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Pedro Águeda

Llevo sufriendo con el periodismo desde que empecé, a mediados de los noventa. Aprendí lo más importante en la agencia Europa Press, donde un tipo honesto y testarudo se empeñó en enseñarme este oficio. Aún así le guardo cariño. Pasé por el diario 'Público' con tiempo de contar el final de ETA y hace ya un tiempo que frecuento la crónica judicial. Un día me dijeron que una noticia mía había mejorado la vida de algunos que no tenían nada. Supongo que por eso merece la pena.

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Un mando, a los antidisturbios: "El 80% vais a estar disponibles, haya paternidades, lactancias o comepollas"

El inspector jefe al mando del orden público en Valencia, Alberto Salvador Enfedaque, advirtió el pasado 4 de junio a un grupo de sus subordinados contra la práctica del derecho sindical en la Policía. El jefe de los antidisturbios en la Comunidad Valenciana se quejó airadamente en una charla de que los agentes hubieran recurrido a los sindicatos ante una determinada orden de servicio y les advirtió de que tendría consecuencias, como se escucha en el audio que acompaña a esta información. “El 80% de la unidad va a estar disponible. Y ahí se cuentan: asuntos propios, bajas, paternidades, lactancias y comepollas, de todo”, afirma el mando.

Los agentes del Grupo IV habían vuelto de un servicio en Madrid, con motivo de la final de la Copa del Rey. La cúpula de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana avisó a última hora del viernes -el partido fue el domingo- de que un grupo de la UIP debía desplazarse desde Valencia para reforzar el dispositivo. El grupo al que le correspondía ya había agotado sus compensaciones, por lo que habría que abonarles el trabajo como servicios extraordinarios. Así que se recurrió a otro grupo que tenía previstas libranzas, motivando las quejas que los agentes trasladaron a los sindicatos. No sirvió de nada, y al regreso de Madrid, el inspector jefe les estaba esperando.

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La jueza prohíbe al comisario Villarejo acercarse a la doctora Pinto a menos de 500 metros

El comisario José Manuel Villarejo no puede acercarse a la doctora Elisa Pinto a menos de 500 metros ni comunicarse con ella o con cualquier miembro de su familia. Así lo ha dictado este miércoles la jueza que investiga el presunto acoso a la mujer por parte del empresario Javier López Madrid, a las órdenes de quien habría actuado el policía en el apuñalamiento de la denunciante el 10 de abril de 2014.

La decisión de la magistrada se ha producido a petición de la defensa de Pinto, después de que la mujer reconociera a Villarejo en una rueda de reconocimiento organizada por el juzgado el pasado 6 de junio. La titular del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid ha acordado la medida a pesar de la oposición de la fiscal del caso, Rosa Mayoral Hernández, informan fuentes jurídicas. El letrado Enrique Díaz-Bastien, que representa a Villarejo, ha anunciado que recurrirá la medida al considerar que "no tiene base jurídica alguna".

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El negocio del testaferro de González con el Canal: sueldo de 30.000 euros al mes y pagos por más de 800.000

Edmundo Rodríguez encontró una auténtica mina en el Canal de Isabel II. Su puesto de gerente en Inassa, la filial que controlaba los negocios en latinoamérica, le garantizaba unos ingresos de 30.000 euros mensuales. La Guardia Civil ha detectado también que el testaferro de Ignacio González facturó al Canal a través de su despacho de abogados por importe de más de 800.000 euros. Los agentes investigan si cobró esas cantidades por trabajos reales o se trata de una facturación ficticia mientras rastrean el pelotazo que dio con la compra de Emissao.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigó sus ingresos y encontró movimientos de dinero sospechosos. Así lo hizo constar en el informe de casi 500 páginas que entregaron al juez Eloy Velasco. Los indicios delictivos sobre el hombre del Canal en América Latina obligaron al juez a enviarle a prisión sin fianza y a tirar del hilo sobre su patrimonio y sus negocios en Colombia, que llevaron a descubrir 260.000 euros en efectivo en su casa de Barranquilla.

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La plana mayor de Aznar exculpa a Bárcenas y le sitúa a las órdenes de un Lapuerta eximido por "demencia"

Luis Bárcenas solo hacía tareas administrativas y nunca se paseó por los ministerios del Gobierno de José María Aznar pidiendo favores para empresarios afines al PP. Los ex altos cargos del PP que han declarado como testigos en el juicio de Gürtel han coincidido en exculpar a su extesorero y en centrar todas las responsabilidades en Álvaro Lapuerta, superior de Bárcenas durante aquellos años, y que no está en el banquillo de acusados como consecuencia de una “demencia sobrevenida”.

Este martes, el primero en dar esa versión de los hechos ha sido el vicesecretario de política autonómica del PP, Javier Arena. Ha exculpado a Bárcenas al asegurar que sus funciones eran solo "administrativas" y los temas económicos estaban controlados por Álvaro Lapuerta. El extesorero del partido fue excluido del proceso por "demencia sobrevenida".

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Interior compensa con una embajada al comisario destituido por reunirse con Francisco Correa

El Ministerio del Interior ha elegido al comisario Juan Manuel Calleja para ocupar el puesto de consejero en la Embajada española en Argelia, uno de los destinos considerados un premio dentro del Cuerpo. El nombramiento se produce dos años después de que Calleja fuera destituido de su puesto de número dos en la Jefatura Superior de Madrid por reunirse con el presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa.

