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Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria, 1984. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 2008. Tras un breve paso por Activa Multimedia Digital, comencé a trabajar en Canarias Ahora en verano de 2009. También he colaborado con el diario Marca como corresponsal en Las Palmas.

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Elián comienza a litigar en EEUU por la custodia de su hijo, entregado al padre en contra de la voluntad del menor

Elián L.M., vecina del municipio de Puerto del Rosario (Fuerteventura), ha iniciado los trámites para presentar en las Cortes de Florida (EEUU) una solicitud formal de guarda y custodia de su hijo Daniel, de 12 años, que el pasado 28 de julio fue entregado a su padre, residente en Miami, por orden de un juzgado de Gran Canaria y en contra de la voluntad del menor. La madre del niño ha contratado los servicios de un despacho de abogados estadounidense para intentar que Daniel regrese a Canarias con ella, según ha explicado a este periódico su letrada en las Islas, Vanesa Piedravuena, que colabora y mantiene hilo directo con el bufete de Florida. El menor ha relatado que sufrió malos tratos por parte de su padre durante los cuatro años y cuatro meses -desde marzo de 2012 hasta julio de 2016- que convivió con él antes de volver y quedarse con su madre en Puerto del Rosario.   Ahora Daniel lleva ya casi tres semanas con su padre, Jorge A.B., en Miami, a donde llegó como consecuencia de la ejecución de una sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Las Palmas de Gran Canaria y ratificada después por la Audiencia Provincial. Fue la Abogacía del Estado, que ha actuado en este proceso en defensa de los intereses del padre, quien presentó la demanda para la restitución internacional del menor.   La resolución judicial que ordenaba a Elián entregar a su hijo se basaba en un acuerdo privado suscrito entre los progenitores en septiembre de 2012, en un momento en el que la madre recibía tratamiento psiquiátrico por un traumático episodio de violencia de género -fue secuestrada y violada por un hombre que acabaría siendo condenado a nueve años de cárcel-. Ese escrito fijaba la custodia residencial del menor junto a su padre en EEUU, pero también mantenía en vigor un acuerdo firmado entre ambos en 2005 -año de nacimiento de Daniel- que otorgaba a la madre "el poder residencial primario" y "la posesión física del menor". Aunque, a diferencia del primero, el acuerdo de 2012 no fue rubricado ante notario ni apostillado según las normas de la Convención de la Haya, los tribunales dieron plena validez al documento y, con ello, la razón al padre. La representación de Elián aún alberga la esperanza de que el Tribunal Constitucional revoque la sentencia de la Audiencia Provincial. El alto tribunal aún no se ha pronunciado sobre el recurso de amparo que presentó el 7 de junio. La abogada de la madre había solicitado que se suspendiera la entrega del menor a su padre hasta que la sentencia fuera firme, esto es, hasta que el Constitucional decidiera, pero todos los intentos por evitar la marcha de Daniel resultaron infructuosos. Vanesa Piedravuena recuerda que ni Elián ni Jorge tienen la guarda y custodia del menor. La madre ya la había solicitado en el Juzgado Mixto número 2 de Puerto del Rosario, que había dejado en suspenso la demanda hasta que se resolviera el procedimiento por restitución internacional de menores, puesto que estaba en cuestión de quién era la competencia, si de los tribunales españoles o de los estadounidenses. A la abogada de Elián también le consta que el padre la ha reclamado en los juzgados de Florida en dos ocasiones, ya que la primera, presentada sin asistencia letrada, fue archivada por "un defecto formal" en mayo. Para litigar en EEUU, los abogados de Elián presentarán el informe de parte que plasma los "abusos piscológicos, físicos, el pánico, la indefensión y el agravio comparativo que percibía con sus dos hermanastras (fruto de otra relación de su padre)" que, según atestiguó la psicóloga que lo atendió, Elena Rodríguez, sufrió el menor junto a su progenitor. También han pedido que el niño sea  examinado por el gabinete psicológico de los tribunales de Florida, una diligencia que no fue admitida por el juzgado de Gran Canaria. Piedravuena reconoce las dificultades para pleitear en EEUU. "Aunque al menor se le escucha, el principal valor debe ser probatorio, con testigos. Y allí no hay testigos que lo acrediten (que sufrió malos tratos)", asevera. Elián ha mantenido durante todo el proceso que el niño comenzó a relatar a cuentagotas tras su regreso a Canarias la "tortura" que asegura haber padecido con su padre en Miami y ha admitido que su "gran error" fue no haber interpuesto una denuncia cuando su hijo empezó a contarle una serie de episodios violentos que el propio Daniel retrató en 35 dibujos realizados en la consulta de la psicóloga Elena Rodríguez. Para el proceso judicial en Florida, los abogados de Elián aportarán documentación que corrobore "que el menor estaba bien aquí, que tenía buenas notas, que empezaba el instituto y que había formalizado su arraigo". En estos momentos están recabando toda la documentación necesaria para poder presentar la demanda por la guarda y custodia de Daniel. Piedravuena explica que desde que el niño viajó a Miami la madre apenas ha podido hablar con él "dos o tres veces". "Le sigue restringiendo la comunicación. Sólo puede hablar con la madre cuando el padre lo permite. Cuando Elián llama por teléfono, no lo coge, y el niño no tiene teléfono. Las pocas veces en las que el padre le marca el teléfono, las conversaciones son controladas, con la presencia del padre delante", relata. Elián no dispone aún de visado para viajar a EEUU.

