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Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria, 1984. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 2008. Tras un breve paso por Activa Multimedia Digital, comencé a trabajar en Canarias Ahora en verano de 2009. También he colaborado con el diario Marca como corresponsal en Las Palmas.

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Más de la mitad de los gerentes de empresas públicas cobra más que antes del plan de ajuste de 2012

Siete de los trece gerentes de las empresas públicas adscritas al Gobierno de Canarias perciben una retribución mayor a la que cobraban -ellos o sus predecesores- antes de que el Ejecutivo regional impusiera recortes a sus mercantiles a través de un plan de ajuste, iniciado en 2012, que se ha saldado con la destrucción de un tercio de los empleos del sector en el último lustro. El coste laboral medio de los gerentes, que incluye salarios y las cotizaciones a la Seguridad Social, asciende a 71.962,58 euros. En 2012, con catorce gerentes, era de 73.645,7 euros, una media que, sin embargo, contaba con un importante elemento de distorsión, el sueldo del máximo responsable de la empresa pública de vivienda, Visocan, que se elevaba hasta los 100.800 euros, un 26% superior al actual.

El plan de racionalización de 2012 impulsado por el Gobierno de Canarias impedía que los sueldos de los máximos responsables de estas sociedades públicas superaran los emolumentos que reciben los directores generales del Ejecutivo, que en este momento se sitúa en los 59.069,02 euros. Con los gastos de la Seguridad Social excluidos del cálculo, son cinco los gerentes que cuentan con un salario superior a ese límite (ITC, Proexca, Visocan, Grafcan y Grecasa), si bien es cierto que en los datos ofrecidos en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias se incluyen las retribuciones derivadas de la antigüedad, un concepto que, según han explicado los propios directivos en años precedentes, queda fuera del cómputo para la fijación de ese máximo.

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Las empresas públicas canarias destruyen un tercio de sus puestos de trabajo en cinco años

Las empresas públicas del Gobierno de Canarias han destruido en los últimos cinco años un total de 662 puestos de trabajo, un tercio de los empleos que contabilizaban en 2012, ejercicio en el que el Ejecutivo regional, que entonces lideraba Paulino Rivero, impuso a sus sociedades mercantiles planes de ajuste para reducir en un 15% sus gastos estructurales fijos. El recorte en materia de personal durante este lustro asciende a 22,28 millones de euros, según los datos recogidos de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de  2012 y de 2017.

El coste laboral total de los 1.342 trabajadores del sector público empresarial asciende a 49,85 millones de euros. Cinco años atrás, Canarias destinaba 72,13 millones para remunerar a 2.004 empleados de 16 mercantiles. Otras cuatro sociedades están en proceso de disolución y no disponen de personal. La reducción de gasto ha sido, por lo tanto, del 30%. Las principales caídas de empleo se produjeron en los ejercicios inmediatamente posteriores a la puesta en marcha de los planes de viabilidad impulsados por el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, con la destrucción de 616 puestos de trabajo en 2013 y 153 en 2014. Durante los dos años posteriores se registró un ligero repunte en el número de empleados del sector público empresarial, pero en este último año se ha vuelto a reducir la cifra.

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La Fiscalía de Valencia pide cárcel para los abogados que falsificaron documentos en el concurso de radios de Canarias

Los abogados condenados a un año y nueve meses de prisión por falsificación de documento oficial en el concurso para la adjudicación de frecuencias de radio celebrado en Canarias en 2010 se enfrentan a otra pena de cárcel por hechos similares. La Fiscalía Provincial de Valencia acusa a Jaime Rodríguez Díez y Paula Romeo González, del despacho madrileño Díez & Romeo, de simular las firmas de dos ingenieros de telecomunicaciones con el propósito de atribuirles los estudios técnicos que presentaron en nombre de ocho empresas al concurso de concesiones de radiodifusión sonora convocado por la Generalitat en febrero de 2007.

En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público solicita la apertura de juicio oral contra los letrados y pide para cada uno de ellos dos años de cárcel por un delito de falsificación de documento público, además de la inhabilitación para el ejercicio de la profesión de abogado durante el mismo tiempo y una multa a razón de 20 euros al día durante 10 meses.

