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José Precedo

Me divertí diez años en El País, cuatro en la Cadena SER y pasé otro par en Telecinco. Una compañera y yo descubrimos un día que nuestro alcalde no pagaba sus impuestos. Él tuvo que dimitir y sigue creyendo que la culpa fue nuestra, no suya. Hice un librito sobre eso, Conde Roa, caso perdido, que según mis amigos se leía muy rápido y según los libreros se vendía despacito. Al cumplir 40 creo que puedo seguir disfrutando del mejor oficio del mundo en eldiario.es donde haré... lo que pueda.   

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Lezo: el sumario que desnudó la política madrileña, las maniobras del PP en la Justicia y a ejecutivos de la prensa

Hubo un tiempo en que nadie se atrevía a toser a Ignacio González. Fueron lustros de poder omnímodo del PP de Madrid. De mayorías absolutísimas que alcanzaron su cénit tras las municipales de 2011 cuando la expresidenta de la región, del partido y de casi todo, Esperanza Aguirre, decretó el fin del "cinturón rojo" al sur de la Comunidad tras ver a sus candidatos sentados en alcaldías históricas del PSOE como Parla, Móstoles o Alcorcón.

Desde el Gobierno regional el PP manejaba presupuestos anuales de 20.000 millones de euros. Controlaba la televisión pública y la mayor parte de la prensa privada comía de su mano amamantada por sus generosos convenios publicitarios. La patronal, con su presidente Arturo Fernández estaba a partir un piñón con el Gobierno haciendo donaciones a través de Fundescam y el futuro contemplaba faraónicas muestras de poderío como la Ciudad de la Justicia con sus 15 edificios de autor encargados a eminencias de la arquitectura como Zaha Hadid o Norman Foster.

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"Catalá debe irse, con él no habrá pacto de la justicia"

Asume la presidencia de la Unión Progresista de Fiscales ahora que el ministerio público está en las portadas, televisiones y radios por su funcionamiento interno y las injerencias que algunos miembros de Anticorrupción han recibido de sus superiores cuando trabajaban en investigaciones muy sensibles como el caso Lezo.

Emilio Fernández García (Madrid, 1958) mantiene que la asociación será beligerante en la defensa de más autonomía para los fiscales y proclama que no habrá pacto por la Justicia si el ministro Rafael Catalá, reprobado por el Congreso, sigue en su puesto. Cree que también el fiscal general, José Manuel Maza, está inhabilitado para seguir en el cargo y aboga por abrir un nuevo tiempo en el ministerio público. "Los fiscales no somos forajidos a los que haya que controlar", advierte a ese sector de la derecha que pedía poner orden en la institución. 

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El negocio del testaferro de González con el Canal: sueldo de 30.000 euros al mes y pagos por más de 800.000

Edmundo Rodríguez encontró una auténtica mina en el Canal de Isabel II. Su puesto de gerente en Inassa, la filial que controlaba los negocios en latinoamérica, le garantizaba unos ingresos de 30.000 euros mensuales. La Guardia Civil ha detectado también que el testaferro de Ignacio González facturó al Canal a través de su despacho de abogados por importe de más de 800.000 euros. Los agentes investigan si cobró esas cantidades por trabajos reales o se trata de una facturación ficticia mientras rastrean el pelotazo que dio con la compra de Emissao.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigó sus ingresos y encontró movimientos de dinero sospechosos. Así lo hizo constar en el informe de casi 500 páginas que entregaron al juez Eloy Velasco. Los indicios delictivos sobre el hombre del Canal en América Latina obligaron al juez a enviarle a prisión sin fianza y a tirar del hilo sobre su patrimonio y sus negocios en Colombia, que llevaron a descubrir 260.000 euros en efectivo en su casa de Barranquilla.

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Off the record: manual de instrucciones

Se convocó como una reunión informal para dar a conocer a sus portavoces de área pero Podemos excluyó de la lista el pasado lunes a seis medios de los que habitualmente siguen sus comparecencias públicas. El País, El Periódico de Cataluña, la cadena SER, Vozpópuli, El Independiente y Ok Diario denunciaron el veto a sus respectivos periodistas, con informaciones y editoriales. La Asociación de la Prensa de Madrid ha sacado un comunicado "para deplorar" las prácticas del partido de Pablo Iglesias que según concluye "se perjudica a sí mismo". Un periodista de El Mundo, que sí estaba invitado, declinó acudir por solidaridad con sus compañeros ignorados. Quienes sí estuvieron presentes hablan de una reunión anodina de la que no cabe extraer material informativo inflamable.

Podemos alega que no convocó a esos redactores porque se trataba de un "off the record" que requiere de un cierto clima de confianza y que con esos profesionales no lo hay porque en el pasado se saltaron informaciones reservadas. El partido no ha detallado a qué tipo de incumplimientos se refiere.  Los medios no invitados tachan su comportamiento de sectario y El País en un editorial ha llegado a compararlo con el que daba Herri Batasuna a la prensa no afín en los años de plomo de ETA.

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"Con 40 grados, vientos de 80 por hora y humedad del 15% en una zona como esa, no es un problema de medios"

Durante 33 años ha investigado los fuegos en Portugal como coordinador de la investigación penal en la Policía Judicial de Portugal. Antonio Duarte Carbalho, ingeniero mecánico de termodinámica y licenciado en políticas de seguridad, atiende a eldiario.es desde Lisboa, ya jubilado, donde ahora da conferencias y asesora a empresas aseguradoras.