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Hernández Bento: “Fue Ciudadanos quien me llamó y la dirección nacional estaba al tanto”

“Es Ciudadanos quien me llama, me habla de una estrategia nacional para las próximas elecciones municipales, me insiste, me convence para entrar y después me echa sin darme explicaciones”. El exdelegado del Gobierno del PP en Canarias Enrique Hernández Bento ha confirmado este viernes que desde mayo mantuvo “más de cinco reuniones” con un cargo de Ciudadanos “con peso nacional” y mandatado por el secretario de Organización del partido, Fran Hervías, para concretar su incorporación a la formación naranja, de la que fue expulsado por carta el pasado miércoles, horas después de que Canarias Ahora informara de la operación y surgiera la polémica.

Hernández Bento asegura que cuenta con “decenas de testigos” para corroborar que esos contactos, negados por el partido en un comunicado difundido este jueves, se produjeron. “Ellos me llaman a finales de abril, principios de mayo, dos meses después de que me diera de baja del PP”. En esas reuniones, según el también subsecretario de Estado de Industria en la etapa de José Manuel Soria al frente del Ministerio, se planteó la posibilidad de que encabezara la lista de Ciudadanos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en las elecciones municipales de 2019, como publicó este periódico el pasado martes. “Desde la dirección nacional me daban absoluta confianza para rodearme de mi equipo. Me dijeron que reunía el perfil típico de Ciudadanos, que estaba limpio. Creían que era un valor importante en Canarias, Gran Canaria y en la ciudad y se habló de candidaturas”, ha explicado en declaraciones a Canarias Ahora. Su compromiso, agrega, era afiliarse al partido y, a partir de ahí, respetar los procesos internos de la formación.

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La Seguridad Social anula la deuda de 1,4 millones que reclamaba al Hospital Insular por los pluses de productividad

La Tesorería de la Seguridad Social en Las Palmas ha anulado las actas de liquidación en las que reclamaba al Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil (CHUIMI) de Gran Canaria una deuda de 1,4 millones de euros por irregularidades en la gestión de las nóminas de 3.476 trabajadores del centro. Fuentes de la Consejería de Sanidad del Gobierno regional han confirmado a este periódico que la dirección provincial del organismo estatal ha aceptado  las alegaciones presentadas por el Servicio Canario de Salud (SCS) contra el informe de la Inspección de Trabajo que en diciembre de 2016 detectó una anomalía a la hora de cotizar un complemento de los empleados públicos.

Sanidad también ha recurrido las actas de liquidación levantadas a finales de julio por el mismo motivo en el Hospital Universitario Doctor Negrín, que ascienden a 1,5 millones de euros.

