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Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria, 1984. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 2008. Tras un breve paso por Activa Multimedia Digital, comencé a trabajar en Canarias Ahora en verano de 2009. También he colaborado con el diario Marca como corresponsal en Las Palmas.

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El TSJC condena al exministro Soria a pagar un tercio de las costas tras el archivo de su querella contra Rosell

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TJSC) ha condenado a José Manuel Soria al pago de un tercio de las costas procesales generadas a raíz de la querella que interpuso contra la jueza y exdiputada de Podemos Victoria Rosell en febrero de 2016 y que dio origen a una causa que fue finalmente archivada en diciembre.

En un auto fechado el pasado 13 de enero, la magistrada de la Sala de lo Penal del TSJC Margarita Varona aprecia “temeridad” en la actuación del exministro de Industria, Energía y Turismo y expresidente del PP de Canarias durante todo el proceso judicial, que parte de una querella que, a juicio de la instructora, era “inconsistente”, fundada en informaciones periodísticas. En la resolución reprocha además a Soria y a su abogado, el ex fiscal general del Estado Eligio Hernández, la actitud mostrada a la hora de ejercer la acción popular, renunciando a solicitar la práctica de diligencias y ausentándose en todos los interrogatorios salvo en la testifical del empresario Miguel Ángel Ramírez, en la que el letrado del exministro sólo formuló una pregunta.

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La Seguridad Social también detecta anomalías en las cotizaciones de trabajadores del Hospital Doctor Negrín

Las irregularidades en las cotizaciones a la Seguridad Social de profesionales sanitarios no se limitan al Hospital Insular Materno Infantil de Gran Canaria. La delegación provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas también ha detectado anomalías en la gestión de los complementos de productividad de las nóminas del Hospital Doctor Negrín.

De momento, la inspección ha reclamado a esta gerencia 14.627,26 euros por un desfase entre lo que debió pagar y lo que abonó por este concepto durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014 por un grupo de trabajadores que prestan servicio al Gobierno regional tras ser transferidos desde el Cabildo de Gran Canaria.

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El Gobierno canario convoca otro concurso a la medida de su empresa de comunicación de cabecera

El Gobierno de Canarias ha convocado un nuevo concurso de comunicación cuyas bases repiten la fórmula que ha facilitado la adjudicación del servicio en otros tres procedimientos similares a lo largo de 2016 a Metrópolis. Esta agencia sumó el año pasado al menos cinco contratos (dos con negociados sin publicidad) de distintos departamentos del Ejecutivo regional por un valor total superior a los 300.000 euros. En esta ocasión, se licita el servicio de apoyo técnico cualificado (gabinete de prensa y seguimiento de medios) en el ámbito del Plan de Salud de Canarias.

El órgano de contratación es la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), responsable de la sala operativa del 1-1-2 en el Archipiélago. Esta sociedad mercantil no sólo está adscrita a la Consejería de Sanidad, sino también a la de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, el área que ha concedido el último contrato a la mencionada empresa. El importe de licitación, por un periodo de dos años, es de 192.000 euros (8.000 euros al mes).

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Un juez de Telde se adelantó veinte días a la sentencia de la justicia europea sobre las cláusulas suelo

Veinte días antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) diera a conocer la sentencia definitiva sobre las cláusulas suelo, un juez del municipio grancanario de Telde ya aplicó la retroactividad total al obligar a una entidad bancaria, CaixaBank, a devolver a un cliente todo lo cobrado de más por ese concepto desde la fecha en la que se firmó el contrato de la hipoteca y no desde mayo de 2013, como  fijaba la doctrina del Supremo tumbada ahora por la justicia europea.

En una sentencia hecha pública por  la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) y fechada el 1 de diciembre, el magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Telde recalca que a la hora de adoptar esta decisión ha tenido en cuenta la actitud de la entidad bancaria, “contraria a la buena fe”. Y es que, a pesar de la mencionada resolución del Supremo de 2013, Caixabank siguió aplicando la cláusula suelo hasta septiembre de 2015, “sin devolución (de las cantidades cobradas en exceso), ni siquiera desde la fecha de publicación” de la sentencia del alto tribunal español.

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El juez Alba negó en 2014 la validez de informes como el que ahora da por bueno para reabrir la bodega Stratvs

El magistrado Salvador Alba negó  en un auto firmado el 22 de mayo de 2014 la validez de informes como el que en diciembre de 2016 le ha servido para  decretar el levantamiento de la medida cautelar de cierre y prohibición de actividad durante un periodo de cinco años a la bodega Stratvs de Lanzarote, propiedad del influyente empresario Juan Francisco Rosa. En su reciente resolución, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, con Alba como ponente, da por buenos, sin entrar a valorarlos, documentos aportados por el principal encartado en la causa penal que demostrarían que las instalaciones, sin actividad desde 2013, no emanan vertidos contaminantes.

