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José Precedo

Me divertí diez años en El País, cuatro en la Cadena SER y pasé otro par en Telecinco. Una compañera y yo descubrimos un día que nuestro alcalde no pagaba sus impuestos. Él tuvo que dimitir y sigue creyendo que la culpa fue nuestra, no suya. Hice un librito sobre eso, Conde Roa, caso perdido, que según mis amigos se leía muy rápido y según los libreros se vendía despacito. Al cumplir 40 creo que puedo seguir disfrutando del mejor oficio del mundo en eldiario.es donde haré... lo que pueda.   

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El malestar de los jueces contra el Gobierno en los foros: "Huelga y medidas de presión, nos toman por imbéciles"

La amenaza de una huelga de jueces vuelve a planear sobre el Gobierno. El malestar trasciende a las asociaciones profesionales, que en la última semana han emitido varios comunicados conjuntos, al que también se han sumado las asociaciones de fiscales, para dar un ultimátum al ministro de Justicia, Rafael Catalá. 

Los motivos del malestar son variados pero relacionados todos con reivindicaciones históricas de la judicatura: desde medios materiales para los juzgados a subidas de sueldos para el personal de Justicia que permitan recuperar el 10% perdido en los años de los recortes. La inquietud en la carrera ha ido a más esta semana, después de la infructuosa reunión de esta semana con el director general de Justicia, Joaquín Delgado, en la que las asociaciones de jueces y fiscales esperaban ya una propuesta formal del Ministerio y lo que recibieron fueron evasivas relacionadas con la negativa de Hacienda a seguir incrementando el gasto. 

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Otra amenaza electoral para el PP: jueces, fiscales, guardias civiles y policías, en pie de guerra por las subidas salariales

Como la mayoría de acontecimientos políticos que acaban en los libros de historia, el procés también deja efectos colaterales. Páginas menos épicas, asuntos de andar por casa. Una vez fracasada la vía unilateral hacia la independencia, los policías y guardias civiles que hicieron de guardianes de la ley en Catalunya -y protagonizaron polémicas cargas durante el referéndum del 1 de octubre- los jueces y fiscales que persiguieron, imputaron y encarcelaron a los líderes del movimiento secesionista, intensifican sus reivindicaciones laborales esgrimiendo los servicios prestados al Estado en uno de los episodios más graves de la democracia.

Y ahora las reivindicaciones económicas y profesionales de estos colectivos amenazan con convertirse en otro problema electoral para el Partido Popular mientras Ciudadanos hace suyas algunas de esas reclamaciones que establece como condición previa para apoyar los presupuestos generales de 2018 mientras intenta arañar votos en caladeros tradicionales del PP.

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Oleiros: la cúpula de Inditex se refugia en el feudo marxista-leninista

El ejecutivo más rutilante del IBEX-35. La dueña de una de las mayores fortunas del planeta. Y un constructor habitual de la lista Forbes. Todos empadronados en este pueblo, a tres kilómetros en línea recta del centro de A Coruña, gobernados por un partido marxista-leninista que lleva tres décadas al frente del Ayuntamiento. 

Bienvenidos a Oleiros, el municipio de mayor renta de Galicia -37.584 euros por habitante, el doble de la media de la comunidad según los datos de Hacienda-, refugio de los lugartenientes del imperio Inditex, empezando por su presidente, Pablo Isla; y feudo político de Ángel García Seoane, Gelo, alcalde comunista y admirador de Fidel Castro.

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La candidata propuesta para la Fiscalía de Barcelona pide combatir "la desinformación" del procés en las redes

Concepción Talón era la mejor colocada para presidir la Fiscalía Provincial de Barcelona y, finalmente, ha sido la candidata escogida. Este miércoles, el Fiscal General del Estado, Julián Sánchez Melgar, lo ha anunciado a los representantes de la carrera en el Consejo Fiscal. El programa de gobierno que ha presentado esta profesional con 32 años de experiencia que empezó en la Audiencia Provincial de Girona, licenciada en Criminología y que llegó a presidir la Asociación de Fiscales, la más conservadora, reserva un par de párrafos a combatir "la desinformación" relativa al procés desde el Ministerio Público.

El objetivo es "revertir la desinformación" que, a juicio de Talón, la prensa ha difundido sobre el papel jugado por el Ministerio Público en el proceso independentista. Para ello, Talón prevé dedicar a un funcionario a vigilar lo que se dice sobre la Fiscalía en las redes sociales para que luego un portavoz pueda hacer llegar sus quejas por escrito a los medios de comunicación. 

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La mayoría de los fiscales de Madrid votan en contra de la imputación de un alto cargo de Justicia

Los fiscales de Madrid han apoyado mayoritariamente el criterio de su jefe, José Javier Polo, de no solicitar la imputación de un alto cargo del Ministerio de Justicia en un asunto de presunta corrupción urbanística. Un total de 211 fiscales de Madrid estaban convocados a una junta que el Consejo Fiscal por unanimidad ordenó celebrar después de que Polo no organizara una votación durante la anterior junta en la que se produjo el choque de criterios. 

Finalmente han participado en la votación 167 fiscales, de los que 99 se han pronunciado en contra de la imputación, 38 a favor y 30 se han abstenido, según han informado a eldiario.es fuentes fiscales. Antes de la votación se produjo una solicitud de votación secreta que Polo ha rechazado, obligando a retratarse a cada uno de los fiscales. Uno a uno han debido decir en voz alta si votaban a favor, en contra o se abstenían, han precisado las mismas fuentes. 