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El Supremo confirma la expulsión de un sargento del Ejército del Aire que dio positivo en cocaína en tres controles

El Tribunal Supremo ha confirmado la expulsión del Ejército de un sargento del Mando Aéreo de Canarias (MACAN) que dio positivo por consumo de cocaína en tres análisis realizados entre octubre de 2014 y mayo de 2015.  La Sala de lo Militar del alto tribunal ha desestimado el recurso interpuesto por el suboficial contra la sanción impuesta por el Ministerio de Defensa.

La sentencia considera al militar autor de una falta muy grave tipificada en el artículo 8.8 de la Ley 8/2014, reguladora del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, que se refiere al consumo reiterado de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. La separación (expulsión) del servicio es el castigo más severo que se le podía aplicar para una falta de este tipo. En su argumentación, la Sala ha remarcado la exigencia de especial responsabilidad del expedientado por su posición en el escalafón.

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Archivada la queja contra el fiscal que dio carpetazo al caso Góndola

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha archivado la queja que el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción presentó en marzo contra el fiscal Jorge Pobre por su actuación en una de las piezas separadas del denominado caso Góndola. En concreto, la referida al Grupo Europa, que investigaba pagos irregulares de una inmobiliaria, entre ellos un mitin del presidente del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, en el municipio grancanario de Mogán en diciembre de 2005, a cambio de una adjudicación en un concurso público para la construcción de viviendas en la localidad sureña, presidida en ese momento por la formación conservadora.

La pieza del Grupo Europa fue archivada el pasado mes de abril por falta de acusación. El fiscal solicitó el sobreseimiento provisional de la causa al no apreciar relación entre los eventos financiados por la promotora de viviendas y la obtención de un contrato público finalmente anulado. Además interesó la expulsión de la asociación que había ejercido como acusación particular desde 2016, el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción, que preside José Manuel Sánchez Fornet. Sostenía que la única fórmula para que pudiera llevar a cabo la acción penal era la interposición de una querella. La asociación ha recurrido a la Audiencia Provincial el auto de expulsión del procedimiento y aún no ha obtenido respuesta.

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Elián no logra evitar que el padre de su hijo se lo lleve a EEUU: "Sólo pedimos que no hagan daño al niño"

Entre lágrimas y sollozos, con los pies a rastras y agarrado con fuerza a los brazos de su madre y de la psicóloga. Así ha entrado a las 10.45 de este viernes a la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria Pablo (nombre ficticio), un niño de 12 años. Cuatro horas más tarde salía por esa misma puerta Elián, la madre, ya sin el menor y con el rostro desencajado, rota de dolor. "Me lo quitaron, se lo llevan", anunciaba. "Eso no es justicia",  clamaba la abuela, Carmen Adela, en un arrebato de indignación.

Quien se lo lleva es el padre del niño, Jorge A.B., un ciudadano de origen colombiano y nacionalidad estadounidense residente en Miami. Lo hace gracias a una orden judicial y en contra de la voluntad del menor. "Antes que irme con él, me mato". Elián no paraba de repetir la frase que había pronunciado su hijo en la sala de vistas. La misma que le dijo al inicio de una sesión a la psicóloga Elena Fernández, autora del informe de parte que ha presentado la abogada de la madre para tratar de evitar la entrega del menor al padre.

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Un juez entrega al padre estadounidense a un menor que quiere quedarse con su madre en Canarias

Elián L.M. debe entregar este viernes a las 09.30 horas en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria a Pablo, nombre ficticio de su hijo de 12 años, al padre, Jorge A.B., residente en Estados Unidos, en contra de la voluntad del menor. Es la fecha y la hora que ha señalado el juez para ejecutar la sentencia que admitió la demanda interpuesta por la Abogacía del Estado a raíz de la reclamación por sustracción internacional de menores que presentó el progenitor, un ciudadano originario de Colombia y con nacionalidad estadounidense, contra la madre, una hispano-venezolana que actualmente vive en Puerto del Rosario (Fuerteventura).

