización de nuestro país, situándolo en el corazón de la Europa unida; contribuyendo como nadie a la construcción de un Estado social o de bienestar, por más que el mismo siempre se encuentre necesitado de ampliación y perfeccionamiento, sobre todo ahora, que se ve tan vapuleado; aportando estabilidad política a un país muy necesitado de ella. Un partido que se ha mostrado firme defensor de la Democracia; impulsor y artífice de la ampliación de derechos laborales y civiles, en particular, a favor de determinados colectivos que se habían visto privados de ellos, cuando no directamente discriminados (personas con discapacidad, inmigrantes, lesbianas, gáis, transexuales y bisexuales, etc.). Un partido que ha apostado y apuesta con convicción por la igualdad real de mujeres y hombres; comprometido en la lucha contra esa insoportable lacra social que es la llamada violencia de género; etc., etc.

Sin embargo, nuestra militancia o simpatía no es ingenua ni incondicional. No es ingenua porque somos conscientes de que en el camino se han cometido errores. Gobernar es acertar y errar. La toma de postura en lo público, incluso cuando no se gobierna, no es ajena a la posible equivocación. Y por eso hemos criticado, en ocasiones, esos errores. Sea como fuere, hemos entendido que el saldo ha sido positivo. Desde su posición como partido de gobierno o en la oposición, el PSOE ha rendido, en términos generales, un gran servicio a nuestro país.

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El Partido Socialista en Madrid: un barco a la deriva

El Partido Socialista se enfrenta a un serio riesgo de fracaso electoral en Madrid en las elecciones del próximo mes de mayo. No sólo por la frustración de volver a perder de forma clara unos comicios que hace algún tiempo parecía en condiciones de ganar de la mano de otras fuerzas, sino también por la posibilidad –cada vez más cierta– de no alcanzar ni siquiera el 20% del voto y de verse relegado al tercero puesto.

Muchos factores explican tan negras perspectivas. Ciertamente algunos tienen que ver con la trayectoria del PSOE a nivel nacional. Pero ahora quisiéramos centrarnos en aquellos que afectan directamente al PSM, en un ejercicio de lealtad hacia votantes y simpatizantes socialistas en Madrid que encuentran en el silencio (al menos, público) de gran parte de la militancia un motivo más para dar su apoyo previsiblemente a otras fuerzas políticas.

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Es urgente

Sí, es urgente cruzar la frontera. Acompañar la música, por bien que suene, de iniciativas concretas y compromisos ciertos que los ciudadanos puedan comprender y defender, porque se identifican con ellos. El PSOE debe atreverse a ello. Como lo hizo en otras ocasiones. Reconociendo, en primer lugar, errores graves, y desmarcándose sin contemplaciones de sus cuadros y exdirigentes que siguen enrocados en esos errores y se empeñan, desde pedestales más o menos resguardados, en seguir marcando el paso al partido. Y debe hacerlo asumiendo riesgos. Liderando un proyecto de transformación social ambicioso y razonable a la vez. Hacerlo ya, sin perder un segundo más. Porque son muchas las personas que lo esperan, y que no pueden esperar más.

Tras tres años sufriendo el pernicioso e ineficaz (des)gobierno de Mariano Rajoy, en este país hay pobreza infantil; hay un desempleo descomunal y persistente; hay desigualdades crecientes de renta y de recursos económicos; hay mucha evasión y fraude fiscal; hay corrupción, insoportable corrupción; hay un enquistamiento de discriminaciones de diversa índole, que padecen señaladamente las mujeres; hay una crisis territorial agravada en los últimos años; hay un modelo de crecimiento económico agotado; hay, en definitiva, problemas graves, pero identificables, y, en esa medida, abordables. Entendemos, a este respecto, que el PSOE debería, de inmediato, asumir los compromisos y actuaciones que más abajo esbozamos. Lo ha de hacer por su propia supervivencia y, lo que es mucho más importante, por el conjunto del país, tan necesitado de una regeneración política, democrática e institucional.