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Un desmentido al fiscal jefe de Madrid agudiza la crisis por la investigación a un alto cargo de Justicia

El fiscal de Sala de Medio Ambiente, Antonio Vercher, se ha visto obligado a reflejar por escrito su posición en el conocido como caso Hoyo de Manzanares, una recalificación urbanística en la que está implicado a un alto cargo del Ministerio de Justicia. Vercher desmiente al fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo, quien aseguró en una reunión con sus subordinados que contaba con su apoyo para no imputar al cargo de confianza de Rafael Catalá.

El escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es, tiene fecha de 22 de noviembre y se redactó tras una Junta de Fiscales de Madrid, convocada por las desavenencias entre el encargado de investigar el caso, el fiscal delegado de Medio Ambiente César Estirado, y Polo, su superior en la Fiscalía de Madrid. Estirado invocó el artículo 27 del Estatuto Fiscal para forzar una reunión en la que se votase sobre la principal controversia: si imputar o no a Francisco Javier Gómez Gálligo, director general del Registro y del Notariado del Ministerio de Justicia.

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Un alto cargo de Justicia rectifica su apoyo a una recalificación urbanística ilegal tras ser señalado por un fiscal

Javier Gómez Gálligo, el alto cargo del Ministerio de Justicia al que el fiscal César Estirado -que investiga un caso de presunta corrupción en Hoyo de Manzanares- intentó denunciar por prevaricación, ha rectificado el trámite que firmó para poder inscribir en el registro de la propiedad una finca fruto de un recalificación ilegal aprobada por el Gobierno municipal, en manos del Partido Popular.

La denuncia contra el director general del registro y del notariado del Ministerio de Justicia la frenó el Fiscal jefe provincial de Madrid, José Javier Polo, quien retiró de la querella redactada por Estirado, especialista en urbanismo y responsable de la investigación, el nombre del mando del ministerio. Finalmente, en el escrito firmado por el fiscal jefe de Madrid y admitido a trámite por un juzgado de Colmenar Viejo se acusa de prevaricación al alcalde de Hoyo, Ramón Regueira, del PP, y a siete concejales -seis del Gobierno y una de Ciudadanos que completa la mayoría- junto dos asesores municipales, a dos ediles también del PP de la legislatura anterior y a dos arquitectos de la Universidad Antonio de Nebrija, promotora del terreno sobre el que se pretendía levantar una edificación de un centenar de viviendas pasando por encima de las normativas urbanísticas.

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La Justicia exculpa a Adif en atropellos mortales pese a admitir que incumple su obligación legal de vallar las vías

Adif, el organismo público que gestiona las infraestructuras ferroviarias en España, no es responsable de los atropellos de trenes, por mucho que haya incumplido sistemáticamente su obligación legal de vallar las vías en los trayectos urbanos. Así lo vienen manteniendo diferentes tribunales -desde el Supremo a la Audiencia Nacional, pasando por los juzgados de lo contencioso administrativo- en los casos de arrollamientos en que las víctimas o sus familias han decidido pleitear contra la Administración para reclamar indemnizaciones por no haber establecido medidas de protección en los trazados que pasan por las ciudades.

La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo acaban de eximir de responsabilidad a Adif, el organismo público que gestiona las infraestructuras del ferrocarril en España, en el caso de un atropello sucedido en 2010 en un tramo urbano de Ourense sin vallar que provocó una minusvalía del 79% a una joven de 17 años que subió a la vía con unos amigos a hacerse fotos.

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El asesino de Diana Quer confiesa que la estranguló tras meterla en el coche la noche que desapareció

José Enrique Abuín, detenido por la muerte de la joven madrileña Diana Quer, desaparecida hace año y medio en la Pobra do Caramiñal (A Coruña) cuando regresaba a casa tras una noche de fiesta,  ha llevado a los investigadores hasta el cadáver escondido en una nave abandonada de la parroquia de Asados, en Rianxo (A Coruña), a unos 20 kilómetros de donde se le perdió el rastro la madrugada del 22 de agosto de 2016.

El cuerpo estaba sumergido en agua dentro de un hueco en el suelo de cemento del almacén y cubierto con una chapa metálica. El hallazgo se produjo sobre las seis de esta mañana: el juez del caso y agentes de la Guardia Civil localizaron el cadáver durante la inspección de un local industrial en el que estuvo presente el principal sospechoso. La nave, hoy abandonada, se encuentra a unos 200 metros de la casa familiar del detenido, que, según algunas fuentes había trabajado en el bajo cuando aún tenía actividad comercial: llegó a albergar un negocio de muebles y otro de bebidas.

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Rajoy cierra su primer año en minoría con el poder intacto y sus leyes más polémicas en vigor

La ley mordaza, la reforma laboral, el recorte de las pensiones, las leyes educativas... Todas las políticas impulsadas por el PP durante la legislatura del rodillo de su mayoría absoluta siguen en vigor dos años después de que las elecciones del 20 de diciembre de 2015, la primera de las dos convocatorias de las generales, dejaran al partido en minoría.

Doce meses después de que el segundo mandato de Rajoy echase a andar, tras casi un año de Gobierno en funciones, las leyes más polémicas impulsadas por el PP entre 2011 y 2015 siguen vigentes, los presupuestos de 2017 se han aprobado sin sobresaltos, el presidente superó una moción de censura presentada por Unidos Podemos y hasta ha podido aplicar el artículo 155 de la Constitución por primera vez en la historia de la democracia. Y todo sin apenas desgaste.

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