La posición que sostiene ahora Alba choca con los argumentos que defendía el mismo juez en su resolución de 2014. En aquel auto, recordaba que en el expediente sobre la depuración de aguas residuales del complejo constaba un informe del Cabildo de Lanzarote fechado en noviembre de 2008 que alertaba de que los niveles de contaminación en esa zona del paisaje protegido de La Geria superaban los permitidos. Y a continuación añadía: “Es igual que ahora se nos aporten informes (de la defensa de los acusados) con analíticas que reflejan unos valores muy por debajo de los permitidos, por cuanto ahora no se encuentra la bodega en plena actividad, pues está precintada, y además el hecho de que ahora no tenga tales valores no elimina el ataque al bien jurídico protegido (el medio ambiente) que podría tener antes como se constata con el informe indicado”.

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Destituido el director del Instituto de la Seguridad Social en Las Palmas por su implicación en un fraude laboral

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha destituido este martes a su director en la provincia de Las Palmas, Jorge Hernando, por su implicación en un fraude laboral para la obtención de prestaciones por desempleo e incapacidad temporal en beneficio de su mujer.

Fuentes oficiales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social han confirmado además que se le ha pedido a María Pilar Barrionuevo, jefa de sección en el mismo departamento y también involucrada en este caso, que presente la renuncia de forma voluntaria, ya que, al no ser un cargo de libre designación y haber accedido al puesto a través de un concurso-oposición, “no puede ser destituida”.

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El juez Alba levanta el precinto a una bodega que la Fiscalía considera “el peor atentado medioambiental” de Lanzarote

Con un auto de apenas cuatro páginas, de los cuales sólo dos corresponden a razonamientos jurídicos, otorgando validez a informes periciales de parte (aportados por la defensa del principal procesado, el empresario Juan Francisco Rosa) sin entrar a valorarlos en profundidad, y obviando una reciente sentencia que anula el Plan Especial del Paisaje Protegido de La Geria (Lanzarote), en el que se ha basado el mencionado acusado para defender que las obras de la bodega Stratvs, de la que es propietario, son legalizables. Así ha resuelto la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas el recurso presentado por Rosa para levantar el cierre cautelar de las instalaciones y la suspensión de cualquier actividad durante un periodo de cinco años decretados a finales de 2013 por el Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife. De esta manera, permite la reapertura de un complejo cuya construcción supuso, en palabras de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, “el peor atentado medioambiental” contra Lanzarote desde que la isla fue declarada en 1993 Reserva de la Biosfera por la Unesco.    El ponente del auto es el magistrado Salvador Alba, investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por  la presunta comisión de hasta cinco delitos por preparar una declaración junto al empresario Miguel Ángel Ramírez, dueño de Seguridad Integral Canaria, para perjudicar a la también jueza Victoria Rosell. Se da la circunstancia de que el actual abogado de Juan Francisco Rosa, el tercero desde que se iniciara la instrucción del caso Stratvs, es José Antonio Choclán, quien, a su vez, representa a Ramírez en la causa que se instruye contra Alba en el TSJC, en la que el empresario también figura como investigado. Además, ejerció la defensa del también presidente de la UD Las Palmas cuando el juez emprendió acciones judiciales contra él por difundir parte de la grabación en la que se les escucha conspirar contra Rosell. Esta denuncia fue finalmente archivada. Con el auto firmado el pasado 22 de diciembre y notificado este lunes a las partes, Alba se desmarca de los pronunciamientos anteriores de la Audiencia Provincial de Las Palmas en relación a los recursos presentados por el empresario contra el cierre cautelar de la bodega Stratvs, incluido uno firmado por él mismo en 2014.  En aquel auto, la Sección Sexta, también con Salvador Alba como ponente, enumeraba las “múltiples irregularidades” detectadas en la construcción de la bodega, situada en pleno corazón del espacio protegido de La Geria, y recalcaba que ni siquiera habían sido discutidas en el recurso. Aunque los propietarios habían solicitado una licencia para rehabilitar una vivienda de valor etnológico y construir una bodega subterránea de 900 metros cuadrados, acabaron demoliendo el inmueble y levantando un complejo que supera los 12.000 metros cuadrados y que incluye un restaurante, una terraza y aparcamientos.

