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Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria, 1984. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 2008. Tras un breve paso por Activa Multimedia Digital, comencé a trabajar en Canarias Ahora en verano de 2009. También he colaborado con el diario Marca como corresponsal en Las Palmas.

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El Poder Judicial deja en suspenso la expulsión de Salvador Alba hasta que se resuelva la causa penal contra el juez

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aplazado la resolución del expediente disciplinario abierto al magistrado Salvador Alba Mesa hasta que se dicte una sentencia firme, en caso de que se celebre juicio, o un auto de sobreseimiento de  las diligencias previas que se siguen contra el juez en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por la presunta comisión de hasta seis delitos.

El órgano de gobierno de los jueces deja en suspenso, por lo tanto, la propuesta de separación (expulsión) de la carrera judicial que el promotor de la Acción Disciplinaria, el recientemente dimitido Antonio Jesús Fonseca Herrero, había elevado al pleno la semana pasada con respecto al expediente incoado al juez el 8 de noviembre, tras rechazar las últimas alegaciones del magistrado. En esa propuesta de sanción se le atribuye a Alba una falta muy grave de desatención en el cumplimiento de los deberes judiciales, prevista en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Al ser la sanción planteada la máxima contemplada en dicha normativa, la decisión recae sobre los 21 magistrados que conforman el pleno y no sobre la Comisión Disciplinaria.

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Tres sentencias anulan la lista de reserva de los agentes de movilidad de Las Palmas de Gran Canaria

Tres sentencias de diferentes juzgados de Las Palmas de Gran Canaria han anulado la lista de reserva de los agentes de movilidad de la capital, aprobada por el Ayuntamiento en 2015, debido a la excesiva rigurosidad del tribunal calificador con respecto al ejercicio de ortografía y a la introducción en su valoración de un criterio de puntuación no establecido en las bases de la convocatoria. La última resolución judicial fue dictada el pasado 9 de mayo. Las otras dos, fechadas en octubre y en diciembre del año pasado, ya han sido recurridas por el Consistorio.

Las causas de la anulación coinciden en las tres sentencias, que han sido emitidas por los juzgados de lo Contencioso Administrativo números 3, 4 y 5 de Las Palmas de Gran Canaria. Se centran en la prueba ortográfica y en un criterio de corrección que se introdujo cuando ya se habían celebrado los ejercicios, en concreto, en la utilización de la fórmula de la nota media para ponderar dos de las fases, la ya mencionada prueba ortográfica y la de conocimiento general. Si las sentencias adquieren firmeza, quedará sin efecto la lista de reserva de 50 agentes de movilidad que el Ayuntamiento aprobó el 6 de marzo de 2015 y publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Las Palmas el 27 de abril del mismo año.

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Anulado un desahucio en Telde por las cláusulas abusivas de la hipoteca

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Telde ha anulado el procedimiento de desahucio abierto contra una pareja del municipio tras declarar abusivas dos cláusulas presentes en el contrato de la denominada Hipoteca Tranquilidad que suscribieron con Banesto (ahora Banco Santander) en marzo de 2008. En un auto dictado el pasado 11 de mayo, la jueza Nuria Anoro Carmona paraliza la ejecución hipotecaria que la entidad financiera instó en virtud de la denominada cláusula de vencimiento anticipado, que permite al banco resolver el contrato en el caso de que los consumidores incumplan su obligación de pago en alguno de los plazos.

La resolución, hecha pública por la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), también anula por abusivos los intereses de demora previstos por el retraso en el abono de las cuotas e impone las costas procesales a la entidad financiera, en un auto que se puede recurrir en apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.

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Salvador Alba se enfrenta a la expulsión de la carrera judicial por una falta muy grave de desatención

El magistrado Salvador Alba se enfrenta a la expulsión de la carrera judicial por una falta muy grave de desatención en el ejercicio de sus competencias. El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Antonio Jesús Fonseca Herrera, ha propuesto la máxima sanción prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para el juez que maniobró junto a un empresario al que investigaba con el objetivo de perjudicar la carrera política y profesional de Victoria Rosell, a la que sustituyó al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria cuando la magistrada pidió la excedencia para concurrir a las elecciones generales en la lista de Podemos.

El promotor de la Acción Disciplinaria considera que Alba debe ser apartado de la carrera judicial por una falta muy grave contemplada en el artículo 417.9 de la LOPJ, que alude a la “desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales”.

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El Poder Judicial rechaza un nuevo intento de Salvador Alba de recusar al juez que instruye su expediente

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha vuelto a evidenciar las maniobras del magistrado Salvador Alba para dilatar la causa disciplinaria que se tramita en su contra por la presunta comisión de dos faltas muy graves -inobservancia del deber de abstención a sabiendas y revelación de secretos- y una grave -abuso de autoridad-. El órgano de gobierno de los jueces ha rechazado por segunda vez la recusación planteada por Alba contra el magistrado que instruye el expediente, Antonio Jesús Fonseca Herrera, promotor de la Acción Disciplinaria.

La Comisión Permanente del CGPJ ya desestimó a finales de marzo la primera recusación formulada por Salvador Alba, investigado por maquinar una declaración junto a un empresario imputado para perjudicar a Victoria Rosell, a quien sustituyó al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria cuando la magistrada decidió concurrir a las elecciones generales del 20 de diciembre en la lista de Podemos. En la segunda recusación, planteada el 10 de abril, unos días después de que fuera rechazado el primer intento, el juez insiste con los mismos argumentos, que se resumen en una supuesta quiebra de imparcialidad del promotor de la Acción Disciplinaria y en la existencia de filtraciones en el seno del expediente.

