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Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria, 1984. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 2008. Tras un breve paso por Activa Multimedia Digital, comencé a trabajar en Canarias Ahora en verano de 2009. También he colaborado con el diario Marca como corresponsal en Las Palmas.

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Un año de cárcel para tres vecinos de Cruz de Piedra detenidos en una polémica intervención policial en 2013

Una intervención policial en apariencia menor y rutinaria, un alto a un joven motorista en medio de un operativo de prevención de tráfico de drogas, desató el mediodía del 9 de julio de 2013 un tumulto sin precedentes en el Polígono de Cruz de Piedra, uno de los barrios  más deprimidos y con mayor tasa de desempleo de Las Palmas de Gran Canaria. El despliegue del Grupo 2 de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) del Cuerpo Nacional de Policía de Canarias se saldó con cinco detenciones -una de ellas el día posterior a los hechos- y dos salvas al aire con una escopeta Franchi para disolver y disuadir a la multitud que se había enfrentado a los agentes ante una actuación que consideraba desproporcionada.

Tres años y medio después, S.M., J.I.R. y F.J.R., los tres vecinos que aún continuaban procesados por aquellos sucesos (la causa contra los otros dos arrestados fue archivada en fase de instrucción), han aceptado una condena de un año de cárcel por un delito de atentado contra los agentes de la autoridad. En su escrito de acusación, la Fiscalía solicitaba para cada uno de ellos tres años de prisión. Sin embargo, este miércoles, fecha prevista para la celebración del juicio oral en el Juzgado de lo Penal número 2 de la capital, la representante del Ministerio Público ha propuesto un acuerdo de conformidad para reducir la pena a un año y evitar así que los acusados tengan que ingresar en prisión. Uno de ellos, F.J.R., con antecedentes penales, deberá indemnizar además a un agente policial con 420 euros por las lesiones producidas durante el enfrentamiento.

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Un solo empresario acapara los servicios de prensa del Gobierno canario: ocho contratos y 463.000 euros en un año

Al menos ocho contratos por un montante global de 463.504 euros en poco más de un año. Es el balance de las adjudicaciones que, según los datos recogidos de la página web del perfil del contratante del Gobierno de Canarias, han concedido diferentes departamentos del Ejecutivo desde enero de 2016 hasta febrero de 2017 a Metrópolis y Mas Canarias, dos agencias de comunicación administradas por el mismo empresario, Santiago Pérez.

El último, firmado el 7 de febrero por valor de 58.800 euros, ha sido otorgado por la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios para la prestación del servicio de apoyo fotográfico al gabinete de Presidencia. Se trata de un negociado sin publicidad, un tipo de procedimiento excepcional en el que el órgano de contratación acude a una o varias empresas y negocia las condiciones, siempre que el presupuesto de licitación no supere los 60.000 euros. En este caso, se justifica el procedimiento utilizado y su urgencia -el expediente se abrió el 1 de enero y se resolvió el día 30- en las "necesidades sobrevenidas" y en los nuevos soportes de comunicación abiertos (página web, redes sociales y portales informativos).

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El Supremo condena a Marhuenda a pagar 30.000 euros por una acusación falsa al ex jefe de Policía de Cataluña

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha declarado firme la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que condenaba a la empresa editora del periódico La Razón, Audiovisual Española 2000; a su director, Francisco Marhuenda, y al periodista Jesús Maria Zuloaga a indemnizar con 30.000 euros a Narciso Ortega, exjefe superior de Policía de Cataluña, por vulnerar su derecho al honor con una información falsa publicada en el rotativo en 2013.

La noticia, titulada "Un alto cargo de Rubalcaba se reunió con el jefe de Método 3" en portada y "El dueño de Método 3 se reunió con un jefe policial de la era Rubalcaba" en sus páginas interiores, insinuaba una actuación prevaricadora del comisario al vincular el encuentro que mantuvo en un restaurante con el director de la mencionada agencia de detectives, Francisco Marco, con el archivo del expediente sancionador que la Delegación del Gobierno en Cataluña incoó a Método 3 en mayo de 2011 por supuestas irregularidades tipificadas en la Ley de Seguridad Privada.