En las últimas décadas ha indagado sobre las grandes oleadas de fuegos en Portugal, donde en un año malo arden 300.000 hectáreas de monte. Tiene escrito en rojo el 2003 cuando se quemaron medio millón y perdieron la vida una veintena de personas. En su lista de víctimas hay bomberos voluntarios, combatientes, pero nunca poblaciones enteras, como ha sucedido en las pequeñas aldeas de  Pedrógao Grande este fin de semana.

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La Guardia Civil registró una cita entre Ignacio González y Gallardón tras los primeros escándalos del Canal

Los expresidentes de la Comunidad de Madrid Ignacio González y Alberto Ruiz-Gallardón, dos rivales políticos irreconciliables, dejaron a un lado sus diferencias y mantuvieron una reunión el 19 de mayo de 2016, tres días después de la destitución de Edmundo Rodríguez Sobrino, otro de los nombres clave de la Operación Lezo, de su puesto en el Canal de Isabel II.

La Fiscalía Anticorrupción sospecha que Ruiz-Gallardón y González sellaron “un pacto de silencio” para ocultar las irregularidades cometidas en tiempos del primero con la expansión del Canal por Latinoamérica y poder continuar con ellas durante el mandato del segundo.

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El Grupo Villar Mir sacó 6,8 millones a Suiza entre 2004 y 2007 camuflados como pagos a filiales por servicios no prestados

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tiene sobre la mesa cuatro años de sospechosas transferencias de dinero que el Grupo Villar Mir realizó a una empresa filial y que permitieron sacar casi siete millones de euros a Suiza gracias a un sistema de facturas falsas por supuestos servicios, que según ha confirmó Hacienda en su día, nunca fueron prestados.

Los agentes de la Guardia Civil cotejan ahora esos movimientos para comprobar si fueron esas operaciones las que permitieron reunir los fondos en Ginebra con los que se pretendía pagar una mordida de 1,4 millones al expresidente madrileño Ignacio González por la adjudicación a la constructora del tren de Navalcarnero que dependía de la Comunidad de Madrid.

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Mercasa, el cortijo de Pablo González que funcionaba a base de mordidas

A finales de octubre de 2016, los agentes de la Guardia Civil pidieron al juez Eloy Velasco que les autorizase intervenir las llamadas de Pablo, el hermano de Ignacio González. Buscaban pistas sobre las operativas de blanqueo del expresidente madrileño, tras advertir que su hermano jugaba un papel fundamental en ellas. Las grabaciones revelaron la existencia de esos intentos de aflorar dinero negro, pero también pusieron a los agentes ante todo un despliegue de prácticas corruptas en Mercasa, la empresa pública en la que Pablo era director de Estrategia y Operaciones.

El detalle que Pablo ofrecía en esas comunicación permitió a los agentes elaborar un informe de más de 120 páginas. Se lo entregaron al juez Velasco, que ha instruido el caso Lezo, aunque un compañero suyo de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ya investigaba desde hace tiempo las irregularidades de Mercasa en la Operación Trajano. Ambos se coordinaron y, junto con los registros y detenciones de la Operación lezo, los agentes de la Guardia Civil entraron en las oficinas de la empresa pública.

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Securitas Direct instruyó a sus comerciales para difundir falsos robos y así vender más alarmas

Cargos intermedios de Securitas Direct instruyeron a sus comerciales para inventarse robos en edificios y hacer cundir la sensación de desamparo en comunidades de vecinos y urbanizaciones. El sistema, muy rudimentario, lo detalló el gerente de Alcorcón protagonista de dos vídeos grabados por trabajadores descontentos con sus métodos, a los que ha tenido acceso eldiario.es.

J. P. es un jefe de equipo que, cuando se denunciaron internamente sus técnicas para infundir miedo a la clientela, fue suspendido con un mes de empleo y sueldo por la compañía. Hoy sigue en el mismo puesto en otra oficina de Madrid. Ese jefe de equipo pidió copiar el método de otro grupo de vendedores en Ciempozuelos para realizar sus batidas.

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El Canal quería desplegar en Brasil sus "prácticas corruptas": sobornos a cambio de contratos

El Canal de Isabel II compró la empresa brasileña Emissao en 2013 por cuatro veces más de lo que costaba. La Guardia Civil sostiene que el sobreprecio acabó en los bolsillos de algunos implicados en la Operación Lezo, pero los agentes sospechan también que la operación era una forma de entrar en el mercado brasileño. Con una filial allí, la intención de la empresa pública era hacerse con concesiones mediante el pago de sobornos a políticos locales, una práctica habitual de Emissao, que en solo un año abonó entre 700.000 y 1,15 millones de dólares en mordidas.

El testaferro de Ignacio Gonzalez, Edmundo Rodríguez, se puso a la cabeza de esa operación como responsable de Inassa, la filial del Canal que se ocupaba del negocio en Latinoamérica. Además de sacar rédito con la compra de Emissao, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) reflejan en un informe que su estrategia era que el Canal se implantase en Brasil, y desplegar allí las “prácticas corruptas” que ya utilizaba en otros países de la zona.

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