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Una jueza de Las Palmas de Gran Canaria anula una multa de 200 euros porque la puso un agente de movilidad

Una jueza de Las Palmas de Gran Canaria ha anulado la multa de 200 euros que un agente de movilidad impuso a una conductora por utilizar el teléfono móvil al volante. En una sentencia notificada a las partes este lunes, la titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de la capital, Esperanza Ramírez, estima la demanda interpuesta por la ciudadana y concluye que los agentes que forman parte de ese cuerpo de seguridad municipal, subordinado a la Policía Local, no tienen competencias para formular denuncias por infracciones de tráfico.

Se trata de la primera resolución judicial conocida que se pronuncia en estos términos sobre un asunto que ha generado controversia desde el nacimiento del cuerpo, en enero de 2013. La jueza reconoce las dudas suscitadas a raíz de la  sentencia dictada en febrero de 2015 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y ratificada por el Supremo en mayo de 2016 en relación a las competencias asignadas a los agentes de movilidad. El alto tribunal canario les despojó de diez de las diecisiete funciones que el Ayuntamiento les había encomendado, al entender que el Consistorio había obviado el carácter subordinado y colaborador del cuerpo con respecto al de la Policía Local y había invadido parte de sus competencias.

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La Audiencia de Las Palmas dicta dos autos contradictorios en una causa con altos funcionarios imputados

Dos secciones distintas de la Audiencia Provincial de Las Palmas han dictado con apenas siete días de diferencia dos autos contradictorios sobre un procedimiento en el que  están encausados tres altos funcionarios del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por los presuntos delitos de desobediencia y prevaricación administrativa. Gonzalo Muñoz García de la Borbolla, jefe de servicio de Actividades Comerciales e Industriales; Carmen Nieves Martín, directora general de Edificaciones y Actividades, y Alejandro Machín Gil, abogado, están acusados de haber incumplido durante cerca de un año una sentencia judicial firme que les obligaba a cerrar un restaurante sin licencia en la calle Malteses de la capital.

El primer auto es de la Sección Sexta, está fechado el 25 de abril y fue notificado a las partes el 2 de mayo. Su ponente es Oscarina Naranjo, magistrada que comparte Sala con Emilio Moya y Carlos Vielba. Esta resolución desestima el recurso presentado por uno de los imputados, Muñoz García de la Borbolla, contra el auto del Juzgado de Instrucción 6 de Las Palmas de Gran Canaria que decretaba la apertura del procedimiento abreviado, el paso previo al juicio oral. El funcionario solicitaba la nulidad de actuaciones y el archivo de la causa, pretensiones que desestima la Sección Sexta, ratificando el mencionado auto.

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Una sentencia concede una prestación a la hija de una mujer discriminada durante el franquismo

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictado una sentencia con perspectiva de género que reconoce el derecho de una mujer de 54 años a cobrar la denominada  prestación a favor de los familiares tras el fallecimiento de su madre, que padeció una situación de “discriminación indirecta” por razón de sexo como consecuencia de la legislación franquista. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) había denegado la pretensión de la demandante al entender que no cumplía con los requisitos para poder acceder a una pensión que se concede a aquellos familiares que hayan convivido y dependido económicamente de la persona fallecida.

La ponente de la sentencia es la magistrada de la Sala de lo Social del TSJC Gloria Poyatos, presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas, que  ya en marzo dictó otra sentencia pionera que reconocía el derecho a la pensión de viudedad a una mujer divorciada que aseguró haber sido víctima de violencia machista y que presentó varias denuncias que finalmente fueron archivadas.

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Un juez de Gran Canaria obliga al banco a devolver los gastos de una hipoteca y anula otras dos cláusulas abusivas

Los jueces siguen poniendo coto a los abusos de los bancos. Una sentencia dictada recientemente por el magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Las Palmas de Gran Canaria, Santiago Lojo, obliga a la entidad financiera Liberbank a devolver a una pareja los gastos de formalización de una hipoteca firmada en mayo de 2009 y anula la cláusula suelo y los intereses de demora que figuraban en el contrato de préstamo.

La resolución judicial, que aún no es firme -se puede recurrir ante la Audiencia Provincial-, anula en total tres cláusulas declaradas abusivas.

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El juez Salvador Alba, obligado a abandonar una vista tras ser recusado por un abogado a quien denunció

El magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas Salvador Alba se vio obligado este miércoles a abandonar el tribunal que debía juzgar la conveniencia de mantener en prisión provisional a una veintena de encausados por narcotráfico después de que el abogado de uno de ellos solicitara su recusación alegando enemistad manifiesta. Este letrado es Sergio Armario, el mismo que acompañó al presidente de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, a la reunión que da origen al denominado Albagate, un encuentro en el despacho del juez -grabado por el empresario, al que entonces investigaba-  para maquinar una declaración que perjudicase a la magistrada a la que Alba sustituyó en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Victoria Rosell, en aquel momento (marzo de 2016) diputada de Podemos.

Después de que se difundieran los audios de esa reunión clandestina entre juez y empresario y de que se le abrieran sendos procedimientos en los ámbitos penal (Tribunal Superior de Justicia de Canarias) y disciplinario (Consejo General del Poder Judicial) por la presunta comisión de hasta seis delitos y tres faltas,  Alba denunció a Ramírez y a Sergio Armario por presuntas coacciones para archivar la causa que instruía contra el primero por delitos fiscales. Esa denuncia del magistrado recayó en el Juzgado de Instrucción 2 de la capital grancanaria, que la acabó archivando en diciembre del año pasado, tan solo un mes después de que el propio Alba se apartara del procedimiento, una decisión que no le ha impedido recurrir el auto de archivo.

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