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Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria, 1984. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 2008. Tras un breve paso por Activa Multimedia Digital, comencé a trabajar en Canarias Ahora en verano de 2009. También he colaborado con el diario Marca como corresponsal en Las Palmas.

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Trabajadores de Aduanas del Puerto de La Luz denuncian que están expuestos a la contaminación de los astilleros

"Lo del lunes fue la gota que colmó el vaso. La nube de polvo era brutal". Quien así habla es un técnico de Inspección de Sanidad que trabaja en el Punto de Inspección Fronteriza (PIF) del Puerto de la Luz y de Las Palmas, dependiente del departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria y encargado de la realización de controles de entrada a la Unión Europea de animales vivos y productos de origen animal procedentes de terceros países. Los trabajadores de este centro llevan años denunciando que están expuestos a los efectos nocivos de las partículas procedentes de las labores de decapado y limpieza de los cascos de los barcos mediante el chorreo de arena a presión, así como de su pintura, en los astilleros ubicados a apenas 150 metros de la nave donde operan.

Según cuentan los empleados del PIF, un cambio "inesperado" en la dirección del viento provocó que el pasado lunes  esas particulas metálicas dispersadas llegaran con mayor intensidad al centro. Los restos de pintura sobre los vehículos estacionados en la calle Unión Castle Line, donde se localiza el centro, evidencian las consecuencias de la proximidad de las instalaciones de Astican, empresa con la que, aseguran, han establecido una especie de protocolo para que sus operarios "pulan" los coches afectados por los restos de la imprimación de los buques. 

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El alcalde de La Laguna minimiza la función del interventor para justificar la prórroga de contratos vencidos

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (CC), minimizó este jueves el papel que la ley reserva a los interventores municipales, funcionarios con habilitación nacional que fiscalizan la legalidad de las actuaciones con repercusión económica sobre las arcas públicas de los ayuntamientos, para tratar de justificar que, entre los ejercicios 2015 y 2016, la corporación que rige autorizara la continuidad de contratos extinguidos por valor de 18 millones de euros.

En el pleno celebrado este jueves por la tarde, Díaz restó importancia a los reiterados reparos planteados por el interventor contra esa práctica habitual en el Consistorio lagunero, institucionalizada en la época de Fernando Clavijo como alcalde, y equiparó el valor de los informes del habilitado nacional con el de otros funcionarios de área que han avalado la prórroga de esos contratos en contra de sus propias cláusulas y de la Ley de Contratos del Sector Público. El alcalde coincide así con los argumentos esgrimidos por su predecesor en el cargo, que en unas declaraciones en Radio Nacional de España manifestó que los interventores no eran "garantes de la legalidad de los contratos".

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Clavijo y su sucesor en La Laguna prorrogaron en dos años contratos vencidos por 18 millones de euros

El Ayuntamiento de La Laguna concedió entre 2015 y 2016 prórrogas o autorizaciones de continuidad por cerca de 18 millones de euros para mantener contratos ya extinguidos de servicios municipales. A través de decretos, el  actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y su sucesor en la corporación local, José Alberto Díaz, se saltaron por sistema durante esos dos años los reparos planteados por el interventor, funcionario con habilitación nacional encargado de velar por la legalidad de todas las actuaciones de la administración con repercusión económica, que advertían del incumplimiento de los propios pliegos y de la Ley de Contratos del Sector Público. Esta fórmula para dar continuidad a contratos vencidos se repite en la corporación lagunera, al menos, desde 2014. Hace dos semanas Fernando Clavijo defendió en Radio Nacional de España que se trataba de actuaciones ajustadas a derecho y que el interventor “no era garante de la legalidad”. “Ocurre en el Gobierno de Canarias, en los cabildos y en los 88 municipios de Canarias y los ocho mil y pico de España”, dijo. 

El servicio de Intervención eleva cada trimestre al pleno un informe de las resoluciones adoptadas por el Ayuntamiento en contra de sus reparos. En 2015, año en el que Clavijo ostentó el bastón de mando municipal hasta el mes de mayo, el gobierno de La Laguna contravino el criterio del alto funcionario para aprobar el pago de servicios, facturas, ayudas y subvenciones por un montante total de 8,74 millones de euros, cantidad de la que quedan excluidas las discrepancias sobre determinados aspectos del abono de las nóminas. De esa cifra, casi el 70%, unos seis millones de euros, estaba destinada a prórrogas de contratos vencidos. En 2016, el porcentaje aumentó hasta el 76%. De los 15,11 millones aprobados en contra de los informes del interventor, 11,54 se correspondían a autorizaciones de continuidad al margen de lo estipulado en la legislación vigente en materia de contratación.