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Enrique Hernández Bento: "Soria ha sido el mejor político de Canarias, pero hay que mirar hacia adelante"

Traición, purga, adoctrinamiento... Enrique Hernández Bento no ha escamitado en epítetos negativos hacia la forma de ejercer el liderazgo del actual presidente del PP de Canarias, Asier Antona. El exdelegado del Gobierno en el Archipiélago ha presentado este miércoles su candidatura a capitanear el partido tras el Congreso Regional que se celebrará del 17 al 19 de marzo con un discurso basado en dos ideas fuerza: convertir al afiliado en el "auténtico protagonista" de la formación y  "recuperar la unidad" que, a su juicio, ha roto Antona, "traicionando" así el compromiso que adquirió al sustituir a José Manuel Soria cuando  el exministro dimitió tras conocerse su relación con empresas radicadas en paraísos fiscales a partir de la divulgación de los papeles de Panamá.

En el acto de presentación de su candidatura, celebrado en la tercera planta del Hotel AC Gran Canaria ante decenas de simpatizantes, Hernández Bento sólo ha mentado a quien fuera su gran valedor al ser preguntado por los periodistas. Aunque reivindicó a Soria como "un gran político, el mejor que ha dado esta tierra", también trató de desligarse de su figura al afirmar hasta en dos ocasiones que el PP tiene que "mirar hacia adelante". "Trabajé con él de la mano durante cuatro años en una legislatura dura (fue designado subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Turismo después de que Soria asumiera la cartera). Ya abandonó la política y nunca tendré una palabra mala hacia él", agregó el candidato, que se limitó a responder que no tenía "ni idea" al ser cuestionado sobre la posibilidad de que el exministro estuviera detrás de la candidatura de Antona.

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El Supremo devuelve a un juzgado de Telde el caso del escrache a Soria en el aeropuerto de Gran Canaria

El Juzgado de Instrucción número 1 de Telde será el encargado de juzgar a los ciudadanos que abordaron e increparon el 21 de noviembre de 2014 a José Manuel Soria a su salida del aeropuerto de Gran Canaria. El entonces ministro de Industria, Energía y Turismo fue objeto de un escrache convocado con el objetivo de expresar el rechazo social a las prospecciones petrolíferas que ya en ese momento estaba realizando Repsol frente a las costas del Archipiélago, unos sondeos que el departamento liderado por el político canario había autorizado e impulsado.

El Tribunal Supremo dictó el pasado 18 de enero un auto para resolver la cuestión de competencia que había planteado el juzgado de Telde al inhibirse en favor de un tribunal de Madrid con el argumento de que el atestado policial con el que se iniciaron las diligencias hacía referencia a unas presuntas amenazas contra el político en el aeropuerto de Barajas, durante el embarque del vuelo que lo llevaría a Gran Canaria, su isla natal.

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El presidente canario ordenó en agosto a los gerentes de los hospitales públicos recortar 50 millones "sin importar dónde"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ordenó el pasado 2 de agosto a los gerentes de los hospitales públicos del Archipiélago que recortaran 50 millones de euros en los últimos cinco meses del año para atajar la desviación detectada en las cuentas de la Consejería. "Su única preocupación era que nos ajustáramos al presupuesto y al techo de gasto. No le importaba dónde lo hiciéramos (en qué servicios y prestaciones)", ha relatado a este periódico una de las personas presentes en ese reunión, que prefiere mantenerse en el anonimato tras haber sido cesada en su cargo de gerente después de la llegada del nuevo consejero, José Manuel Baltar, vicepresidente de la patronal de la Sanidad privada.

"La reunión fue desoladora. (Clavijo) No tenía ningún interés en escucharnos, nos interrumpía y sólo hablaba del déficit". Su testimonio coincide punto por punto con el expresado este viernes por la mañana en la cadena Cope por el gerente de los Servicios Sanitarios de Lanzarote. José Luis Aparicio, aún en el cargo, destapó la caja de los truenos al relatar las presiones del presidente canario para recortar, su desinterés por la calidad de los servicios asistenciales y su obsesión por el control presupuestario sobre todas las cosas. "Le daba igual las consecuencias".

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Luis Lleó apura ante el juez Alba sus balas para anular pruebas claves en el juicio por el intento de soborno

El abogado y empresario Luis Lleó, principal acusado en la mayor trama de corrupción política y empresarial de Canarias por número de delitos y piezas, el caso Unión, ha gastado una de sus últimas balas para intentar anular las pruebas que lo incriminan en el intento de soborno a Carlos Espino, consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote en el momento de los hechos, para desbloquear un proyecto de urbanización que el ahora encartado promovía en el sur de la Isla.