El comisario concertó la reunión sin conocimiento de los investigadores del caso, ni del juez, gracias a la intermediación del entorno del mafioso ruso Kalashov y mientras Correa negociaba en secreto con la Fiscalía Anticorrupción. Calleja, de 60 años, ocupa en la actualidad el puesto de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), a donde ascendió después de ser apartado a la División Económica y Técnica. Fuentes policiales apuntan a que su retribución mensual de Calleja en Argelia superará los 10.000 euros brutos mensuales.

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La Guardia Civil registró una cita entre Ignacio González y Gallardón tras los primeros escándalos del Canal

Los expresidentes de la Comunidad de Madrid Ignacio González y Alberto Ruiz-Gallardón, dos rivales políticos irreconciliables, dejaron a un lado sus diferencias y mantuvieron una reunión el 19 de mayo de 2016, tres días después de la destitución de Edmundo Rodríguez Sobrino, otro de los nombres clave de la Operación Lezo, de su puesto en el Canal de Isabel II.

La Fiscalía Anticorrupción sospecha que Ruiz-Gallardón y González sellaron “un pacto de silencio” para ocultar las irregularidades cometidas en tiempos del primero con la expansión del Canal por Latinoamérica y poder continuar con ellas durante el mandato del segundo.

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El Grupo Villar Mir sacó 6,8 millones a Suiza entre 2004 y 2007 camuflados como pagos a filiales por servicios no prestados

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tiene sobre la mesa cuatro años de sospechosas transferencias de dinero que el Grupo Villar Mir realizó a una empresa filial y que permitieron sacar casi siete millones de euros a Suiza gracias a un sistema de facturas falsas por supuestos servicios, que según ha confirmó Hacienda en su día, nunca fueron prestados.

Los agentes de la Guardia Civil cotejan ahora esos movimientos para comprobar si fueron esas operaciones las que permitieron reunir los fondos en Ginebra con los que se pretendía pagar una mordida de 1,4 millones al expresidente madrileño Ignacio González por la adjudicación a la constructora del tren de Navalcarnero que dependía de la Comunidad de Madrid.

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Mercasa, el cortijo de Pablo González que funcionaba a base de mordidas

A finales de octubre de 2016, los agentes de la Guardia Civil pidieron al juez Eloy Velasco que les autorizase intervenir las llamadas de Pablo, el hermano de Ignacio González. Buscaban pistas sobre las operativas de blanqueo del expresidente madrileño, tras advertir que su hermano jugaba un papel fundamental en ellas. Las grabaciones revelaron la existencia de esos intentos de aflorar dinero negro, pero también pusieron a los agentes ante todo un despliegue de prácticas corruptas en Mercasa, la empresa pública en la que Pablo era director de Estrategia y Operaciones.

El detalle que Pablo ofrecía en esas comunicación permitió a los agentes elaborar un informe de más de 120 páginas. Se lo entregaron al juez Velasco, que ha instruido el caso Lezo, aunque un compañero suyo de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ya investigaba desde hace tiempo las irregularidades de Mercasa en la Operación Trajano. Ambos se coordinaron y, junto con los registros y detenciones de la Operación lezo, los agentes de la Guardia Civil entraron en las oficinas de la empresa pública.

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El PP fracasa en su intento de apartar a la jueza que le procesó por los ordenadores de Bárcenas

La jueza Rosa María Freire adoptará las últimas decisiones de la instrucción del caso conocido como ‘Ordenadores de Bárcenas’, que investiga la presunta destrucción de pruebas de la financiación irregular del Partido Popular mediante el borrado de los discos duros que el extesorero guardaba en la sede de Génova. La Audiencia de Madrid ha resuelto que no hay motivos para apartar a la magistrada Freire del caso, como planteó el PP bajo la acusación de ser una persona próxima al PSOE.

“Ninguna de las circunstancias alegadas, por sí solas ni en conjunto, proyecta desde un punto de vista objetivo y aséptico, la impresión de pérdida de imparcialidad de la Magistrada recusada que tuviese como consecuencia el apartarla del ejercicio de su función constitucional en el caso concreto”, asegura el auto de la Sección 23 de la Audiencia de Madrid, al que ha tenido acceso eldiario.es.

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El Canal quería desplegar en Brasil sus "prácticas corruptas": sobornos a cambio de contratos

El Canal de Isabel II compró la empresa brasileña Emissao en 2013 por cuatro veces más de lo que costaba. La Guardia Civil sostiene que el sobreprecio acabó en los bolsillos de algunos implicados en la Operación Lezo, pero los agentes sospechan también que la operación era una forma de entrar en el mercado brasileño. Con una filial allí, la intención de la empresa pública era hacerse con concesiones mediante el pago de sobornos a políticos locales, una práctica habitual de Emissao, que en solo un año abonó entre 700.000 y 1,15 millones de dólares en mordidas.

El testaferro de Ignacio Gonzalez, Edmundo Rodríguez, se puso a la cabeza de esa operación como responsable de Inassa, la filial del Canal que se ocupaba del negocio en Latinoamérica. Además de sacar rédito con la compra de Emissao, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) reflejan en un informe que su estrategia era que el Canal se implantase en Brasil, y desplegar allí las “prácticas corruptas” que ya utilizaba en otros países de la zona.

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