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El juez Alba ocultó a la Fiscalía uno de los correos que intercambió con un delincuente para perjudicar a Rosell

El magistrado Salvador Alba, investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por la presunta comisión de hasta seis delitos,  ocultó a la Fiscalía Provincial de Las Palmas al menos uno de los correos electrónicos que intercambió con un condenado por estafa y homicidio los pasados 29 y 30 de marzo. En este mensaje, al que ha tenido acceso Canarias Ahora, el juez no sólo muestra interés por obtener información que pudiese comprometer a Victoria Rosell, sino que además trata de concretar el procedimiento para la entrega del "dossier explosivo" de 1.207 folios que su interlocutor, Ramón Arnau de la Nuez, le había ofrecido con la promesa de que le serviría para "hundir personal, pública y profesionalmente" a la magistrada y exdiputada de Podemos y a "sus socios", entre los que mencionaba a jueces, fiscales, policías y funcionarios.

Como informó este periódico el pasado 27 de abril, Alba denunció ante la Fiscalía haber sido extorsionado, coaccionado y amenazado por el exconvicto, que se hace llamar Coronel Arnau y La araña y dice ser un exagente del Cesid víctima de un "complot judicial y político" por el que permaneció encarcelado durante años. Esas amenazas se habrían producido después de que el juez rechazara pagar los 1.000 euros que su informante le reclamaba por las "molestias ocasionadas" al intermediario que debía hacerle llegar esa documentación, según consta en uno de los correos facilitados al Ministerio Público.

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El Supremo reduce a un año de suspensión de empleo la sanción a un militar apartado por consumir cannabis

El Tribunal Supremo ha reducido la sanción impuesta por el Ministerio de Defensa a un cabo del Ejército de Tierra que dio positivo por consumo de cannabis en tres pruebas analíticas realizadas entre marzo de 2012 y septiembre de 2013 en el marco del Plan Antidrogas de las Fuerzas Armadas. La Sala de lo Militar del alto tribunal ha estimado parcialmente el recurso presentado por el soldado contra la denominada resolución de compromiso, una pena contemplada para faltas disciplinarias muy graves que implica el cese de la relación de servicios profesionales de carácter temporal en el Ejército, sin posibilidad de volver a ingresar en él de manera voluntaria. La sentencia, dictada el pasado 4 de mayo, sustituye esa sanción por una menor de suspensión de empleo durante un año.

Para aceptar esta rebaja, la Sala toma en consideración cuatro condicionantes. En primer lugar, recuerda que en supuestos análogos el Supremo se ha decantado por imponer como sanción la suspensión de empleo. Además, entiende que no se ha demostrado que el cabo, que pertenecía al Regimiento de Infantería Ligera Canarias número 50, una unidad ubicada en el barrio de La Isleta de Las Palmas de Gran Canaria, presente síntomas de adicción en su actividad diaria, ni que el consumo haya afectado de forma concreta en el servicio que debe desempeñar. La tercera razón es que los informes personales de calificación correspondientes a los años 2011 y 2012 concluyeron con un resultado global positivo. Por último, el tribunal valora el comportamiento del cabo, que ingresó en el Ejército de Tierra en 2005 y que hasta ese momento "solo" había acumulado una falta grave y dos leves.

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Sanidad revela que la lista de espera para consultas especializadas en Canarias es cinco veces mayor a la publicada

Baile de cifras en las listas de espera para consultas en atención especializada en el Archipiélago. El Gobierno de Canarias ha facilitado a la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública un documento que aporta unos datos que no coinciden con  los publicados en la página web de la Consejería y revelan que el número total de pacientes que esperan por una cita con el especialista es cinco veces mayor al registrado de forma oficial a fecha 31 de diciembre de 2016. En concreto son 150.675 los ciudadanos que aguardan por la primera consulta frente a los 28.364 que figuran en el portal de información del departamento autonómico.

La Dirección General de Programas Asistenciales de la Consejería de Sanidad remitió el pasado 28 de abril un cuadro con el detalle de los pacientes en lista de espera para la primera consulta, desglosado por especialidades y por hospitales y Centros de Atención Especializada (CAE) vinculados a ellos. El documento, al que ha tenido acceso Canarias Ahora, responde a una solicitud de información cursada en marzo por la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública a través del Portal de Transparencia del Ejecutivo regional.

