Los horarios nos diferencian a España del resto de Europa. Es una singularidad, como la paella o la siesta, pero no una ventaja. Al contrario. Los españoles pasamos más tiempo en el trabajo que, por ejemplo, los alemanes. 277 horas más en 2012. Pero eso no nos ha hecho más productivos y además, nuestra vida familiar se resiente. Llegamos tarde a casa y dormimos 53 minutos menos que la media europea, lo que tiene consecuencias sobre el rendimiento y la siniestralidad laboral, entre otras cosas. Hace diez años que la Comisión Nacional por unos Horarios Racionales en España combate para conseguir una organización del tiempo que haga conciliables la vida personal y la familiar. Porque todavía hoy "nadie se va del trabajo hasta que no se va el gerente", explica Ignacio Buqueras, presidente de esta comisión.

¿La cultura del "presentismo" es típica de España?

Bastante. Es una cultura más del siglo XIX y XX. Aún luce ese profesional que dice "yo estoy once horas, doce". En otro país extranjero dirían: "pobre hombre, es una persona que no se sabe organizar, tiene que estar mucho rato, no atiende a su pareja o a sus hijos, si los tiene". Estamos en un mundo cada vez más globalizado, difícil, complejo y, encima, con una crisis profunda. Lo importante es buscar eficiencia, la excelencia en el trabajo bien hecho.

Dos semanas después de que el ministro de Agricultura, Miguel Arias-Cañete, revolucionara al sector agrario andaluz proponiendo un "reparto nacional" de las ayudas europeas, el director general de Producciones y Mercados Agrarios, Carlos Cabanas, ha viajado a Jaén para tranquilizar a las organizaciones agrarias.

El ministro habló de garantizar que "todos los agricultores de un determinado cultivo reciban el mismo nivel de apoyo en todas las partes del territorio, y para que no haya distorsiones de las competencias". Eso hizo saltar las alarmas de las organizaciones que temían que, en el reparto final, Andalucía perdiera derechos a pesar de aportar una cuarta parte de la producción agraria nacional. Pero el director general ha explicado que están trabajando en "un modelo de aplicación" de los fondos comunitarios que "evite trasvases entre beneficiarios, cultivos y territorios".

Carlos Cabanas ha hablado de "mantener la foto fija" de las ayudas que reciben las comarcas. Esto es lo que han pedido las organizaciones agrarias andaluzas desde que comenzó a negociarse la reforma de la Política Agraria Común (PAC). La garantía de que cada comarca sigue recibiendo los mismos fondos que en la actualidad "elimina la tasa plana", ha matizado Cabanas, que era la propuesta inicial de la comisión.

Juana Vacas tiene una pensión que ronda los 400 euros y la casa en la que vive. A sus 74 años ha perdido la mayoría de sus tesoros: su esposo y tres de sus cuatro hijos. Al marido se lo llevó la enfermedad; a dos hijos varones, la droga. A su hija la mató un hombre, su ex marido, condenado a 22 años y medio por asesinarla (la sentencia ha sido recurrida). Además del dolor, esta mujer de Torredelcampo (Jaén) ha heredado las deudas del agresor de su hija. El 26 de junio se celebra el juicio para pedir la nulidad de la herencia. Si lo pierde, perderá su casa. A su duelo sumará un desahucio por deudas que nunca contrajo, porque su casa es el único patrimonio con el que puede responder.

Purificación fue asesinada en marzo de 2011. Entonces tenía 42 años pero su hermana explica que su madurez mental "era la de una niña de siete; tenía una discapacidad intelectual reconocida del 44 por ciento", explica su hermana, Encarnación Armenteros. Se había casado con quien sería su verdugo en 2003. En 2006, en una de las múltiples peleas, el marido la echó de casa. Cuatro años y varios episodios de violencia más tarde obtuvo el divorcio. Entonces, su abogada de oficio le advirtió de que "tenía que pedir otro abogado para disolver los gananciales, pero no le dio tiempo porque la mató", recuerda Encarnación.

"Cómo no la invalidasteis judicialmente, nos dicen ahora", lamenta la hermana: "pues porque no sabíamos que se podía hacer". Eso habría permitido a la familia tener más capacidad de maniobra. Ahora ya es tarde. En agosto de 2011, antes de que terminara el plazo para pagar el impuesto de sucesiones, Juana Vacas inició los trámites en la notaría para reclamar la herencia de su hija y cerrar las cuentas de uno de los capítulos más amargos de su vida. Según sus cálculos, Purificación sólo poseía la sexta parte de la casa de sus padres. 