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Cuatro errores económicos que el PSOE no debería repetir

El PSOE ya tiene nuevo Secretario General, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, que tiene la responsabilidad de liderar una transformación radical del funcionamiento interno del partido, de sus formas de relacionarse con la sociedad y de su contenido programático, para volver a conectar con la ciudadanía y optar a gobernar de nuevo el país. Y entre esos cambios programáticos, los que se refieren a la política económica deben ocupar a nuestro juicio un lugar central. Porque una de las cuestiones que precisamente han propiciado de forma más evidente la pérdida de confianza de su electorado ha sido la política económica que ha desarrollado durante sus años de gobierno. Es una opinión bastante extendida que las diferencias entre PSOE y PP (los dos partidos, hasta ahora, con opciones reales de gobernar en España) han sido y son evidentes en materia social y de derechos ciudadanos, pero mucho menos perceptibles en materia económica.

Esta percepción no afecta solo al PSOE, sino al conjunto de la socialdemocracia europea, cuyas posiciones en materia económica se han visto contaminadas de los planteamientos del discurso neoliberal, aplicando cuando han gobernado políticas que, en sus rasgos esenciales, poco se han diferenciado de las realizadas por los partidos conservadores. El brusco giro dado a las políticas puestas en práctica en mayo de 2010 a nivel europeo, con la imposición de una agenda de austeridad a ultranza, aceleró este proceso de divergencia entre la política económica aplicada por los los grandes partidos de raíz socialdemócrata de Europa y los deseos de sus potenciales votantes, aumentando su desafección. La reciente actuación del gobierno francés de Hollande y Valls sirve para ejemplificar esta deriva.

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¿Política contra Derecho en Cataluña?

Ahora que el debate en torno a la Monarquía ha relajado la tensión de nuestro singular debate territorial, quizás no esté de más recordar, con el necesario sosiego, tres acontecimientos relativamente recientes sobre la ya conocida como “cuestión catalana” que van a servir de preámbulo a los venideros, inevitables, a fin de de extraer de ellos alguna lección valiosa.

El primero, la (excesivamente) celebrada sentencia del pasado 25 de marzo del Tribunal Constitucional sobre la declaración soberanista del Parlament de Catalunya, que al tiempo que nos vino a recordar, con toda razón y claridad, lo que ya sabemos (que solo el pueblo español es soberano), se aventuró también a interpretar, introduciendo cierta confusión, el sentido de eso que se ha dado en llamar “derecho a decidir”, al concebirlo como “una aspiración política a la que solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional”.

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Homofobia en las aulas

No son meros rumores. Ni vagas suposiciones o intuiciones. Es una cruda realidad. Aún hoy en día, avanzado el siglo XXI, en nuestros colegios e institutos siguen siendo muchos las/os adolescentes y jóvenes que, a causa de su orientación sexual o identidad de género, soportan una violencia física y psíquica intolerable. Más del 5% de las/os alumnas/os lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (LGTB) afirma haber sido agredido físicamente (patadas, golpes, empujones, etc.) alguna vez en su Instituto por ser o parecer LGTB, y más del 11% reconoce haberlo presenciado.

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Hay que tomar la iniciativa

Artículo en colaboración con Líneas Rojas

Acabábamos el fatídico 2012 con la noticia de que CIU y ERC habían llegado a un acuerdo para abrir un proceso pautado dirigido a la consecución de un fin claro: ofrecer una consulta al cuerpo electoral catalán sobre la autodeterminación de Cataluña, o, dicho menos retóricamente, sobre su independencia o secesión del Estado español. Eso y no otra cosa se esconde bajo el eufemismo “derecho a decidir”. Y comenzamos este 2013 de malos augurios con el anuncio de que el Parlamento catalán votará en el primer pleno de esta nueva legislatura, el próximo 23 de enero, una “Declaración de Soberanía del Pueblo Catalán”, que –según todo indica- saldrá adelante gracias al voto mayoritario de los diputados elegidos por aquellos dos partidos políticos.

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