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El Gobierno canario se desentiende de los pagos en 'B' de su principal contratista de servicios de comunicación

El Gobierno de Canarias rechaza revisar de oficio los contratos que mantiene en vigor con Metrópolis Comunicación, la principal proveedora de los servicios de apoyo a los gabinetes de prensa y seguimiento de medios del Ejecutivo regional, a pesar de las informaciones que acreditan, con pruebas documentales y el testimonio de extrabajadores, que esta empresa ha mantenido en plantilla a periodistas sin contrato y ha abonado en negro parte del salario de empleados en nómina.

Fuentes de Presidencia han asegurado a Canarias Ahora que la Administración no puede actuar salvo que la adjudicataria incurra en alguna de las causas de resolución  previstas en  el artículo 223 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) o que la irregularidad detectada, de la que asegura no tener constancia, esté expresamente recogida en los pliegos como motivo de extinción.  El Gobierno entiende que, al menos de momento, no se da ninguna de estas circunstancias para revisar los contratos con Metrópolis y que sólo podría intervenir "si se derivase alguna acción" de la denuncia que la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) ha presentado ante la Inspección de Trabajo.

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La disputa por el control de Intersindical Canaria enreda la investigación por el desvío de fondos de sus cuentas

Rafael Passaro, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria, ha reconocido en un auto dictado el pasado 6 de octubre que las disputas por el control de la Federación de Salud de Intersindical (IC) en la isla de Gran Canaria están añadiendo "una innecesaria complejidad" a la investigación abierta a finales de 2014 por el presunto desvío a cuentas particulares de fondos de la sectorial procedentes de las cuotas de los afiliados.

Tres años después de que se incoaran diligencias penales tras varias denuncias presentadas por afiliados del sector crítico del sindicato, el juez mantiene imputadas a siete personas. Las pesquisas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han detectado  pagos "sin justificación aparente" en la actividad sindical por valor de 80.000 euros en las contabilidad de IC entre los ejercicios 2010 y 2014. Con ese dinero se habrían pagado viajes para asuntos particulares, entradas para conciertos, fines de semana en casas rurales o préstamos personales de hasta 2.500 euros.

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Un sindicato de periodistas denuncia ante la Inspección de Trabajo los pagos en 'B' de la agencia de cabecera del Gobierno

La Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) ha denunciado este lunes ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife a Metrópolis Comunicación, la principal adjudicataria de los contratos de apoyo a gabinetes de prensa y seguimiento de medios del Gobierno regional, después de que Canarias Ahora informara este domingo de que esa empresa mantiene en plantilla a periodistas sin contrato y paga en B parte del salario de empleados en nómina.

La denuncia se hace eco de la noticia publicada por este periódico, una información que, según la UPCC, "corrobora los indicios" que el sindicato ya había recabado con anterioridad sobre las irregularidades de Metrópolis en material laboral. Esta agencia de comunicación,  que tiene sedes en cuatro de las siete islas (Tenerife, Gran Canaria, La Palma y Lanzarote) y que también opera en las comunidades de Madrid, Andalucía, Baleares y Valencia, c oncentra prácticamente el 80% de los contratos adjudicados en los últimos dos años por el Ejecutivo regional y también presta servicios a otras administraciones públicas canarias, partidos políticos y destacadas empresas, tanto de las Islas como del ámbito nacional.

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La principal adjudicataria de contratos de comunicación del Gobierno canario paga en negro a trabajadores

La principal proveedora de los servicios de seguimiento de medios y apoyo a los gabinetes de prensa del Gobierno de Canarias, Metrópolis Comunicación, aplica desde hace años una política laboral que incluye el mantenimiento en plantilla de periodistas sin contrato y el pago en negro de parte del salario a trabajadores en nómina, camuflado en conceptos como gastos de transportes y dietas que no cotizan a la Seguridad Social. El abono se realiza en sobres, a mes vencido. En los casos que ha podido contrastar Canarias Ahora a través de idénticas pruebas documentales, recibos sin membrete de la empresa, el dinero ingresado por esta vía puede llegar a representar hasta el 40% del sueldo.