La abogada de Elián, Vanesa Piedravuena, ha solicitado la suspensión de esta medida judicial y ha pedido amparo al Tribunal Constitucional, ya que entiende que durante el proceso se han vulnerado derechos de su representada y se han obviado elementos que estima fundamentales, como la voluntad del menor, que tanto los jueces como la Fiscalía y la Abogacía del Estado creen influenciada por la madre, el “grave riesgo” de que el menor se exponga a “un peligro físico o psíquico” al trasladarse a vivir con su progenitor, o un informe psicológico de parte que concluye que el niño sufre un trastorno de estrés postraumático y advierte de que su traslado puede ocasionarle daños “irreparables en su salud”.

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La Fiscalía deja fuera al exdirector de la Seguridad Social en Las Palmas de la querella por fraude contra su mujer

La Fiscalía ha dejado fuera a Jorge Hernando Sanz, exdirector del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Las Palmas, de la querella que ha interpuesto contra su mujer, María Atala Alonso, y una de sus antiguas subordinadas en el organismo público, María Pilar Barrionuevo, por un presunto fraude para la obtención de prestaciones por desempleo e incapacidad temporal. Hernando fue destituido como máximo responsable del INSS en la provincia oriental el pasado 3 de enero, dos días después de que Canarias Ahora publicara  la información sobre la inspección laboral que lo implicaba en la trama por la que el Ministerio Público pidió el pasado 12 de junio la apertura de diligencias previas.

La investigación fue abierta por el fiscal Jorge Pobre a finales del año pasado a raíz de la denuncia formulada por la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social contra Ecume 6.6., empresa del sector de la hostelería cuya socia mayoritaria era María Pilar Barrionuevo, jefa de sección del INSS en Las Palmas. Esta sociedad, constituida en agosto de 2013, contrató el 22 de enero de 2014 a María Atala Alonso, la presunta beneficiaria. La Fiscalía aprecia en esta vinculación indicios de una relación laboral simulada de la que se habría aprovechado la esposa de Jorge Hernando para acceder de forma indebida a prestaciones sociales. Para ello habría actuado “en connivencia con los otros dos querellados” (también lo está Antonio Jesús Barrionuevo, hermano de María Pilar, socio minoritario de Ecume 6.6. y firmante del contrato).

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Sanidad, condenada por fraude en las contrataciones temporales firmadas con una fisioterapeuta desde 1993

El Juzgado de lo Social número 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado al Servicio Canario de Salud (SCS) por encadenar contratos temporales en fraude de ley a una fisioterapeuta de Lanzarote desde 1993. En una sentencia notificada a las partes este lunes, la jueza María del Carmen León reconoce el carácter indefinido de la relación laboral que la demandante mantiene con la Administración desde hace casi 25 años. La resolución judicial remarca que los trabajos que realiza la fisioterapeuta para la sanidad pública canaria son de carácter estructural y no meramente coyuntural.

Esos contratos tenían una duración “de días, meses, un año el más longevo”, según cuenta el abogado de la trabajadora, Manuel Martos, que añade que los conceptos se modificaban (“cúmulo de pacientes”, “mantenimiento de asistencia”…) para “encubrir la necesidad estructural”, puesto que ni dejaba de ejercer ni las funciones variaban. La sentencia recoge que la trabajadora presta servicios para el SCS desde 1998 en la gerencia de servicios sanitarios del área de salud de Lanzarote, en el Hospital General de la isla, aunque con una antigüedad en la administración que se remonta al 1 de agosto de 1993.

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Los fiscales progresistas ven en el ascenso de García-Panasco una "reacción premeditada" a las peticiones de cese

El presidente la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Emilio Fernández, ha calificado este jueves de "desacertada" e "inoportuna" la decisión de la Fiscalía General del Estado (FGE) de ascender a Guillermo García-Panasco, máximo responsable del Ministerio Público en la provincia de Las Palmas, a un alto cargo en la Secretaría Técnica de Madrid.

Fernández considera que esta designación constituye una "reacción premeditada" del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ante las peticiones de destitución que se han sucedido desde diversos ámbitos como consecuencia de  la sentencia del Tribunal Supremo que estimó recientemente que la investigación que García-Panasco ordenó contra Victoria Rosell por motivos disciplinarios vulneró un derecho fundamental de la jueza y exdiputada de Podemos, el de defensa.

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