Este jueves se ha celebrado en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria la vista sobre las cuestiones previas, la antesala del juicio oral. El acto ha estado presidido por el polémico magistrado Salvador Alba, que juzgará a Lleó y a Fernando Becerra (el otro procesado) por el procedimiento de tribunal de jurado, salvo que sea apartado si antes prospera alguna de las acciones penales o disciplinarias que en su contra se tramitan en el  Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y en el  Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por maquinar una declaración junto a un empresario investigado para perjudicar a la también magistrada Victoria Rosell.

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Anulada una cláusula suelo de la Hipoteca Joven Canaria con efecto retroactivo

La  doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación a las cláusulas suelo comienza a aplicarse también sobre los contratos firmados bajo el paraguas del Gobierno canario a través de la denominada Hipoteca Joven. En una sentencia fechada el 4 de enero, apenas quince días después del pronunciamiento de la justicia europea, la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santa Cruz de Tenerife anuló con efecto retroactivo la cláusula suelo del 2,75% incluida en el préstamo hipotecario de uno de los jóvenes que compraron su vivienda gracias a un convenio en el que intervenieron, además de la entidad financiera -CajaCanarias (ahora Caixabank)-, el Instituto Canario de Vivienda y la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Ejecutivo regional.

La jueza había aplazado en septiembre la resolución de la demanda hasta conocer la posición que adoptaba el TJUE, que finalmente se alineó con la tesis defendida por los consumidores y falló a favor de la retroactividad total, obligando a los bancos a devolver íntegramente las cantidades cobradas de más por las cláusulas suelo desde la firma de la hipoteca y no sólo desde mayo de 2013, la fecha que había fijado el Tribunal Supremo para evitar el "riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico".

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Podemos reclama el acta a Juan Manuel Brito y anuncia una reunión con los tres consejeros del partido en el Cabildo

La dirección regional de Podemos reclamará en los próximos días por escrito al vicepresidente segundo del Cabildo de Gran Canaria, Juan Manuel Brito, la devolución del acta de consejero, después de que el Consejo Estatal de Garantías Democráticas  haya ratificado su expulsión definitiva de la formación morada. La secretaria de Organización de Podemos en Canarias, Concepción Moreno, ha anunciado además la convocatoria de una reunión para la próxima semana con los tres consejeros que permanecen en el grupo del Cabildo (María Nebot, Miguel Montero e Ylenia Pulido) para abordar la situación generada tras esta decisión del órgano estatal y sus repercusiones en la actividad institucional que desarrollan los cargos del partido.

En declaraciones a Canarias Ahora, Moreno ha explicado que, tras conocer la resolución "firme" de la dirección estatal en vía ejecutiva, el partido en Canarias aplicará el procedimiento establecido, que se concretará, en primer lugar, en una petición formal al consejero expulsado para que renuncie al acta, que en principio pasaría a Miguel Ángel Rodríguez, el número cinco en la plancha que presentó Podemos al Cabildo en las elecciones celebradas en mayo de 2015.   

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Juan Manuel Brito se mantendrá en el gobierno con el aval jurídico del Cabildo pese a su expulsión de Podemos

La expulsión definitiva de Juan Manuel Brito de Podemos, ratificada esta semana por la Comisión Estatal de Garantías Democráticas de la formación morada, no implicará la salida del consejero y vicepresidente segundo del Cabildo de Gran Canaria del gobierno insular. Según ha explicado este viernes el propio Brito, los servicios jurídicos de la institución avalan su continuidad aun cuando la Ley de Cabildos impide a los no adscritos (la condición que ostentará a partir de ahora el también promotor de Sí Se Puede Gran Canaria) obtener la dedicación parcial o exclusiva como consejero del grupo de gobierno, es decir, cobrar por ejercer este cargo. Esa norma, vigente desde mayo de 2015, veta además su presencia en puestos directivos de entidades públicas o privadas dependientes del Cabildo.

“Hay una interpretación por parte de los servicios jurídicos distinta y eso tendría efecto (la pérdida del reconocimiento de dedicación parcial o exclusiva) si yo hubiese sido nombrado no adscrito antes de entrar en el Gobierno, no al revés. Una vez nombrado, no pierdo esas condiciones”, ha defendido el vicepresidente segundo del Cabildo en declaraciones a los periodistas a las puertas de la Casa Palacio de Bravo Murillo, antes de la celebración del pleno ordinario de enero y arropado por miembros de la promotora de Sí Se Puede en Gran Canaria.

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