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Jaén ha condenado a Barclays a devolver a un matrimonio de la capital 96.302 euros que invirtieron en acciones preferentes . En dicho proceso, Barclays actuó como comercializadora, porque el producto financiero pertenecía en realidad al Banco Popular. La sentencia falla sobre diversos fondos de inversión pero sólo condena al banco en el caso de las acciones preferentes, al considerar que se trataba de "una operación compleja, novedosa y de alto riesgo que debería haber sido explicada pormenorizadamente al cliente".

Por ello declara la nulidad del acuerdo entre la entidad bancaria y los afectados, y obliga a la primera a devolverles su dinero. El letrado de Ausbanc (Asociación de Usuarios de Bancos), José Andrés Serrano, ha llevado el pleito y se muestra satisfecho por la sentencia. Admite que el juez sólo acepta la nulidad del contrato en el caso de las preferentes y no en el resto de productos financieros que la pareja tenía contratados con Barclays, "pero destaca que esta familia, cuando firma, no es consciente de la trascendencia" del producto adquirido.

Es más, Serrano señala que el juez admite que la pareja, al menos el marido, tenía perfil inversor y "experiencia en la compra-venta de acciones". Sin embargo, enfatiza "que el de las preferentes es un producto novedoso, complejo y de alto riesgo", por lo que requiere "documentación y que se explique con claridad" en qué consisten. De hecho, según Serrano, la sentencia recoge que un empleado del banco llegó a admitir "que la información que ofrecieron al respecto podía ser confusa y errática".  

El futuro de la estadística pasa por incorporarla a un soporte cartográfico, para obtener de las tradicionales series de datos la mayor aplicabilidad posible. Es lo que se llama 'geoestadística', de la que este mapa del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía es un buen ejemplo. Genera algunas sorpresas, como las de este mapa interactivo, que permite observar la intensidad de paro registrado desde el año 2005 municipio a municipio.

El reparto nacional de ayudas que propuso la semana pasada el ministro de Agricultura, Miguel Arias-Cañete, tampoco es suficiente para el campo andaluz. La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) asegura que Andalucía perderá alrededor de 350 millones de euros si se aplica la tasa nacional propuesta por el ministro. Cañete sugirió que “todos los agricultores de un determinado cultivo reciban el mismo nivel de apoyo en todas las partes del territorio”.

Esa propuesta se aleja de la tasa plana que quiere Europa, un modelo con el que las pérdidas rondarán los 500 millones de euros anuales en Andalucía.  En el caso del olivar jiennense, las ayudas que dejaría de percibir oscilan entre los 187 millones de euros, con el reparto de Cañete, y 228 millones, con la ‘tasa plana’ de la comisión.

UPA ha sido contundente con relación a lo expresado con el ministro. “No valen juegos de palabras; ya sabemos que no es una tasa plana, pero en la práctica, las consecuencias son equivalentes”, ha explicado el secretario general de UPA-Andalucía, Agustín Rodríguez. Ha pedido que la negociación del reparto interno de las ayudas europeas a la agricultura se haga “atendiendo a criterios profesionales”, basado en “la comarca agraria” para evitar que unos territorios pierdan fondos en beneficio de otros.

El ministro de Agricultura, Miguel Arias-Cañete, ha defendido en Expoliva una "aplicación nacional" de las ayudas comunitarias al campo. Cañete ha explicado que eso servirá para que "todos los agricultores de un determinado cultivo reciban el mismo nivel de apoyo en todas las partes del territorio, y para que no haya distorsiones de las competencias".

Según el ministro, en la negociación se han eliminado los mayores riesgos para el sector aceitero. Se ha impedido la inclusión de 16 millones de hectáreas de nuevos cultivos –que habría obligado a repartir la ficha nacional entre más productores-, se ha logrado cierto margen de flexibilidad en la aplicación de las ayudas, y se ha clasificado al olivar como "cultivo verde" sin requisitos adicionales.