Junto a MasCanarias, otra sociedad administrada por el mismo empresario, Metrópolis  acapara prácticamente el 80% de los contratos de comunicación que el Gobierno canario ha adjudicado en los últimos cinco años. El fundador y director de ambas agencias, con sedes en La Laguna, es Santiago Pérez, miembro de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y de la Asociación de Directivos de la Comunicación (DIRCOM).

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Salvador Alba retrasa la apertura de su juicio al recusar y denunciar de nuevo a la magistrada que lo investiga

A poco más de un mes de que se cumplan los 18 que la Ley de Enjuiciamiento Criminal fija para concluir la instrucción de una causa declarada compleja, el magistrado Salvador Alba, investigado en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), continúa ganando tiempo para retrasar la apertura de juicio oral y, con ello, su previsible expulsión de la carrera judicial, que está suspendida a expensas del procedimiento penal.

Según adelanta en su edición de este miércoles Canarias 7, Alba ha recusado por segunda vez ( la primera fue en mayo) a Margarita Varona, la magistrada de la Sala de lo Penal del TSJC que instruye la causa contra el juez por la presunta comisión de seis delitos vinculados con las operaciones que ejecutó para perjudicar la carrera política y profesional de otra jueza, Victoria Rosell, exdiputada de Podemos por la provincia de Las Palmas. A esta nueva acción le ha sumado una ampliación de la denuncia que presentó a principios de septiembre ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la instructora, a quien acusa de haber incumplido su deber de abstención y de pérdida de imparcialidad.

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Clavijo y su sucesor en La Laguna se saltaron reparos del interventor durante años para prorrogar contratos vencidos

El Ayuntamiento de La Laguna ha prorrogado durante años contratos de servicios públicos vencidos, algunos millonarios, a pesar de los informes de Intervención que advertían de que esta práctica, institucionalizada durante la etapa como alcalde del actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y continuada por su sucesor, José Alberto Díaz, también de Coalición Canaria (CC), es contraria no sólo a los propios pliegos de los concursos, sino a la Ley de Contratos del Sector Público.

Se trata de al menos siete adjudicaciones que oscilan entre los 500.000 euros y los 14 millones. Las concesiones se remontan, en su mayoría, al periodo comprendido entre 2010 y 2012, con Clavijo como regidor de la corporación, aunque una de ellas data de abril de 2008, cuatro meses antes de la salida de la Alcaldía de la actual diputada de CC en el Congreso, Ana Oramas. En el pleno ordinario de abril, el Gobierno dio cuenta de los decretos aprobados en contra de los reparos de Intervención en el segundo y tercer trimestre de 2016 y, entre ellos, figuraban cinco autorizaciones de continuidad -de entre las siete mencionadas- que implicaban un gasto total superior a los tres millones de euros. 

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Un juzgado canario aplica ya la nueva doctrina europea para anular la cláusula multidivisa de una hipoteca

El magistrado sustituto del Juzgado de Primera Instancia número 13 de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cobo Plana, ha tardado menos de dos semanas en aplicar la nueva doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las hipotecas multidivisas. En una resolución dictada el 2 de octubre, el juez ha anulado por falta de transparencia las cláusulas de un contrato de préstamo sometido a las fluctuaciones del yen japonés. Para ello, se ha servido de los argumentos recogidos en una sentencia dictada por el tribunal europeo doce días antes, el 20 de septiembre.

La resolución del juzgado canario, hecha pública este viernes por la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), obliga a Bankinter a recalcular y reconvertir el préstamo a euros desde su inicio y, por lo tanto, a devolver las cantidades cobradas de más por la aplicación de esa cláusula multidivisa. Los bancos comercializaron de forma masiva este tipo de hipotecas entre 2007 y 2008. Fueron publicitadas mayoritariamente entre colectivos con ingresos fijos garantizados con un gancho: las cuotas serían más bajas porque los tipos de interés de las divisas a las que se referenciaba la hipoteca eran menores que el Euríbor.

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