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Pablo Rodríguez (CC): "Veo difícil un acuerdo con Nueva Canarias si sus líderes no dan un paso al lado"

Coalición Canaria en Gran Canaria cambia este fin de semana de líder. El guiense Fernando Bañolas abandona la secretaría insular después de cinco años en el cargo. Con una organización herida tras los últimos varapalos electorales, relegada a sexta fuerza política en la isla, los compromisarios de CC depositarán este sábado su confianza para revertir la situación en Pablo Rodríguez (Telde, 1981), consejero de Obras Públicas y Transportes y vicepresidente del Gobierno de Canarias desde enero.

Rodríguez pretende acercar la formación al electorado joven, "generar una alternativa creíble", "conectar de nuevo con la sociedad civil" e impulsar una estrategia específica para el área metropolitana.

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El Servicio Canario de Salud paga 5 millones al año a un hospital sin homologar gracias a un concierto de 1983

El Servicio Canario de Salud (SCS) paga más de cinco millones de euros al año a un centro sanitario que opera como hospital de media y larga estancia sin disponer de la homologación obligatoria para poder recibir pacientes derivados de la sanidad pública. Lo hace a través de las prórrogas al  concierto de hospitalización firmado en 1983 entre el extinto Insalud (Instituto Nacional de Salud) y la Residencia Médica Asistida Nuestra Señora del Mar de La Garita, que ahora se denomina Hospital ICOT Ciudad de Telde. La última cláusula de revisión de precios, el mecanismo utilizado por el Gobierno regional para mantener esos conciertos al margen de la Ley de Contratos del Sector Público, fue suscrita en 2013, con Brígida Mendoza como consejera de Sanidad y Juana María Reyes como directora del SCS.

El Juzgado de Instrucción 2 de Telde investiga este concierto tras la denuncia presentada por una empresa competidora. La magistrada Virgina Peña ya ha citado a declarar en calidad de investigados a los representantes legales del SCS y del hospital para tratar de determinar si existen indicios de la comisión de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Los denunciantes han alertado de la "inaudita derivación directa y en exclusiva de pacientes de la Seguridad Social" hacia este centro "sin fundamento ni justificación contractual".

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La dirección de Podemos Canarias propone expulsar a los miembros de Sí Se Puede del proceso de primarias

La dirección de Podemos Canarias considera que Sí Se Puede y otras cinco organizaciones de las Islas, una de ámbito insular (Ganemos Lanzarote) y cuatro municipales (Votemos La Oliva, Se Puede Ganar Telde, Se Puede Ganar Ingenio y Se Puede Ganar Santa Lucía),  son "opuestas a la efectividad de las acciones y los objetivos políticos" que promueve el partido.

El Consejo Ciudadano Autonómico aprobó este viernes una resolución por la que declara "divergentes" a esas seis formaciones, lo que implicaría, en caso de que sea ratificada por la dirección estatal, que sus miembros no podrán participar en  el proceso de primarias que concluirá con la elección de la persona que sustituirá a Meri Pita al frente de la Secretaría General del partido en el Archipiélago, según el reglamento de incompatibilidades para inscritos en Podemos.

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El Gobierno devuelve 650.000 euros a los empleados públicos que no demandaron por el recorte salarial del 20% de 2013

Los trabajadores públicos que no acudieron a la vía judicial para reclamar la devolución del  recorte salarial del 20% que el Gobierno de Canarias les aplicó entre enero y abril de 2013 han recibido en la nómina de mayo las retribuciones dejadas de percibir durante ese periodo. La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Ejecutivo regional dictó a finales de abril una instrucción que ordenaba el abono de estas cantidades, una vez resueltas “las dudas jurídicas” suscitadas sobre el alcance de  la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó esa medida, incluida en la disposición adicional 57 de la Ley de Presupuestos de 2013, porque sólo afectaba a una parte de la plantilla, en concreto, al personal laboral e indefinido y a los funcionarios interinos, más de 3.000 empleados públicos en total.

La Consejería calcula que el coste para las arcas públicas de esta devolución asciende a 650.000 euros. Según Comisiones Obreras (CCOO), uno de los sindicatos que planteó la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), son más de 700 los trabajadores que han recuperado la parte de salario sustraída en esos primeros cuatro meses de 2013 gracias a esa última instrucción del actual director general de Función Pública, Francisco Javier Rodríguez del Castillo. Se trata de aquellos laborales o interinos que no acudieron a la vía judicial o que presentaron una demanda pero acabaron desistiendo de ella.

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