El ministro se ha mostrado convencido de que la Unión Europea "nos permitirá tener la suficiente flexibilidad para que la aplicación en España de la Política Agraria Común permita mantener los apoyos actuales a todos los cultivos, al olivar en particular". Eso incluye, según Cañete que  los agricultores "puedan seguir trabajando en el territorio con rentabilidad y competitividad".  Ha admitido que la flexibilidad en la aplicación de las ayudas es uno de los argumentos esenciales para el gobierno porque es consciente de que "hay muchas diferencias de coste de producción entre cultivos".

El ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha dado una de cal y otra de arena sobre el futuro del río Guadalquivir. Durante su visita a Expoliva en Jaén, ha asegurado que el dragado del río "tiene que garantizar que los cultivos no se salinicen y que el entorno del río no se vea perjudicado". Es más, añadió que "un dragado sin condiciones terminaría perjudicando a Doñana y a los cultivos por la facilidad del tambor salino de ir río arriba".

Pero también dijo que habrá que "ver si procede o no una nueva declaración de impacto ambiental, y cuáles serían los términos". Una frase que dice mucho más de lo que parece, ya que tanto la Junta de Andalucía, como la amplia oposición al dragado mantienen que hay que cumplir las recomendaciones de los científicos y el dictamen de la Comisión Científica que analizó el tema.

Y lo que mantienen es que el río "está al borde del colapso", y que, por tanto, no se deberá hacer dragado alguno antes de su recuperación, y si se hace, nunca sin una previa declaración de impacto medioambiental. Justo lo que el Puerto de Sevilla, que es quién pretende dragar el río hasta su desembocadura, pretende evitar.

En el último año, el consumo mundial de aceite de oliva ha caído alrededor de un 6 por ciento a causa de un ligero repunte de precios. Esos son los datos que pone sobre la mesa el Consejo Oleícola Internacional (COI) en la décimosexta edición de Expoliva. Los productores esperaban que las circunstancias del mercado –mala cosecha y caída de las subvenciones- provocaran un ascenso considerable del valor del aceite de oliva en origen.

Sin embargo, las estadísticas hablan en otra dirección. Es cierto que ha habido un repunte de precios, pero “los mercados internacionales buscan la estabilidad”, explica Olga Martínez, técnica de la Cámara de Comercio, “se resienten si no hay un precio equilibrado”. Y en el último año, las oscilaciones han provocado un descenso de las exportaciones, reflejado en los datos de la Agencia para el Aceite de Oliva. De hecho, la tónica es que en los años que aumenta el precio, aunque se mantengan los ingresos, desciende el volumen de producción vendida al exterior.

“La globalización tiene un inconveniente”, advierte Manuel Alfonso, presidente de Infaoliva, la federación que reúne a los fabricantes de aceite españoles, “que el precio lo imponen desde fuera”. Desde su punto de vista el ejercicio que le queda a los aceites españoles es “hacerse rentables y adaptarse a los precios” porque “el mercado se regula solo”.

El consejero de Agricultura, Luis Planas, ha sido claro en la inauguración de Expoliva: la Junta de Andalucía peleará “hasta el minuto 100, hay que jugar hasta que tengamos un resultado que sea favorable a nuestros intereses” a la hora de repartir las ayudas europeas a la Agricultura. Con ello, el consejero expresa su rechazo a la tasa plana propuesta por la Unión Europea, que no distingue entre el tipo de cultivo ni la zona al establecer las ayudas para el campo.

“Unidad, trabajo y tensión negociadora” son las armas que Planas ha esgrimido para pedir que se mantengan “las aportaciones financieras andaluzas” al término de la negociación. Su exigencia está en sintonía con las organizaciones agrarias, que han pedido un reparto de ayudas acorde a la singularidad de los cultivos. Así se evitaría que Andalucía pierda fondos en beneficio de otras comunidades autónomas. También un trasvase de renta desde la agricultura productiva hacia la especulativa o los terrenos no cultivados.

En Bruselas sigue la negociación en los llamados “triálogos”, que reúnen a representantes del Consejo Europeo, la Eurocámara y la Comisión de Agricultura. Un representante de la dirección general de Agricultura de la Comisión Europea, Jesús Melero, ha participado en uno de los debates de la Feria del Olivar. Melero ha señalado que “al principio la propuesta de la comisión era bastante rígida” en lo que al reparto de las ayudas en cada Estado se refiere. No obstante, según Melero, durante la negociación “se están abriendo posibilidades e incluso se podrían admitir diferenciaciones, por ejemplo, entre secanos y regadíos o cultivos específicos”.