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José Precedo

Me divertí diez años en El País, cuatro en la Cadena SER y pasé otro par en Telecinco. Una compañera y yo descubrimos un día que nuestro alcalde no pagaba sus impuestos. Él tuvo que dimitir y sigue creyendo que la culpa fue nuestra, no suya. Hice un librito sobre eso, Conde Roa, caso perdido, que según mis amigos se leía muy rápido y según los libreros se vendía despacito. Al cumplir 40 creo que puedo seguir disfrutando del mejor oficio del mundo en eldiario.es donde haré... lo que pueda.   

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El Estado avaló hasta 200 millones para los negocios de Mercasa en África que investiga la Audiencia Nacional

La  aseguradora pública CESCE (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación) avaló con al menos 200 millones de euros de dinero público las operaciones del consorcio Mercasa-Incatema en Angola y otros países en desarrollo que ahora investiga la Audiencia Nacional. Mercasa es la empresa pública que gestiona los mercados españoles y junto con su socia Incatema (de capital privado) lleva años ganando licitaciones para construir mercados en países en desarrollo. El juez José de la Mata investiga cómo el consorcio montaba una red de cobro de comisiones, pago de sobornos y mordidas además de inflar los contratos y sobrecostes de unas operaciones que contaban con el aval del Estado.

En declaraciones a este medio el CESCE asegura que, a día de hoy, ninguna de estas operaciones ha supuesto un quebranto en las arcas del Estado. Los avales corresponden a operaciones firmadas entre 2001 y 2015. De estas operaciones dos están ya vencidas, y según insisten desde la institución pública, se ha pagado todo el dinero.

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El actual gerente del PP en Madrid participó en la financiación ilegal

El Partido Popular mantiene como gerente en Madrid a un empleado que participó en la financiación irregular de las campañas de Esperanza Aguirre, según consta en el sumario Púnica que instruye el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

Guillermo Mayoral, actual gerente del PP de Madrid que sustituyó en 2014 a Beltrán Gutiérrez – el hombre de las cuentas de toda la vida que fue destituido tras su imputación en las tarjetas black– también conoció de primera mano las ilegalidades en la forma de pagar aquellas campañas electorales que ahora se investigan.

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La UDEF vincula al marido de Cospedal con la red de los Pujol en África dentro de una trama que desvió 92 millones

La Unidad de Delincuencia Económica y fiscal de la Policía (UDEF) involucra en un informe firmado el pasado 5 de mayo al marido de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, con una red de intermediación y cobro de comisiones en África donde también estaría presente el clan de los Pujol.

A lo largo de 71 páginas los investigadores escudriñan los contratos de una madeja de sociedades que presuntamente habrían desviado 92 millones de dólares en dinero público español y apuntan a que parte de esos fondos se destinaron al pago de comisiones a funcionarios y autoridades de terceros países para que adjudicasen las infraestructuras a empresas españolas.

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El PP desvió dinero público para pagar a Azúcar Moreno en un mitin de Aguirre, Rajoy y Gallardón

El multitudinario acto de fin de campaña de 2007, con las actuaciones de Iguana Tango y Azúcar Moreno para cerrar el mitin en el que intervinieron Mariano Rajoy junto a sus candidatos Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón, lo pagaron entre Pinto y Valdemoro.

Así consta en un informe de la Guardia Civil incorporado al sumario Púnica donde se señala que el acto de partido se cargó a las arcas públicas de los dos ayuntamientos madrileños, gobernados entonces por el Partido Popular.

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Un auto del juez Velasco en marzo, tres informes de la UCO y la Fiscalía vieron irregularidades en el contrato avalado por Cifuentes

Tres informes elaborados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y un escrito del magistrado que instruye el sumario Púnica, Eloy Velasco, todos con fecha del pasado marzo, hallaron indicios de delito en la adjudicación del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández, uno de los principales donantes para las campañas del PP regional.

Se trata del contrato bajo sospecha –investigado en la pieza separada sobre financiación ilegal del PP de Esperanza Aguirre– adjudicada por una mesa de contratación que presidía Cristina Cifuentes en 2009 en su calidad de vicepresidenta del Parlamento regional.