En ese auto de 2014, Alba recordaba que los dueños acometieron todas las actuaciones con pleno conocimiento de que la construcción “ni estaba autorizada ni era autorizable” y añadía entre los motivos para rechazar el alzamiento de la medida cautelar de cierre la contaminación producida por los residuos que la empresa vertía a los acuíferos de este espacio protegido. Incluso llegaba a afirmar que el único responsable de los perjuicios económicos ocasionados por la clausura del recinto, sobre todo la pérdida de puestos de trabajo, era el propio empresario que había levantado ese macrocomplejo en un proceso plagado de irregularidades. Ahora, dos años y medio después, tras  una resolución similar de otra sección de la Audiencia Provincial en 2015 y a escasos seis meses de que se celebre el juicio oral, del que también será ponente, Alba da un giro a la causa y admite los razonamientos del empresario, aduciendo que tres años de medidas cautelares son demasiados, incluso para los casos “más gravosos”.  “Lejos de apreciar una contradicción entre lo valorado por la Sala en su día y lo que hoy se valora en esta resolución, debe complementarse con los nuevos documentos que se aportan”, señala en el auto. La diferencia estriba, en opinión del juez, en los últimos documentos e informes periciales presentados por la defensa de Juan Francisco Rosa. En concreto, en aquellos que demostrarían que en el paraje natural en el que se sitúa Stratvs no existe una red hídrica y que la bodega, cerrada desde 2013, ya no emana vertidos residuales. Cuando sí estaba en funcionamiento, tanto el Seprona, como el Cabildo de Lanzarote y peritos judiciales acreditaron el alto grado de contaminación que provocaba la actividad de la empresa. La Fiscalía de Medio Ambiente aseguró  en su escrito de acusación que estos vertidos suponían un grave riesgo no sólo para el espacio protegido de La Geria y sus acuíferos, sino también para la salud de las personas. El auto, en cambio, da por válidos los documentos aportados por Rosa sin valorarlos en profundidad, al entender que debe ser en la fase de juicio oral cuando deban ser sometidos a contradicción. La Sala alude a criterios jurídicos basados en “la apariencia del buen derecho” para levantar la medida cautelar de prohibición de actividad y cierre del complejo Stratvs. “En el proceso penal, quien soporta la medida cautelar recibe un perjuicio de difícil o imposible reparación. Por ello, deben existir claros indicios de un hecho delictivo y debe ser absolutamente necesaria la medida cautelar para garantizar las resultas de todo proceso penal, esto es, garantizar el bien jurídico protegido y la tutela judicial efectiva”, reza la resolución, que agrega que en 2014 se denegó el alzamiento de esta medida cautelar porque la instrucción no había concluido y era “imposible o difícil” conocer la duración de esta fase. Anulación del Plan de La Geria La resolución notificada este lunes ha causado estupor entre los denunciantes del caso, entre ellos la asociación Transparencia Urbanística, que recuerda que han sido hasta cuatro los autos fundamentados que han concluido que la bodega Stratvs es una industria “clandestina” que carece de títulos habilitantes para poder operar y que no tiene soporte legal en el planeamiento insular.

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Destapado un fraude laboral que implica al director del Instituto de la Seguridad Social en Las Palmas

La Inspección de Trabajo ha destapado un fraude para la obtención de prestaciones por desempleo e incapacidad temporal en el que aparecen implicados el director del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en la provincia de Las Palmas, Jorge Hernando, y una jefa de sección del mismo departamento, María Pilar Barrionuevo. Esta última era además socia mayoritaria de la empresa de hostelería que simuló una relación laboral con la beneficiaria de la trama, María Atala Alonso, mujer de Hernando. El director del INSS de Las Palmas habría asumido el coste de la contratación de su pareja haciéndose cargo de los pagos de las cotizaciones a la Seguridad Social.

La Fiscalía Provincial de Las Palmas recibió la denuncia de la Inspección de Trabajo la pasada semana y ya ha incoado diligencias de investigación, según ha confirmado a Canarias Ahora su portavoz.

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El Gobierno de Canarias paga seis coches oficiales y 60 líneas de móvil a la cúpula de jueces y fiscales de las Islas

El Gobierno de Canarias tiene a disposición de la cúpula de jueces y fiscales del Archipiélago un total de seis coches oficiales y 60 líneas de teléfono móvil, según han confirmado a este periódico fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. Dos vehículos de alta gama, en concreto dos BMW 350i adquiridos en noviembre de 2006 -con Australia Navarro (PP) como consejera de Justicia-, están al servicio del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y del fiscal superior de las Islas. El Ejecutivo regional paga el chófer, el combustible y el mantenimiento.  

De los otros cuatro coches, sólo dos se encuentran en la actualidad en funcionamiento. Se trata de un Volkswagen Bora destinado a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife y de un Renault Laguna reservado para el Juzgado de Guardia de Las Palmas de Gran Canaria. La flota para jueces y fiscales se completa con otros dos Volkswagen Bora 2.0 que no prestan servicio desde octubre. Todos ellos fueron comprados entre julio de 2001 y diciembre de 2002. Entonces las competencias residían en la Consejería de Presidencia, con Julio Bonis (CC) al frente.

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La Seguridad Social reclama 1,5 millones al Hospital Insular por una irregularidad en las cotizaciones de 3.500 trabajadores

La Seguridad Social reclama al Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil (CHUIMI) de Gran Canaria más de 1,4 millones de euros por una irregularidad a la hora de cotizar los complementos de productividad de cerca de 3.500 trabajadores del centro durante los años 2012 y 2013. La delegación provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas mantiene abierta una inspección al centro hospitalario a raíz de la denuncia presentada en noviembre de 2015 por la asociación La Casa del Funcionario, formada por un colectivo de empleados públicos.

La denominada productividad variable incentivos es un complemento salarial que premia a aquellos trabajadores sanitarios que alcanzan los objetivos pactados con la gerencia del complejo cada año. En el periodo inspeccionado (años 2012 y 2013), el Hospital Insular Materno Infantil abonaba este plus una sola vez cada ejercicio económico, en marzo, y lo cotizaba íntegramente en el mismo mes. El importe íntegro de este complemento se incluía, por lo tanto, en la base de cotización de marzo.

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