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Un auto del juez Velasco detectó "irregularidades penalmente relevantes" en la adjudicación avalada por Cifuentes

El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco señaló el pasado 6 de marzo en un auto en el que imputó al exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez y al empresario Arturo Fernández que existen "sólidos indicios" de "irregularidades penalmente relevantes" en la concesión que la Asamblea de Madrid hizo al Grupo Cantoblanco para que explotase la cafetería y restaurante de la institución.

Se trata del contrato avalado por la entonces vicepresidenta primera del parlamento autonómico Cristina Cifuentes, con asiento en el comité de expertos y quien además presidió la mesa de contratación. Ese doble papel en la adjudicación y las irregularidades detectadas son las que empujan a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a pedir que se investigue a Cifuentes por los delitos de prevaricación continuada y cohecho, algo que de momento descartan tanto el juez Velasco como el fiscal jefe de Anticorrupción Manuel Moix.

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Contratos amañados y dinero de subvenciones tras las mayorías absolutas del PP de Madrid

Tres semanas después de que Esperanza Aguirre abandonase el último cargo público que le quedaba -concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid-, un informe de la Guardia Civil incorporado al sumario Púnica ha dejado por escrito que sus mayorías absolutas se fraguaron sobre un fraude de subvenciones públicas y contratos amañados con los que financió su imponente maquinaria electoral.

Solo en las municipales y autonómicas de 2007, el PP de Madrid incurrió "en gastos electorales muy por encima de los realmente declarados superando con creces los 2,5 millones de euros de exceso" sobre lo declarado a la Cámara de Cuentas, sostienen en su informe los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

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La Guardia Civil concluye que Esperanza Aguirre ganó dos elecciones haciendo trampas

La Guardia Civil ha concluido que el Partido Popular de Madrid incurrió en irregularidades en la financiación de sus campañas electorales en 2007 y 2011, que desembocaron en la victoria electoral de su candidata, Esperanza Aguirre. El PP madrileño también habría ayudado al nacional en la campaña de las elecciones generales de 2008 con fondos de procedencia irregular, según los investigadores del caso Púnica.

En uno de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) incorporado al sumario, los guardias civiles explican detalladamente qué suponen las trampas del Partido Popular para el ejercicio de la democracia. "Numerosas irregularidades que la sustentaron (la financiación de las campañas) suponen una profunda quiebra de las normas que regulan el régimen electoral y que atentan contra los principios que pretenden salvaguardar como son el necesario equilibrio en la concurrencia electoral y con ello un grado aceptable de pluralismo político, habiéndose sustentado mediante actuaciones con relevancia penal (fraude de subvenciones, malversación, falsedad documental...)".

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La Guardia Civil implica a Cifuentes en la financiación irregular del PP de Madrid

Varios informes de la Guardia Civil incorporados al sumario del caso Púnica vinculan a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, con la financiación irregular del PP de Madrid. La actividad sospechosa de Cifuentes tuvo lugar mientras desempeñaba el cargo de vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y el empresario hostelero Arturo Fernández obtuvo varios contratos de suministro y servicio a la Cámara regional.

A su vez, Fernández habría entregado dinero a Fundescam que fue utilizado para financiar campañas electorales del PP. Para cuadrar el círculo acusatorio, la Guardia Civil destaca que Cifuentes era miembro del comité de campaña del Partido Popular. 

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El juez de Lezo imputa a Villar Mir y a la mujer de Ignacio González en una lista de 52 investigados

El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha imputado a la esposa de Ignacio González, Lourdes Cavero, en la pieza que investiga el blanqueo de capitales de la llamada Operación Lezo, que envió a la cárcel al expresidente madrileño el pasado 19 de abril. Cavero ya estaba imputada en el llamado caso ático, donde un juzgado de Estepona investiga si el chalé que la familia disfruta en Málaga fue parte de una comisión que la constructora Martinsa pagó al expresidente madrileño a cambio de una recalificación en el municipio de Arganda.

El auto firmado por el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco involucra al hermano del expresidente, Pablo González, a su padre, Pablo González Liberal, y a su cuñado Juan José Caballero. 

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